CCOO ha editado un nuevo número de Gaceta Sindical en el que se informa de las concentraciones convocadas  el 27 de noviembre, para protestar contra la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido objetivo por bajas médicas intermitentes, aunque sean justificadas.

Unas concentraciones que se llevarán a cabo a las 12 horas frente al Congreso de los Diputados en Madrid y las Delegaciones del Gobierno en el resto de comunidades autónomas, para dar respuesta a la alarma social creada por la sentencia del Constitucional. 

Como ha subrayado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, "los sindicatos exigimos la inmediata derogación del artículo 52.d del ET, que ya está provocando más despidos objetivos por enfermar y que los trabajadores y trabajadoras acudan a sus puestos de trabajos sin estar recuperados de su enfermedad por miedo al despido, con el consiguiente riesgo para su salud y el resto de la plantilla".

El artículo 52.d es uno de los más injustos y crueles de la reforma laboral, al permitir despidos de trabajadoras y trabajadores que están de baja justificada. Además, lo hace con unos argumentos perversos, que ponen la productividad o los resultados de las empresas por encima de la salud.

Testimonio Raquel.  Sector del ‘contact center’

“En mi sector se producen muchas bajas cortas y seguidas por el nivel de estrés que padecemos, al tener que atender un número de llamadas determinado en poco tiempo. Si no te penalizan. También se registran muchas contracturas al tener un mobiliario obsoleto que no renuevan. 

Además, es un sector feminizado y al acabar nuestra jornada, en casa, tenemos que seguir trabajando en cuidados de familia, lo que repercute en nuestras dolencias”

Ver Gaceta Sindical Movilizaciones contra el Despido Objetivo por Baja Laboral

El Registro de la jornada de trabajo. Los sistemas de registro e impacto en materia de protección de datos

Una vez realizada, por parte del Gabinete Jurídico Confederal, una primera aproximación a la aplicación práctica de la obligación de implantar en las empresas un sistema de registro diario de la jornada de cada persona trabajadora, y analizada la Guía sobre el registro de jornada, publicada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el día 13 de mayo de 2019, resulta conveniente elaborar un nuevo documento en el que se analice con mayor profundidad, los sistemas o medios que pueden ser utilizados para el cumplimiento de esta obligación, y la necesidad, en mayor o menor medida, según el sistema que se implante, de respetar la normativa en materia de protección de datos y garantía de los derechos digitales, en relación con la esfera de privacidad, intimidad y dignidad de las personas trabajadoras.

Conviene antes de hacer el análisis más detallado de cada uno de los sistemas de registro, una serie de consideraciones previas, que deben tenerse en cuenta:
a) En primer lugar, es exigible, en todo caso, que exista una negociación colectiva con los RLT respecto a la organización y documentación del sistema de registro a implantar.

b) En segundo lugar, la norma nada dice respecto al sistema de registro que deba o pueda utilizarse, limitándose a señalar que cualquier sistema deberá, como mínimo, incluir el momento de inicio y finalización de la jornada diaria realizada; dicho esto, el resto, se remite a la autorregulación, mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa.

c) En tercer término, el sistema elegido debe proporcionar información fiable, inmodificable y no manipulable ni alterable a posteriori. Apunta la Guía del Ministerio que la información de la jornada debe documentarse en algún tipo de instrumento escrito o digital, o sistemas mixtos, en su caso, que garanticen la trazabilidad y rastreo fidedigno e invariable de la jornada diaria una vez registrada.

d) Y finalmente, se exige que los registros permanezcan a disposición de las personas trabajadoras, de sus RLT y de la Inspección de Trabajo, por lo que deben permanecer físicamente en el centro de trabajo o ser accesibles desde el mismo de forma inmediata y por tanto, no pueden estar o almacenarse en otras oficinas de la empresa, en gestorías o terceros que gestionen los sistemas.

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Cinco Días – Indemnizaciones por despido, nuevo objetivo de la Agencia Tributaria

Hacienda ha encontrado una nueva vía para engrosar las arcas públicas que recaerá, una vez más, en el contribuyente medio

De acuerdo con la reciente resolución de los Tribunales, la Agencia Tributaria podrá reclamar la tributación de todas las indemnizaciones de hasta 180.000 euros que se hayan efectuado durante los últimos 4 años. Es decir, un contribuyente que haya recibido una indemnización promedio de 100.000 euros tributará como mínimo 35.000 euros aproximadamente dependiendo en que comunidad autónoma se encuentra.

La Ley establece una exención con un límite máximo de hasta 180.000 para las indemnizaciones que los trabajadores perciban como consecuencia de la extinción unilateral de la relación laboral. Según dichas resoluciones cualquier indemnización será sospechosa de ser un pacto y de tributar íntegramente. A partir de ahora, la AEAT haría tributar las indemnizaciones por despido basándose en ciertos indicios que pueden ser la edad, la antigüedad, etc.

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El País – Expulsados de la empresa por edad cueste lo que cueste

Las empresas activan los despidos de mayores de 50 años y aceleran las jubilaciones a pesar del castigado sistema de pensiones.

La edad no perdona. Así de crudo es el mercado laboral español, del que los mayores de 50 años son expulsados sin piedad, aumentando las cifras del paro de larga duración.

Banco Santander anunció la semana pasada que despediría a 3.713 empleados a través de un ERE, En el caso de Banco Santander, el coste por persona se estima en torno a 300.000 euros, es decir, un 30% por debajo del de Caixabank. La entidad presidida por Ana Botín ha ofrecido a los trabajadores afectados un plan de recolocación sine die al que puede incorporarse todo el que quiera. En su ERE anterior, de febrero de 2018, se recolocaron el 73% de los apuntados, presume la entidad. Porque cada vez es más habitual que los despedidos de entre 52 y 57 años deseen seguir en activo. De hecho, el banco que dirige Gonzalo Gortázar retirará incentivos, como el plan de pensiones, a los mayores de 52 años que presten servicios para su competencia.

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