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  • La Audiencia Provincial de Madrid valida el Copyleft y las licencias Creative Commons

    Por primera vez en nuestra historia judicial, una Audiencia Provincial ha validado el Copyleft y las licencias Creative Commons para evitar el pago a la SGAE de los importes reclamados a un establecimiento abierto al público.

    Nuestro compañero Enrique Helguera de la Villa ha sido el letrado
    que defendiendo a su cliente, Buena Vistilla Club Social, ha obtenido
    la sentencia de fecha 5 de julio de 2007 de la Sección 28 de la
    Audiencia Provincial de Madrid.

    En el caso de Buena Vistilla Club Social,
    la sentencia de primera instancia ya dio la razón al local. La Sociedad
    General de Autores y Editores le había demandado solicitando el pago de
    783,78 euros en concepto de comunicación pública por obras de su
    repertorio. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil desestimó las pretensiones de la SGAE e impuso las costas a la misma.

    La SGAE hasta la fecha ha seguido una estrategia procesal muy clara:
    cuando ha perdido una sentencia en primera instancia en la que figuraba
    el uso de licencias copyleft, nunca ha apelado la resolución para
    evitar que las audiencias provinciales comenzasen a reconocer el
    pujante fenómeno en que las mismas consisten. En el caso de Buena
    Vistilla Club Social, dado que la sentencia de primera instancia no
    citaba específicamente los términos «Copyleft» o «Creative Commons»
    sino música relativamente desconocida,
    la SGAE apeló la resolución, lo que ha producido ahora unas
    consecuencias adversas para sus intereses y la consolidación del
    Copyleft y de las licencias Creative Commons en una resolución de una
    Audiencia Provincial.

    El contenido de la sentencia de la Audiencia de Madrid, tras enumerar las fechas y juzgados de las sentencias de los casos Ladinamo, Discopub Metropol, Discobar Zapatero y caso Birdland, recoge literalmente en su Fundamento Segundo el Fundamento Tercero de la ya bien conocida sentencia del caso Birdland de Salamanca:

    Hasta fechas recientes esa posibilidad de
    desvirtuar la presunción se tornaba ciertamente difícil, dada la
    ingente cantidad de obras gestionadas por la SGAE, bien a consecuencia
    de contratos estipulados directamente por los autores con la SGAE o a
    través de contratos de reciprocidad concertados con otras entidades de
    gestión de todo el mundo, todo lo que ha generado hasta ahora la
    sensación de que la SGAE tiene un derecho a la gestión exclusiva del
    repertorio universal de las obras musicales.

    Sin embargo, en los últimos tiempos está alcanzando en nuestro país
    cierto auge un movimiento denominado de «música libre», muy relacionado
    con la expansión de Internet como medio de distribución musical. De un
    modelo de difusión de los contenidos musicales limitado a la venta y al
    alquiler de ejemplares, controlado por la industria de contenidos, se
    ha pasado a un modelo casi ilimitado, gracias a la difusión global que
    proporciona Internet, ámbito en el que los propios creadores, sin
    intermediación de la industria, pueden poner a disposición de los
    usuarios de Internet copias digitales de sus obras. Este fenómeno ha
    originado la concurrencia o coexistencia de diferentes modelos de
    difusión de contenidos en relación a las nuevas posibilidades ofrecidas
    por Internet:

    a) El tradicional, basado en la protección de la copia
    («copyright»), que busca una restricción del acceso u uso del contenido
    «on line», recurriendo a fórmulas negociales de carácter restrictivo y
    medidas tecnológicas de control de accesos, que se subsumen en los
    llamados «Digital Rights Management».

    b) Un modelo que proporciona acceso libre «on line» a los
    contenidos, permitiéndose en ocasiones el uso personal de los mismos
    (modelos de licencia implícita) y, en otros supuestos, la difusión
    libre de la obra, su transformación e incluso su explotación económica,
    con la única condición de citar la fuente. Se trata de los modelos de
    dominio público y de licencias generales (General Public License), como
    son, por ejemplo, las licencias «creative commons», algunas de las
    cuales incluyen la cláusula «copyleft».

    Con la cláusula «copyleft» el titular permite, por medio de una
    licencia pública general, la transformación o modificación de su obra,
    obligando al responsable de la obra modificada a poner la misma a
    disposición del público con las mismas condiciones, esto es,
    permitiendo el libre acceso y su transformación. Con las licencias
    creative commons, el titular del derecho se reserva la explotación
    económica y puede impedir transformaciones de la misma. Por tanto, debe
    distinguirse las licencias creative commons de la cláusula «copyleft».
    En ocasiones habrá licencias creative commons que incluyan la cláusula
    «copyleft».

    En todo caso, este modelo parte de la idea común de pretender
    colocar las obras en la Red para su acceso libre y gratuito por parte
    del público. Sus partidarios lo proponen como alternativa a las
    restricciones de derechos para hacer y redistribuir copias de una obra
    determinada, restricciones que dicen derivadas de las normas planteadas
    en los derechos de autor o propiedad intelectual. Se pretende
    garantizar así una mayor libertad, permitiendo que cada persona
    receptora de una copia o una versión derivada de un trabajo pueda, a su
    vez, usar, modificar y redistribuir tanto el propio trabajo como las
    versiones derivadas del mismo. Se trata, sostienen los partidarios de
    este modelo, de otorgar al autor el control absoluto sobre sus obras, y
    surge como respuesta frente al tradicional modelo del copyright,
    controlado por la industria mediática.

    El Copyleft y las licencias Creative Commons están alcanzando su
    mayoría de edad. El trabajo en red de la Comunidad Copyleft está
    demostrando una alta eficacia: en un año y cinco meses se ha pasado
    desde la primera de las sentencias en el caso de Ladinamo hasta la
    consolidación y reconocimiento en una Audiencia provincial. Omnia sunt
    communia.

    Pondremos a su disposición el contenido literal de la sentencia en cuanto dispongamos de tiempo para anonimizarla.

    Derecho-Internet

  • Unicaja, abierta a cualquier fusión «incluida» Cajasol.

    Braulio Medel ve bueno ir a la concentración pero respetando el peso de cada entidad.

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  • Medel, abierto a crear una caja única andaluza

    El presidente de Unicaja, Braulio Medal, dejó ayer las puertas abiertas a la creación de la ’caja única’ andaluza.

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  • Cajas de Ahorro Extremeñas

    NO creo que la fusión de las cajas de ahorros extremeñas sea un debate que suscite interés








    NO creo que la fusión de las cajas de ahorros extremeñas sea un debate que suscite interés, ni una cuestión prioritaria para los extremeños, aunque sean clientes de las entidades financieras susceptibles de fusión, Caja Extremadura y Caja Badajoz. No creo que nadie reclame semejante medida y, francamente, ante el desinterés que percibo no imagino a nadie acercándose al político de turno para reclamarle semejante cuestión. Puede, eso sí, que algún sector concreto, específico y minoritario, por un interés puntual, más político que económico, quiera ir en esa dirección, pero no es algo de lo que se hable en el trabajo, en el bar o en las tertulias, como para que semejante medida pudiera alcanzar el estrellato y figurar en un programa electoral.

    El debate que se pretende revitalizar surgió ya en 1990, cuando se formaliza la fusión entre la Caja de Cáceres y la Caja de Plasencia, constituyendo ambas la Caja de Extremadura, denominación que evocaba un ámbito territorial deseado y una unidad financiera que no era tal, pero que bien pudiera servir de bandera para ulteriores fusiones. Digamos que la nueva denominación fue un acierto que, desde ese momento, dejó a la otra entidad, Caja Badajoz, con una denominación provincial que aunque estratégicamente eficaz, no se correspondía con la realidad. Para intentar equilibrar la balanza, Caja Badajoz registró para su tarjeta de crédito el nombre de Extremadura. O sea, que la reducida polémica viene de lejos.

    Sin embargo, han transcurrido los años, las cajas han crecido por separado, son entidades solventes y la fusión no se produce, pese a que el tema es recurrente y con más o menos fuerza no acaba de despertar ni de dormir, pero siempre se ha mantenido en ámbitos muy reducidos, tanto financieros y administrativos como de gestión empresarial.

    Es ahora cuando, por dos vías distintas, vuelve el asunto a las páginas de la prensa y cobra nuevo interés. Por un lado, las manifestaciones políticas del Sr. Fernández Vara y, por último, las cualificadas palabras del Gobernador del Banco de España en un foro tan cualificado como la Fundación de Estudios Financieros. Mientras que el primero intenta avivar un fuego inexistente y deja entrever un más que cuestionable clamor popular por la fusión, el Gobernador formula un criterio mucho más prudente y razonable, como es manifestar que, desde la entidad que preside, sólo se acptaran aquellas operaciones de concentración que «se planteen entre cajas con un escaso solapamiento geográfico y sectorial». El requisito puede parecer simple, pero no se cumple en nuestras cajas que son competidoras en ambas provincias y que, además de participar conjuntamente en muchos proyectos de inversión, existe entre ellas una colaboración fluida que no impide el crecimiento de ambas.

    Las palabras de Guillermo Fernández Vara, consejero de Sanidad y Consumo y, simultáneamente, candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura por parte del PSOE, al manifestar que la fusión de las cajas de ahorro se la ha reclamado la mayoría de gente con la que ha hablado, indica que ha pisado poca calle o que sus interlocutores son «cajistas», empresarios y financieros. Ha hablado, entiendo, con muy pocos ciudadanos.

    La lejanía de sus palabras y de sus conversaciones de la realidad regional, supone una preocupación añadida por quien, encerrado hasta ahora en cuestiones sanitarias, sea por profesión o por ocupación, desconoce las preocupaciones reales y cotidianas del ciudadano, que como fácilmente puede comprobarse, tiene otras inquietudes y prioridades.

    Está muy claro que lo que preocupa al ciudadano es lo que le toca más directamente. En Talayuela y, por extensión, en la zona norte de Cáceres, hay preocupación con el futuro agrícola, al cuestionarse seriamente el futuro del cultivo del tabaco. En las vegas del Guadiana, preocupa el cultivo del tomate. En Villafranca y el entorno de la Tierra de Barros, la instalación de una refinería. En el sur de Badajoz, la distribución del agua es una añeja preocupación que debiera haberse resuelto el siglo pasado. El trazado de la carretera entre Badajoz y Levante preocupa tanto en Castuera como en Cabeza del Buey. En Herrera del Duque están inquietos por el desplazamiento de todos los servicios comarcales a Talarrubias. Y en toda Extremadura preocupa el futuro por la insolidaridad territorial que está fomentando el Gobierno de España, con sus devaneos territoriales, su financiación descarada a los que más tienen, su política antiterrorista, o su gestión de la inmigración. Pero de la fusión de cajas de ahorro, ni citarla.

    Indudablemente, han de ser ambas entidades quienes, dentro de su autonomía, analicen cuidadosamente las posibilidades de fusión y el interés o conveniencia de la misma y bajo criterios de estricta gestión empresarial. Pese a sus peculiares características, no dejan de ser entidades privadas que cuentan con órganos de gobierno y de representación. Tal vez lo mejor que podía hacer la clase política por nuestras cajas es apartarse de ellas, despolitizando sus decisiones y dejando que sean ellas, sin empujones, las que tomen la decisión. Si llega la fusión, bienvenida sea, pero que sea por el interés de las propias cajas y no por lo que pudiera convenir a un partido político.

  • Fernández Vara cree necesaria una caja de ahorros más fuerte

    El Partido Socialista estudiará incluir en su programa electoral autonómico el fortalecimiento de las instituciones financieras extremeñas

    aunque de momento no tiene claro que la solución sea fusionar las cajas de ahorros.

    El candidato a la presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, cumplió el pasado miércoles 100 días como tal, y en los contactos que ha tenido en este tiempo con todo tipo de sectores sociales ha encontrado como una de las peticiones más repetidas la de que «tenemos que contar con unas instituciones financieras más potentes».

    ¿Sería buena una fusión de las cajas? «Tenemos que discutirlo antes de redactar el programa electoral. Lo que piden muchos ciudadanos son unas instituciones financieras más fuertes pero ¿lo mejor es la fusión? Vamos a ver, las cajas tienen sus órganos de decisión».

    En otras comunidades, como recientemente Andalucía, las cajas se han unido. «Lo que es bueno para los demás debe serlo también para nosotros», dice Vara al respecto.