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Categoría: Prevision Social

  • INFOPLAN Nº 3

  • Para nuestra tranquilidad en el fondo… se ha impuesto la transparencia.
  • Aclaraciones sobre el informe trimestral recibido.
  • Chequeo al fondo
  • El rincón de la Previsión Social.

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  • La Seguridad Social cierra el 2004 con un superávit de 8.400 millones

    El Gobierno destinará 5.000 millones de euros más al fondo de reserva. -La Seguridad Social ha cerrado el 2004 con un superávit de más de 8.400 millones de euros. Esto supone 2.400 millones más de lo inicialmente previsto.

    MARIANO GUINDAL – 00:00 horas – 19/04/2005
    El Gobierno destinará 5.000 millones de euros más al fondo de reserva. -La Seguridad Social ha cerrado el 2004 con un superávit de más de 8.400 millones de euros. Esto supone 2.400 millones más de lo inicialmente previsto, ya que se había calculado que la desviación al alza representara un 0,7% del PIB, cuando la realidad es que ha superado el 1% debido al fuerte incremento del número de afiliados ocupados, que ha superado las 600.000 personas.
    La Seguridad Social ha cerrado el 2004 con el mayor superávit de su historia. Por primera vez los ingresos superaron a los gastos en más de 8.400 millones de euros. Esto ha sido posible gracias al fuerte incremento del número de afiliados ocupados, que ya superan los 17,5 millones de cotizantes, de los que 1,2 millones son trabajadores extranjeros.
    La desviación de los ingresos ha sido mayor de la que inicialmente había previsto el Gobierno. El superávit estaba calculado en 6.000 millones de euros, lo que representa el 0,7% del producto interior bruto (PIB), pero la realidad es que al cerrar el ejercicio se ha superado el 1% del PIB. Así, el Gobierno se ha encontrado con 2.400 millones de euros más de lo presupuestado.

    Este excedente permitirá al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, presentar un déficit para el conjunto de las administraciones públicas menor del anunciado, a pesar de haber saneado las finanzar públicas aflorando el llamado «déficit oculto» del anterior gobierno del PP.

    De acuerdo con la liquidación de la Seguridad Social, los ingresos se situaron el año pasado en 90.283 millones de euros. De esta cantidad, 83.220 millones corresponden a las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores. A esto hay que sumar los 4.941 millones que corresponden a las transferencias que realiza el Estado para sufragar una pequeña parte de los complementos de mínimos -diferencia que cubre el Estado entre lo que le correspondería al afiliado por lo que ha cotizado y la pensión mínima que fija anualmente el Gobierno-. Finalmente, hay que añadir 2.121 millones de préstamos del Estado (sin intereses) para completar las obligaciones que había asumido la Seguridad Social en materia sanitaria correspondientes al periodo 1995-1999.

    Los gastos del sistema público de pensiones se han situado al final del ejercicio pasado en 81.800 millones.De éstos, se han destinado al pago de prestaciones económicas (fundamentalmente pensiones) 80.489 millones; para asistencia sanitaria se han dedicado 1.396 millones. Esto arroja un superávit de 8.398 millones, que se destinarán al fondo de reserva, cuya dotación ya supera los 24.000 millones de euros.

    El pasado mes de febrero el Gobierno adelantó una aportación al fondo de reserva de 3.500 millones, y tiene previsto realizar una nueva aportación de aproximadamente 4.900 millones. Con esta cantidad adicional, la dotación del fondo de reserva alcanzará cerca de 30.000 millones de euros, incluidos los intereses que se están generando y que tienen una rentabilidad media del 3,6%. La mayor parte de este dinero está colocada en renta fija nacional.

    Según las previsiones realizadas por los técnicos del Ministerio de Trabajo, tal como está evolucionando la recaudación en los tres primeros meses del presente ejercicio, se estima que el ejercicio 2005 podrá acabar con un superávit superior a los 10.000 millones de euros. Este fuerte incremento se debe en buena parte al proceso de regularización de emigrantes ilegales. Actualmente, más de 385.000 trabajadores extranjeros han solicitado cotizar a la Seguridad Social, de los que más de 60.000 han recibido la autorización para darse de alta.
    La revisión de la Encuesta de Población Activa (EPA) ha detectado 964.700 trabajadores extranjeros ocupados pero que no habían sido dados de alta por sus patrones. La Seguridad Social cree que gran parte de estos ocupados ilegales aflorarán con el proceso de regulación. La presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE) , Carmen Alcaide, considera que actualmente hay en España 3,5 millones de extranjeros censados. De ellos, están ocupados 2,7 millones, por lo que aún hay 1,5 millones trabajando en la economía sumergida.

    Aunque los emigrantes cotizan a la Seguridad Social por la aportación mínima, dado el tipo de trabajos que ocupan, «al ser tantos, la recaudación se está incrementando con fuerza», afirman los técnicos del ministerio, quienes además argumentan «que el proceso de regulación también está afectando a muchos españoles que estaban trabajando sin cotizar a la Seguridad Social, y ahora reclaman a sus patrones sus derechos, sobre todo en el servicio doméstico».

  • España envejece

    Durante el siglo XX los países europeos, entre ellos España, alcanzaron dos logros importantes: la esperanza de vida de su población creció de modo espectacular y se logró un óptimo nivel de cobertura social -sanidad y pensiones-. Ahora la conjunción de ambos parece suponer un importante riesgo para los paises afectados.

    Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer (Presidente del consejo asesor de PAP Tecnos y ex presidente de la SEPI) (19-04-2005)
    Durante el siglo XX los países europeos, entre ellos España, alcanzaron dos logros importantes: la esperanza de vida de su población creció de modo espectacular y se logró un óptimo nivel de cobertura social -sanidad y pensiones-.
    Cada uno de los dos factores citados significa individualmente un paso adelante de especial importancia en la senda del bienestar individual y colectivo. Sin embargo, la conjunción de ambos representa un importante riesgo para los países afectados, toda vez que el aumento exponencial del gasto público vinculado hace peligrar el mantenimiento del sistema y consecuentemente los logros alcanzados.
    Dado que no resulta fácilmente asumible renunciar a lo que representa el llamado Estado del bienestar, el factor que debe analizarse -a fin de actuar sobre él- es el envejecimiento de la población. El indicador que suele utilizarse para medirlo es la proporción de la población que supera los 65 años.
    Según datos publicados en OCDE Factbook 2005 en el pasado mes de marzo, en los 15 países de la UE previa a la ampliación (UE-15) la población mayor de 65 años es el 17,2%. El dato supera con amplitud el ofrecido por el conjunto de la OCDE (13,8%), y más todavía el 12,6% correspondiente a EE UU. Es evidente que no sólo por el volumen del gasto público afectado, pero sí especialmente por él, la comparación de los datos expuestos revela la existencia de una desventaja comparativa para los países europeos.
    Esta desventaja presenta además una lectura aún más pesimista si se observa con perspectiva dinámica. En efecto, en tanto que EE UU viene manteniendo estable su tasa de envejecimiento -era 12,5% en 1990 y es 12,6% en 2005-, por el contrario en los países UE-15 crece de modo preocupante, dado que en estos 15 años ha aumentado un 27% -era el 13,6% y es el 17,3%-. En síntesis, la población de los países europeos, y la de España con ellos, se diferencia de la de EE UU por estar más envejecida, y la diferencia además es creciente.
    El estudio de la OCDE incorpora la proyección de la citada tasa a corto y a medio plazo, ofreciendo estimaciones relativas a 2010, 2015 y 2020, que siguen siendo ciertamente preocupantes. En la UE-15, la población mayor de 65 años crecerá hasta alcanzar el 20,7% del total. Además, se mantendrán los diferenciales entre estos países y el conjunto de la OCDE (17, 7%), y entre estos países y EE UU (16,5%).
    Entre los países de la UE-15, España se encuentra en una posición intermedia, tanto en lo que se refiere a los datos reales de 2005 (17,3%) como en lo relativo a los estimados para 2020 (19,7%). Sus datos indican que dispone de una población más envejecida que Dinamarca, Francia o Reino Unido (y así seguirá dentro de 15 años), en tanto que la población española tiene menor tasa de envejecimiento que Alemania, Suecia o Italia (lo que se mantendrá en 2020).
    La OCDE no realiza proyecciones más allá del citado 2020, pero el estudio Portrait of the European Union efectuado por Eurostat ofrece el dato referente a la población menor de 15 años, lo que es un primer indicador sobre el escenario que puede darse a largo plazo. Los datos de Eurostat revelan que, junto con Italia, España tiene de entre todos los países de la OCDE el menor porcentaje de menores entre su población, existiendo además diferencias significativas. Los menores de 15 años representan un 14,5% de la población española, mientras que son un 16,6% en el conjunto de la UE. Las diferencias son notables respecto a casi todos los países: el citado 14,5% en España frente al 17,4% en Bélgica, el 18% en Suecia, el 18,7% en Francia, el 18,8% en Dinamarca, el 18,9% en el Reino y el 21% en Irlanda.
    La situación que presentan los países europeos, y especialmente España, constituye objetivamente una amenaza preocupante no sólo por el gasto público afectado, pero también por él. Esta amenaza pone incluso en peligro el mantenimiento en el largo plazo de nuestra posición relativa en la economía mundial.
    Es necesario invertir la actual tendencia de envejecimiento de la población española, lo que exige políticas públicas de largo plazo y sostenidas en el tiempo. La alternancia de los Gobiernos y de los partidos que los sustentan que caracteriza a los modelos democráticos, obliga a que dichas políticas sean adoptadas con apoyos políticos y sociales amplios, y a que no sean cuestionadas tras los cambios de Gobierno. En este sentido y lamentablemente para nosotros, la realidad española es poco edificante, siendo muy escasas las experiencias de ‘políticas de Estado’ que hemos sido capaces de aplicar.

  • El Gobierno teme que los excedentes de la Seguridad Social frenen la economía

    El fuerte superávit que viene registrando la Seguridad Social desde hace seis años, y que se destina en su mayor parte al fondo de reserva, puede acabar por frenar el crecimiento económico. Así lo manifestó ayer en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez.

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  • Jornadas sobre el sistema de atención a las personas en situación de dependencia en España

    Se celebran los días 18 y 19 de abril, en el Auditorio Príncipe de Asturias, organizadas por CC.OO. de Oviedo, con la participación de José María Fidalgo y los secretarios generales de Asturias y Oviedo, Antonio Pino y José Manuel Prieto.

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