Categoría: Noticias

  • Amenaza sobre el ráting de Unicaja por la fusión con CCM

    La agencia de análisis y calificación estadounidense Moody’s acaba
    de poner bajo revisión para una posible rebaja el ráting de Unicaja. La
    firma mantiene actualmente el ráting a largo plazo de la caja andaluza
    en Aa3 (equivalente al AA- de Standard & Poor’s). «La revisión se
    produce después del anuncio de la propuesta de fusión entre Unicaja y
    Castilla La Mancha», indican en Moody’s.

     

    La experta de la agencia, Olga Cerqueira, apunta que «los
    presidentes de cada institución […] alcanzaron un acuerdo para una
    posible fusión entre ambas cajas que dará lugar a una entidad con un
    total de activos de en torno a 60.000 millones de euros, con una
    posición del iderazgo en la región de Andalucía y Castilla La Mancha».
    Sin embargo, la analista recuerda que «el acuerdo está condicionado a
    recibir las garantías financieras suficientes para asegurarse de que se
    crea una entidad que disfrute de una sólida calidad crediticia».

    En este sentido, Moody’s cree que se deteriorará la calidad del
    crédito de Unicaja como resultado de la integración , lo que podría
    incluso provocar una rebaja múltiple de escalones en el ráting si la
    compensación recibida no compensa el elevado perfil de riesgo de la
    entidad resultante. CCM tiene una elevada exposición al sector
    inmobiliario -que está registrando un severo ajuste- «y ha superado la
    media de créditos problemáticos que está disminuyendo rápidamente la
    capacidad de absorción de riesgos de la caja, mientras persiste una
    tendencia negativa en el sistema».

    Fitch Ratings ya le rebajó la calificación a CCM (Moody’s no la
    califica) el pasado 19 de febrero, desde BBB+ a BB+, por lo que se
    convertía en el primer ángel caído de la banca española.

  • Moody’s podría bajar la calificación de Unicaja tras su fusión con CCM

    La agencia de medición de riesgos Moody’s ha puesto hoy bajo
    vigilancia la calificación de la deuda a largo plazo de Unicaja ante el
    riesgo de que empeore la «salud crediticia» de la entidad tras su
    fusión con la Caja de Castilla-La Mancha (CCM).

    Según explicó
    Moody’s en una nota, la calificación para la deuda a corto plazo se
    mantiene, pero se pone en duda en el largo plazo. La analista de la
    agencia de medición Olga Cerquiera argumentó que con
    la fusión se crearía una caja de ahorros con aproximadamente 60.000
    millones de euros en activos y una posición de liderazgo en las dos
    comunidades autónomas, pero subrayó que la operación estará
    condicionada a que se reciban las garantías financieras oportunas.

    En
    este sentido, dichas garantías asegurarían que la entidad resultante
    gozara de una salud crediticia sólida, consideró la experta. Si no es
    así, y las compensaciones recibidas no son suficientes para
    contrarrestar el alto riesgo de la cartera crediticia de la entidad
    resultante, Unicaja podría recibir un severo recorte de su calificación
    crediticia
    .

    Ante la incertidumbre de cómo se desarrollará el
    proceso de fusión y por el riesgo de la alta exposición de CCM al
    sector inmobiliario y su morosidad, Moody’s ha decidido revisar la
    calificación de la deuda a largo plazo de Unicaja.

  • Una crisis de desigualdad

    Todos los datos reflejan el retroceso de los salarios desde los años 80 y un aumento de los beneficios.

     

    26-02-2009 – Si la renta nacional se hubiese repartido mejor, con beneficios más bajos y salarios más altos, la economía habría sido más estable. Si las fortunas dedicadas a la especulación se hubiesen distribuido, en forma de precios más bajos o salarios más altos, habríamos podido evitar o por lo menos atenuar la crisis.
    Así diagnosticaba M. S. Eccles, presidente de la Reserva Federal de EEUU entre 1934 y 1948, las causas de la crisis de 1929 y la gran depresión que la siguió. Pero se puede decir lo mismo de la actual crisis, que también tiene su origen en un mal reparto de la renta, en el crecimiento de las desigualdades en el interior de los países desarrollados y en la supremacía de la especulación financiera sobre la economía real.
    La crisis que sufrimos, global, sistémica, es en buena medida la crisis de un modelo basado en el crecimiento de las desigualdades. Demasiados beneficios y salarios extravagantes para algunos acumulan un capital que alimenta la especulación bursátil y el apalancamiento cada vez más arriesgado. Salarios demasiado bajos y empobrecimiento de las clases medias impulsan un consumo a crédito hasta la explosión de las deudas, en vez de que una demanda socialmente extendida y económicamente solvente justifique la inversión en nuevas capacidades de producción real.
    Todos los datos reflejan el retroceso de los salarios en el reparto de la renta desde principios de los 80, y el aumento de la tasa de beneficio. Han resistido mejor los países con sistemas de protección social desarrollados, y peor EEUU, donde el decil superior ha pasado de recibir el 27% al 55% de la renta. A principios de los 70, el director de General Motors, empresa de referencia de la época, ganaba 88 veces el salario medio de sus trabajadores: 40.000 dólares en dólares constantes. El director de la empresa de referencia actual, la cadena Wal Mart, gana 1.300 veces el salario medio, que hoy no llega a 20.000. Y no olvidemos que esta crisis es, sobre todo y en su origen, una historia norteamericana.
    La liberalización financiera modificó el gobierno de las empresas y consagró la preponderancia del accionista con exigencias de rentabilidad del 15% que solo podían obtenerse con la compresión salarial. La emergencia de economías exportadoras de la talla de un continente creó un mercado de trabajo mucho más amplio con un exceso global de mano de obra, un aumento de la competencia en el mercado de bienes, una mayor exigencia de rentabilidad del capital bajo la amenaza de deslocalizaciones y una fuerte presión a la baja sobre las rentas salariales.

    SE ROMPIÓ
    ASÍel compromiso entre el capital y el trabajo, construido en la posguerra. La evolución de los salarios reales se desconectó de la productividad, generando una verdadera deflación salarial. Esta transformación en el reparto de la renta implicaba cambiar la regulación macroeconómica del crecimiento. El consumo se desconectó de la renta y desarrolló el crédito, que se convirtió en el gran estimulador de la demanda. Las empresas, para aumentar el valor para el accionista, sustituyeron capital por endeudamiento, cuando no se lanzaron a operaciones corporativas fuertemente apalancadas, dando como garantía el valor de lo que se compraba. En España sabemos mucho de eso: algunos de sus protagonistas han generado fortunas y otros han acabado, o acabarán, muy mal.
    El resultado ha sido un espectacular crecimiento del endeudamiento privado, de familias y empresas, y una caída de la tasa de ahorro. En España, especialmente: en el 2006, la deuda de familias y empresas no financieras era el 188% del PIB, tasa solo equivalente a la del Reino Unido, pero el 50% mayor que la de Alemania y Francia. Con razón se dice que el modelo del crecimiento estadounidense, basado en el consumo financiado a crédito y en la burbuja especulativa del sector inmobiliario, ha tenido en Europa dos buenos alumnos: España y el Reino Unido. Mientras todos estábamos tan contentos con la reducción del déficit y el endeudamiento público, el sector privado acumulaba una montaña de deudas financiadas con ahorro externo.
    Las crisis que fue provocando la tendencia a aumentar el endeudamiento, fueron sofocadas por los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, bajando los tipos de interés, es decir, acelerando el endeudamiento. Y la innovación financiera permitió a los bancos transferir el riesgo y, por lo tanto, valorarlo con menos rigor, liberando capital para seguir dando más crédito.

    AHORA
    ELexceso del endeudamiento obliga inevitablemente a su reducción, y la recesión se alimenta con la interacción de la caída de las rentas y del crédito. Solo el Estado puede tomar el relevo para mantener la actividad, y una nueva reglamentación financiera es indispensable para evitar nuevos excesos. En eso estamos.
    Pero no será suficiente para generar un crecimiento estable. Si el endeudamiento no puede ya dopar el crecimiento con el consumo a crédito, hará falta que las rentas salariales vuelvan a crecer de acuerdo con la productividad. Esa es una condición necesaria del éxito de cualquier plan de relanzamiento. Y que los sistemas fiscales vuelvan a redistribuir la renta corrigiendo la desfiscalización del capital, que se ha acelerado en los últimos años, también en España.
    ¿Cómo hacerlo? Empezando por acabar con los paraísos fiscales, como parece que por fin han comprendido los gobiernos europeos. Sin ello no hay regulación financiera que funcione ni distribución de la renta que nos permita salir de esta crisis de la desigualdad.

    Josep Borrell: Presidente de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo.
    El Periodico

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  • El despido gratis no crea empleo

    La autora defiende que el abaratamiento del despido no crea más empleo, como se propugna desde la CEOE y otros estamentos, sino que incentiva los despidos, y rebate que en España sea difícil despedir, como ponen de manifiesto las actuales cifras de desempleo.

    26-02-2009 – En las últimas semanas se ha mantenido profusamente que en España el despido es muy caro y que hay que reducir las indemnizaciones establecidas en la legislación vigente para agilizar el mercado laboral. Se alega en apoyo de esta teoría que el despido sin coste alguno o con una mínima cantidad compensatoria produciría la reducción del paro. Importantes popes de la economía y las finanzas se han adherido a este planteamiento insistiendo en que si se llegara a, lo que llaman ‘abaratar’, el despido se produciría un gran avance en la economía y automáticamente descendería el desempleo. Se ha propuesto como medida eficaz la creación de un contrato indefinido que algunos han llamado ‘contrato de crisis’ con una indemnización en caso de despido improcedente de 20 días por año trabajado.

    Si se estudian con detenimiento estas propuestas que propugnan ‘abaratar’ el despido, no parece lógico que el sistema presentado pueda, en modo alguno, mejorar la situación. Es más la agravaría. La ley española establece varias modalidades de contratación, existen los contratos de carácter temporal que no conllevan indemnización y contratos a tiempo parcial que se indemnizan a prorrata temporis. Cuando la prestación laboral se extingue, el trabajador finaliza la relación jurídico laboral con el empresario sin coste para éste.

    A propósito de lo expuesto cabe señalar que según los datos del Ministerio de Trabajo de cada cien contratos registrados en el mes de junio del año 2007 solamente 11 lo fueron por tiempo indefinido, los demás, 89, eran contratos temporales en los que no hay indemnización por despido, es decir la gran mayoría de los despidos no tienen coste alguno. También puede extinguirse la relación contractual por razones objetivas y por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción, la indemnización es de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.

    En cuanto a los contratos por tiempo indefinido, el Estatuto de los Trabajadores establece cuando se declare un despido improcedente, es decir el que no se basa en causa alguna, que el empresario viene obligado a abonar al trabajador una cantidad equivalente a 45 días por año trabajado con un máximo de cuarenta y dos mensualidades, tres años y medio, pero dada la situación económica actual muchas son las empresas que se han declarado en situación de insolvencia o en concurso de acreedores y por tanto no pueden pagar la indemnización que les correspondería, por cuanto carecen de activo, especialmente en estos momentos de apuros económicos. En este caso existe tanto en el ordenamiento laboral español, como en las Directivas de la Unión Europea, una garantía del pago de los salarios, la deuda del empresario se asume por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) que abona en el supuesto de insolvencia probada, veinticinco días por año de servicio con el límite de una anualidad, sin que el salario diario base del cálculo pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional. El Fondo se financia con las aportaciones de todos los empresarios, tanto si son públicos como privados.

    Es obvio decir que si la empresa funciona bien y es rentable no despedirá a sus empleados pero en otro caso, cuanto más fácil sea el despido más se despedirá y más paro se producirá. No sabemos por qué se propugna lo contrario. Parece que se invoca un silogismo al revés o aquello de empezar a construir una casa por el tejado. A despidos más fáciles, más parados y no al revés. Otra trampa dialéctica es la que se señala al decir que en nuestro país es más difícil despedir al trabajador que en otros países de nuestro entorno y siendo así ¿cómo es posible que en España esté creciendo más el paro que en cualquier otro país si es más caro el despido y más difícil despedir? Por otra parte las indemnizaciones tampoco son tan bajas en la Unión Europea como se viene diciendo: 15 mensualidades en Francia y 12 en Alemania. En España, es cierto que hay que pagar como máximo 42 mensualidades debiendo tenerse en cuenta que el empresario pagará esta cuantía a los que hayan trabajado 27 años en la empresa y se abonará igual por 47 o más años trabajados. En otro caso, ejemplo por diez años en la empresa la indemnización es de 15 meses. ¿Es mucho pagar a un trabajador por diez años de trabajo? Para crear empleo no es esta la mejor solución y todo el mundo lo sabe.

    Guadalupe Muñoz Álvarez. Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
    Cinco Dias

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