Categoría: Noticias

Ver artículo de Diario de Navarra completo

TOLEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) –

   El senador del Partido Popular por Toledo, Agustín Conde,
intervino esta semana en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas en
nombre del Grupo Popular, donde  mostró sus sorpresa ante «el silencio»
del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y el PSOE en
medio del proceso de fusión por absorción de Caja Castilla La Mancha
(CCM) por parte de Unicaja.

   Según informó el PSOE en nota de prensa, el senador del Partido
Popular instó a Barreda a «liderar la defensa de CCM, postura de la que
permanece muy alejado al permitir que la llamen caja contaminada,
enferma y no reaccionar», agregó.

   Conde indicó que el Partido Popular «no va a dejar de defender a
Caja Castilla La Mancha, a sus clientes, impositores y trabajadores»,
añadiendo que «si está enferma y es necesario curarla, que lo hagan
aquí, en Castilla-La Mancha, que es donde está y donde debe seguir
estando la sede de CCM».

   Respecto a la postura del Banco de España, el senador del Partido
Popular consideró «intolerable» la actitud de su gobernador, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, ya que «no se puede estar todos los días
permitiendo o alimentando rumores en torno a una situación delicada de
Caja Castilla-La Mancha», agregó.

   Por este motivo, Conde matizó que Fernández Ordóñez tiene dos
opciones, «salir a la opinión pública a aclarar que CCM está sana y es
una entidad solvente o, si no es así, intervenirla mañana mismo».El
concluyó afirmando que «es una irresponsabilidad absoluta la que está
cometiendo el gobernador del Banco de España, por lo que tendrá que dar
muchas explicaciones».

«PROFUNDA PREOCUPACIÓN»  

   De otro lado, Conde manifestó su «profunda preocupación» por el
informe de Auditoría del Ayuntamiento de Cuenca respecto de los
ejercicios 2004 y 2005, años en los que el PSOE gobernaba esta ciudad,
con José Manuel Martínez Cenzano, actual Defensor del Pueblo, como
alcalde».

   En este sentido, indicó que, según el Tribunal de Cuentas, el
PSOE estuvo ocho años sin aprobar un presupuesto, lo que motivó un
sinfín de irregularidades «que ahora han quedado de manifiesto». Entre
ellas, «se encuentra que el 56 por ciento de los gastos del
Ayuntamiento de Cuenca son nulos de pleno derecho; que haya 4.087.666
euros gastados sin contrato alguno; o que se hayan realizado pagos
indebidos al personal funcionario por importe de más de un millón de
euros», informó el PSOE en nota de prensa.

   Asimismo, apuntó que el informe afirma, además que el PSOE
constituyó una sociedad municipal denominada EMPUSER de la que «el
Tribunal de Cuentas afirma que no tenía otro objeto que el de servir de
sociedad instrumental para eludir la normativa de contratación y que ha
provocado que los servicios contratados a través de esta empresa se
hayan encarecido una media del 20 por ciento».

   En materia de Urbanismo, el Tribunal señala que se otorgaron
licencias «admitiendo una edificación superior a la admisible
legalmente, sin que la actividad inspectora y de disciplina
urbanística, de la que se afirma que fue prácticamente nula, pusiera
coto a esos desmanes», subrayó Conde.

   Por todo ello, el senador se mostró sorprendido de que el PSOE de
Cuenca se negara a remitir al Tribunal de Cuentas un convenio
urbanístico relativo al Plan Parcial Villa Román III que fue requerido
por esa institución, preguntándose así «qué tiene que ocultar el PSOE
para no hacer público este importante documento».

   Para Conde, «estamos ante un auténtico escándalo en la gestión de
un Ayuntamiento, asunto que ahora está en manos de la Fiscalía del
Tribunal de Cuentas, y por el que el PSOE de Castilla-La Mancha, y su
secretario general, José María Barreda, va a tener que dar muchas
explicaciones a los ciudadanos», apostilló.

Responsables de algunas entidades financieras consideran que
Montoro, con estas declaraciones públicas, quería pinchar un proyecto
que impulsó una parte del Gobierno. En concreto, todos apuntan al
ministro de Industria, Miguel Sebastián. Según fuentes populares, que
corroboran otras de la banca, Sebastián es partidario de seguir el
modelo de Sarkozy, que ha inyectado capital público, de forma
obligatoria, a todas las entidades francesas, según su tamaño. Los
bancos y las grandes cajas se oponen radicalmente a esta medida. Están
convencidos que tras ella llegará el control estatal sobre la concesión
de créditos. Sería como entrar en la cocina de las entidades y decidir
el riesgo que se asume. La banca no olvida aquella frase de Sebastián:
«Se nos acaba la paciencia con los bancos», tras acusarles de cerrar el
grifo de los créditos.

Sin embargo, el Ministerio de Economía,
dirigido por Pedro Solbes, afirma que es falso que se vaya a implantar
capital público de forma obligada a todo el sector. «El plan es
utilizar, en primer lugar, los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD).
Además, se pueden recapitalizar entidades con dinero público, sin
olvidar las fusiones bajo la intervención y el control del Banco de
España», comentan fuentes de Economía.

Es decir, se utilizará
toda la artillería disponible contra las crisis que atraviesen las
entidades financieras. El que se use una u otra arma «dependerá de cada
caso» y de la situación general. El ministerio transmite tranquilidad:
«En España no hay una crisis general del sistema financiero, como
ocurre en otros países». No obstante, el propio vicepresidente del
Gobierno advirtió, el lunes pasado, que el Gobierno «está preparado
para intervenir», en referencia al sistema financiero español.

Las
perspectivas oficiales (y sobre todo las no oficiales) hablan de un
aumento del paro y de una caída del mercado inmobiliario que se
traducirá, sin duda, en una angustiosa escalada de la morosidad. La
relación es directa: cuantos más impagados hay, se necesitan más
provisiones, lo que reduce los beneficios. Cuando las provisiones no
son suficientes, las entidades entran en pérdidas y los morosos se comenel capital. Aquí es cuando empiezan los problemas de solvencia y llegan
las intervenciones del Banco de España, como ocurrió con Banesto.

Las
entidades financieras no pueden abrir la persiana si no tienen un nivel
de capital del 8%. Antes de traspasar esa línea roja, el supervisor les
pide un plan de viabilidad. Si éste no es convincente, el Banco de
España las mete en la UVI para buscar una solución. Ese camino ya lo ha
recorrido Caja Castilla-La Mancha, que negocia su fusión con Unicaja.

Salvo
este caso, el resto del sector parece que aguanta, tras casi 20 meses
de crisis, con más o menos goteras. Pero la clave es el factor tiempo.
«No hay duda de que la banca española es solvente, pero si la crisis
dura demasiado puede haber entidades más frágiles», ha reconocido con
realismo Solbes.

El nivel de impagados todavía es bajo, cercano
al 4%, pero crece a toda velocidad. Además, el incremento no va a ser
homogéneo: habrá grandes diferencias en función del crédito
inmobiliario. En algunos casos, como Caixa Catalunya, Caja Madrid o
Caja Castilla-La Mancha, los créditos malos ya representan alrededor
del 5% del total, con posibilidades de alcanzar el 9% este año. En
otros, como el Santander, BBVA, Popular o La Caixa, las cifras de
morosos están por debajo del 3% y podrían no cruzar el umbral del 4%
este año.

En su comparecencia en el Congreso, Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, abrió la puerta a
posibles recapitalizaciones y sostuvo que el FGD puede desempeñar un
papel «importante» para sanear entidades. Sin embargo, el Fondo suma
apenas 7.500 millones de euros y puede quedarse corto, sobre todo si
quiebran entidades de tamaño medio. Las ayudas no saldrán gratis.
Cuando se recapitalice una entidad, el Gobierno exigirá que se saneen
los activos malos. Y cuando haya fusiones, la entidad resultante deberá
tener la solvencia necesaria.

¿Qué pasará con los ejecutivos?
Economía quita hierro a esa cuestión. «En Banesto había irregularidades
que acabaron en un juicio, pero si no existen esos problemas, no hay
por qué echar a los gestores». El sector discrepa abiertamente. «Si los
malos gestores siguen en su puesto tras recibir ayuda del Gobierno,
podrían perjudicar a las demás entidades». Ponen el ejemplo de una
entidad zombi que, tras una inyección de capital, ofrezca
grandes remuneraciones por los depósitos y créditos a bajo precio. «Eso
debilitaría a los competidores sanos, provocaría un efecto dominó».

Ver artículo de El Pais completo

  Ver artículo de ABC completo