Categoría: Prevision Social

  • Las pensiones mínimas contributivas subirán entre el 6% y el 8% en el 2005

    El Gobierno subirá las pensiones mínimas contributivas a la Seguridad Social entre un 6% y un 8%. Así se desprende de la información que ayer proporcionó el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales durante la mesa de concertación social.

    El secretario de Estado de la Seguridad Social, Francisco Granado, explicó durante la reunión que todas las pensiones del sistema público subirán un 2%, que es el objetivo de inflación previsto para el próximo año. A esta cantidad hay que sumar en torno al 1,2%, que es la desviación de la inflación que estima el Gobierno en estos momentos (la cifra oficial exacta se calculará de acuerdo con el IPC de noviembre). Esto significa que todas las pensiones públicas subirán como mínimo en torno al 3,2%.

    Además, para las pensiones mínimas contributivas sin cónyuge a cargo, subirán un 3% adicional. Esto supone que su aumento global quedará en torno al 6,2%, como anunció el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Las pensiones mínimas contributivas con cónyuge a cargo tendrán una subida adicional del 4,5%, por lo que el aumento global se situará en torno al 7,8%.

    CC.OO. y UGT han solicitado que también se incrementen las pensiones mínimas no contributivas. El Gobierno se ha comprometido a estudiar esta petición. El secretario de Estado de la Seguridad Social ha recordado a los agentes sociales que cada décima de desviación en la inflación tiene un coste adicional de 123,78 euros. Esto significa que de confirmarse que existe una desviación de los precios del 1,2%, como estiman los técnicos, el sobrecoste en la pensiones será de 1.485 millones de euros. La mitad de esta cantidad se computa en los presupuestos del 2004, ya que es fácil de absorber con el elevado superávit de la Seguridad Social este año, que superará los 7.000 millones, mientras que la mitad restante se computará en los presupuestos del 2005.

    Durante la reunión con los agentes sociales, patronal, sindicatos y Gobierno analizaron los puntos que se negociarán para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones a medio y largo plazo. Entre las cuestiones que se tratarán se ha incluido la bajada de cotizaciones, que reclama la patronal CEOE y que rechazan los sindicatos.

    Otro de los grandes capítulos será la partida del superávit que se destinará al fondo de reserva de la Seguridad Social. En este caso, los sindicatos pretenden que sea el grueso de esta partida, mientras que la patronal pide que un tercio se destine a mejorar las pensiones más bajas, otro tercio se dedique al fondo de reserva y el tercio restante a bajar las cotizaciones que pagan las empresas para facilitar la creación de nuevos empleos. Uno de los puntos más delicados que se ha decidido incluir en la negociación es el incremento del periodo de cómputo que se toma de referencia para calcular las futuras pensiones.

    Actualmente este periodo son los últimos quince años de vida laboral. Gobierno y patronal, en principio, quieren alargarlo a toda la vida laboral del trabajador. Por su parte, UGT se había negado en redondo, aunque CC.OO. había mantenido en este tema una posición más ambigua.

    Tras la reunión de ayer, el representante de UGT, Jesús Pérez Martín, matizó la postura de su organización al señalar que nunca habían tenido una posición cerrada, dando a entender que podrían aceptar un aumento por encima de los 16 años, siempre que esto no suponga un recorte en las futuras pensiones. Se estima que al tomar como referencia toda la vida laboral de la persona se recortaría el gasto cerca de un 25%.

    La Vanguardia, 14/09/04

  • Greenspan advierte sobre la crisis del sistema de jubilación de EEUU

    En EEUU hay actualmente unos 292 millones de personas, de los que cuales unos 40 millones son mayores de 65 años (el 14% de la población). La población activa, calculada en unos 184 millones de personas, es el 63% del total.

    EEUU no podrá cumplir con sus compromisos con los jubilados si el Congreso y la Casa Blanca no encaran de manera franca y resuelta la situación fiscal, advirtió el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan.

    El jefe del banco central estadounidense opinó que Estados Unidos debe seguir abierto a la inmigración de manera que se nutra la fuerza laboral que sustentará a la población envejecida.

    En una conferencia en el Estado de Wyoming, Greenspan dijo que el envejecimiento creciente de la población de EEUU «presenta opciones difíciles» para el Gobierno y «cualquier demora en la atención de este asunto solo hará que los ajustes sean más abruptos y difíciles».

    «Como país tenemos la obligación de prometer a nuestros jubilados solamente lo que podrá entregarse. Y me temo que el país no podrá cumplir sus promesas», reconoció. «La población que envejece en EEUU afectará significativamente nuestra situación fiscal», añadió.

    Envejecimiento de la población

    De acuerdo con la Oficina del Censo, en EEUU hay actualmente unos 292 millones de personas, de los que cuales unos 40 millones son mayores de 65 años (el 14% de la población). La población activa, calculada en unos 184 millones de personas, es el 63% del total.

    Hacia 2020, según las cifras del Censo, la población total del país habrá crecido a 343 millones de personas, de los cuales 208 millones -el 60%- estarán en la edad laboral de 18 a 64 años, y casi 60 millones -más del 17%- serán mayores de 65 años.

    Greenspan opinó que EEUU está relativamente mejor preparado que otros países ricos para sostener económicamente a una población que envejece, pero reiteró que los responsables de la política fiscal no deberían postergar este asunto.

    Estados Unidos está comenzando a experimentar la jubilación de la llamada «generación del ‘baby-boom’» -la explosión de natalidad que tuvo lugar entre 1945 y 1964-, lo que afectará a varias decenas de millones de personas.

    «Las iniciativas tempranas para atender los efectos económicos de la jubilación de quienes nacieron entre 1945 y 1964 podría suavizar la transición a un nuevo equilibrio entre población activa y población pasiva, trabajadores y jubilados», dijo Greenspan.

    El Mundo, 31 de Agosto de 2004

  • Las pensiones mínimas de jubilación subirán el próximo año entre un 5% y un 6,5%

    La Seguridad Social gastará el próximo año 79.579 millones de euros en pagar las pensiones y otras prestaciones económicas, cantidad que se ha incrementado un 7,5%. Esta cantidad supone más de un tercio del gasto público del conjunto de las administraciones, que se sitúa en 235.000 millones de euros.

    El pago de pensiones absorberá el próximo año algo más de un tercio del gasto total del conjunto de las administraciones públicas. Así lo señaló ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en la presentación de los presupuestos de la Seguridad Social para el 2005. Explicó que para el pago de pensiones y demás prestaciones económicas se destinarán 79.579 millones de euros, lo que supone un 7,5% más que lo gastado en el 2004.

    Hay que señalar que el gasto en pensiones en los últimos años crece por encima de lo que lo hace la economía, dado que el aumento del PIB nominal (real más inflación) está previsto que sea del 6,3%. Esta partida también crece muy por encima del aumento del gasto medio del Estado (6,5%).

    Este fuerte aumento de las pensiones se debe en buena medida a la subida que experimentarán las pensiones mínimas contributivas el próximo año, entre un 5% y un 6%, según sea con cónyuge o no. A esta subida habría que añadir la desviación de la inflación que se produzca en el 2004 y que se situará sobre el 1,3%. Esta desviación se pagará con efecto retroactivo desde el 1 de enero y se abonará en forma de una «minipaga» a los más de siete millones de pensionistas del sistema público.

    El crecimiento de las pensiones contributivas se estima en función del mantenimiento del poder adquisitivo (el 2%). El aumento del número de pensionistas supone otro 0,8%, el «efecto sustitución» (las pensiones que se dan de baja por fallecimiento suelen ser más bajas que las nuevas) supone un 1,6% adicional, mientras que el llamado «derivado de la mejora de las pensiones más bajas» representa un incremento del 2,7%.

    El ministro explicó que las pensiones de jubilación para los mayores de 65 años con cónyuge a cargo se sitúan en 7.229,74; y en 6.052,9 sin cónyuge. Si el jubilado es menor de 65 años, la pensión mínima es 6.756,6 euros con cónyuge a cargo y de 5.639,90 sin cónyuge a cargo.

    El ministro explicó que las pensiones mínimas «han estado congeladas durante los gobiernos del PP, excepto en los años electorales, como fueron el 2000 y el 2004, en que se subieron». Pero tal vez donde más énfasis puso fue en señalar el buen momento que atraviesa el sistema. Según dijo, a pesar del fuerte aumento del gasto, crecen más los ingresos por cotizaciones, que aumentan un 8,9% si se compara con el presupuesto inicial del 2003 y un 3,8% si se hace con el presupuesto liquidado. Esto permitirá que en el 2005 la Seguridad Social tenga un superávit del 0,7% del PIB, lo que representa 5.999 millones. Es el séptimo año consecutivo con superávit. Esto es posible porque se estima que el número de cotizantes aumente en 400.000 (al margen del proceso de regulación de emigrantes previsto en la ley de extranjería). Gracias a ello se destinará al fondo de reserva 5.351 millones, por lo que acumula unas reservas de 25.000 millones suficientes para cubrir cuatro meses.

    Fue rotundo al afirmar que, a pesar de todo, no habrá una rebaja generalizada de cotizaciones como piden los empresarios, aunque sí habrá ajustes en algunos colectivos.

    La Vanguardia

  • CC.OO. exige de la Junta andaluza un fondo de pensiones para los empleados públicos

    El fondo de pensiones acogería a unos 208.900 empleadas y empleados públicos andaluces. De los cuales 83.000 serían funcionarios docentes, 21.000 corresponderían a personal laboral, 78.000 sería personal estatutario de la sanidad, 20.800 funcionarios de administración general y 6.100 personal de Justicia.

    Tras la firma recientemente en Madrid de un Acuerdo en el que se recoge la continuidad de los planes de pensiones para las empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado establecidos desde hace varios años, CC.OO. considera una grave discriminación para los trabajadores dependientes de la Junta de Andalucía que esta se niegue rotunda y continuadamente a que las empleadas y empleados públicos andaluces disfruten de la posibilidad de contar con planes de pensiones complementarios a la jubilación, de modo que los salarios a percibir entonces se asemejen a los que se perciben en activo.

    «Desde la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía, ha manifestado José Campos, su Secretario General, exigimos a la Consejera de Justicia y Administración Pública que inicie ya la negociación del Capítulo I de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2005, e incluya en la misma las cantidades necesarias para la creación de un Fondo de Pensiones del cual se beneficie todo el personal de la Junta de Andalucía. Insistimos además en que el propio Presidente de la Junta se implique en ello para eliminar así otra discriminación más que se da en Andalucía con respecto a otras Comunidades Autónomas, porque nuestras demandas al respecto durante varios años han caído siempre en saco roto y han sido ignoradas de la manera más absoluta.»

    Mediante este Fondo de Pensiones pretendemos que se cree un plan complementario de pensiones, al igual que existe en la Administración del Estado y en otras Comunidades Autónomas, que permita ejercer el derecho a las empleadas y empleados públicos de la Junta de Andalucía a percibir rentas por jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad, etc., complementarias a las que corresponda percibir sea por el régimen general de la Seguridad Social, sea por MUFACE.

    El fondo de pensiones acogería a unos 208.900 empleadas y empleados públicos andaluces. De los cuales 83.000 serían funcionarios docentes, 21.000 corresponderían a personal laboral, 78.000 sería personal estatutario de la sanidad, 20.800 funcionarios de administración general y 6.100 personal de Justicia.

    Por todo ello, reiteremos a la Consejera de Justicia y Administración Pública nuestra demanda de que convoque cuanto antes la Mesa General de la Función Pública, a fin de que se lleve a cabo con tiempo suficiente la negociación y no sea luego el ritmo impuesto por la tramitación parlamentaria del Presupuesto el que limite recortando la duración de la misma.

    Asimismo –concluye José Campos-, le anunciamos que vamos a iniciar una campaña explicativa en los centros de enseñanza andaluces, mediante la que además tenemos el propósito de recoger 100.000 firmas entre los empleados públicos de Andalucía para demostrar que es una reivindicación colectiva la exigencia de acabar de una vez con esta discriminación.

    Andalucia 24 Horas, 30 de Septiembre de 2004

  • IBM provisiona 259 millones por una denuncia contra sus planes de pensiones

    Se ha alcanzado un acuerdo parcial con los empleados que denunciaron a la compañía por discriminar a los trabajadores de mayor edad en sus planes de pensiones.

    El gigante informátivo IBM ha anunciado que realizará una provisión de 320 millones de dólares (259 millones de euros) en sus cuentas del presente trimestre después de alcanzar un acuerdo parcial con los empleados que denunciaron a la compañía por discriminar a los trabajadores de mayor edad en sus planes de pensiones.

    El grupo también ha limitado su responsabilidad a 1.400 millones de dólares si pierde el juicio. IBM ha subrayado que este acuerdo le permite continuar con la apelación del caso.

    La demanda hace referencia a un tipo de plan de pensiones muy utilizado en Estados Unidos en la década de los noventa, que permitía a las empresas deducir impuestos mediante aportaciones a los planes de pensiones de sus empleados.

    Una sentencia emitida por un tribunal estadounidense estimó que IBM ofrecía a sus empleados más jóvenes beneficios sociales que excedían los garantizados a trabajadores de mayor edad por el mismo periodo de servicio.

    La compañía ha manifestado que confía en «tener éxito en la apelación», pero cree que es más apropiado «para los intereses de nuestros accionistas y nuestro negocio reducir el riesgo financiero asociado a estas reclamaciones».

    A principios de mes, IBM alcanzó un acuerdo con un reducido grupo de antiguos empleados a los que aceptó pagar 20 millones de dólares.

    El resultado de la apelación está siendo seguido con interés por las empresas estadounidenses, ya que está en juego la legalidad de otros 1.200 planes de pensiones similares puestos en práctica por otras tantas compañías en todo el país.

    Expansión.com, 30 de Septiembre de 2004