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Categoría: Prevision Social

  • CGT firma un acuerdo en el que el 40% de los trabajadores pierden dinero

    Hasta ahora, Banco Guipuzcoano tenía el «dudoso honor» de ser el banco que peor prejubilaba a sus trabajadores en el sector de banca.

    A partir del acuerdo firmado por CGT, que tiene representación sindical sólo en Madrid y representa el 13,85% en el banco, no sólo sigue prejubilando peor que el resto de la banca, sino que en torno al 40% de los trabajadores que se prejubilen, lo harán peor aún que antes, peor que como les prejubilaba el banco.

    Los trabajadores que salen perjudicados por el acuerdo de CGT, son aquellos que no tengan cotizaciones a la Seguridad Social antes del 1-1-67 y que, por tanto, antes del acuerdo se jubilaban a los 65 años, con el 100% de su pensión de Seguridad Social.

    Ahora, con el acuerdo de CGT, se tendrán que jubilar a los 62 años, con lo que su pensión de Seguridad Social no será del 100%. Será entre el 76% ó el 82%, en función de los años de cotización a la Seguridad Social y esta pérdida de pensión es mayor de lo que ganan con el acuerdo durante la etapa de prejubilación.

    No estamos planteando una diferencia de criterios o de opiniones, ésto es un simple y sencillo problema de matemáticas, que se puede demostrar a quien quiera. Con los mismos criterios e hipótesis técnicas, la suma de lo que un trabajador cobra durante la prejubilación, más lo que cobra durante la jubilación, es menor con las condiciones del acuerdo de CGT que como prejubilaba antes el banco.

    No se puede alegar que es un «error» o un problema de ignorancia, porque CC.OO. advirtió previamente a CGT de esta circunstancia y, a pesar de ello, CGT ha firmado el acuerdo.

    No es un problema derivado de la Ley 35/2002, que se aplica en este acuerdo, como en todos los que se están firmando en el sector, porque ésto no ocurre en ningún otro banco donde se han firmado acuerdos de prejubilaciones, aplicando dicha Ley.

    Tampoco es excusa el que se diga que la aceptación de la prejubilación es voluntaria, faltaría más. En todos los bancos son voluntarias, pero con este acuerdo CGT deja a estos trabajadores entre la aceptación de sus condiciones o la nada, es decir, la no prejubilación.

    El acuerdo, por lo que conocemos, no se ajusta a derecho en su conjunto, además de contener algunas inseguridades jurídicas concretas. Nuestros servicios jurídicos estudiarán con detalle el texto definitivo, cuando se nos facilite y, si confirmamos esta opinión, interpondremos las correspondientes demandas para intentar evitar la viabilidad legal de este acuerdo.

    Parece que a CGT, que se pasa la vida criticando lo que hacemos los sindicatos mayoritarios, le pierden las prisas o el afán de protagonismo, por no pensar otros motivos peores, aunque sea a costa de los intereses de los trabajadores.

    Todos tomaremos nota de esta nueva «lección de sindicalismo».

  • De prestación a aportación definida. Una propuesta para el cambio en los colectivos A, C y E-pre80

    En las últimas semanas, CCOO y resto de sindicatos más representativos del Banco, hemos retomado este asunto. El posible cambio ya nos fue planteado por el BBVA cuando negociamos la exteriorización de los complementos por pensiones del ex BBV. En aquel momento, mediados de 2000, a todos nos pareció más prudente esperar a acabar dicha negociación, a llevar un tiempo de rodaje, e ir solucionando los problemas que pudieran surgir, con el fin de encarar este complejo tema del cambio de prestación a aportación en una coyuntura más relajada.

    No se nos oculta que hoy las relaciones laborales con la empresa no están pasando por el mejor momento. Desde el bloqueo del Convenio a la implantación de las Oficinas SFP sin negociación, o la homologación de Beneficios Sociales increíblemente sin cerrar; no encontramos ánimo negociador del Banco para resolver los problemas de la plantilla.

    En este marco, BBVA propone negociar las condiciones del cambio de sistema (de prestación a aportación para los colectivos A, C y E-pre80) y ha hecho algunas propuestas. El interés del Banco es contar con un coste cierto en pensiones, evitar incertidumbres y hacerlo con el mínimo gasto posible. Por parte de los trabajadores, nuestro interés es consolidar realmente nuestros derechos y obtener las ventajas de un fondo de aportación definida, entre ellas la libre disposición.

    Para conocer la situación de la que partimos y ayudar a la mejor comprensión por parte de toda la plantilla, no sólo la afectada directamente por el cambio, esbozamos algunas de las claves en las que se basa el Banco para proponer esta negociación.

    La prestación definida de jubilación: colectivo A.

    Para la plantilla procedente del BEX anteriores al 4-11-1990, el complemento de pensión a cargo del BBVA resulta de la diferencia entre:
    A) la pensión de la Seguridad Social, calculada según se hacía en el momento de la creación del Plan BEX, tomando las bases de cotización de los últimos 8 años, y
    B) un límite salarial o Baremo establecido de la siguiente manera:

    • El 100% de los ingresos hasta 29.061’06 € (4.833.350 Pts). Se revaloriza esta cifra con las subidas de Convenio (pendiente la que se pacte para 2003).
    • El 55% del resto de los ingresos que sobrepasen el límite del párrafo anterior.
    • Menos la cuota obrera de la Seguridad Social.

    En el sistema de PRESTACIÓN DEFINIDA, cada año al cierre de ejercicio a 31 de Diciembre, el Actuario del Plan recalcula los derechos de todos y cada uno de los partícipes, a partir de sus datos: salario pensionable, edad, antigüedad en banca y en la empresa, bases de la seguridad social, Baremo del Plan, etc., aplicando las hipótesis que se acordaron en el momento de la creación de su Plan de Pensiones. El resultado es lo que llamamos DERECHO CONSOLIDADO a dicha fecha. Esta cifra es la que se comunica anualmente a cada partícipe, después de aprobadas las cuentas del Plan por la Comisión de Control.

    La prestación definida de jubilación: colectivos C y E-pre80

    Tienen unos porcentajes de prestación sobre sus salarios, netos también después de descontar la seguridad social a su cargo, y que incluyen algunas particularidades.

    • Colectivo C: Banco Directo de Barcelona.
      La prestación de jubilación es el resultado de aplicar el PE (porcentaje de prestación a cargo del Plan) sobre el salario pensionable en el momento de la jubilación.
    • Colectivo E- pre 80: BGF (ingresados antes del 8.3.80):
      La prestación de jubilación es el resultado de aplicar el PE sobre el salario pensionable en el momento de la jubilación. Aquí para alcanzar el nivel de la pensión complementaria se tendrá en cuenta la pensión que resulte de una póliza de seguro suscrita con Hércules Hispano el 30 de Septiembre de 1.994.

    Los tres colectivos sólo pueden disponer de sus derechos, en el momento de producirse su jubilación, mediante una renta vitalicia no reversible.

    Qué está ocurriendo con el derecho consolidado

    En muchos casos -casi con carácter general para los tres colectivos- estos importes que se calculan una vez al año, vienen sufriendo disminuciones en los últimos ejercicios. Varios factores producen esta tendencia:

    1. La más importante, la absorción por la pensión de la Sgdd. Social de una parte mayor de la obligación total, con lo que BBVA ha de complementar cada vez menos. Por la subida de la pensión máxima (en 28.409,78 € para 2003) y el cálculo teórico con los últimos 8 años.
    2. También influye que los incrementos salariales están lastrados porque una parte del salario de estos colectivos, el complemento de fusión, se encuentra congelado. Representa, como media entre un 11 y un 12% del salario pensionable.
    3. La incidencia del Baremo, ya que a una parte importante de partícipes que ganan por encima del importe comprometido al 100%, les resulta un salario pensionable menor que el real al aplicarse el 55% al resto.
    4. El derecho consolidado baja por las prejubilaciones unilaterales que ofrece el Banco y que desde el 2000 significan una congelación del salario pensionable en su totalidad. Para la gran mayoría ese salario –a la edad de jubilación (65 años para el 96% del colectivo)- será inferior –o muy poco por encima- de la Pensión máxima de la Seguridad Social, por lo que el Complemento será 0 € o muy escaso y en consecuencia los derechos consolidados tienden a bajar hasta esa cifra.

    Propuestas BBVA para la transformación del sistema.

    Una vez la Actuaria del Plan haya calculado, con las variables actuales para estos colectivos, los derechos consolidados a 31-12-2003, éstos se considerarían como capital de partida para el nuevo sistema de aportación.

    Este paso supone, que al considerarse aportación inicial, este importe se consolida y sería el mínimo de nuestro Complemento (más las aportaciones futuras que correspondan), sometido únicamente a las condiciones de rentabilidad del Fondo.

    Partiendo de ese capital, el Actuario calcularía una prestación objetivo, capitalizando con las variables del colectivo I, y se fijaría un % sobre salario para las aportaciones futuras. Este % para cada uno varía en función de su realidad: edad, salario pensionable, antigüedad, etc. Para la fecha de jubilación se tiene en cuenta la edad más temprana en la que pueda acceder a la oficial de la Seguridad Social (entre 60 y 65 años, con 35 de antigüedad en la empresa).

    Para estas aportaciones futuras, en general, salen porcentajes muy pequeños porque, según informe de su Actuaria, el Plan tiene cubiertas sus obligaciones. Puede ocurrir que haya casos que tengan ya todos los derechos aportados y no necesiten aportaciones futuras. Hemos pedido a nuestro Actuario asesor que lo compruebe. También hay algunos partícipes que tendrían aportaciones futuras elevadas porque la Actuaria del Plan había calculado la edad de jubilación a la media de 63 años y un colectivo de unos cientos de veteranos que pueden jubilarse a los 60 necesitan recuperar muchos derechos en poco tiempo.

    Qué proponemos CCOO

    Las premisas para CCOO son que la transparencia y la información sean la base de un posible acuerdo, y que las condiciones del cambio de sistema tengan en cuenta todas las circunstancias de los diferentes colectivos.
    Que nadie salga perjudicado con el cambio y a futuro se corrijan algunos efectos perniciosos del actual sistema que han devenido con el tiempo. Creemos que la propuesta tiene aspectos positivos: detener la tendencia decreciente de los derechos consolidados, desligar el complemento de la Seguridad Social, y hacer disponible el fondo. Ahora bien, la valoración final va a depender de la propuesta definitiva.

    CCOO, como sindicato mayoritario del BBVA, hemos asumido la responsabilidad de la negociación y de informar con detalle de la marcha de las conversaciones y de sus alternativas. No se trata de llegar el primero, sino de informar con rigor y claridad, y sobre todo hacer propuestas creíbles y aportar soluciones. Detallamos algunas iniciativas:

    • Lo primero que hemos pedido ha sido la contratación de un actuario asesor y la entrega de la base de datos completa para que éste compruebe cálculos pasados y los posibles de futuro. Por supuesto, los gastos a cargo del BBVA.
    • Hemos exigido también una comprobación de datos profesionales, personales y familiares, como hicimos con los colectivos BBV, pues en aportación y con libre disposición hay posibles beneficiarios con carácter general.
    • Que los PEs de los colectivos C y E pre-80, se calculen como los del I.
    • Queremos que el BBVA aporte a los partícipes que pueden jubilarse anticipadamente a los 60 años las cantidades necesarias, y caso de sobrepasar el límite legal que se contrate una póliza por los excesos.
    • Que el porcentaje sobre salario para aportaciones futuras que resulte para cada uno, se redondee en varios tramos. Esta subida, a concretarse durante el resto de vida laboral, por los riesgos de las inversiones que se asumen en aportación.
    • Fijar una aportación inicial mínima, para resolver los que hoy tienen derechos consolidados cercanos a 0.
    • En este posible acuerdo tiene que haber una solución para los prejubilados desde 2000 a 2003. Planteamos que el cálculo de su fondo se haga con la hipótesis de un incremento del 2,5% anual sobre todo su salario.
    • El Banco plantea un acuerdo para antes del 31 de Diciembre. Nosotros creemos que no es imprescindible, si bien no podemos demorarlo mucho si los contenidos son positivos.

    Por ello, y si la empresa acepta estas condiciones, proponemos discutir el acuerdo durante el mes que viene, y partir de los derechos consolidados calculados a 28 de febrero de 2004. Con el objetivo de que el colectivo afectado (3.600 trabajadores en activo y 800 prejubilados) cuente con la mayor información y suficientes elementos de juicio. Así, la representación sindical podremos valorar no solo las ventajas objetivas del cambio de sistema sino también la comprensión de los trabajadores sobre ellas.

    Hemos mantenido algunos contactos con el BBVA y estamos a la espera de respuesta a nuestras propuestas. No planteamos grandes cifras, porque no partimos de un fondo interno a distribuir, sino de una situación ya exteriorizada, pero pedimos que la empresa haga un esfuerzo. Con estas condiciones el posible cambio será bien valorado por estos colectivos y el Acuerdo colectivo tendrá el respaldo sindical necesario.

    Seguimos trabajando, seguiremos informando.

    Diciembre 2003

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  • Comunicación del P.E.

    12 12 03 Breve explicación del orígen del P.E. y como repercute en nuestra pensión de jubilación. (PDF:Cat. / Cast.)

    Comunicación del P.E.Colectivos A y A1 del plan de pensiones

    Con fecha 25 de noviembre, la Comisión de Control del Plan de Pensiones ha comunicado a todos los empleados de los colectivos A y A1 el porcentaje (P.E.) que pagará como prestación económica cuando se alcance la jubilación a los 65 años.

    El P.E. o porcentaje económico es una cifra FIJA para cada trabajador de banca ingresado antes del 8 de marzo de 1980 para complementar la pensión de la Seguridad Social. Si se tiene derecho a jubilarse anticipadamente, es decir, antes de los 65 años (actualmente aquéllos que cotizaron a la S.S. antes del 1 de enero de 1967 y el resto siempre que esté en el paro), tendrá fijadas seis cifras de P.E., que se aplicarán en función de que la jubilación sea a los 60, 61, 62, 63, 64 ó 65 años. La Comisión de Control sólo nos informa del P.E. de los 65 años porque es el que está dotado en el plan de pensiones. Para dotar el resto de los P.E. en caso de jubilación anticipada el banco tiene suscrita una póliza de seguros con BanSabadell Vida.

    Este porcentaje se fijó mediante una fórmula en el convenio. Su filosofía, básicamente, es la siguiente:

     A 31 de diciembre de 1987 se simuló la jubilación hipotética de todos y cada uno de los trabajadores como si en dicha fecha tuvieran 65 años, teniendo en cuenta todos los incrementos que por convenio hubieran obtenido. De esta forma se elaboró la pensión hipotética que en aquel momento hubiese pagado la S.S., por ejemplo 12 mil euros.

     Una vez obtenida la pensión (12.000 euros), se calculó un complemento por diferencia entre el salario de convenio hipotético y la pensión de jubilación hipotética que le hubiese correspondido en aquel momento. Siguiendo con el ejemplo 15.000 euros de salario menos 12.000 igual a 3.000 euros.

     A partir de este resultado se obtuvo el porcentaje que suponía dicho complemento (3.000 euros) sobre el salario de convenio hipotético (15.000 euros). Ese porcentaje es el P.E., en el caso del ejemplo son 3.000 euros sobre 15.000, lo que supone un P.E. del 20%.

    El año 2002, debido a errores que CCOO detectamos, forzamos a que se volvieran a calcular todos los P.E., lo que provocó el reconocimiento de un déficit en el plan de pensiones de 1.300 millones de pesetas. Una vez recalculados, fueron repasados y contrastados por los actuarios del plan de pensiones y también por los actuarios que nombró en su día CCOO, sin que se encontraran diferencias significativas.

    Estos porcentajes obtenidos pueden diferir lo suficiente como para sembrar dudas entre compañeros que aparentemente tienen la misma casuística. Las diferencias de PE que se dan entre trabajadores vienen dadas básicamente por pertenecer en aquel momento -31 de diciembre de 1987- al grupo administrativo, al técnico o subalternos. Estos grupos se diferenciaban mucho en el máximo que se permitía cotizar a la S.S. –por ejemplo, 1.840.000 ptas anuales para administrativos y 3.120.000 para técnicos por ejemplo- y como consecuencia la pensión de jubilación para los administrativos era más baja porcentualmente respecto a su salario que la de los técnicos, por tanto el banco tenía que complementar un mayor porcentaje a administrativos que a los técnicos. Hay más casuística, como que a los 65 años se pueden tener diferente cantidad de trienios, trienios de jefatura, categoría…

    Para poder calcular a cuanto asciende el complemento de pensión en caso de jubilación a los 65 años, se utiliza este porcentaje de la siguiente manera: se aplicará dicho porcentaje a todos los conceptos de convenio que se cobran durante el año en la nómina, teniendo en cuenta que el sueldo base, la antigüedad y el plus de residencia también se cobran en las pagas extras y el resto de conceptos de convenio sólo en doce ocasiones. Además, el grupo administrativo también tiene que aplicar el P.E. doce veces sobre el «B05 Complemento salarial» y el «E07 Complemento voluntario a los pluses convenio»; el grupo técnico tiene asegurados estos conceptos mediante un contrato que firmaron en julio de 2001. De este cálculo quedan excluidos los conceptos voluntarios que se pagan en el Banco Sabadell como son el «B06 Complemento de exclusividad» y «B50 Mejora voluntaria», entre otros.

    Sabadell, diciembre de 2003

  • Un envejecimiento insostenible

    El gasto público en pensiones supone en la actualidad el 8,2% del PIB, porcentaje que se duplica en el caso de Asturias y que, en otras sociedades envejecidas, como son las de Cantabria, Castilla y León , Extremadura y Galicia, supera el 10%.

    El crecimiento sostenible, mencionado como objetivo en el artículo 3 del Tratado que fue rubricado el pasado 29 de octubre por todos los líderes de la Unión Europea, va a ser observado estadísticamente mediante una lista de indicadores que permitirán detectar los problemas que vayan surgiendo en aspectos económicos (inversión, competitividad, globalización del comercio, etcétera), medioambientales (cambio climático, consumo de energía, generación y recogida de residuos…) y sociales o demográficos (pobreza y exclusión social, salud pública, participación ciudadana o envejecimiento).

    Sin quitar importancia a los aspectos económicos o medioambientales, que tradicionalmente son los que centran la atención en materia de sostenibilidad, merece la pena detenerse en el problema del envejecimiento, que se refleja en indicadores que ponen en relación el gasto público en pensiones o el gasto público dedicado al cuidado de los mayores con el producto interior bruto.

    El gasto público en pensiones supone en la actualidad el 8,2% del PIB, porcentaje que se duplica en el caso de Asturias y que, en otras sociedades envejecidas, como son las de Cantabria, Castilla y León , Extremadura y Galicia, supera el 10%. El indicador que pone en relación el gasto público en cuidado de mayores con el PIB todavía no está disponible, entre otras cosas por las grandes dificultades que presenta separar la atención sanitaria de la puramente asistencial, pero su volumen va a ser notable.

    En términos de desarrollo sostenible, el envejecimiento va a constituir en un futuro muy próximo un problema dramático, sobre todo porque al inevitable envejecimiento poblacional se une el problema de unas composiciones familiares en las que cada vez es menos frecuente la coexistencia de varias generaciones, con lo que la tradicional asistencia familiar a los ancianos habrá de verse sustituida por asistencia pública.

    En la actualidad, la población de 65 años y más es el 17% del total pero, según las recientes proyecciones demográficas elaboradas por el INE, en el año 2050 esta población va a tener un peso del 30,9%, lo que va a hacer variar la denominada razón de dependencia desde los casi tres activos potenciales (personas de 16 a 64 años) por pensionista que hay en la actualidad hasta 1,8 activos potenciales por cada mayor de 64 años.

    Y todo ello a pesar del rejuvenecimiento poblacional que se está produciendo por la inmigración de personas jóvenes, que también envejecerán, y por una inicial fecundidad mayor de las mujeres extranjeras que, como siempre ocurre, irá adaptándose a la pautas de las mujeres españolas.

    La pasividad de los responsables políticos ante este problema ha sido alarmante a pesar de que, desde hace ya muchos años, se viene alertando del peso tan importante que iba a alcanzar una población mayor, que además de percibir prestaciones monetarias suele tener problemas de salud y asistenciales que, como se sabe, se precipitan a medida que se van alcanzando edades más avanzadas.

    La única solución para hacer sostenibles los sistemas asistenciales y sanitarios pasa por una recuperación de las tasas de fecundidad de las mujeres españolas y las claves de esta recuperación, como ponen reiteradamente de relieve las encuestas de fecundidad, están en acabar con el empleo precario de los jóvenes, hacer asequibles los alquileres o la adquisición de vivienda e incrementar las ayudas sociales a la maternidad, cuestiones que se manifiestan como causas de que las españolas no tengan los 2,1 hijos que desearían en lugar de los 1,2 hijos que se tienen en la actualidad por término medio.

    Este problema del envejecimiento va a adquirir caracteres dramáticos en algunas comunidades autónomas, cuestión que debería tenerse muy en cuenta ahora que se está replanteando la estructura del Estado y la descentralización de competencias. Las migraciones interiores, tan acusadas en los años sesenta pero que todavía afectan anualmente a muchos miles de personas, han expulsado jóvenes y han precipitado el envejecimiento de muchas zonas, por no hablar de otros problemas anejos como la desertización de sus territorios. Algunas comunidades, como Aragón, Asturias, Castilla y León y Galicia, ya en 2001 tenían más de un 20% de su población con más de 64 años, y en provincias como Teruel, Soria, Zamora, Lugo y Orense la población mayor rondaba el 27%, cerca ya del referido 30,9% previsto para el conjunto nacional en 2050.

    Sin duda, cuando se conozcan las proyecciones demográficas para esas zonas se apreciará un panorama desolador, con proporciones impresionantes de ancianos, unos que no emigraron y otros que, habiéndolo hecho cuando eran jóvenes, han retornado a sus lugares de origen.

    José Aranda
    Cinco Dias, 17 de noviembre de 2004

  • CC.OO. propone que la dependencia de los mayores empiece a financiarse con parte de las cotizaciones sociales

    CC.OO. propuso hoy que la atención a la dependencia se financie inicialmente con cotizaciones sociales procedentes de parte de los superávits futuros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para después caminar progresivamente hacia un modelo de financiación sustentado en la fiscalidad general, tal y como sucede en el sistema sanitario.

    Esta propuesta fue desgranada por el portavoz del sindicato, Fernando Lezcano, durante una rueda de prensa para informar del desarrollo del Consejo Confederal de CC.OO., el primero que se celebra tras la reelección de José María Fidalgo como secretario general el pasado mes de abril.

    En el informe que Fidalgo presentó hoy al Consejo también se explica esta iniciativa, afirmando que la dependencia es para CC.OO. uno de los temas más relevantes a tratar en el marco del diálogo social. De hecho, según explicó Lezcano, el sindicato «volcará todos sus esfuerzos» para que en esta legislatura salga adelante una Ley General que reconozca la atención a la dependencia como un derecho subjetivo y universal.

    Teniendo en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado para 2005 no establecen ninguna dotación destinada a la dependencia, la propuesta elaborada por CC.OO. aboga por un primer sistema de financiación, de carácter transitorio, basada en cotizaciones sociales procedentes de parte de los excedentes del Fondo de Reserva, sin que ello conlleve un incremento de las cuotas a la Seguridad Social que pagan empresarios y trabajadores.

    Progresivamente, el sindicato pretende que este modelo desemboque en un sistema de financiación estable, sustentado en la fiscalidad general, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, de tal forma que la aportación de las cotizaciones sociales quede reducida en el futuro a algo meramente residual.

    En su informe, Fidalgo también sostiene que si la atención a la dependencia no se pone en marcha en esta legislatura, con un gobierno de izquierdas, se corre el riesgo de que otras alternativas «no solidarias», como el establecimiento de un seguro privado de dependencia, vengan a sustituir a lo que ha de configurarse como un derecho subjetivo universal.

    Propone además que la gestión de los servicios a las personas dependientes sea descentralizada y que el dispositivo asistencial se base en una red pública, con algunos servicios concertados con el sector privado.

    «EL MISMO TRATO PARA TODOS».

    El líder de CC.OO. repasa en su informe la marcha del diálogo social y las distintas mesas que se han abierto hasta la fecha. En este sentido, el portavoz del sindicato advirtió que el sindicato no concibe el diálogo social como una cuestión de «oportunismo», sino como una apuesta estratégica que permita acometer las reformas necesarias, reformas que, sin el consenso de los agentes sociales, «estarían condenadas al fracaso».

    Lezcano también avisó de que CC.OO. no será nunca un «mero acompañante» de las decisiones que tome el Gobierno, ya que su intención no es sólo la de compartir iniciativas políticas, sino la de participar en su construcción. El portavoz sindical se refería así a algunos de los anuncios que ha realizado el Ejecutivo «al margen del diálogo social», como la subida de las pensiones mínimas para 2005.

    A CC.OO. tampoco le han gustado otros «gestos» que ha tenido el Gobierno, como la reunión que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo este verano con los responsables de las federaciones de UGT. Lezcano dijo al respecto que Zapatero es «libre» de reunirse con quien quiera, pero precisó que sería bueno para la marcha del diálogo social «que todas las partes recibieran el mismo trato».

    «No nos asusta (esta reunión), porque somos conscientes de nuestro papel en el diálogo social, pero hay gestos que es bueno ponderar», matizó el portavoz de CC.OO., quien añadió que «no le consta» que el presidente haya pedido una reunión similar con su sindicato.

    Además del proceso de diálogo social en materia de empleo y protección social, el informe de Fidalgo trata también otros temas, como la reforma educativa y la necesidad de garantizar la viabilidad del sistema sanitario. También realiza una valoración «moderadamente positiva o parcialmente crítica» del Tratado Constitucional de la UE, pero, basándose en los avances conseguidos en el texto, realiza un llamamiento a los ciudadanos para que voten a favor de la Carta Magna europea.

    IBLNEWS, 20 de octubre de 2004