Los convenios colectivos podrán fijar la edad de jubilación forzosa a una edad diferente a los 65 años actuales. Ésta es una de las principales cuestiones que abordarán hoy Gobierno, patronal y sindicatos en el proceso de concertación social que se reanuda formalmente en tres mesas de negociación.
Patronal y sindicatos podrán pactar la jubilación a través de la negociación colectiva con una edad diferente a la oficial fijada en 65 años. El objetivo es que los interlocutores sociales puedan pactar políticas de rejuvenecimiento de plantillas fijando una salida forzosa por debajo de la edad oficial.
Éste será uno de los principales temas que se negociarán hoy en el marco de la concertación social, que se reanuda entre Gobierno, patronal y sindicatos. Los agentes sociales decidieron abrir tres mesas de negociación para abordar las cuestiones más urgentes del mercado laboral.
La sentencia del Tribunal Constitucional prohibiendo a los convenios colectivos fijar la jubilación de los trabajadores a una edad distinta de los 65 años ha forzado a patronal y sindicatos a negociar un cambio de la normativa. Por esta razón, el equipo del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, presentará a los agentes sociales un borrador sobre el reglamento que desarrolla la ley de empleo. Se trata de un problema que afecta a 1,2 millones de trabajadores que habían pactado con sus empresas llevar a cabo procesos de prejubilación, pero que han quedado paralizados ante el vacío jurídico que ha provocado la sentencia.
La nueva normativa tendrá que ser compatible con otras leyes como la de la Seguridad Social, de forma que los procesos de prejubilación no dañen la recaudación del sistema público. Además, el adelantamiento forzoso de la edad de jubilación solo se podrá realizar cuando haya causas que lo justifiquen.
La segunda mesa de trabajo de los agentes sociales abordará la extensión del ámbito de aplicación de los convenios colectivos. Es decir, que los sectores o empresas que no tengan convenio podrán solicitar a una comisión tripartita la aplicación de otros convenios de sectores o empresas afines. Con esta medida se pretende ampliar el ámbito de la negociación colectiva a todos los trabajadores, sobre todo a los de las pequeñas empresas, muchos de los cuales no tienen convenio, por lo que los sindicatos consideran que tienen mayores dificultades que los trabajadores de las grandes corporaciones para defender sus derechos laborales.
La tercera mesa de negociación abordará la trasposición a la normativa española de la directiva comunitaria sobre sociedades anónimas europeas. Se trata de una norma que permite la creación de sociedades de carácter europeo y en las que se prevé la participación de los trabajadores en sus consejos de administración. Aunque esta directiva recoge una serie de ventajas para las empresas que se quieran acoger a ella, la patronal ha mostrado su oposición a la participación de los sindicatos en los consejos de administración. La CEOE considera que esta representación puede convertirse en una desventaja para las empresas. La normativa comunitaria indica el plazo máximo para su trasposición en octubre, aunque no podrá realizarse hasta el año que viene dado que el gobierno del PP no había abordado su adaptación, según fuentes ministeriales.
El buen clima de entendimiento que existe en la concertación social hace prever que los interlocutores sociales prorrogarán el acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva para el ejercicio 2005. Este pacto, firmado hace dos años, trata de garantizar la moderación salarial fijando incrementos entre el 2% y el 3%. A cambio se introduce una cláusula salarial que garantiza el poder adquisitivo de los salarios.
Aunque se trata de un acuerdo bilateral entre patronal y sindicatos y, por tanto, está fuera del proceso de concertación social, ambas negociaciones se llevarán a cabo en paralelo. Los dirigentes sindicales reconocen que en la medida en que las reformas laborales vayan avanzado con consenso se facilitará el acuerdo sobre moderación salarial.
Otra cuestión urgente que será abordada por los agentes sociales son los presupuestos generales del Estado para el 2005. Concretamente el 13 de septiembre se reunirá la mesa de la Seguridad Social, donde se abordarán entre otras cuestiones el futuro del superávit que tendrá el sistema público de pensiones este año y que según los primeros cálculos podría superar los 6.000 millones de euros. Esto representa en torno al 0,7% del PIB. En principio, este dinero se destinará a fortalecer el fondo de reserva y mejorar las pensiones más bajas.
La Vanguardia, 07/07/04