El presidente George W. Bush se lanzó ayer a defender públicamente uno de sus compromisos de campaña, quizá el que más dudas despierta entre su propio electorado: la reforma de un sistema de pensiones que dentro de unos años -cuando se jubile en masa la generación del baby boom que nació a partir de 1946- corre el riesgo de quiebra.
El presidente estadounidense cree que los trabajadores jóvenes que lo deseen deberían poder desviar un porcentaje de sus impuestos destinados a las pensiones a crear fondos de inversión para complementar sus jubilaciones cuando se retiren.
«El que tenga ahora veinte o veintitantos años y está empezando a trabajar debería reflexionar sobre un sistema de seguridad social [pensiones de jubilación] que irá a la quiebra, a la bancarrota, a menos de que el Congreso actúe ahora», dijo Bush en la Casa Blanca, en el primero de una serie de actos destinados a convencer de su plan -que se convertirá en uno de los caballos de batalla de su segundo mandato- a una sociedad que no ve clara la urgencia. El presidente cree, en cambio, que la reforma de las pensiones es una parte irrenunciable de su programa para reducir el déficit presupuestario en los próximos años y que, aunque los actuales fondos de jubilación cubren las necesidades, hay que anticiparse a los problemas que se prevén para el futuro. Los demócratas que se oponen al plan sospechan que se exageran esos problemas para desmantelar los pilares de la protección social.
El sistema de pensiones se creó hace 70 años, en plena Depresión, y ha funcionado bien, pero su punto débil, como en Europa, es la demografía: cada vez hay menos trabajadores activos que sostengan a los que se jubilan. Cuando el presidente Roosevelt puso en marcha el sistema, en 1935, había 42 empleados por cada jubilado. Ahora hay tres, y la previsión para dentro de 25 años es que habrá dos activos por cada pasivo. Las pensiones y los beneficios que reciben 47 millones de personas suponen casi medio billón de dólares anuales, y, por el momento, los fondos del sistema no tienen problema para cubrir esa cantidad. Pero lo tendrán a partir de 2007, a medida que se vaya jubilando la generación del baby boom, la explosión demográfica que se extendió entre 1946 y 1964. Según los cálculos del propio sistema, los desembolsos superarán a los ingresos en 2018; si no hay cambios, el sistema de pensiones no podría funcionar a partir del año 2042.
Los críticos de Bush creen que con estas perspectivas no es urgente lanzarse a un plan tan radical. «La situación no es de desastre», en opinión de Dean Baker, del Centro de Investigación Política y Económica. Algunos líderes demócratas lo inscriben en la estrategia de intentar prolongar durante años el dominio republicano, como Harry Reid, el nuevo líder del partido en el Senado, que cree que el plan consiste en «destruir el sistema de seguridad social dando el dinero a los peces gordos de Wall Street». Según el comentarista conservador de The New York Times David Brooks, «la gente que instintivamente confía en los mercados financieros apoya la reforma de Bush, mientras que los que desconfían de los mercados están en contra». El respaldo a la iniciativa de Bush depende de la edad del que contesta, según una encuesta de Gallup: un 55% de las personas entre 18 y 29 años están a favor, pero el porcentaje va decayendo hasta el 31% de apoyo entre las personas mayores de 60 años.
Faltan por conocerse casi todos los detalles sobre cómo funcionará el plan. Bush ha dicho, hasta el momento, que no desencadenará un aumento de los impuestos dedicados a las pensiones y que no afectará a los jubilados, pero que el equilibrio del sistema a largo plazo implicará «recortes» en los beneficios de los futuros jubilados.
En una entrevista con The Wall Street Journal, el presidente explicó que un problema estructural, como el del futuro de las pensiones, «no se arregla con tiritas», y que dejará que el Congreso concrete el plan, pero que los que se oponen al cambio «corren un riesgo político». La advertencia vale tanto para republicanos rebeldes como para los demócratas que ya han advertido de que harán campaña en las legislativas de 2006 contra el plan de reforma que es incierto, se apoya en el rendimiento de los mercados de valores y prevé el recorte de algunos beneficios a empleados cercanos a la jubilación. El presidente promete que dará «cobertura política» a los congresistas que apoyen su plan y sufran esas críticas: «Tengo la obligación de dirigir en este asunto».
Un juez, al frente de la seguridad
Michael Chertoff, un juez federal que parece sacado de un cuadro de El Greco, es el elegido por el presidente George W. Bush para ocupar el puesto de responsable de Seguridad Nacional, a cargo hasta ahora de Tom Ridge. La Casa Blanca anunció ayer la propuesta, que deberá ser confirmada por el Senado. Chertoff «ha demostrado un compromiso profundo con la causa de la justicia y una determinación inquebrantable para proteger a los estadounidenses», según Bush, que celebró la labor de Chertoff como alto cargo de Justicia entre 2001 y 2003.
El elegido agradeció la confianza y dijo que «será un orgullo volver a trabajar con los hombres y mujeres que forman la línea frontal contra el terror». El Departamento de Seguridad Nacional, creado después del 11-S, tiene 180.000 funcionarios y coordina la labor de 22 organismos. Tom Ridge ha sido su primer responsable. Su despedida será garantizar que todo vaya bien el próximo día 20, en la toma de posesión de Bush.
La primera opción de Bush -Bernard Kerik, el ex jefe de policía de Nueva York- supuso un tremendo fiasco, porque días después de su nominación, en diciembre, se supo que tenía una hoja de servicios poco edificante, que incluía capítulos como haber contratado a una inmigrante irregular o haberse enriquecido con las acciones de una empresa que fabrica material para la policía.
Ahora, curándose en salud, el presidente ha elegido a alguien muy leal -como todo su equipo-, pero sin sorpresas: «Ha sido confirmado tres veces por el Senado», dijo, refiriéndose a sus responsabilidades previas en los tribunales y anticipando que no habrá problemas para su confirmación.
Y no los habrá, a juzgar por las reacciones de republicanos y demócratas, que aplaudieron la nominación. La biografía de Chertoff siempre ha estado ligada a la justicia y a la política antiterrorista, sin despegarse del Partido Republicano, para el que trabajó en las investigaciones parlamentarias de los embrollos inmobiliarios y políticos de los Clinton.
La designación coincide con una situación de mucha mayor tranquilidad en la opinión pública de EE UU en cuanto a la percepción de riesgo de atentado terrorista. Según un sondeo de Gallup, el 59% cree que no es probable que haya un atentado en las próximas semanas, contra el 39%, que opina lo contrario. Es el porcentaje más optimista de los últimos tres años y medio, desde el 11 de septiembre de 2001.
El Pais, 13 de enero de 2005