El autor defiende la necesidad de reformas para garantizar las prestaciones sociales como aumentar la productividad y la tasa de empleo y retrasar la edad de jubilación.
Se ha hablado últimamente mucho de este asunto y siempre es importante que se hable de él, ya que hay que intentar no sólo ser previsores, sino también pensar que existe una solidaridad intergeneracional respecto a nuestros hijos y nietos. En un reciente libro (¿Quo vadis, Europa?, Alianza Editorial) que acabo de publicar he planteado este asunto para el caso de la Unión Europea comparándola con el de los EE UU. El sistema de bienestar de los países miembros de la Unión Europea (UE) está basado en el reparto generacional: Los padres pagan la educación de sus hijos y éstos las pensiones y los gastos sanitarios de aquéllos cuando se jubilan. Este sistema funciona muy bien mientras la generación de los hijos es más numerosa que la de los padres y deja de hacerlo cuando ocurre lo contrario, es decir, están diseñados pensando en que la tasa de crecimiento de la población es siempre positiva.
El problema es que en la UE, y más todavía en España, está ya ocurriendo lo contrario. Las tasas de fecundidad europeas y españolas están cayendo y ahora alcanzan sólo 1,3 y 1,1 hijos por mujer, respectivamente, cuando se necesitan 2,1 hijos para mantener constante la población, con lo que la población decrece y la siguiente generación es mucho menos numerosa. Además, la esperanza de vida está creciendo muy rápidamente, mientras que la población trabajadora se está jubilando cada vez a una edad más temprana, con lo que el coste público de pensiones y sanidad que ambas tendencias van generar va a ser mucho mayor que el previsto, al durar más tiempo las prestaciones que van a recibir y van a tener que ser pagadas por una generación menos numerosa. Por ejemplo, si el cálculo de la tasa de dependencia se hace dividiendo el número de personas mayores de 65 años por el número de las que tienen entre 15 a 64 años (como hace Eurostat) dicha dependencia pasaría del 24% en el 2000 al 50% en 2050, y al 60% en el caso de España. Si la relación de dependencia se calcula entre los mayores de 65 años respecto a los que tienen 20 a 64 años, que es como la calcula la OCDE, ésta pasaría del 26% en 2000 al 52% en 2050 en la UE y sólo del 22% al 37% en EE UU.
Naturalmente, este problema puede solucionarse si en la siguiente generación hay mucha más gente empleada que en la anterior y además tiene una productividad más elevada que la anterior. Por ejemplo, la sostenibilidad futura de las pensiones, que es el problema más acuciante, depende de cómo evolucionen dos cocientes: el de generosidad, que es el resultado de dividir la pensión media por el PIB por trabajador, y el de dependencia, que es el resultado de dividir el número de pensionistas por el número de afiliados que contribuyen a la Seguridad Social. Si no se reduce la pensión media por motivos sociales o se aumenta con el coste de vida, es fundamental que el PIB por trabajador, o lo que es lo mismo, su productividad, aumente cada año en una proporción similar. Y si el número de pensionistas aumenta como está previsto, el número de afiliados tiene que aumentar, al menos, en la misma proporción, suponiendo que el gasto de los primeros está bien calculado teniendo en cuenta que su esperanza de vida aumenta cada año y que las contribuciones de los segundos no se reducen.
Estos parámetros sugieren que para hacer sostenible el sistema actual de pensiones en el futuro son necesarias una serie de medidas que compensen el declive demográfico de la UE, y especialmente el de España. Para poder mantener la pensión media, la primera medida es empezar ya a invertir en capital humano, en capital físico y en investigación, desarrollo e innovación para que aumente la productividad por persona empleada y por hora trabajada más rápido en el futuro para que los trabajadores puedan tener una mayor renta y poder hacer frente al crecimiento de las pensiones de los jubilados. De no conseguirlo, habrá que reducir la pensión media o ampliar el periodo de contribución necesario para tener derecho a una pensión, como ya se está haciendo en la mayoría de los países de la UE, para poder mantener constante el cociente de generosidad. Otra medida importante para aumentar la productividad es volver a aumentar el número de horas anuales trabajadas por cada persona empleada. En los años 70 era prácticamente igual en EE UU y en la UE, hoy los trabajadores de la UE trabajan unas 210 horas al año menos que en EE UU.
Se ha argumentado que eso se debe a que los europeos tienen una preferencia social diferente que en EE UU, ya que prefieren sacrificar más renta para tener más ocio en lugar de preferir renta frente a ocio, como hacen los americanos. Sin embargo, existe otra explicación y es que en los años 60 y 70 los impuestos y cotizaciones sociales sobre cada hora trabajada eran muy similares y hoy en EE UU son del 30% mientras que la media de la UE es del 50%. Al existir una mayor «brecha impositiva» en la UE, es decir, al ser mayor la diferencia entre el salario nominal y el que el trabajador lleva a su casa, se desincentiva su antigua preferencia por trabajar más horas.
Para poder mantener constante el cociente de dependencia en una situación en la que el número de pensionistas y su esperanza de vida son crecientes, hay que tomar varias medidas complementarias par conseguir compensarlo con un aumento de los afiliados o cotizantes. La primera es aumentar la tasa de empleo, es decir, el número de personas empleadas respecto al total de la población en edad de trabajar. En este momento dicha tasa es del 66% en la UE, del 75% en EE UU y del 60% en España. Si la UE tuviese la misma tasa de empleo que la de EE UU tendría hoy 17 millones más de personas empleadas contribuyendo a los ingresos de la Seguridad Social. Ahora bien, para poder aumentar la tasa de empleo tiene que aumentar también la población en edad de trabajar para que pueda haber más trabajadores, y desgraciadamente ésta va a ir cayendo por la muy baja tasa de fecundidad. Se calcula que de hoy al 2050 la población en edad de trabajar en la UE va a caer en unos 40 millones, mientras los pensionistas van a aumentar en otros 40 millones.
Sin embargo, de momento existe todavía un margen de maniobra grande para aumentar el empleo porque la tasa es muy baja. Por ejemplo, en España, a pesar del enorme crecimiento del empleo en los últimos nueve años, la tasa de empleo femenina es sólo del 44% frente al 60% de la UE y el 70% en EE UU. La tasa de empleo de los jóvenes entre 15 y 24 años es en España del 54% entre los hombres y del 41,5% entre las mujeres. El problema del empleo juvenil en España es muy grave: el 25% está desempleado y el 65% tiene empleos precarios. Para aumentarlas habría que incentivar fiscalmente los contratos fijos a tiempo parcial, que en España representan sólo un 7% frente a un 15% en la UE. También la tasa de empleo de las personas de 55 a 64 años es sólo del 40% en España, del 48% en la UE, frente al 57,5% en EE UU. La tasa de empleo de las mujeres españolas de dichas edades es sólo del 22%. Una forma de aumentar dichos niveles de empleo de los trabajadores mayores es desincentivar fiscalmente las jubilaciones anticipadas e incentivar fiscalmente a quienes deseen continuar trabajando, como ha propuesto ya Francia. Por último, mientras que en EE UU el aumento de la competencia, derivado de la creciente globalización, ha hecho que aumente la dispersión salarial, reduciéndose relativamente la remuneración de los trabajadores de menor cualificación y aumentando la de los de mayor cualificación, ya que el mercado laboral es flexible, en la UE se ha hecho a costa de un mayor desempleo de los jóvenes y de las mujeres, ya que la reducción de los costes de despido y de los salarios no ha sido posible. La tasa de empleo de la UE sería mucho mayor si el mercado laboral fuera un poco más flexible, ya que hoy tiende a mantener empleados a trabajadores menos productivos y fuera del mercado de trabajo a otros más emprendedores y cualificados.
Para conseguir aumentar el número de personas en edad de trabajar, el empleo y los afiliados a la Seguridad Social en el futuro habrá que, por un lado, incentivar la tasa de fecundidad y, por otro, recurrir en mayor medida a la inmigración. La primera medida da resultado a largo plazo. Francia es un ejemplo, ya que lleva más de 50 años subvencionando el segundo y tercer hijo y eximiendo de impuestos a las familias numerosas, ahora tiene una tasa de fecundidad mayor aunque las subvenciones las cobran en su mayor parte los inmigrantes, que son los que tienen más hijos. La segunda requiere que el número de inmigrantes necesarios para contrarrestar la caída de la tasa de fecundidad sea enorme. Se calcula que se necesitaría una entrada de más de tres millones al año para la UE y de más de 200.000 para España. El problema de la inmigración en la UE está en que cuando se supera un cierto umbral el votante medio aumenta progresivamente su rechazo y hace muy difícil aumentarla a los niveles deseados. Además, la solución de aumentar la tasa de inmigración puede ser sólo temporal, ya que más adelante serán también pensionistas, para lo que habrá que continuar incentivando la natalidad, ya que con el tiempo también los inmigrantes se adaptan a los patrones de natalidad del país receptor.
Otra medida absolutamente necesaria es retrasar la edad de jubilación para adaptarla a los aumentos de la esperanza de vida. Se calcula que, en los próximos 50 años, la esperanza de vida media en la UE va a aumentar más de seis años. Si la edad de jubilación ha sido de 70 años cuando el crecimiento demográfico era positivo, ahora que es negativo se necesitaría sobrepasarla. En los países que tienen pensiones menos generosas, los trabajadores se jubilan más tarde y viceversa. También sería conveniente, especialmente en los países como España, con una mano de obra sumergida importante, aflorar dicho empleo para que cotice a la Seguridad Social. Alemania ha puesto una cotización plana del 10% para todos aquellos que se legalicen.
Todo ello indica que existen muchas medidas y reformas que llevar a cabo en la UE para poder mantener en el futuro un modelo social generoso y solidario como el que tenemos, que ha sido una de las características fundamentales de la democracia europea. No se trata de desmantelar el actual Estado de bienestar europeo ni de copiar el de EE UU, que es más eficiente en términos de empleo y de productividad, pero que resulta en una sociedad más desigual y menos cohesionada que la nuestra, con muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza, con más de 2 millones de personas en la cárcel, con una elevada tasa de violencia y de asesinatos, todo ello derivado de una distribución de renta con enormes diferencias, especialmente entre el 10% de mayor ingreso y el 10% de menor ingreso. Se trata más bien de reformar todos los aspectos de nuestro modelo que reducen notablemente la eficiencia económica sin por ello mejorar la igualdad social al reducir la capacidad de empleo, la productividad y la renta de muchos europeos.
Un ejemplo a seguir es el de los países nórdicos, que soportan un modelo social generoso, pero con un mercado laboral mucho más flexible, con un sistema fiscal que castiga poco el capital para que haya más ahorro, inversión, emprendimiento y empleo, y mucho los hábitos como el fumar y beber y el consumo suntuario, con un alto nivel de cooperación entre sindicatos y patronales para mantener la tasa de empleo elevada y con una asignación de buena parte de su presupuesto a la formación a la educación y a la investigación y desarrollo. En este sentido parece como surrealista que la UE siga dedicando el 45% de su presupuesto (50.000 millones de euros) a subvencionar a 877.000 agricultores que no son competitivos, en lugar de dedicar la mayor parte a las inversiones que van a aumentar la productividad y la renta de sus ciudadanos en el futuro.
La conclusión es clara: a largo plazo, las negativas tendencias demográficas hacen insostenible el actual modelo social del que los europeos están tan orgullosos, si no se consigue reformarlo para que consiga una mayor eficiencia económica será muy difícil compensar el efecto negativo que tienen dichas tendencias para su viabilidad. Para ello hay que actuar ahora que no plantea todavía problemas serios y no esperar a que sea insostenible.
El Pais, 16 agosto 2004