Categoría: Prevision Social

La Comisión Europea critica el alto incumplimiento de las normas comunitarias. El informe lamenta que no se reduzca el excesivo número de contratos temporales

La viabilidad futura de las finanzas públicas españolas «permanece como un problema importante», a causa del disparo del coste de las pensiones a largo plazo por el envejecimiento de la población, según destaca la Comisión Europea en el informe sobre la aplicación de las recomendaciones generales de política económica de la Unión Europea (UE). El informe, que adoptará mañana miércoles el Ejecutivo comunitario y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también critica «el número elevado de casos de infracción» de España por incumplimiento de las normativas comunitarias sobre el mercado interior.
La Comisión Europea advierte de que «la viabilidad a largo plazo de las finanzas públicas no está aún asegurada en la mayoría de los estados» de la UE y, en particular, España. Las medidas adoptadas por el Gobierno de aumentar el fondo de reserva para las pensiones y de reducir la deuda pública «son positivas», pero tienen un «impacto limitado».
El informe lamenta que «no se ha abordado» la reforma del sistema de cálculo de las pensiones públicas para vincular más su importe a la contribución realizada por el trabajador y advierte de que la actual mejora demográfica aportada por los fujos migratorios puede tener sólo «efectos transitorios».

RETRASO CORREGIDO
El informe señala que España ha logrado corregir su retraso acumulado en la adaptación de la legislación nacional a las normativas europeas de mercado interior hasta situarlo por debajo del 1,5% del total. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario expresa su «fuente de preocupación» por el «número elevado de casos de infracción» de España a las normas europeas de mercado interior, al igual que Alemania, Francia e Italia.
La Comisión Europea destaca como positivo el esfuerzo emprendido por el Gobierno para reforzar los recursos de la autoridad nacional de competencia, así como el equilibrio presupuestario que mantiene España, en contraste con los elevados déficits públicos que acumulan los principales países de la zona euro (Alemania, Francia e Italia).

EXCESO DE TEMPORALIDAD
En material laboral, la Comisión Europea lamenta que no se hayan adoptado medidas para corregir el exceso de empleo temporal, que supera el 30% de los contratos, muy por encima de la media de la UE, y que tampoco se haya abordado «la reforma de la legislación de protección del empleo», es decir, reducir el coste de despido. El informe señala además que las medidas para fomentar el empleo femenino y juvenil han tenido unos efectos limitados, pero destaca que el Gobierno intenta mejorar la movilidad geográfica abordando «las rigideces del mercado de la vivienda».

El Periodico, 25 de Enero de 2005

La cuantía actual de las pensiones en España está 120 euros mensuales por debajo de las necesidades de los jubilados

Dos de cada tres españoles se oponen a retrasar la edad límite de jubilación más allá de los 65 años, según los resultados del Estudio Internacional AXA sobre Jubilación, que revela, igualmente, que los españoles son los europeos que más tarde se jubilan.

El estudio, realizado a través de encuestas a 9.200 personas, tanto activas como jubiladas, de 15 países, pone de manifiesto que la población activa española prefiere jubilarse pronto, en torno a los 57 años.

No obstante, la edad media de jubilación en España se encuentra en la actualidad en 61 años, frente a los 60 años de países como Japón, Nueva Zelanda o Países Bajos, y los 59 de Alemania, Bélgica, Francia y Reino Unido.

Asimismo, el 64% de los españoles en activo se opone a retrasar la edad límite para jubilarse, frente a sólo el 18% que se muestra de acuerdo con dicha posibilidad. Esta oposición a aumentar la edad legal de jubilación es mayoritaria en el resto de países europeos del estudio (Países Bajos, Italia, Bélgica, Alemania, Francia, Portugal y Reino Unido) y, sin embargo, resulta minoritaria en Estados Unidos, Hong Kong, Canadá, Singapur y Japón.

PENSIONES BAJAS EN ESPAÑA.

Por otro lado, el estudio constata que las pensiones que reciben los jubilados españoles están por debajo de sus necesidades. Así, la pensión media actual (según los resultados de la encuesta) asciende a 751 euros mensuales en España, la más baja junto a Portugal (649 euros) y Hong Kong (546 euros). Según los entrevistados en España, la cantidad necesaria para cubrir sus necesidades sería 870 euros (120 más de lo que perciben).

La pensión media de jubilación más elevada corresponde a Canadá (1.955 euros mensuales), seguida de Países Bajos (1.734 euros), Estados Unidos (1.700 euros), Alemania (1.644 euros), Australia (1.627 euros) y Reino Unido (1.622 euros).

Igualmente, el estudio revela que los españoles son los menos informados sobre su futura pensión, con sólo un 11% de respuestas afirmativas, y que preparan tarde su jubilación, pues sólo el 35% de la población activa comenzó ya los trámites, con una inversión media mensual de 208 euros.

AHORRO PARA LA JUBILACION.

En cuanto al ahorro para la jubilación, los españoles recurren a productos muy variados como planes de pensiones (35% de la población activa), seguros de vida (33%), planes de ahorro con ventajas fiscales (23%) o el mercado inmobiliario (21%).

Sobre la financiación de las pensiones, existe un amplio consenso (90%), el mayor entre los países del estudio, en considerar que el Estado debe asumir la carga de prestar las pensiones. Asimismo, se constata que en toda la zona euro y Reino Unido, salvo Alemania y Portugal, los ciudadanos esperan una reforma del sistema de pensiones en los próximos diez años.

Por último, el informe muestra una gran sensibilidad por la indenpendencia en caso de enfermedad, ya que un 62% de trabajadores españoles cree que debe efectuar los preparativos para asegurar dicha independencia, mientras que entre los jubilados sólo lo hizo un 20%.

Europa Press, 28 de Enero de 2005

Bancos y cajas buscan vías para amortiguar el impacto de la decisión del Banco de España, que les obligará a costear con beneficios las aproximadamente 6.000 prejubilaciones previstas para este año. Las opciones plausibles que encuentran son cargarlo contra plusvalías o reducir el número inicial de bajas voluntarias.

Superada la sorpresa inicial que les causó el lunes la decisión sin precedentes del Banco de España, las entidades comenzaron a analizar ayer las posibilidades para amortiguar el impacto de prejubilar con cargo a resultados, en vez de contra reservas. Las 6.000 prejubilaciones previstas pueden mermar las cuentas del sector en más de 1.200 millones.

Algunas entidades han decidido hacer un parón en sus planes. El BBVA ‘ha paralizado las prejubilaciones de momento’, señalan fuentes sindicales, que apuntan a que en torno a 1.200 empleados se habrían apuntando al plan de bajas hasta noviembre. Precisamente, esta cifra es la que manejan fuentes conocedoras del plan como más cercana a la definitiva para final del año, frente a las 1.700 bajas que se barajaron.

En el banco sólo apuntan que el impacto en resultados ‘no será significativo’ con respecto a las estimaciones de beneficio de los analistas para final de año, que superan los 2.760 millones.

Su rival, el Santander, ha decidido cargar las 1.200 prejubilaciones contra las abultadas plusvalías obtenidas. Mientras, el Sabadell, que acaba de integrar el Atlántico, ya contaba con costear las 600 bajas previstas en tres años con resultados. Otras entidades tampoco variarán sus planes. Pero no todas cuentan con la baza de las plusvalías y por eso algunas se están planteando otras vías. La única eficaz sería reducir el número de bajas para repartirlo en próximos años, según fuentes de diversas entidades.

Banesto, que ya había convocado junta extraordinaria para aprobar un fondo para 450 prejubilaciones, estudia ahora el nuevo escenario. Puede decidirlo en el consejo de mañana, según fuentes del banco.

La Asociación Española de Banca, por su parte, habría preferido que el supervisor hubiera permitido cargar contra reservas, pero ‘entiende’ la decisiónpor la entrada en vigor en enero de las normas internacionales de contabilidad, declaró a Europa Press el asesor financiero de la AEB, Juan Basurto. CC OO-Comfia, por su parte, pide flexibilidad al supervisor para que se cumplan los acuerdos de bajas.
CC OO pide exteriorizar todas las pensiones

La sección de servicios financieros de CC OO, Comfia, quiere que el Congreso elimine la excepción que rige para bancos, cajas y aseguradoras de no exteriorizar (encargar a un gestor externo) los compromisos por pensiones de sus plantilla. A iniciativa de la central, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a que suprima la norma que permite a las entidades mantener aún fondos internos. Así, bancos como SCH, Banesto, Gallego o Simeón tendrían que exteriorizar compromisos para 38.421 trabajadores por más de 1.400 millones de euros, según un comunicado de Comfia. El Santander tendría que sacar de balance pensiones por 1.329,8 millones. Y en seguros habría 30.000 trabajadores afectados (450 millones) de compañías como Axa, Zurich o Mapfre.

Cinco Dias, 17 de Diciembre de 2004

La percepción de una pensión por incapacidad permanente total para la profesión habitual es compatible con el salario correspondiente al desempeño de una profesión distinta a la que determinó la declaración de incapacidad, según establece la Sala Social del Tribunal Supremo en una sentencia dictada ayer

La doctrina ya está recogida en dos sentencias del 2003 y 2004, por lo que ha sentado jurisprudencia.

El Supremo ha dado la razón al trabajador Antonio A.O., cuya demanda había sido desestimada tanto por el Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao como por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El demandante, nacido en abril del 1947, sufrió la amputación de tres dedos de la mano izquierda en un accidente de trabajo el 4 de octubre del 1990, cuando ejercía la categoría profesional de peón especialista siderometalúrgico.

Fue declarado en situación de incapacidad permanente total por la Seguridad Social, que estableció una pensión mensual en su favor de 140.467 pesetas por parte de la entidad colaboradora Mútua Fremap, con recargo del 40% por falta de medidas de seguridad a pagar por la empresa.

Nuevo trabajo

Entre marzo del 2000 y, al menos, junio del 2002, el hombre firmó diversos contratos de trabajo para realizar en el ramo de la construcción tareas propias de la categoría de oficial de primera carpintero y oficial de segunda encofrador. La Seguridad Social declaró entonces incompatible la percepción de la pensión con el nuevo trabajo, lo que fue confirmado por un Juzgado de Bilbao y por el TSJ del País Vasco.

Sin embargo, el Supremo, al que recurrió el trabajador, ha estimado su demanda y ha establecido la compatibilidad de la pensión con un trabajo nuevo distinto al que generó la incapacidad permanente.

Según el alto tribunal, la Ley General de la Seguridad Social ha optado por un criterio general de compatibilidad del cobro de la pensión vitalicia por incapacidad permanente total con la retribución correspondiente al desempeño de un trabajo distinto.

Añade que, incluso, la normativa vigente fomenta la ocupación de estos trabajadores al autorizar a las empresas a que puedan reducirles el salario hasta un determinado importe (no más del 50% de la cuantía de la pensión), aunque sólo para los casos en los que la reducción de la capacidad laboral incida en el nuevo puesto a desarrollar y siempre contando con la plena conformidad del interesado.

El Periodico, 28 de Enero de 2005

El acuerdo que los grupos parlamentarios alcanzaron en 1995 sigue vigente y ha contribuido a la viabilidad del sistema público de previsión. El crecimiento económico y la notable creación de empleo rompieron los pronósticos más catastrofistas del sector privado.

“El Pacto de Toledo introduce en la sociedad española la conciencia de que el sistema público de pensiones debe someterse a una observación y a un proceso de reformas permanentes para adaptarse en cada momento a las circunstancias”. Esta es la esencia fundamental de aquel acuerdo que el 2 de febrero de 1995 alcanzaron todos los partidos del arco parlamentario en el Parador de Toledo. En ello coinciden todas las fuentes consultadas por EXPANSIÓN.

El acuerdo tenía dos objetivos fundamentales. El primero, intentar encauzar la solución para la grave situación financiera en la que estaba entonces la Seguridad Social, con un déficit estructural de lo que entonces era medio billón de pesetas, y hoy sería 3.000 millones de euros. Y, en segundo lugar, hacerlo de forma que las pensiones ya no fuesen nunca más sujeto de la polémica electoral.

En el primer caso, el entonces secretario general de la Seguridad Social, Adolfo Jiménez, destaca que el Pacto de Toledo “es tan positivo que muchos países querrían imitarlo hoy en día”. Jiménez sabe lo que dice porque, junto a un estrecho colaborador, redactó el documento que aprobó la comisión parlamentaria. También sabe lo que dice porque, hoy en día, es el presidente de la Sociedad Iberoamericana de la Seguridad Social.

Por cierto, que el estrecho colaborador de Jiménez era José Antonio Panizo, que hoy es el jefe de gabinete de Octavio Granado, actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Bien es verdad que José Antonio Herce, director general de la Fundación Fedea y uno de los grandes estudiosos de los sistemas de previsión, se muestra más crítico con el Pacto de Toledo. “El actual superávit de la Seguridad Social no se debe al acuerdo de las fuerzas políticas, sino más bien al crecimiento, la fuerte creación de empleo y la masiva llegada de inmigrantes”, que rompieron todas las previsiones.

En efecto, los tres son factores decisivos para explicar el fracaso de todos los estudios del sector privado, que pronosticaron una catástrofe del sistema público de pensiones en torno al 2000. Por ejemplo, los informes de Fedea para La Caixa, que elaboró el propio Herce; el del entonces BBV, dirigido por José Barea, y el de José Piñera, que fuera ministro de Trabajo en Chile con el dictador Pinochet y que hizo un trabajo para el Círculo de Empresarios proponiendo el sistema de capitalización individual.

Otro factor que explica el fracaso de estos informes es que nunca contaron con los datos internos de la Seguridad Social. “Entonces y ahora esa información es reservada”, dice Jiménez. Por todas estas razones, cuando se renovó el acuerdo en 2004, no volvieron a repetirse los informes. “Aprendimos de los errores. Las hipótesis no se cumplieron, luego las proyecciones, que no predicciones, tampoco. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo no son muy diferentes de lo que pensábamos entonces”, dice gráficamente Herce.

Sin embargo, no sólo el notable crecimiento económico, la inmigración y la fuerte creación de empleo y de la afiliación justifican el superávit actual de la Seguridad Social, con un Fondo de Reserva de 19.330 millones de euros; es decir, el 2,6% del Producto Interior Bruto. El Pacto de Toledo sirvió para retomar una medida de calado y pendiente desde los años ochenta, como la reforma de la financiación de la Seguridad Social. Cambio fundamental para comprender el actual superávit del sistema contributivo, el que financian las empresas y los trabajadores.

Protección contributiva
Por una parte, el acuerdo estableció que las cotizaciones sociales debían financiar únicamente la protección contributiva. Y, por otro lado, que los impuestos sustentasen la protección de carácter universal, la que está destinada a todos los españoles. Por ejemplo, la sanidad o el Imserso. En ese proceso también están las ayudas que reciben aquellas pensiones que ni siquiera llegan a las cuantías mínimas de las prestaciones de la Seguridad Social. Por lo tanto, desde que entró en vigor la reforma de la financiación, las cotizaciones sociales han aportado al sistema contributivo una cuantía adicional de 4.881 millones de euros anuales. Una cuantía que está contribuyendo a que la Seguridad Social alcance un superávit anual que ronda el 1% del PIB, unos 8.400 millones de euros. Pero, si en el lado económico puede decirse que el Pacto de Toledo ha contribuido a la buena salud de la Seguridad Social, tambien es verdad que alguno de sus protagonistas reconoce que no se cumplió uno de sus objetivos políticos. “El único fracaso del acuerdo es que no conseguimos sacar el tema de las pensiones de la contienda electoral”, dice Rafael Hinojosa, que representó entonces a Convergéncia i Unió en la comisión parlamentaria y hoy preside el Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña. “Los pensionistas son ocho millones de personas que votan”, reconoce.

La otra crítica de carácter político para el Pacto de Toledo procede de Elisa Chulía, experta en el tema y profesora de sociolología política. Chulía considera que la estrategia de reforma permanente tiene su lado malo “en cuanto crea incertidumbre entre los pensionistas. Les cambian las condiciones constantemente. Sería mejor que todo el mundo supiera que las reformas son a largo plazo, aunque se hagan de forma gradual”.

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