Categoría: Prevision Social

El Estado español debería hacer en los próximos años un gran esfuerzo para aumentar sus gastos en protección social a fin de acercarse a la media europea y así salir del vergonzoso penúltimo lugar que ocupa en el ranking

El porcentaje destinado a protección social en los países de la UE tradicionalmente más protectores ha disminuido en los últimos años, en los que han ido reduciendo distancias con la media europea (el 2001 era del 27,5% del PIB). En los próximos años es probable que esta tendencia continúe. Ahora bien, de entre los 15 Estados miembros antes de la ampliación, España formaba parte de los habituales ocupantes del furgón de cola, situación que en los últimos años todavía ha empeorado en términos relativos (en España dedicamos en 2001 sólo el 20,1% del PIB), mientras que Portugal, Grecia e Irlanda, partiendo de posiciones peores, han realizado evidentes esfuerzos de mejora.

De ello se deduce que el Estado español debería hacer en los próximos años un gran esfuerzo para aumentar sus gastos en protección social a fin de acercarse a la media europea y así salir del vergonzoso penúltimo lugar que ocupa en el ranking. Los grandes déficit del sistema de protección español los constituyen la falta de ayudas a las familias y de atención a las personas dependientes, en las que estamos sólo en los balbuceos; esto, junto con la actualización de pensiones mínimas -en especial las de viudedad- y el acceso a la vivienda, debería convertirse en prioridad de las políticas sociales.

Podría argumentarse la aparente contradicción de aumentar las coberturas en España cuando en los países más socialmente avanzados las van reduciendo a causa de las dificultades que registran sus economías y sus sistemas de previsión social. Pero este razonamiento soslayaría que estos países han alcanzado ya unos niveles de protección muy elevados. Ello no es óbice para reconocer que en algunos de sus capítulos protectores hay coberturas que se han manifestado poco eficientes, propiciadoras del gasto superfluo o del fraude, o por imprimirles un cariz de política exclusivamente pasiva. Por tanto es lógico que hagan sus correcciones para continuar haciendo simultáneamente viables sus sistemas económico y de previsión. Pero parten de una posición por encima de la media europea y, aunque reduzcan distancias, continúan manteniendo notables índices de cobertura, que han de hacer compatibles con los retos de la globalización. Al contrario, en España, como partimos de muy por debajo de la media, deberíamos aumentar nuestra acción protectora tendiendo no ya a un nivel de los más altos, pero sí al menos hacia unos estándares medios de los que estamos muy alejados. Todo ello no ha de poner en peligro nuestra aspiración a un sistema de previsión modernizado que haga de la nuestra una sociedad más justa y equilibrada. La adecuada conjunción de medidas de mejora y racionalización de nuestro sistema de bienestar, con la imprescindible mejora de nuestro bagaje tecnológico, productividad y competitividad, o sea, de todo nuestro sistema productivo, han de hacer posible el objetivo.

Las anteriores consideraciones se basan en el informe de Eurostat sobre la evolución de la protección social en Europa entre 1992 y 2001, del que destacamos los siguientes aspectos:

En el quinquenio 1996-2001, los cuatro países con mayor nivel de protección social han disminuido su cuota respecto al PIB: Suecia (-2,6 puntos), Dinamarca (-1,9), Francia (-1), Alemania (-0,1). Si contemplamos el conjunto del decenio 1992-2001, disminuyeron Suecia (- 5,8) y Dinamarca (-0,8); en cambio, Francia aumentó 0,7 y Alemania 2,2, aunque a este último aumento no le es ajena la reunificación con Alemania del Este en 1989 y la consiguiente entrada en el sistema de previsión de millones de nuevos ciudadanos.

En el grupo de los más rezagados en 1992, Portugal, Irlanda, Grecia y España por este orden, ha habido modificaciones significativas. España ha retrocedido en el decenio del 12º al 14º puesto, seguida por Irlanda, que pasó del 14º al 15º, y Grecia ha abandonado el grupo y se ha situado ya en la media europea. Grecia y Portugal han hecho un notable esfuerzo al aumentar su porcentaje de participación en 6 y 5,5 puntos. En cambio, Irlanda y España lo han disminuido en 5,7 y 2,3 puntos respectivamente. Esta pérdida de posición de Irlanda la debemos relativizar si tenemos en cuenta que ha registrado un extraordinario desarrollo económico, que en pocos años la ha llevado del último lugar en renta per cápita a la quinta posición, fenómeno que en este caso hay que atribuir a haber conseguido alcanzar un crecimiento muy elevado y sostenido de su PIB. Añádase a ello la circunstancia favorable de que la población de Irlanda hoy todavía es joven. Finalmente, mientras que la tasa media de crecimiento de los gastos de protección social en España en el decenio ha sido sólo del 1,7% (por debajo de la media europea, del 1,9%), la de nuestros compañeros en la cola la ha triplicado o más.

Hay otro parámetro significativo, la protección social por habitante, expresada en moneda estándar de poder de compra. En este ranking España ocupa el penúltimo puesto -ex aequo con Irlanda-, con un gasto del 60% de la media comunitaria, sólo por delante de Portugal, mientras que Grecia ya nos ha superado.

Otro capítulo de reflexión lo constituye el diferente reparto porcentual del total de los recursos destinados a protección social, entre los distintos grupos de aplicaciones. Somos los últimos en ayudas a la familia (2,6%) sobre una media europea del 8%, y en cambio somos los primeros en subsidios de paro (12,9%), doblando el 6,2% europeo. Asimismo estamos en el pelotón de los torpes en vivienda y exclusión social.

Para concluir: creo que en el objetivo de avanzar hacia los estándares medios europeos deberían coincidir y trabajar juntos tanto las organizaciones que se mueven bajo una inspiración socialdemócrata como las de inspiración socialcristiana, ideologías que tan eficazmente colaboraron en la creación y el desarrollo de los sistemas de protección social y estados de bienestar característicos de la Europa del siglo pasado.

Ignasi Farreres es presidente de la Associació de Polítiques Socials s. XXI y ex consejero de Trabajo de la Generalitat.

El Pais, 25 de Junio de 2004

La esperanza de vida se irá incrementando progresivamente durante las próximas décadas. Los hombres recortarán ligeramente la brecha que les separa de las mujeres pero éstas seguirán viviendo un promedio de seis años más.

Según los datos proporcionados ayer por el INE, un varón nacido en 2030 vivirá un promedio de 80,8 años, cuatro más que los nacidos en 2002. Ese incremento lo notarán también las mujeres que prolongarán su esperanza de vida hasta casi 87 años, cuatro más que los 83 actuales.

Eso quiere decir que la vida después de los 65 años será más larga y, por lo tanto, los ancianos cobrarán su pensión durante un periodo más largo de tiempo, lo que, sumado al envejecimiento de la población, obligará a la Seguridad Social a aumentar las partidas destinadas al pago de pensiones.

Con la esperanza de vida actual, un hombre cobra su pensión durante once años y una mujer durante dieciocho. Esas cifras se incrementarán en cuatro años a partir de 2030.

Precisamente, ayer el Ministerio de Trabajo comunicó que el gasto medio mensual en pensiones contributivas aumentó un 82,5% desde 1994. El número de prestaciones también creció en la última décadas, un 14,4%, hasta situarse en julio de este año en 7.880.620.

En total, la pensión media del conjunto del sistema creció un 60,58% desde 1994, al pasar de 359,32 euros mensuales de media a 577,1 euros en julio de este año.

Amaia Ormaetxea para EXPANSION. Viernes 20 de Agosto de 2004

España contará con más de 53 millones de personas en 2050, gracias a los inmigrantes. A pesar de todo, la sociedad seguirá envejeciendo: los mayores de 65 años pasarán del 16,91% actual al 30,85% dentro de 46 años.

En los próximos 46 años, la población española crecerá desde los 43 millones actuales hasta superar los 53 millones. Según una proyección demográfica que hizo pública ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir del censo de 2001, la inmigración será el factor fundamental de este crecimiento. No obstante, la entrada de trabajadores extranjeros no será suficiente para frenar el envejecimiento de la población. Es más, en 2050, las personas mayores de 65 años habrán duplicado su peso demográfico, ya que pasarán de ser el 16,91% del total en 2005 a suponer el 30,85% en 2050.

El INE corrige de esta manera su proyección anterior, realizada con los datos de 1991. En aquel estudio, los expertos de este organismo estimaban que la población española decrecería hasta 2050 y que apenas superaría los 41 millones. El INE reconoció ayer que en aquella proyección no se previó el auge que experimentaría el fenómeno de la inmigración en los años siguientes.

Envejecimiento

El fuerte incremento del número de mayores de 65 años se deberá, según explica el experto en demografía y actual director del Instituto de Estadística andaluz, Juan Antonio Fernández Cordón, a que los inmigrantes que llegan ahora con 20 0 30 años tendrán más de 70 años en 2050 y surgirá un fenómeno nuevo, ya que habrá una “bolsa de inmigrantes al otro lado de la barrera”, demandando prestaciones sociales. Precisarán de pensiones y cuidados que recaerán sobre las arcas de una Seguridad Social que contará con un porcentaje menor de cotizantes, ya que las personas en edad de trabajar pasarán del 67,50% actual al 55,03%

Esta situación sólo se podría evitar en el caso de que el actual flujo de trabajadores extranjeros se mantuviera constante lo que, en opinión de Fernández Cordón, permitiría seguir compensando la disminución de la capacidad productiva que estaría experimentando la población activa española sin la mano de obra inmigrante.

El propio INE, sin embargo, descarta que eso pueda ocurrir, ya que cifra en 248.000 el número de inmigrantes que llegarán a España en 2060, un 59% menos que ahora.

Otro factor que forzará el envejecimiento de la población será el incremento de la esperanza de vida. Un varón que nazca en 2030 llegará a vivir 80 años, si es mujer cumplirá los 86. La diferencia entre ambos sexos se acortará, aunque seguirá existiendo.

Los hijos: en la treintena y menos de dos

Las mujeres españoles seguirán dando a luz por primera vez después de cumplir los treinta durante las próximas décadas. Según la proyección demográfica del INE, la edad media de las madres primerizas subirá de los actuales 30,82 años hasta los 31,15 en 2070
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La barrera de los 31 se habrá superado ya en 2010. El incremento estará amortiguado por la influencia de las mujeres inmigrantes que eligen ser madres a una edad más temprana. La tasa de fecundidad también avanzará ligeramente. Pasará de los 1,25 hijos por mujer de la actualidad hasta 1,52. En este caso, también será fundamental la aportación de las mujeres extranjeras. El principal freno a la fecundidad será el menor número de mujeres en edad fértil, consecuencia del envejecimiento de la población.

Amaia Ormaetxea para EXPANSION. Viernes 20 de Agosto de 2004

CC.OO. de Cataluña abogó hoy por que el nuevo acuerdo de pensiones que se negocie en el marco del diálogo social incorpore la mejora de las pensiones mínimas y elimine la incompatibilidad entre las pensiones de viudedad y el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI).

CC.OO. defendió además el establecemiento del derecho básico de atención a la dependencia, «sin duda, la mayor asignatura pendiente del sistema de protección social del Estado», según denunció el sindicato en un comunicado.

La organización sindical indicó que los acuerdos sobre pensiones de 1996, entre Gobierno, CC.OO. y UGT, y de 2001, suscrito por el Gobierno, CC.OO. y la patronal CEOE, han sido «imprescindibles para la consolidación del sistema público de pensiones».

En este sentido, destacó la revalorización automática de las pensiones contributivas según el IPC previsto o la equiparación de las pensiones mínimas de jubilación y viudedad de los menores de 65 años con los mayores.

Europa Press, 11 ago 2004

El autor defiende la necesidad de reformas para garantizar las prestaciones sociales como aumentar la productividad y la tasa de empleo y retrasar la edad de jubilación.

Se ha hablado últimamente mucho de este asunto y siempre es importante que se hable de él, ya que hay que intentar no sólo ser previsores, sino también pensar que existe una solidaridad intergeneracional respecto a nuestros hijos y nietos. En un reciente libro (¿Quo vadis, Europa?, Alianza Editorial) que acabo de publicar he planteado este asunto para el caso de la Unión Europea comparándola con el de los EE UU. El sistema de bienestar de los países miembros de la Unión Europea (UE) está basado en el reparto generacional: Los padres pagan la educación de sus hijos y éstos las pensiones y los gastos sanitarios de aquéllos cuando se jubilan. Este sistema funciona muy bien mientras la generación de los hijos es más numerosa que la de los padres y deja de hacerlo cuando ocurre lo contrario, es decir, están diseñados pensando en que la tasa de crecimiento de la población es siempre positiva.

El problema es que en la UE, y más todavía en España, está ya ocurriendo lo contrario. Las tasas de fecundidad europeas y españolas están cayendo y ahora alcanzan sólo 1,3 y 1,1 hijos por mujer, respectivamente, cuando se necesitan 2,1 hijos para mantener constante la población, con lo que la población decrece y la siguiente generación es mucho menos numerosa. Además, la esperanza de vida está creciendo muy rápidamente, mientras que la población trabajadora se está jubilando cada vez a una edad más temprana, con lo que el coste público de pensiones y sanidad que ambas tendencias van generar va a ser mucho mayor que el previsto, al durar más tiempo las prestaciones que van a recibir y van a tener que ser pagadas por una generación menos numerosa. Por ejemplo, si el cálculo de la tasa de dependencia se hace dividiendo el número de personas mayores de 65 años por el número de las que tienen entre 15 a 64 años (como hace Eurostat) dicha dependencia pasaría del 24% en el 2000 al 50% en 2050, y al 60% en el caso de España. Si la relación de dependencia se calcula entre los mayores de 65 años respecto a los que tienen 20 a 64 años, que es como la calcula la OCDE, ésta pasaría del 26% en 2000 al 52% en 2050 en la UE y sólo del 22% al 37% en EE UU.

Naturalmente, este problema puede solucionarse si en la siguiente generación hay mucha más gente empleada que en la anterior y además tiene una productividad más elevada que la anterior. Por ejemplo, la sostenibilidad futura de las pensiones, que es el problema más acuciante, depende de cómo evolucionen dos cocientes: el de generosidad, que es el resultado de dividir la pensión media por el PIB por trabajador, y el de dependencia, que es el resultado de dividir el número de pensionistas por el número de afiliados que contribuyen a la Seguridad Social. Si no se reduce la pensión media por motivos sociales o se aumenta con el coste de vida, es fundamental que el PIB por trabajador, o lo que es lo mismo, su productividad, aumente cada año en una proporción similar. Y si el número de pensionistas aumenta como está previsto, el número de afiliados tiene que aumentar, al menos, en la misma proporción, suponiendo que el gasto de los primeros está bien calculado teniendo en cuenta que su esperanza de vida aumenta cada año y que las contribuciones de los segundos no se reducen.

Estos parámetros sugieren que para hacer sostenible el sistema actual de pensiones en el futuro son necesarias una serie de medidas que compensen el declive demográfico de la UE, y especialmente el de España. Para poder mantener la pensión media, la primera medida es empezar ya a invertir en capital humano, en capital físico y en investigación, desarrollo e innovación para que aumente la productividad por persona empleada y por hora trabajada más rápido en el futuro para que los trabajadores puedan tener una mayor renta y poder hacer frente al crecimiento de las pensiones de los jubilados. De no conseguirlo, habrá que reducir la pensión media o ampliar el periodo de contribución necesario para tener derecho a una pensión, como ya se está haciendo en la mayoría de los países de la UE, para poder mantener constante el cociente de generosidad. Otra medida importante para aumentar la productividad es volver a aumentar el número de horas anuales trabajadas por cada persona empleada. En los años 70 era prácticamente igual en EE UU y en la UE, hoy los trabajadores de la UE trabajan unas 210 horas al año menos que en EE UU.

Se ha argumentado que eso se debe a que los europeos tienen una preferencia social diferente que en EE UU, ya que prefieren sacrificar más renta para tener más ocio en lugar de preferir renta frente a ocio, como hacen los americanos. Sin embargo, existe otra explicación y es que en los años 60 y 70 los impuestos y cotizaciones sociales sobre cada hora trabajada eran muy similares y hoy en EE UU son del 30% mientras que la media de la UE es del 50%. Al existir una mayor «brecha impositiva» en la UE, es decir, al ser mayor la diferencia entre el salario nominal y el que el trabajador lleva a su casa, se desincentiva su antigua preferencia por trabajar más horas.

Para poder mantener constante el cociente de dependencia en una situación en la que el número de pensionistas y su esperanza de vida son crecientes, hay que tomar varias medidas complementarias par conseguir compensarlo con un aumento de los afiliados o cotizantes. La primera es aumentar la tasa de empleo, es decir, el número de personas empleadas respecto al total de la población en edad de trabajar. En este momento dicha tasa es del 66% en la UE, del 75% en EE UU y del 60% en España. Si la UE tuviese la misma tasa de empleo que la de EE UU tendría hoy 17 millones más de personas empleadas contribuyendo a los ingresos de la Seguridad Social. Ahora bien, para poder aumentar la tasa de empleo tiene que aumentar también la población en edad de trabajar para que pueda haber más trabajadores, y desgraciadamente ésta va a ir cayendo por la muy baja tasa de fecundidad. Se calcula que de hoy al 2050 la población en edad de trabajar en la UE va a caer en unos 40 millones, mientras los pensionistas van a aumentar en otros 40 millones.

Sin embargo, de momento existe todavía un margen de maniobra grande para aumentar el empleo porque la tasa es muy baja. Por ejemplo, en España, a pesar del enorme crecimiento del empleo en los últimos nueve años, la tasa de empleo femenina es sólo del 44% frente al 60% de la UE y el 70% en EE UU. La tasa de empleo de los jóvenes entre 15 y 24 años es en España del 54% entre los hombres y del 41,5% entre las mujeres. El problema del empleo juvenil en España es muy grave: el 25% está desempleado y el 65% tiene empleos precarios. Para aumentarlas habría que incentivar fiscalmente los contratos fijos a tiempo parcial, que en España representan sólo un 7% frente a un 15% en la UE. También la tasa de empleo de las personas de 55 a 64 años es sólo del 40% en España, del 48% en la UE, frente al 57,5% en EE UU. La tasa de empleo de las mujeres españolas de dichas edades es sólo del 22%. Una forma de aumentar dichos niveles de empleo de los trabajadores mayores es desincentivar fiscalmente las jubilaciones anticipadas e incentivar fiscalmente a quienes deseen continuar trabajando, como ha propuesto ya Francia. Por último, mientras que en EE UU el aumento de la competencia, derivado de la creciente globalización, ha hecho que aumente la dispersión salarial, reduciéndose relativamente la remuneración de los trabajadores de menor cualificación y aumentando la de los de mayor cualificación, ya que el mercado laboral es flexible, en la UE se ha hecho a costa de un mayor desempleo de los jóvenes y de las mujeres, ya que la reducción de los costes de despido y de los salarios no ha sido posible. La tasa de empleo de la UE sería mucho mayor si el mercado laboral fuera un poco más flexible, ya que hoy tiende a mantener empleados a trabajadores menos productivos y fuera del mercado de trabajo a otros más emprendedores y cualificados.

Para conseguir aumentar el número de personas en edad de trabajar, el empleo y los afiliados a la Seguridad Social en el futuro habrá que, por un lado, incentivar la tasa de fecundidad y, por otro, recurrir en mayor medida a la inmigración. La primera medida da resultado a largo plazo. Francia es un ejemplo, ya que lleva más de 50 años subvencionando el segundo y tercer hijo y eximiendo de impuestos a las familias numerosas, ahora tiene una tasa de fecundidad mayor aunque las subvenciones las cobran en su mayor parte los inmigrantes, que son los que tienen más hijos. La segunda requiere que el número de inmigrantes necesarios para contrarrestar la caída de la tasa de fecundidad sea enorme. Se calcula que se necesitaría una entrada de más de tres millones al año para la UE y de más de 200.000 para España. El problema de la inmigración en la UE está en que cuando se supera un cierto umbral el votante medio aumenta progresivamente su rechazo y hace muy difícil aumentarla a los niveles deseados. Además, la solución de aumentar la tasa de inmigración puede ser sólo temporal, ya que más adelante serán también pensionistas, para lo que habrá que continuar incentivando la natalidad, ya que con el tiempo también los inmigrantes se adaptan a los patrones de natalidad del país receptor.

Otra medida absolutamente necesaria es retrasar la edad de jubilación para adaptarla a los aumentos de la esperanza de vida. Se calcula que, en los próximos 50 años, la esperanza de vida media en la UE va a aumentar más de seis años. Si la edad de jubilación ha sido de 70 años cuando el crecimiento demográfico era positivo, ahora que es negativo se necesitaría sobrepasarla. En los países que tienen pensiones menos generosas, los trabajadores se jubilan más tarde y viceversa. También sería conveniente, especialmente en los países como España, con una mano de obra sumergida importante, aflorar dicho empleo para que cotice a la Seguridad Social. Alemania ha puesto una cotización plana del 10% para todos aquellos que se legalicen.

Todo ello indica que existen muchas medidas y reformas que llevar a cabo en la UE para poder mantener en el futuro un modelo social generoso y solidario como el que tenemos, que ha sido una de las características fundamentales de la democracia europea. No se trata de desmantelar el actual Estado de bienestar europeo ni de copiar el de EE UU, que es más eficiente en términos de empleo y de productividad, pero que resulta en una sociedad más desigual y menos cohesionada que la nuestra, con muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza, con más de 2 millones de personas en la cárcel, con una elevada tasa de violencia y de asesinatos, todo ello derivado de una distribución de renta con enormes diferencias, especialmente entre el 10% de mayor ingreso y el 10% de menor ingreso. Se trata más bien de reformar todos los aspectos de nuestro modelo que reducen notablemente la eficiencia económica sin por ello mejorar la igualdad social al reducir la capacidad de empleo, la productividad y la renta de muchos europeos.

Un ejemplo a seguir es el de los países nórdicos, que soportan un modelo social generoso, pero con un mercado laboral mucho más flexible, con un sistema fiscal que castiga poco el capital para que haya más ahorro, inversión, emprendimiento y empleo, y mucho los hábitos como el fumar y beber y el consumo suntuario, con un alto nivel de cooperación entre sindicatos y patronales para mantener la tasa de empleo elevada y con una asignación de buena parte de su presupuesto a la formación a la educación y a la investigación y desarrollo. En este sentido parece como surrealista que la UE siga dedicando el 45% de su presupuesto (50.000 millones de euros) a subvencionar a 877.000 agricultores que no son competitivos, en lugar de dedicar la mayor parte a las inversiones que van a aumentar la productividad y la renta de sus ciudadanos en el futuro.

La conclusión es clara: a largo plazo, las negativas tendencias demográficas hacen insostenible el actual modelo social del que los europeos están tan orgullosos, si no se consigue reformarlo para que consiga una mayor eficiencia económica será muy difícil compensar el efecto negativo que tienen dichas tendencias para su viabilidad. Para ello hay que actuar ahora que no plantea todavía problemas serios y no esperar a que sea insostenible.

El Pais, 16 agosto 2004