La equivocación del Gobierno, a la hora de sondear la sensibilidad social al respecto de prolongar la edad legal de jubilación, ha vuelto a poner encima de la mesa el tema de las prejubilaciones en el sector financiero. Esto no es más que un intento de distraer la atención social sobre lo importante, intentando generar un cierto escándalo que solape la falta de razones sociales para esta medida si no tiene coherencia con la adopción de otras necesarias.
En este punto conviene despejar algunas cosas, toda vez que las prisas por acallar el clamor mediático está provocando que el partido en el Gobierno, y algunos líderes de varios partidos de la oposición, empiecen a equivocar los términos, y los conceptos, relacionando las prejubilaciones en el sector financiero con la merma en los fondos de la Seguridad Social. Y esto, o es ignorancia, o es mala fe.
Con carácter general las prejubilaciones en el sector financiero, se han soportado en exclusiva por las empresas con cargo a sus reservas, en un momento, y contra las cuentas de resultados, ahora. Y en esos acuerdos las propias empresas, o los propios trabajadores y trabajadoras, mantienen sus cotizaciones a la Seguridad Social, hasta alcanzar la edad de jubilación.
Sin costo para el erario público, las prejubilaciones en el sector financiero han servido de instrumento para rejuvenecer las plantillas, manteniendo el volumen global de empleo sectorial. Un pacto intergeneracional tácito, en el que la inversión económica de las empresas en el medio plazo ha encontrado su beneficio en unas plantillas más jóvenes. En la otra parte, las personas que se han acogido a estas medidas han adelantado su salida, reduciendo su renta disponible en activo, así como accediendo a una pensión de jubilación a la que se aplican coeficientes reductores, tras cotizar al sistema de Seguridad Social una media superior a los 40 años.
El carácter amateur de alguno de nuestros políticos, hace difícil que entiendan como la concertación social en el sector ha permitido anticipar, en este ámbito, soluciones equilibradas para dar entrada al empleo joven, mejorando la eficiencia y la productividad. Concertación que ha sido clave para el desarrollo, crecimiento e internacionalización de nuestra industria financiera. Además, la improvisación que orienta la vida pública, y que hoy nos obliga, a salto de mata, a hablar de prejubilaciones, ayer de la edad de jubilación y mañana del paro juvenil, hace imposible que esta experiencia pueda ser ensayada, o estudiada, en otros ámbitos de nuestra economía.
Más difícil será esta tarea, si quienes tienen que gobernarnos, no se interesan por conocer las diferencias entre las prejubilaciones y otras fórmulas de salida del mercado de trabajo, con el rigor exigible a quién tiene la misión de buscar soluciones aunque no las encuentre.
Alguien recuerda qué hicimos todos a partir de 1977, en qué circunstancias se encontraba la economía española en 1983, una década después de la llamada crisis del petróleo, cuantas entidades financieras se hallaban en el Fondo de Garantía y qué ocurrió un 23 de febrero de ese mismo año. En Rumasa trabajaban más de 60.000 personas. En este momento tenemos a las puertas una necesaria reestructuración sectorial, que afecta primordialmente a las cajas de ahorros.
Avisamos, tenemos un bagaje, un modelo que dio éxito en el pasado, en circunstancias de tanta o mayor gravedad, y que generó una banca fuerte y con proyección internacional. Aprovechemos esta crisis para innovar, pero aplicando lo que ya sabemos.
Para finalizar, traten ustedes de soplar y sorber a la vez. Es imposible, verdad. Pues lo mismo ocurre con las prejubilaciones y la necesaria ordenación del sector financiero, sobre todo en las cajas de ahorro. Mientras en una parte del partido, unos dicen que hay que acabar con las prejubilaciones, otros en otra parte del mismo partido, fomentan procesos de concentración que generan excedentes de plantilla por solapamiento de redes.
Al Gobierno le tocaría nortear el proceso de reestructuración, proponer la reforma de la Lorca, coordinar con los supervisores, Banco de España y Comunidades Autónomas, concentraciones más viables económicamente, garantizar que los SIP se enmarquen en el perímetro normativo de las cajas de ahorros, en definitiva garantizar un aprovechamiento más eficiente de la capacidad instalada, sobre todo de sus actuales plantillas, y así promover la reactivación del crédito y el Empleo con mayúsculas. Pero bueno como en La historia interminable, esto es una historia para contarla en otra tribuna. Conviene que la clase política se ponga de acuerdo, en si lo que toca, ahora, es sorber o si por el contrario toca soplar, pero en cualquier caso no merece la pena que nos distraigan con el señuelo de las prejubilaciones del sector financiero.
José María Martínez López, Secretario general de Comfia CCOO
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