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Ni tienen grandes huchas para preparar la jubilación ni disponen de salarios tan bajos como para contar con la protección del Estado. Quienes ganan entre 25.000 y 100.000 euros anuales están, literalmente, contra las cuerdas.

12-08-2008 – “¿Crisis? ¿What crisis?”. La de las pensiones. Así es cómo los técnicos que siguen la evolución de la Seguridad Social responderían al título del disco del grupo británico Supertramp que este año le han regalado al presidente. Aunque en las últimas semanas, el detrimento de la actividad y la escalada del IPC han sido los rostros más visibles del cambio de ciclo, los técnicos advierten de que bolsillos, en especial los de las clases medias, sufrirán los varapalos de esta otra “revolución silenciosa”.

“¿Hay problema con las pensiones? Claro que los hay. Y graves”, espeta el director del informe Instrumentos Financieros para la Jubilación, que acaba de publicar la Fundación de Estudios Financieros. El primero es ya un famoso conocido: si no hay cambios en el sistema de pensiones, el gasto en España se duplicará en las próximas décadas hasta alcanzar el 16% del PIB. Pese a lo lejana que puede parecer la cifra –la previsión es para 2050–, los autores explican que este salto financiero sólo se puede materializar de dos modos posibles. Y ambos, con consecuencias indeseables para los ciudadanos, especialmente para los que ganan entre 25.000 y 100.000 euros anuales.

La primera pasa por que estos niveles de gasto sólo se pueden afrontar con un “aumento dramático” de las cotizaciones, combinado con una huida hacia delante generadora de un déficit explosivo o un crecimiento acelerado – “milagroso”– de la productividad por encima de las tendencias históricas utilizadas para calcular las proyecciones.

La otra opción tiene que ver con asumir la transformación completa del modo en el que se actualizan las pensiones. En España, estas prestaciones se acompasan a la inflación observada noviembre sobre noviembre para que no pierdan poder adquisitivo. En cambio, las bases reguladoras de las pensiones futuras –es decir, el esqueleto salarial sobre el que se calcula el importe que se ha de pagar a la Seguridad Social– se actualiza anualmente a la tasa que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año que toque, una práctica que tiene “efectos demoledores” para los trabajadores.

La razón estriba en que desde 1990 la base máxima de cotización ha perdido un 20% relativo al incremento del IPC, lo que podría entenderse como un “fraude implícito”, puesto que los salarios más altos están necesariamente abocados a perder poder adquisitivo. Bastaría con perpetuar esta reducción en términos reales de las bases de cotización para amortiguar, en parte, el esfuerzo futuro de las arcas públicas.

En cualquier caso, las rentas más altas no notarían el cambio, pues tienen el suficiente patrimonio para garantizarse su jubilación al margen de cualquier contingencia. Quienes se beneficiarían son los mileuristas y pseudomileuristas, porque de esta forma el sistema garantizaría la percepción de pensiones gracias al sistema de reparto.

Entre ambos puertos, navegarán las clases medias quienes están pagando ya las pensiones de sus padres y que, a su vez, soportan la mayor parte, en términos absolutos, de la carga redistributiva de los Presupuestos del Estado. “Cuando se jubilen recibirán unas pensiones públicas muy bajas en relación con sus actuales niveles salariales. Son los que de verdad se enfrentarán a un empobrecimiento en su etapa de jubilación”, concluyen los autores.

Patata caliente

Reinventar la Seguridad Social no es fácil. Los autores del informe publicado en la Fundación de Estudios Financieros, que cuentan con Intermoney, Banesto y Santander, entre otros, como miembros de consulta, lanzan estas recomendaciones. El objetivo es lograr un sistema complementario de pensiones.

l Sin el Pacto de Toledo. “No es el instrumento adecuado” para vertebrar la reforma del sistema de pensiones. Este reparo también lo manifestó el jefe de la División de Inversiones del Banco de España, Juan Francisco Jimeno, pues “parece” que algunos políticos piensan que la respuesta al problema de las pensiones es “no hacer nada porque eventualmente alguien tendrá que hacer algo”.

l Menos impuestos. Piden un “plus de generosidad” para que se establezca la opción de rescate parcial en forma de capital de un plan de pensiones con tributación reducida o sin tributación, siempre que el resto se use para contratar una pensión vitalicia.
l Bonos del Tesoro. Se deberían emitir bonos a 50 años indexados a la inflación. Su omisión supondría “una transferencia indebida del riesgo de inflación” que se concretaría en un “incremento de coste importante en la oferta de pensiones vitalicias”.
l Estadísticas transparentes. Es fundamental tener un índice de precios de la vivienda “fiable”, para facilitar el mercado de la hipoteca inversa (producto que garantiza una pensión a raíz del valor del inmueble).

María Tejo
Expansion

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Aparentemente los bancos centrales están encargados de poner coto a la inflación pero, a la postre, los índices de precios están subiendo y su tan cacareada independencia se muestra, de hecho, como simplemente inútil para evitar que aparezca.

08-08-2008 – Los análisis convencionales de la crisis que vivimos, es decir, los más ligados al poder y a la ideología económica dominante, apenas si pasan de puntillas sobre el papel que están desempeñando los bancos centrales. A nosotros, por el contrario, nos parece que es un asunto crucial sobre el que debe reflexionarse y que merecería una respuesta contundente por parte de los ciudadanos.

Los hechos son muy evidentes.

Los bancos centrales, y a la cabeza la Reserva Federal estadounidense, fueron los que permitieron que los fenómenos que han dado lugar a la crisis se produjeran.

Establecieron una regulación de los mercados financieros cada vez más permisiva y opaca, de modo que el nivel de riesgo fue aumentando sin cesar. Facilitaron el endeudamiento masivo de las familias, alimentando así la burbuja inmobiliaria y una insostenibilidad creciente de las finanzas que tarde o temprano afectaría a la economía real. Aceptaron que los bancos crearan productos financieros muy peligrosos que, al propagarse por todo el sistema financiero internacional, han terminado por ocasionar una crisis global sin precedentes.

Los «chanchullos» que según el Premio Nobel de Economía Paul A. Samuelson dieron lugar a la crisis fueron consentidos por los bancos centrales que han estado mirando a otro lado mientras que las finanzas internacionales se hacían inestables, opacas y peligrosamente arriesgadas.

Los bancos centrales mantienen en la práctica un silencio que solo puede calificarse como cómplice ante la existencia de los paraísos fiscales, o lo que es lo mismo, ante un régimen generalizado de evasión y delito financiero.

Aparentemente los bancos centrales están encargados de poner coto a la inflación pero, a la postre, los índices de precios están subiendo y su tan cacareada independencia se muestra, de hecho, como simplemente inútil para evitar que aparezca. Sencillamente porque la tesis que mantienen sobre el origen de la inflación es equivocada, y en la práctica afrontan la inflación con medios que en realidad sólo pueden conseguir que la distribución de las rentas beneficie a los grupos sociales más poderosos.

La Reserva Federal ha ido más lejos que cualquier otro banco central, como es lógico dado el poder de imperio del que disfruta, consintiendo y tratando de ocultar ante el resto del mundo que Estados Unidos inunde la economía mundial de dólares, recurriendo para ello a la no publicación, desde marzo de 2005, de la cantidad de dinero en dólares que se encuentra en circulación.

Sin encomendarse a ningún poder representativo, los bancos centrales toman diariamente decisiones que directamente provocan que las rentas que están en el bolsillo de las familias pasen a las carteras de los bancos, haciendo creer a la opinión pública que se trata de decisiones técnicas sin ningún tipo de connotación política.

Los bancos centrales ejecutan la política monetaria sin tener en cuenta a nadie más y, por tanto, al margen del principio elemental que debería guiar a la política económica en su conjunto: la coordinación de la monetaria con las demás, y muy especialmente con la fiscal.

Los bancos centrales son los adalides de la libertad de movimientos del dinero, pero este no es sino otro principio neoliberal que, como dice el Nobel Joseph Stiglitz, «es sólo ideología. Los datos demuestran que la liberalización del capital a menudo causa problemas, inestabilidad y no crecimiento».

Los bancos centrales vienen empecinándose en controlar la inflación como un fin en sí mismo cuando es evidente que el control de los precios es un medio para lograr el crecimiento, el empleo y la estabilidad general de la economía. Y lo que logran así no puede ser otra cosa que convertirse en un lastre pesadísimo para las economías.

Los bancos centrales se proclaman los grandes defensores de la libertad económica, y la demandan y practican constantemente en lo monetario, pero al mismo tiempo callan cuando los países ricos regulan cada vez más la circulación de mercancías para enriquecerse a costa de los más pobres.

Hasta gobernantes incluso conservadores han tenido que hacer oír su voz, en ocasiones puntuales eso sí, frente a un Banco Central con orejeras que hoy día es un obstáculo crucial para salir de la crisis y poder adoptar medidas que pudieran relanzar la estabilidad y el crecimiento.

En fin, frente a una crisis compleja y que en realidad está poniendo sobre la mesa lo inadecuado del no sistema monetario internacional, de la regulación actual de los flujos financieros y del papel que vienen desempeñando bancos más preocupados de sus operaciones especulativas que de la financiación de la economía, los bancos centrales se limitan a gestionar los tipos de interés a favor de los grandes poseedores de dinero y a pedir moderación salarial para los trabajadores. Es lo único que parece que saben decir.

Por eso los ciudadanos deberían empezar a ser conscientes de que no les conviene este régimen bancario y de que hay que poner fin a un privilegio de independencia que se ejerce contra la mayoría de la población. Que ni tiene fundamento científico ni en la práctica ha demostrado que contribuya a resolver mejor los problemas económicos. Todo lo contrario, es pura ideología concebida para justificar las políticas que solo terminan por distribuir la renta y la riqueza más favorablemente para los ricos.

Hay que lograr cambiar el estatuto de los bancos centrales, ponerlos al servicio de la política general de progreso y estabilidad, bajo el control parlamentario y orientados a lograr objetivos de desarrollo y bienestar.

Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa
Altereconomía

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