Rel-UITA.- Los sindicatos españoles están dispuestos a confrontar con empresarios y gobierno para reequilibrar una economía que crece pero a costa de los ingresos de las clases populares, dijo Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras, tras las masivas marchas del sábado 14 en defensa de las pensiones en toda España.
-¿Por qué la gente manifestó de manera tan masiva?
-Porque después de varios años de una crisis muy dura se diseñaron políticas para mejorar la competitividad sobre la base de devaluar los salarios y los sistemas de protección social.
La gente en España tiene menos temor a perder el empleo y como es común a las etapas de crecimiento hay un aumento de la disputa por la distribución de la riqueza.
Hace ya unos tres años que el país crece a un ritmo sostenido de alrededor de 3 por ciento anual pero ese crecimiento no se refleja en los salarios y las pensiones, que aumentan muy por debajo de estas cifras mientras el beneficio empresarial y la retribución del capital están muy por encima.
La clase obrera sufrió mucho durante la crisis. Se destruyó el empleo y se devaluaron salarios y ahora vemos que en esta etapa de crecimiento económico esa dinámica no cambió: se sigue dando una distribución injusta de la renta y se sigue fomentando una sociedad cada vez más desigual.
Esa es la razón fundamental por la que el pueblo ha salido a manifestar.
Reforma laboral y precarización
-¿Cómo se llega a esta precarización salarial y de las pensiones?
-En 2012 se aprueba la reforma laboral, que básicamente lo que hace es debilitar la estructura de negociación colectiva y aumentar el poder empresarial unilateral de modificar las condiciones de trabajo, incluidos los salarios.
Se ha utilizado esto con mucha intensidad, lo que consecuentemente reduce los ingresos a la seguridad social.
En 2013 se aprobó otra reforma cuyo impacto se sintió a partir de 2016, pues en ese tiempo España pasó por una situación anómala de inflación negativa, pero fue una reforma que apuntó a una creciente devaluación de las pensiones, el principal elemento del estado de bienestar de este país y destino de un tercio del gasto público.
Esto no es un problema solo de los actuales pensionistas, que en España representan el 20 por ciento de la población, sino de las generaciones futuras, que van a ver sus ingresos en un perpetuo estado de disminución.
Si no se corrige esta reforma, las pensiones habrán bajado de un 78 por ciento de promedio del último salario a 48 por ciento, empobreciendo de esa forma a una parte importante de la población.
La demanda interna de bienes y servicios depende en gran medida de la población pensionista, que a mediados de siglo será 33 por ciento. Por lo tanto debilitar este segmento de la población es debilitar la propia estructura económica del país y el empleo.
El centro del debate que planteamos hoy es la distribución de la renta en los activos, en los pasivos, en las políticas públicas y en las políticas fiscales de España.
El gobierno y los empresarios están intentando colocar el mensaje de que no es posible mantener un sistema de pensiones como el nuestro para las generaciones futuras, y eso no es verdad.
España gasta algo menos del 11 por ciento de su Producto Bruto Interno en pensiones. A mediados del siglo necesitará gastar en torno al 15, algo que ya lo hacen otros países europeos.
Ciertamente, necesitamos actuar. Es importante que se reequilibre la disputa del salario y la retribución del capital en la negociación colectiva para que podamos tener una pugna más justa.
Ahora bien, el compromiso de los sindicatos es inquebrantable: vamos a disputar el salario en las empresas, la política fiscal y la distribución de la riqueza a través del gasto público.
Foto: Gerardo Iglesias
