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  • La Seguridad Social recorta la libertad de las compañías para elegir mutuas

    Por si no fuera suficiente la batalla sobre la oportunidad de hacer una reforma laboral y abaratar el despido, en medio del diálogo social el Gobierno y la patronal CEOE han abierto otro frente.

    23-02-2009 – En esta ocasión, es la decisión de la Seguridad Social de exigir a las empresas algunas condiciones para poder cambiar de mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

    Condiciones que se plasmaron en una resolución del 22 de diciembre del año pasado y que tienen como primer objetivo luchar contra “las malas prácticas y la competencia desleal que se produce en algunos casos en el sector con recursos públicos, lo que requiere la intervención de la Administración”, según explicaron a EXPANSIÓN fuentes de la Seguridad Social.

    Por ejemplo, la necesidad de contar con un informe favorable del Comité de Empresa o delegados de personal [los representantes de los trabajadores] sobre las circunstancias que motivan la decisión. La Seguridad Social considera que, en este punto, las empresas “están incumpliendo” el decreto de 7 de diciembre de 1995 que exigía que las empresas aportasen el citado informe para poder cambiar de mutua.

    Principios del Derecho

    En segundo lugar, “está dentro de los principios generales del Derecho que cualquier decisión de la Administración esté fundamentada y, en consecuencia, deba escucharse a la mutua que pierde a la empresa como cliente. Tiene derecho a defenderse”.

    Por consiguiente, “si algo funciona mal, la Seguridad Social necesita tener toda la información para corregirlo”. Las mismas fuentes explicaron que la decisión se tomó ante la falta de acuerdo con CEOE.

    Para entender este control de la Administración sobre las mutuas es necesario saber que éstas son entidades colaboradoras del sistema de protección y que se financian con las cotizaciones sociales de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que aportan las empresas que tiene como clientes. Las mutuas dan cobertura a 1.978.000 empresas, que agrupan a 15.271.051 trabajadores.

    De hecho, el conflicto ha paralizado la toma de decisiones de muchas compañías que pensaban haber cambiado de mutua en los principios de año.

    Por todas estas razones, y en un hecho sin precedentes con el Gobierno, la patronal ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El recurso de la patronal, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, acusa a la Seguridad Social de “plena vulneración de la libertad de empresa, de la legislación sobre competencia y del principio de jerarquía normativa”.

    Para la patronal, el nuevo sistema “impide el movimiento empresarial de las mutuas y que las compañías puedan contratar con las que mejor servicios y precio les ofrezcan”. Por lo tanto, según CEOE, la decisión de la Seguridad Social “puede dejar cautivas a las empresas de las mutuas”.

    Cobertura laboral para el autónomo dependiente

    El Consejo de Ministros aprobó ayer la regulación laboral de aquellos trabajadores autónomos que dependen de una sola empresa –un solo cliente– porque, como mínimo, facturan con ella hasta el 75% de sus ingresos. Se trata de 250.000 personas con especial relevancia en el transporte y el comercio.

    Con ello, el Gobierno reconoce, por primera vez, a este colectivo las siguientes condiciones mínimas, a expensas de ser mejoradas en la relación contractual: la determinación de la jornada laboral, los descansos semanales y las vacaciones anuales de, al menos, 18 días hábiles. Igualmente, estos trabajadores tendrán derecho a reclamar una indemnización a su cliente, en el caso de incumplimiento del contrato. Reclamación que también operará en sentido contrario.

    M. Valverde Expansion

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  • Andalucía se abre por Puertollano

    EL provincianismo es una identidad casi esquizoide situada a medio
    camino entre el orgullo y el complejo. Más o menos lo que el príncipe
    de Salina, señor de Donafugata y protagonista de El Gatopardo,
    le intentaba explicar al enviado del Senado italiano que le suplicaba
    su participación en la nueva institución nacida de la revolución
    garibaldiana. Los sicilianos -venía a decirle don Fabrizio- nos creemos
    dioses, pero no tenemos remedio, así que vuélvase a Turín.

    Pues
    eso, que andábamos venteando el listado de agravios históricos del que
    beben los provincianismos en Andalucía, que si Málaga y Sevilla, que si
    Unicaja y Cajasol, que si el centralismo hispalense y la periferia
    agraviada, cuando de repente se abrieron las fronteras por
    Despeñaperros. A consecuencia de la crisis financiera, no sólo hemos
    descubierto La Mancha, sino que hemos comprobado cómo nuestras cajas
    pueden crecer fuera de estas fronteras provinciales que algunos blanden
    como fustas a favor de sus intereses particulares. Casi como Mariano F.
    Bermejo, pero al revés, que creyó que al sur de Puertollano no había
    nada.

    Unicaja y la Caja de Castilla- La Mancha (CCM) han
    comenzado las conversaciones formales que desembocarán en una fusión en
    forma de absorción, y que convertirán a la entidad andaluza en la
    quinta del país por beneficios y depósitos y en casi la décima entidad
    bancaria por volumen de activos. Además, extenderá su presencia al 70%
    del territorio nacional, incluido Madrid. La operación será redonda si
    se garantiza, y así ha sido, que Unicaja recibirá compensaciones
    económicas, porque CCM es una de esas entidades a la que el ladrillo ha
    estado a punto de llevársela por delante.

    El ladrillo se lo llevó

    La
    caja manchega está mal, como algunas otras, pero mal. Los impagos se
    han multiplicado por nueve desde enero y ya suponen el 4,57%, y las
    provisiones sólo cubrían el 45% de los créditos dudosos en septiembre,
    mes del que se poseen los últimos datos. La causa es su tremenda
    dependencia del sector inmobiliario y de la construcción, al que
    destinó el 44% de sus préstamos. El benefició ha caído hasta los 42
    millones de euros cuando un año antes había ganado 170 millones.

    Según
    varias fuentes consultadas conocedoras de las conversaciones iniciales,
    los inductores de la operación fueron el Banco de España y el
    Ministerio de Economía, que preocupados por el desarrollo que la caja,
    optaron por promover la fusión con otra entidad con solvencia
    suficiente para encajar la integración. Se pensó en La Caixa, Caja
    Madrid e, incluso, Ibercaja. Sin embargo, con algunas de ellas había
    problemas políticos, mucho más graves en el caso de la madrileña, que
    reproduce los problemas internos que están sacudiendo al PP de la
    capital. Además, estas dos cajas, las principales del país, se han
    quedado en la recámara de Economía por si hiciera falta que acudieran
    al rescate de otras entidades de mayor magnitud que la manchega. Se da
    por hecho que este año se producirá, al menos, otra fusión en las
    mismas circunstancias.

    Todos los consultados -en el Gobierno
    andaluz, en el PP y en el PSOE- avalan la posible fusión porque supone
    aumentar la proyección de Unicaja. Es cierto que el PP ha dado sus
    vaivenes, pero en el consejo de administración del pasado jueves nadie
    objetó. Ni siquiera se habló de la situación de CCM.

    Y es que
    tanto el presidente de la Junta, Manuel Chaves, como el de Unicaja,
    Braulio Medel, han aceptado la invitación a cambio de que haya
    «compensaciones económicas» para la caja andaluza. El propio
    vicepresidente económico, Pedro Solbes, se ha mostrado a favor de que
    haya ayudas a través del Fondo de Garantía de Depósitos, aunque las
    mismas fuentes han negado que la cantidad exigida por Unicaja sea la de
    1.000 millones de euros. «Algo menos», han añadido algunos.

    La
    operación necesita el respaldo del Banco de España, el de los dos
    gobierno autonómicos y el de las dos asambleas, pero todo ello parece
    controlado. Sin embargo, la pregunta que muchos se han hecho durante
    esta semana es si este proceso anulará la intención manifiesta de
    Manuel Chaves de proceder a la fusión de Unicaja y Cajasol para lograr
    «la gran caja andaluza».

    La respuesta oficial es que no, que
    puede atrasarla, pero el Gobierno andaluz mantiene como objetivo que se
    inicien conversaciones durante esta legislatura. De hecho, en el
    comunicado oficial del consejo de administración de Unicaja en el que
    se autorizaban las negociaciones se cuidaba mucho éste aspecto, al
    explicar que la operación con «no excluye» futuras fusiones fuera o
    dentro de Andalucía.

    En cualquier caso, la digestióndurará más de un año, y es posible que a lo largo de estos meses veamos
    algunos cambios más en el mapa de las cajas de ahorro, con lo que el
    objetivo de Chaves aún puede sufrir más alteraciones. La otra caja
    andaluza, Cajasol, va a contar con tiempo suficiente para terminar de
    encajar los efectos de la fusión El Monte-San Fernando y culminar su
    proceso con la elección de un consejo de administración único, ya que
    el de ahora está duplicado. Y ha anunciado que comenzará a construir ya
    la Torre Pelli en Sevilla: todo un símbolo.

    Sin embargo, en lo
    que no parecen ponerse de acuerdo algunos de los consultados es si
    Braulio Medel podrá seguir al frente de Unicaja una vez que venza su
    mandato a principios de 2010. O sí: en el momento en que comiencen las
    negociaciones de la fusión, en Unicaja se suspenderá cualquier
    renovación de los órganos de la caja, incluido, por tanto, la de
    presidente. Y eso dará tiempo a Medel, que se consolida como uno de los
    nombres de referencia de las cajas españolas. Procedente del mundo
    universitario – es catedrático de Hacienda Pública -, como presidente
    de la extinta Caja de Ahorros de Ronda pilotó la fusión de las cinco
    entidades andaluzas que alumbró Unicaja y ahora es el hombre que
    Rodríguez Zapatero quiso sentar en Moncloa en la primera reunión que
    tuvo con los principales banqueros del país.

    en la presidencia

    Sin
    embargo, la Ley de Cajas de Andalucía impide que un presidente esté más
    de ocho años. Es más, el artículo 47 contiene un apartado, el tercero,
    que parece estar redactado para el caso: «El acceso de los miembros de
    los órganos de gobierno a los órganos en la entidad resultante de la
    fusión no interrumpirá el cómputo de permanencia a efectos de
    duración». Un portavoz del Gobierno andaluz explicó a este medio que el
    Ejecutivo no va a cambiar esta ley. Ésa es la opinión del
    vicepresidente económico, José Antonio Griñán. Pero a pesar de la
    rotundidad del articulado, sí hay serias dudas. Por ejemplo: ¿por qué
    ley se regirá le nueva caja si es producto de una fusión interregional?
    U otra: ¿Es posible un cambio en la ley estatal, la LORCA, que
    interrumpa los pasos del cronómetro en caso de que se constituya una
    nueva entidad? Al fin y al cabo, Medel va a ser el primero en afrontar
    la salvación de una caja y este tipo de liderazgo termina contando.

    Pero
    con independencia de este detalle, lo cierto es que la aventura de
    Unicaja ejemplifica cuál debería ser el destino de las empresas
    andaluzas en los próximos años: la salida puertas afuera de la
    comunidad o la internacionalización, en el caso de otras compañías.
    Para eso, para que no nos quedemos en Sicilia.

  • El ‘caso Malaya’ salpica la fusión CCM-Unicaja

    Caja Castilla La Mancha puede sumar en unmes a su alta morosidad30 millones prestados a un imputado en la trama

      Ver reportaje completo de El Mundo

  • La encrucijada de las cajas

    La polémica desatada en torno a la proyectada fusión entre Unicaja y
    Caja Castilla-La Mancha para aliviar la delicada situación financiera
    de la última ha reavivado el debate sobre la configuración de las cajas
    de ahorro y el juego de intereses que inspiran su operativa.

     

    La intervención política que se adivina en la operación entre
    Unicaja y CCM es un duro golpe a los esfuerzos de profesionalización y
    modernización realizados en los últimos años. La sombra partidista ha
    llegado, incluso, a frustrar intentos de fusión. El más reciente, el de
    las vascas BBK y Kutxa, del que se había descolgado Caja Vital también
    por la politización.

    La naturaleza de las cajas dificulta
    una reforma profunda de sus estructuras, pues requiere voluntad
    política. Y ésta ha ido menguando al tiempo que las entidades
    aumentaban su músculo financiero y su capacidad para financiar los
    grandes proyectos impulsados por las diferentes administraciones.

    La atomización del sector, donde conviven más de 45 entidades, ha
    contribuido a su crecimiento desaforado: desde 2006, las cajas han
    abierto 1.600 nuevas oficinas y han contratado 6.000 nuevos empleados,
    hasta alcanzar la cifra de casi 132.000. Su papel asciende ya a más del
    50% del sistema financiero español.

    Las propias cajas han
    reclamado una reducción de la presencia política. La propuesta del
    presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, de reducir el peso político
    en los consejos hasta un 25% de los representantes frente al 50% actual
    para evitar que las pugnas entre dirigentes autonómicos, provinciales y
    locales por sus parcelas de poder bloqueen la toma de decisiones , va
    en la buena dirección, pero se antoja insuficiente para promover
    órganos de gobierno más reducidos, más eficientes y, sobre todo, no
    sometidos a los designios de los políticos de turno.

    Lo
    deseable es que el Gobierno aproveche esta oportunidad para emprender
    una reforma de la regulación de las cajas que ponga fin a su ambigua
    configuración jurídica. Tampoco hay que olvidar que las fusiones no son
    en sí mismas un maná. De nada servirán si no están basadas en la lógica
    financiera ni logran economías de escala que permitan ganar
    competitividad. Debe evitarse cargar facturas adicionales a los
    contribuyentes. La precariedad de algunas cajas, acentuada por la
    injerencia política, debería ser una oportunidad para racionalizar el
    sistema financiero y no para contaminarlo más.