Categoría: Prevision Social

El absentismo laboral en España, supuestamente elevado e injustificado, es un tópico ampliamente extendido. Los hechos o, lo que es lo mismo, las estadísticas oficiales, lo desmienten. El absentismo laboral como práctica habitual es totalmente irrelevante, sus cifras son anecdóticas, y en todo caso están muy por debajo de la cifra de horas extras trabajadas y no pagadas por trabajador. Así lo ponen de manifiesto los datos del Instituto Nacional de Estadística, según CCOO.

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el INE facilita información desglosada sobre el tiempo de trabajo de la población asalariada, detallando las horas pactadas, pagadas, las efectivas trabajadas y las horas no trabajadas (y los motivos de no trabajarlas).

Si tomamos la media de los últimos doce meses disponibles (4t2016-3t2017) la jornada de trabajo mensual media, incluye tanto jornadas a tiempo completo como otras a tiempo parcial, se ha situado en 150 horas pagadas, de las que 129,1 han sido horas efectivas de trabajo (el 86,1%) y 20,9 han sido horas remuneradas y no trabajadas (el 13,9%).

Las horas remuneradas y no trabajadas son, fundamentalmente, horas no trabajadas por vacaciones, festivos e incapacidad temporal. Así, de las 20,9 horas no trabajadas y pagadas al mes, 7,6 horas corresponden a vacaciones, 6,7 horas a días festivos, 4,8 horas corresponden a incapacidad temporal, 0,9 son horas no trabajadas por maternidad, 0,5 horas por permisos remunerados, 0,1 son horas no trabajadas por razones técnicas o económicas y 0,25 horas mensuales corresponden a otros motivos.

Dentro de estas 0,25 horas remuneradas y no trabajadas por otros motivos se incluyen diversas casuísticas y situaciones: permisos no remunerados, cierre patronal, guarda legal, sanciones y otros, donde finalmente se incluye el absentismo. Es decir, el conjunto de motivos que están detrás de este tiempo de trabajo remunerado, aunque no trabajado, son apenas 15 minutos mensuales (menos de 1 minuto al día) y el absentismo laboral solo es uno más de los motivos que lo explican. A la vista de estos datos, «es evidente por tanto que la inmensa mayoría de las horas remuneradas y no trabajadas responde a motivos perfectamente razonables y regulados en la ley y los convenios colectivos. El peso del absentismo sobre el tiempo de trabajo que reflejan las estadísticas oficiales es anecdótico», señala Luis Zarapuz, del Gabinete Económico de CCOO.

Hasta el cuarto trimestre de 2012 la Encuesta de Coyuntura Laboral que elaboraba el Ministerio de Empleo, y que fue suprimida como operación estadística, ofrecía información desglosada de las horas no trabajadas por el trabajador durante cada trimestre del año según la causa. El grueso de las horas no trabajadas respondía a las mismas causas que en la actualidad (vacaciones, fiestas laborales, incapacidad temporal, maternidad, expediente de regulación de empleo, maternidad, conflictividad laboral,? El absentismo no justificado sí venía desglosado y suponía una media de 0,2 horas no trabajadas al trimestre por trabajador/a. Es decir, 0,2 horas son 12 minutos al trimestre, 4 minutos al mes y trabajador por absentismo no justificado.

Frente al tópico del absentismo laboral destaca, aquí sí con datos que respaldan su existencia, la realización de horas extras que no pagan las empresas. «Semanalmente miles de trabajadores y trabajadoras se ven obligados a realizar millones de horas extras no pagadas, ni con dinero ni con compensación horaria», denuncia Luis Zarapuz. Los datos de la EPA durante el último año disponible (4t2016-3t2017) muestran que una media de 371.000 trabajadores y trabajadoras asalariados ha trabajado y no cobrado una media de 2,7 millones de horas extras a la semana. Esto supone que cada una de las 15,6 millones de personas asalariadas habría trabajado de media casi 0,2 horas extras no pagadas a la semana (52 semanas al año, 4,33 semanas al mes). Es decir, todos los meses cada persona asalariada trabaja una media de 0,75 horas extras sin recibir ninguna compensación (salarial o en tiempo de descanso) por ellas, es decir, 45 minutos al mes de horas extras no pagadas.

«Ambas estadísticas, las de horas no trabajadas y las de horas extras, son diferentes, pero ambas son oficiales y elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística. Si son «graves» los 15 minutos mensuales de jornada laboral no trabajados por diversos motivos, uno de ellos el absentismo, será al menos el triple de grave los 45 minutos mensuales de horas extras trabajadas y no pagadas a las y los trabajadores por las empresas que les tienen contratados», sentencia el secretario», sentencia por su parte el secretario de Salud Laboral de CCOO, Pedro J. Linares.

Ante el anuncio
hecho por la ministra de Empleo y Seguridad Social de la posibilidad de actuar
sobre el periodo de cálculo de las pensiones, CCOO le reclama que lleve sus
propuestas a los marcos de concertación y a la Comisión parlamentaria del Pacto
de Toledo, para abordar compromisos claros de financiación del sistema y la
reversión de la reforma de 2013.

Carlos
Bravo, secretario de Políticas públicas y protección social de CCOO, ha hecho
hoy un llamamiento al Gobierno a que abandone la estrategia de limitar a la
mera propaganda el debate sobre pensiones que debe producirse en el marco
político y social, con la discusión de medidas concretas y plazos para ponerlas
en marcha.

Son
recurrentes los anuncios que el Gobierno realiza en torno a medidas concretas
que finalmente no terminan por concretarse de ninguna forma. Algunos ejemplos
de ello han sido los siguientes:

Aumento de la financiación del
sistema mediante impuestos. Tras anunciarse la medida en el verano de 2015, llegó
incluso a incluirse una referencia genérica en la Ley de Presupuestos de 2016,
pero nunca ha llegado a concretarse ninguna medida.

Coeficientes reductores de la edad de
jubilación anticipada de policías locales y autonómicas. Son reiteradas las ocasiones
en las que los responsables ministeriales anuncian la inminencia de la medida,
pero el expediente, que se inició en 2014, sigue paralizado sin una causa
aparentemente justificada.

Sustitución de las ?tarifas planas? y
reducciones de cotizaciones por bonificaciones a cargo del Ministerio de Empleo. Han sido varios los
compromisos del gobierno para aliviar al sistema de seguridad social de la
carga de los cerca de 3.500 millones de euros que suponen estas políticas de
empleo, que se financian mediante la reducción de ingresos del sistema de
Seguridad Social. Sin embargo, el Gobierno no sólo no ha cumplido con dicho
anuncio, sino que recientemente ha impulsado el incremento de la duración de
las tarifas planas para autónomos sin que se haya previsto su sustitución por
bonificaciones.

Aumento de las bases máximas de
cotización.
El gobierno se ha mostrado varias veces favorable a estudiar esta medida, que
permitiría cotizar una masa salarial que CCOO ha estimado en 26.000 millones de
euros que hoy no cotizan. Pero aún no ha tomado ninguna iniciativa concreta al
respecto.

Equiparación de las bases medias de
cotización del Régimen General y del Régimen de Autónomos. El Gobierno ha señalado
varias veces la conveniencia de esta medida que, además de mejorar las
prestaciones de los trabajadores autónomos, supondría un incremento de los
ingresos del sistema en unos 7.000 millones de euros anuales. En la reforma de
2011 se acordó una fórmula para posibilitar esta medida que, sin embargo, el
gobierno viene implementando de manera errática aplicándola unos años sí y
otros no.

Mejora de la pensión de viudedad. Esta medida formaba parte
de la reforma de pensiones de 2011 y el PP en aquella ocasión se opuso a la
misma. El Gobierno actual ha mantenido suspendida su entrada en vigor durante 6
años, para promover en diciembre de 2017 su regulación por la vía de urgencia
y, sin embargo, continuar hoy sin haberse puesto en marcha de forma efectiva.

La
propuesta hecha pública ayer por la ministra de Empleo de permitir optar por un
periodo de cálculo más amplio, voluntariamente, cuando sea más beneficioso para
las personas que acceden a la pensión, se corresponde con medidas que ya se han
pactado (Acuerdo de Pensiones de 2011) y es una medida que CCOO está dispuesta
a valorar, si bien reclama que se realice en el marco adecuado. Esto es, en la
Mesa de Diálogo Social abierta hace meses con sindicatos y empresarios que, sin
embargo, no está teniendo un ritmo de trabajo adecuado, y en el marco de la
Comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo.

CCOO
insiste, una vez más, en la necesidad de que sea en este marco donde se aborden
compromisos claros de financiación del sistema, se corrijan los efectos de la
reforma de 2013, que supuso una ruptura del marco de concertación social y
política sobre pensiones establecido desde 1995 y afectará muy negativamente a
las pensiones actuales y futuras, empezando por garantizar un sistema de
revalorización de pensiones, que permita garantizar su poder adquisitivo.

Asimismo,
en este marco formal cabe también discutir cualesquiera otras propuestas que el
Gobierno y los demás integrantes de estos espacios consideren realizar para
garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Dejar
de utilizar el sistema de pensiones y demostrar el compromiso firme con el
mismo a través de hechos concretos, es una necesidad. CCOO va a continuar
exigiendo estas actuaciones a través del proceso de movilizaciones iniciado en
el otoño, que tendrá continuidad mañana en la concentración convocada a las
11,30 h en la Plaza de las Cortes de Madrid. 

CCOO sitúa como objetivo prioritario
en el primer semestre del año la adopción de medidas concretas de mejora de
ingresos de la Seguridad Social que puedan trasladarse a los Presupuestos de
2018, de modo que el sistema público de pensiones garantice el doble objetivo
de la suficiencia de sus prestaciones y la sostenibilidad de las mismas.

El
secretario confederal de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos
Bravo, ha señalado que una de las pocas buenas noticias que nos trae 2018 en
materia de Seguridad Social consiste en el incremento pactado en el Salario
Mínimo Interprofesional como consecuencia del Acuerdo de Diálogo Social, que
elevará este año la base mínima de cotización hasta los 858,55 euros/mes. Es
una buena noticia, aunque insuficiente si no va acompañada de otras orientadas
también al refuerzo de ingresos del sistema que, a juicio de CCOO, deben
concretarse en un acuerdo político y social amplio en el Pacto de Toledo que
pueda trasladarse de forma inmediata, bien a los Presupuestos de 2018, en caso
de aprobarse estos, bien a nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma
normativa correspondiente.

 La
renuncia a actuar de forma contundente sobre los ingresos, sin perjuicio de
continuar con posteriores revisiones del conjunto, como se ha venido haciendo
desde 1995, ha llevado al sistema de Seguridad Social a un consumo acelerado del
Fondo de Reserva, mientras se mantiene una situación de déficit que podría
estar en gran medida corregida si se hubiesen adoptado medidas como las
propuestas por CCOO.

Es
igualmente lamentable para CCOO que la revalorización de las pensiones aprobada
para este año haya vuelto a situarse en el 0,25%, en lo que es, de hecho, una «casi-congelación» que viene contribuyendo a que las pensiones públicas
acumulen ya una pérdida máxima de poder de compra de -3,10 puntos porcentuales
desde el año 2007, atendiendo al dato de IPC adelantado por el INE en el mes de
diciembre que situaba la inflación interanual en el 1,2%. Incluso las pensiones
mínimas soportan ya pérdidas reales de poder adquisitivo en ese periodo.

La
nueva fórmula de revalorización de pensiones impuesta en 2013 acumula así dos
años consecutivos de severas pérdidas, en 2016 (-1,35 puntos porcentuales) y en
2017 (-0,95), un efecto que se prevé mantener en 2018 y al que se le sumará en
2019 el efecto del Factor de Sostenibilidad sobre la pensión inicial de los
nuevos jubilados.

También
las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas se están viendo
afectadas por una revalorización limitada al 0,25% anual, haciendo que los casi
3 millones de personas que perciben este tipo de pensiones, que son las más
bajas, se vean especialmente afectados por la pérdida de poder de compra que
arrastran. Han sufrido un efecto aún peor la mayoría de las prestaciones
familiares de la Seguridad Social y las prestaciones sociales vinculadas al
IPREM, que se han visto directamente congeladas en 2018, víctimas de la
prórroga presupuestaria que, en este caso, el Gobierno no ha querido, hasta
hoy, corregir.

Para
revertir esta situación, CCOO vuelve a insistir en la necesidad de que el
Gobierno convoque de forma urgente la Mesa de Diálogo Social para abordar la
discusión de medidas concretas de mejora de ingresos que puedan trasladarse
inmediatamente a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, de modo que
el sistema público de seguridad social garantice el doble objetivo de la
suficiencia de sus prestaciones y la sostenibilidad de las mismas.