Desde la publicación en el BOE del Acuerdo Parcial del Convenio de los Servicios de los Prevención Ajenos, que establecía las tablas salariales para 2019 y 2020, se han mantenido tres reuniones de la mesa negociadora, aunque no hay avances significativos.
El pasado 28 de Enero retomamos la negociación del III Convenio Colectivo Sectorial de los Servicios de Prevención Ajenos, acordando las partes comenzar abordando aspectos tan relevantes como la Igualdad de oportunidades, desconexión digital, teletrabajo o el registro de jornada que, además, han tenido novedosas regulaciones legales que precisan adaptación a través de la Negociación Colectiva Sectorial.
En este sentido, las organizaciones sindicales pusimos sobre la mesa de forma previa a la reunión del una propuesta sobre Igualdad de oportunidades que hacía énfasis en la obligación de todas las empresas, obligadas o no a tener Plan de Igualdad, de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, así como promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
Del mismo modo, recordábamos la obligación de que aquellas empresas que empleen a más de 50 personas trabajadoras están obligadas a negociar con la RLPT la elaboración y aplicación de planes de igualdad cuyo contenido, forma y proceso de elaboración debe acomodarse a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y al Real Decreto 901/2020, elaborando y manteniendo actualizado un registro de salarios desagregado por sexo y distribuidos por puestos de trabajo iguales o de igual valor, tal y como establece el RD 902/2020.
Proponíamos el depósito en el registro público de los catálogos de acciones específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, a la vez que nuevas medidas para las mujeres víctimas de violencia de género, entre las que se encuentran la posibilidad de adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo o ayudas económicas en caso de traslado.
En materia de Desconexión digital, recogíamos que este derecho debe contribuir a preservar la salud de las personas trabajadoras disminuyendo, entre otras, la fatiga tecnológica o el estrés, mejorando, de esta manera, el clima laboral y la calidad del trabajo, debiendo comprender a todos los dispositivos y herramientas susceptibles de articular comunicaciones relacionadas con el trabajo, sin que su ejercicio pueda conllevar ningún tipo de trato diferenciado, medidas sancionadoras, ni tampoco pueda influir de manera negativa en los procesos de promoción, evaluación y valoración.
Para ello, por un lado se reconoce el derecho de las personas trabajadoras a no atender a ninguna comunicación ni atender dispositivos digitales puestos a disposición por las empresas para la prestación laboral, fuera de su jornada de trabajo y por otro que, con carácter general, las comunicaciones sobre asuntos profesionales se realicen dentro de la jornada de trabajo, salvo excepciones muy tasadas.
Tras definir una batería de buenas prácticas, concluíamos con la obligación de definir en el ámbito de cada empresa y previa audiencia audiencia y participación de los representantes de las personas trabajadoras, una política interna de desconexión digital que aplicación a todo el personal de la misma.
Lamentablemente, las organizaciones empresariales ASPREN, ASPA y ANEPA parecen haber vuelto a la actitud que ha mantenido la negociación del Convenio “al ralentí” durante dos años, manifestando estar poco dispuestas a incorporar elementos que supongan avances sobre lo establecido legalmente en ambas materias, sin aportar ninguna propuesta tampoco en la reunión del 26 de febrero, lo que resulta decepcionante.
Como elemento positivo, cabe destacar que desde el Observatorio Sectorial de los Servicios de Prevención Ajenos, hemos publicado una Nota de Prensa en la que todas las organizaciones empresariales y sindicales ponemos de manifiesto la importancia de la prevención de riesgos laborales y la actuación de los profesionales de los SPA durante esta pandemia.
Igualmente, hemos remitido sendas comunicaciones a los Consejos de Colegios Profesionales de Medicina y Enfermería para conocer los datos de profesionales colegiados con la especialidad de trabajo de cara a analizar la situación presente y futura del sector.
Por otro lado, nos hemos dirigido al Instituto Nacional de Estadística (INE) solicitando la asignación de una rúbrica específica en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que permita identificar a los Servicios de Prevención Ajenos para conocer datos estadísticos oficiales sobre el sector y realizar la comparabilidad de la información a lo largo de un determinado periodo o la interpretación de un modo uniforme de determinadas variables.
Por último, próximamente está previsto dirigir una carta a las Consejerías de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas para que el personal de los SPA´s sean considerados dentro de los grupos prioritarios que les corresponda en el Plan Nacional de Vacunación, de cara a la planificación y administración de la vacuna contra la Covid_19.
La próxima reunión de la comisión negociadora se celebrará el 11 de marzo.
Seguiremos informando.
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