El autor se suma al Debate Abierto en Cinco Días sobre la financiación de la dependencia. En su opinión, es un asunto de gran calado al que hay que enfrentarse cuando todavía no se ha encontrado la fórmula para resolver el problema del impacto de la demografía en las pensiones
Han pasado 18 años desde la Ley de Planes y Fondos de Pensiones y todavía seguimos debatiéndonos acerca de cómo conseguir un ahorro privado que nos permita complementar suficientemente las pensiones públicas.
Después de este largo proceso podemos afirmar con cierta desazón que a pesar de los muchos esfuerzos y las loables voluntades de los diferentes Gobiernos, Administraciones, agentes sociales, etcétera, no hemos conseguido, ni muchísimo menos, el objetivo perseguido.
Nuestro ahorro previsión en términos de Producto Interior Bruto (PIB) se sitúa en un 25%, algo menos de la mitad que la Unión Europea y dos veces menos que Francia o seis que Holanda. Por otro lado, en la composición del ahorro familiar español, los instrumentos financieros de ahorro previsión gestionan un 11,5% del total, mientas que la media europea se sitúa sobre un 28%. Además, durante los últimos años no hemos recortado apenas distancia respecto de los países más previsores.
Todavía no hemos encontrado la fórmula adecuada para resolver la problemática de la demografía y su impacto en las pensiones, que ya tenemos que afrontar otro asunto de enorme calado como es la dependencia.
Recientemente el Gobierno publicó el Libro Blanco de la Dependencia. Se trata de un libro esencial en el proceso de promulgación de la anunciada ley, en el que se realiza un amplio análisis de la situación actual y futura de las personas dependientes, así como la tipología de las situaciones de dependencia y las posibles vías de atención a las mismas.
Estamos en el preludio de una nueva industria con múltiples actividades que acogerán a miles de trabajadores y contribuirá a regularizar muchos empleos
Es evidente pues que estamos en el umbral de un momento histórico para la sociedad, puesto que la futura ley reforzará el actual Estado del Bienestar y marcará los ámbitos en los que deberá de actuar el sector privado.
Cubierto el hito anterior y a pesar de que en el Libro Blanco no se vislumbra la participación directa de los aseguradores y gestores de planes de pensiones, será el momento en el que estos sectores deban de asumir su responsabilidad ante la sociedad y ofrezcan soluciones creativas, sólidas y competitivas.
Aunque puede ser aventurado relacionar las posibles soluciones, productos o servicios que podrán ofrecer estos sectores, lo más predecible seguramente es apostar por la línea del ahorro, ya que lo primero que debe conseguirse es la concienciación necesaria para que el ciudadano se haga con los recursos necesarios para costearse la dependencia que pueda contraer en el futuro, o bien, hacer frente al pago de la prima del seguro que le cubra de la contingencia de la dependencia.
Para lograr la citada concienciación se pueden adoptar muchas medidas, entre ellas la del apoyo fiscal, tanto a los productos finalistas como a los capitales generados en otros productos financieros pero que se destinen en un determinado momento a la compra de rentas vitalicias, y que incorporen en las mismas la contingencia de la dependencia.
Otra alternativa de gran interés sería la de los seguros de enfermedad con prestaciones de servicios a la dependencia. Esta opción es similar a la contratación de un seguro de riesgo en el ramo de vida, aunque en este caso el servicio es substituido por una prestación económica, cuyo posterior destino sería la contratación de los correspondientes servicios de dependencia. Si nos ceñimos estrictamente al campo teórico, estas propuestas serían las más adecuadas para cubrir a nivel privado cualquiera de las situaciones de dependencia, pero debemos tener en consideración que, en muchos casos las primas pagadas en este tipo de seguros son consideradas por gran parte de la población como un gasto, consecuentemente no serán propensos a su contratación ya que en su particular valoración antepondrán el coste a la posible contraprestación.
Otro aspecto a considerar en este ámbito es la carencia de estadísticas plenamente contrastadas y adaptadas a la actividad del sector asegurador. La ausencia de esta información puede ocasionar que la fijación de las prima no sea la que se correspondería con el riesgo a cubrir, con el consiguiente impacto negativo para los contratantes del seguro o para la solvencia de las compañías.
Bien, presumiblemente en un corto periodo de tiempo tendremos la ley; el preludio de una nueva industria con múltiples actividades que acogerán a miles de trabajadores y que contribuirá a la regularización de muchos puestos de trabajo. Una ley que establecerá el ámbito público y el privado, una ley indispensable si nos comparamos con nuestros países vecinos. Confiemos en que entre todos hagamos que consiga su propósito más prontamente que la Ley de Planes y Fondos de Pensiones.
Cinco Días Mario Berenguer (Director general del Grupo Caifor) (12-03-2005)