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En España, el 57% de las empresas ofrece planes de previsión social que complementan al sistema de la Seguridad Social, y de estos, el 78% son de aportación definida, el 9% de prestación definida y el 13% mixtos.

La mayoría de las empresas que ofrecen a sus empleados planes de previsión social para complementar el sistema público de pensiones lo hacen a través de la aportación definida o planes mixtos, según un estudio elaborado por Mercer en 47 países para ayudar a las compañías multinacionales a comparar y proporcionar a sus empleados planes de previsión social, seguros médicos y otros grupos de beneficios.

En España, el 57% de las empresas ofrece planes de previsión social que complementan al sistema de la Seguridad Social, y de estos, el 78% son de aportación definida, el 9% de prestación definida y el 13% mixtos.

El motivo que está ocasionando el paso a la aportación definida y planes mixtos es que tanto las compañías multinacionales como las locales se enfrentan a numerosas presiones, como el envejecimiento de la población, la volatilidad de los mercados o el aumento de los requisitos contables y de buen gobierno, según explica Vicente Pérez Jaime, socio de Mercer responsable del área de previsión social.

No obstante, señala que a pesar de que la aportación definida y los planes mixtos son bastante atractivos, su uso todavía no está muy extendido a nivel mundial. Asimismo, prevé un crecimiento de estos sistemas ya que las compañías están realizando esfuerzos para evaluar el impacto de los diseños de previsión social en los patrones de ahorro y pensiones de sus empleados.

Además, el estudio también resalta que el incremento de los planes de aportación definida llevará a una mayor intervención por parte del Estado y esto ocasionará a su vez un aumento de los costes.

Europa Press

La banca mediana se ha puesto a tiro, incluso aquellos que han capeado mejor el revolcón provocado por la crisis subprime desde el pasado julio.

Así, según distintas fuentes del mercado, Banco Guipuzcoano ha sido ofrecido en los últimos meses a distintas entidades financieras extranjeras con una clara posición compradora en el mercado español. El resultado, ha sido en todos los casos, por el momento, negativo.

“No estamos detrás del Guipuzcoano”, asegura el responsable de una importante entidad financiera. “Nos lo han puesto encima de la mesa y nos han propuesto una operación, pero no es un banco que encaje para nosotros. No tiene una gran masa critica y por lo tanto no ofrece muchas posibilidades para consolidar balance”. Con intermediarios de por medio o no, parece cierto que el Guipuzcoano lleva en el mercado buena parte de 2007.

En el sector se entiende que todos los extranjeros que pujaron en su día por la compra del Banco Urquijo, que finalmente se llevó Banco Sabadell, están en una posición compradora. Es decir, tanto Deutsche Bank, BNP Paribas o Banco Espíritu Santo podrían ser de la terna. Al igual que otros, como Barclays, dada la complementariedad geográfica del antiguo Zaragozano y el Guipuzcoano.

Otro de los fijos en las quinielas, que ya sonó hace dos años, es Credit Agricole (Calyon). La entidad francesa, dirigida en España por Juan Fábregas (ex FG Valores, donde coincidió con Alfredo Lafita, actual accionista del Guipuzcoano) ya cuenta en España con la marca Bankoa, con la que opera en el País Vasco. Además, el presidente de la entidad gala mantiene una relación de amistad con José Maria Aguirre, presidente del banco vasco. Sin embargo, su candidatura suena vieja.

El papel de BBK y Kutxa

Otro de las variables que puede intervenir en la operación es el papel de BBK (15%) y Kutxa (10%) como accionistas del Guipuzcoano. “La suya es una participación financiera, no participan directamente en la gestión. Sin embargo, entraron por razones políticas y probablemente saldrán por el mismo motivo”, explica un analista de banca. “Además, su apuesta, en el caso de la de San Sebastián, pasa por Banco Madrid, donde ha invertido mucho en marca”.

Aunque desde las cajas vascas se niega cualquier posición vendedora, sí es cierto que la actual composición del consejo hace pensar en algún tipo de movimiento en el corto plazo, ya que tanto el presidente, José María Aguirre (71 años), como el vicepresidente, José María Muguruza (72), como el director general, José Luis Arrieta (70), apuntan al final de su carrera profesional. Además, accionistas de referencia, como Alfredo Lafita (5%), estarían dispuestos a hacer líquida su posición tras años como inversor.

Lejos de máximos

Banco Guipuzcoano está lejos del máximo anual que toco en abril de 2007, cuando sus acciones se cotizaron a 18,45 euros. Desde entonces, la caída ha sido continuada hasta los 12 euros de finales de agosto (eclosión de la crisis subprime), momento a partir del cual comenzó a retomar el pulso, al contrario de lo que ha ocurrido con el resto de bancos medianos (Sabadell, Banesto, Popular), que continúan sufriendo severos recortes en bolsa.

En estos momentos, la capitalización de Banco Guipuzcoano, que ha presentado beneficios al tercer trimestre por valor de 40 millones de euros, es de 2.000 millones de euros. Una cantidad asumible para cualquiera de los citados, pero que sigue siendo cara por PER, y más aún teniendo en cuenta los descuentos que ofrecen otras entidades competidoras mucho más atractivas aún siendo más caras.

Carlos Hernanz
Cotizalia

Estas medidas tienen el fin de minimizar el impacto del envejecimiento de la población sobre el gasto público a largo plazo.

Estas son las principales conclusiones del informe mensual que elabora el Servicio de Estudios de ‘La Caixa’ y que en el mes de noviembre está dedicado a analizar el papel del Estado en la economía.

La entidad financiera indica que retrasar la edad legal de jubilación es «factible» ante el aumento de la esperanza de vida y el nivel de salud, y añade que se trata de un «cambio necesario» para minimizar el impacto del envejecimiento sobre los sucesivos presupuestos públicos.

En concreto, propone que este incremento de la edad de jubilación se aplique de manera «gradual» para que sea «políticamente aceptable». Así, indica que si cada año, se retrasa seis semanas la edad de jubilación (hasta los 65 años y seis semanas en 2008, 65 años y 12 semanas en 2009 y así sucesivamente), ésta alcanzaría los 70 años en 2050, con lo que ese ejercicio se reduciría un 20% la población en edad de jubilarse.

COPAGO EN SANIDAD.

Junto con la necesidad de utilizar toda la vida laboral para calcular las pensiones públicas, ‘la Caixa’ también apuesta por introducir el copago por parte del usuario como fuente de financiación del gasto sanitario y como instrumento para «racionalizar» la demanda.

«La presión que el aumento de la población de mayor edad ejercerá sobre el gasto público en pensiones, sanidad y políticas de dependencia (…) sin cambios en las políticas actuales, tendrá un impacto sobre el gasto público que aunque gradual, será significativo», advierte la caja.

En la misma línea, el último informe de coyuntura de la entidad financiera apuesta por imponer «límites legales» a la capacidad de gasto del Gobierno para eliminar la tendencia al déficit público.

PELIGRO DE RECESIÓN CON MÁS GASTO PÚBLICO.

En opinión de ‘La Caixa’, el aumento del gasto público puede «empujar la actividad» en un primer momento, pero posteriormente «se acaba pagando caro» en términos de tensiones inflacionistas, asignación «incorrecta» de recursos productivos o incluso «recesión». «Esta constatación ha permitido afianzar la idea de que el excesivo déficit acaba dañando a la economía», subraya.

En este sentido, precisa que aunque la mayoría de gobiernos suele exhibir un «sesgo hacia el déficit», un exceso de gasto sobre los impuestos conlleva un aumento de la deuda pública «que tarde o temprano» tendrán que pagar gobiernos y generaciones futuras.

En cualquier caso, ‘La Caixa’ admite que España cuenta con la Ley de Estabilidad Presupuestaria para controlar el gasto público, «que va más allá» del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, y que exige al conjunto de las administraciones públicas un superávit de las cuentas cuando el crecimiento del PIB real esté por encima del potencial (3%).

Europa Press

Las conclusiones del informe que nos ha remitido el Ministerio de Trabajo, tras efectuar un seguimiento de las actuaciones de dicho Servicio de Prevención, suponen que las cajas van a tener que replantearse de manera inmediata como trabajar la Prevención de Riesgos Laborales, contemplando algunos riesgos muy importantes que hasta ahora negaban, y dotándose de la organización necesaria para hacerlo. La Inspección de Trabajo, a instancias de CCOO, así lo entiende.

Desde el primer momento, cuando 34 cajas de ahorro constituyeron el Servicio de Prevención Mancomunado de Cajas de Ahorros (SPMCA), CCOO vimos claro que lo hacían para ahorrarse costes y diluir el control y la participación sindical, motivo por el cual no contaron con el acuerdo sindical.  Durante este tiempo, y ante la falta de objetividad y rigor en las actuaciones del SPMCA, no hemos dejado de trabajar ante distintas instancias, trabajo que ahora da su fruto en las conclusiones del informe del Ministerio y el anuncio de nuevas actuaciones por parte de la Inspección de Trabajo ante las cajas.

El informe, que avala las posiciones defendidas por CCOO desde hace años, afecta tanto a las Cajas adheridas al SPMCA como a las que no lo están puesto que en el mismo se reconocen las siguientes cuestiones:

1.- La organización preventiva se considera “manifiestamente insuficiente”, tanto por el número de técnicos (8 para 90.000 empleados y 17.000 oficinas) como por su coordinación.

2.- En la Evaluación de Riesgos sólo se realizó una comprobación de aspectos como escaleras y rampas, puertas, instalaciones eléctricas, etcétera, pero no se llevó a cabo una evaluación de los puestos de trabajo ya que se consideró la inexistencia de riesgos laborales en los mismos.

La consecuencia es que en las cajas no se ha realizado la Evaluación de Riesgos derivados del trabajo intensivo con ordenadores (PVD), atracos, psicosociales, maternidad, embarazo o trabajadores especialmente sensibles, entre otros.

3.- Los estudios realizados por las cajas sobre la condición de usuarios de pantallas de visualización de sus trabajadores son insuficientes e interpreta que para reconocer la condición de usuario es suficiente que se superen dos horas de trabajo efectivo diario.

Por todo ello, El Ministerio de Trabajo considera necesario continuar con las actuaciones de la Inspección de manera individualizada en cada caja, comprobando tanto que se realicen correctamente las evaluaciones de riesgos, como el reconocimiento de la condición de trabajadores usuarios de pantallas de visualización de datos que comporta, entre otras: la aplicación del Protocolo Sanitario de Vigilancia Especifica en el diseño del puesto de trabajo y de la accesibilidad de los programas,  el derecho a reconocimiento médico cada vez que se produzcan trastornos que pudieran derivarse del trabajo con ordenador, el establecimiento de las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente y el conocimiento de cuantos dispositivos de control de productividad tenga instalados el programa.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo anuncia que continuará con las inspecciones en cada una de las Cajas adheridas al SPMCA, a las que estaremos atentos recabando información de cuantas visitas, requerimientos y actas de infracción pudieran llevar a cabo las distintas Inspecciones Provinciales.

Controlar el cumplimiento de estos requerimientos exigirá que CCOO continuemos trabajando, como siempre, por nuestro compromiso con la salud de las plantillas.

                                                                                                                               13 de noviembre de 2007