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Categoría: Prevision Social

  • COMFIA-CCOO contesta al artículo ‘PSOE, PP, CiU e IU avisan a bancos y cajas: ‘No más prejubilaciones’

    Jose María Martínez, Secretario General de COMFIA CCOO, lamenta el desconocimiento que los entrevistados por el diario CINCO DIAS, manifiestan en sus declaraciones al respecto de las mal llamadas “prejubilaciones” en el sector financiero.

    COMFIA-CCOO contesta a las declaraciones de los portavoces del PSOE,
    PP, CIU e IU, en relación con el aviso lanzado por estas formaciones al
    respecto de las prejubilaciones en el sector financiero.

    “En el sector financiero, en general, en los últimos treinta años
    las prejubilaciones nunca han ido contra la Seguridad Social. Las
    prejubilaciones, ya sea mediante suspensiones o extinciones de contrato
    han comportado pago de rentas salariales con cargo a reservas o,
    últimamente, cuenta de resultados de las entidades.

    Esas rentas salariales han financiado el pago de cotizaciones a la
    Seguridad Social hasta que el trabajador se ha jubilado anticipadamente,
    con una importante quita sobre la pensión pública por la aplicación de
    coeficientes reductores, que no han menoscabado, precisamente, la
    estabilidad financiera de la Seguridad Social.

    Lo que si va contra la seguridad social es la ignorancia, la
    imprecisión, los anuncios populistas a los que, lamentablemente se
    adhieren quienes siguen confundiendo prejubilaciones con jubilaciones
    anticipadas, con jubilaciones anticipadas flexibles y/o jubilaciones
    parciales.

    Y desde COMFIA-CCOO sólo queremos que todas las medidas se debatan
    con transparencia, argumentos y sentido común y no se cause más zozobra,
    aún, a quienes, por ejemplo, tras cotizar más de 45 años (en banca los
    botones entraban con 14 años de edad), salieron del banco tras un
    proceso de fusión, llevan diez años cobrando un complemento, a menudo no
    revisado, y ahora no saben si podrán jubilarse a la edad prevista y con
    cuanta quita. Un poquito de por favor.”

    José Maria Martinez López

    COMFIA–CCOO
    Recogido en el blog de CINCO DIAS
    – – – – – – – – – – – – – – – – –

    No son sostenibles para la Seguridad Social
    PSOE, PP, CiU e IU avisan a bancos y cajas: ‘No más
    prejubilaciones’

    La consolidación pendiente del sistema financiero no podrá
    hacerse a costa de la Seguridad Social. Esta es la advertencia que esta
    mañana han lanzado a bancos y cajas el PSOE, el PP, CiU e Izquierda
    Unida, formaciones que comparten la necesidad de poner coto a las
    prejubilaciones en el sector.

    La diputada socialista Isabel López y Chamosa, portavoz de su
    partido en el Pacto de Toledo, lo tiene claro: «Uno de nuestros
    objetivos es frenar las prejubilaciones porque no es sostenible que los
    bancos y las grandes empresas dejen fuera del mercado de trabajo a gente
    en el entorno de los 50 años. Hay que evitar ese abuso a costa de la
    Seguridad Social». La diputada es partidaria, no obstante, de crear una
    red de protección para aquellos trabajadores de las pequeñas y medianas
    empresas que con esta edad se queden en el paro y tengan dificultades
    para encontrar trabajo.

    Durante un desayuno organizado por la Asociación de Periodistas de
    Información Económica (APIE), el portavoz del PP en la Comisión del
    Pacto de Toledo, Tomás Burgos, ha esgrimido argumentos similares a los
    del PSOE. «España no se puede permitir la expulsión de tantos
    trabajadores en edad tan temprana. Hay que frenar este tipo de
    prejubilaciones porque el sistema no da más de sí». Burgos anticipa un
    panorama preocupante para la Seguridad Social pues, además de haberse
    perdido 1,7 millones de cotizantes, hay tres millones de parados «a los
    que se les acabará el subsidio» y tendrán problemas para reincorporarse
    al mercado laboral. «Entonces será cuanto el sistema esté sometido a una
    presión extraordinaria y el panorama para la Seguridad Social será muy
    preocupante», dijo.

    A juicio del portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, bancos
    y cajas de ahorro no pueden contar con las prejubilaciones como
    elemento para reestructurar el sistema financiero «porque la Seguridad
    Social no puede seguir siendo la pagana». Los nacionalistas catalanes
    están en desacuerdo con la propuesta del Gobierno de elevar el referente
    legal para las prejubilaciones de los 52 a los 58 años, pues son
    favorables a incentivar lo más posible la prolongación de la vida
    laboral permitiendo, incluso, el cobro de la pensión y el trabajo a
    tiempo parcial.

    Izquierda Unida, a través de Gaspar Llamazares, emitió también el
    siguiente aviso a bancos y cajas: «Es escandaloso que la Seguridad
    Social corra con las prejubilaciones en estos casos y en el de las
    empresas con beneficios. No se puede reestructurar el sistema financiero
    ni las empresas que son rentables a costa de los trabajadores».

    PP, CiU e IU han pedido al Gobierno que retire su propuesta de
    ampliar la edad legal de jubilación hasta los 67 años porque de lo
    contrario, han advertido, no será posible pactar la reforma de las
    pensiones en el Pacto de Toledo.

    CINCO
    DÍAS

  • CCOO rechaza el retraso de la edad de jubilación

    El Gobierno ha irrumpido de forma sorpresiva en el debate de las pensiones con la propuesta de retraso obligatorio de la edad de jubilación. Es un error. Es una medida innecesaria y desproporcionada. Transmite desconfianza sobre la viabilidad del sistema de pensiones que no se corresponde con los datos de superávit que este tiene incluso en estos años de crisis.

    Es contradictorio que se nos presenten, hace unos meses, propuestas de reducción de cotizaciones sociales; es decir ,de reducción de ingresos para pagar las pensiones y, ahora, se proponga una reducción de gasto en las mismas.

    El número creciente de pensionistas y su, felizmente, mayor esperanza de vida, no suponen un problema a corto plazo. Deben ser abordados, en primer lugar, mejorando los ingresos.

    Cumplir el acuerdo de separación de fuentes firmado por el Gobierno y dejar de pagar con cargo a cotizaciones los gastos de estructura de la Seguridad Social, son medidas que CCOO ha propuesto y que suponen 7.000 millones de euros anuales de ingresos.

    El incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar el 60% de la media de los salarios, elevaría notablemente la base mínima de cotización. Incrementar la base máxima de cotización y la protección de las personas que cotizan por ella es también una cuestión planteada.

    Ambas contribuyen a mejorar también los ingresos del sistema.

    Acabar con el fraude en la contratación temporal dando mayor estabilidad a los empleos es también una medida que refuerza los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

    CCOO está comprometida con el sistema de pensiones. Los trabajadores somos los más interesados en su fortaleza. Somos la única organización que ha suscrito todos los acuerdos en esta materia desde que se aprobó el Pacto de Toledo. Con la misma claridad que reafirmamos nuestro compromiso, anunciamos el rechazo a una medida como esta.

    Tras la aprobación de estas propuestas por parte del Gobierno es el turno del Congreso.

    Confiamos en que las conclusiones de la Comisión Parlamentaria se ajusten mejor a las necesidades reales de las pensiones en nuestro país. Tras sus conclusiones será el momento de abordar esta materia en el diálogo social. CCOO lo hará con compromiso, rigor y de forma constructiva.

    También con firmeza ante injustificadas propuestas de recorte de derechos.

    EL Gobierno se equivoca

    La propuesta que el Gobierno ha remitido a la Comisión del Pacto de Toledo y a la mesa de diálogo social de retrasar la edad legal de jubilación cuenta con el rechazo inequívoco de CC. OO. La edad media de jubilación se viene retrasando de manera efectiva, alcanzando los 63,8 años en el conjunto del sistema y los 63,2 en el Régimen General, aproximándose a la edad legal de acceso a la jubilación a los 65 años. CC. OO., que lleva muchos años estudiando la evolución del sistema público de pensiones, cree que existen medidas y margen de actuación adecuados para seguir avanzando en esa aproximación, de manera efectiva y voluntaria, reforzando e incrementando los incentivos hoy existentes para que aquellas personas que lo desee no precisen retrasar la edad de jubilación. Por ello, rechazamos la propuesta del Gobierno a través de medidas imperativas de retraso de la edad legal de jubilación hasta los 67 años.

    Carlos Bravo
    Secretario de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO

     

    CCOO pondrá en marcha una campaña de información y movilización contra el retraso de la edad de jubilación

     

    CCOO ante las principales propuestas del Gobierno para la renovación del Pacto de Toledo

    Llama la atención que las propuestas presentadas por el Gobierno tienen un carácter genérico e inconcreto, y que la única medida totalmente definida sea el retraso en la edad legal de jubilación.

    Retraso en la edad de jubilación. El Gobierno propone retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años de manera progresiva a partir del año 2013.

    A juicio de CCOO esta es una medida extrema e innecesaria, ya que las medidas recogidas en los Acuerdos de Pensiones establecen mecanismos no traumáticos para los trabajadores, que han tenido como efecto un retraso efectivo y voluntario de la edad de jubilación real (de 62,87 años a 63,27 años en menos de cinco años). Estos instrumentos todavía tienen margen para mejorar el sistema sin recortar derechos.

    Las propuestas de CCOO pasan por reforzar los mecanismos voluntarios de jubilación gradual y flexible, tanto para anticipar la edad de jubilación como para retrasarla. Para las personas que deseen o precisen retrasar la edad de jubilación pueden y deben reforzarse los porcentajes de mejora en su pensión hoy existentes.

    Cotizaciones sociales. Aunque el Gobierno propone mantener el tipo medio de cotización con carácter general, deja abierta la posibilidad a “posibles modificaciones parciales”.

    A juicio de CCOO, el sistema de pensiones hoy, más que nunca, no puede renunciar a mantener los ingresos por cotizaciones sociales y mejorarlos en lo posible con una actualización de las bases de cotización.

    Igualmente, el Gobierno hace referencia a la posibilidad de reducir la cotización por contingencias profesionales (accidente y enfermedad profesional), a cargo hoy íntegramente de los empresarios. Para ello, aduce la posibilidad de simplificar y rebajar los actuales tipos de cotización. Además contempla la posibilidad de que la asistencia sanitaria de estas contingencias profesionales sean costeadas directamente por el sistema público de salud.

    Para CCOO esto significa trasladar los costes de los riesgos que han de asumir los empresarios por su actividad económica al sistema público de salud.

    Separación de fuentes. El Gobierno hace una serie de reflexiones, muchas de ellas de carácter formal, sin terminar de concretar ningún compromiso.

    Para CCOO debe culminarse la financiación de los complementos a mínimos por impuestos generales y excluir la financiación a cargo de las cotizaciones de los gastos de gestión de la Seguridad Social. Esto supone 7.000 millones anuales adicionales.

    Acceso y cuantía de las prestaciones de jubilación. El documento del Gobierno hace varias referencias genéricas e imprecisas a la conveniencia de revisar el período de carencia para acceder a prestaciones de jubilación (hoy 15 años), el periodo de cálculo de la base reguladora (hoy los últimos 15 años) o el porcentaje aplicable a la misma según el número de años cotizados (hoy 50% con 15 años y se precisan 35 para acceder al 100%) Para CCOO, no se debe endurecer el acceso a percibir pensión y las propuestas concretas que puedan presentarse en torno a estas materias deben orientarse a mejorar los sistemas de protección, reconociendo el esfuerzo de cotización de los trabajadores, especialmente para las personas que se ven obligadas a abandonar la actividad laboral en los últimos años de su vida con una importante e injusta merma en sus pensiones.

    Pensión de viudedad. El documento del Gobierno introduce la reflexión sobre la adaptación de esta prestación a los cambios sociales y laborales que se están produciendo en nuestro país actualmente.

    Señala la necesidad de abordar el debate sobre la conveniencia de reformar esta prestación para las generaciones más jóvenes, sin concretar ninguna propuesta.

    Para CCOO, cualquier adaptación de esta prestación a la nueva realidad social debe abordarse atendiendo a la situación económica del beneficiario y no sólo de su edad.

    Primero: cumplir los acuerdos pendientes

    La renovación del Pacto de Toledo debe hacerse mediante un gran acuerdo social y político del que son parte los interlocutores sociales. La Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados reanudó sus trabajos en 2008 con el objetivo de elaborar un documento de recomendaciones sobre las líneas estratégicas que deberían orientar su renovación. Este informe, que debería estar concluido en 2010, ha constituido hasta ahora una referencia previa para la negociación en la mesa de diálogo social entre Gobierno, sindicatos y patronal.
    CCOO insiste en que antes de iniciar el debate para la renovación del Pacto de Toledo, debe culminarse el cumplimiento del Acuerdo de Pensiones de 2006. Para ello, aún quedan pendientes: la convergencia en el Régimen General de los Regímenes Especiales Agrario por cuenta ajena y de Empleadas de Hogar, así como acordar el procedimiento para la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación para trabajos especialmente penosos, tóxicos y peligrosos.
    La eficacia del diálogo social se cuestiona cuando los acuerdos no se cumplen íntegramente.

    Documento en PDF: Gaceta Sindical CC OO – Edición Especial Febrero 2010

    Afíliate a COMFIA-CC.OO. en Caja Inmaculada

  • CCOO rechaza la ampliación de la edad de jubilación

    ‘El Gobierno se precipita con las medidas para reformar el sistema público de pensiones’. CCOO define la propuesta de retraso obligatorio de la edad legal de jubilación hasta 67 años como una medida innecesaria y desproporcionada; y recuerda que es prioritario culminar el cumplimiento de lo pactado en 2006, especialmente lo referido a la integración de regímenes especiales en el régimen general y concluir la separación de fuentes de financiación.

       
    CCOO ha hecho público un comunicado en el que afirma, tras conocer las
    medidas que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros para la
    revisión del Pacto de Toledo, “que el Gobierno se precipita al
    concentrar su intervención política en el recorte del gasto en
    pensiones y renunciar a políticas que posibiliten el aumento de los
    ingresos; el Gobierno, en lugar de precipitar el debate en materia de
    pensiones que debe abordarse en los próximos meses, debería dedicar sus
    esfuerzos a culminar la aplicación del Acuerdo de Pensiones alcanzado
    en 2006: integrar los regímenes especiales en el Régimen General de la
    Seguridad Social, acordar el procedimiento de acceso a coeficientes de
    reducción de edad de jubilación para trabajos de especial penosidad y
    concluir definitivamente la separación de fuentes de financiación”.
     

    Al mismo tiempo, precisa CCOO, la propuesta del Gobierno de retrasar la
    edad legal de jubilación, favorece de manera injustificada la
    incertidumbre generada por las informaciones y opiniones que
    recientemente se han difundido en los medios de comunicación, en buena
    parte incentivadas por la actuación del Ejecutivo, y que arrojan
    sombras de duda sobre la salud del sistema público de pensiones. Estas
    valoraciones, no se corresponden con la realidad. “El sistema está
    sano, funciona y deben evitarse discursos catastrofistas tendentes a
    justificar planes y reformas que encajan mal en el modelo público de
    protección social hasta ahora defendido por el Gobierno”, señala el
    sindicato.

    En opinión de CCOO, las declaraciones estos últimos días de algunos
    ministros vinculando las medidas que hoy ha aprobado el Ejecutivo al
    imprescindible “Plan de Austeridad” para recortar 50.000 millones de
    euros, se podrían entender en el marco de las recurrentes campañas de
    imagen que ocasionalmente ponen en marcha los poderes públicos, “pero
    ni las compartimos ni responden a demandas reales del sistema público”,
    apunta CCOO.

    No hace falta reiterar que CCOO se preocupa como la que más por la
    viabilidad futura del sistema público de pensiones –nadie como los
    trabajadores necesitan estos sistemas- y recuerda que es la única
    organización que ha suscrito todos los acuerdos en materia de pensiones
    de los últimos años, acuerdos con los que se ha comprometido explícita
    y activamente. “Sin embargo, advierte CCOO proponer medidas tendentes a
    ampliar la vida laboral (hasta los 67 años) responden a un criterio de
    reducción del gasto, innecesario y desproporcionado, que tendrá
    asegurado el rechazo sindical porque, a nuestro juicio, se deben y es
    perfectamente posible, en primer lugar, activar fórmulas para
    incrementar los ingresos y, en segundo lugar, se puede seguir
    aproximando la edad media real de jubilación a los 65 años,
    profundizando en las medidas de incentivo y promoción existentes”.

    Por último, CCOO destaca la contradicción de un discurso como el que
    difunde el Gobierno, aparentemente centrado en la reducción del gasto,
    mientras no hace mucho tiempo mostraba su disposición a reducir las
    cotizaciones y asestar un duro golpe al equilibrio financiero del
    sistema público de Seguridad Social.

    CCOO

    Gaceta Sindical – Edición especial febrero-2010

  • El Gobierno se precipita con las medidas para reformar el sistema público de pensiones’

    CCOO define la propuesta de retraso obligatorio de la edad legal de jubilación hasta 67 años como una medida innecesaria y desproporcionada.

    CCOO recuerda que es prioritario culminar el cumplimiento de lo pactado en 2006, especialmente lo referido a la integración de regímenes especiales en el régimen general y concluir la separación de fuentes de financiación.

    CCOO ha hecho público un comunicado en el que afirma, tras conocer las medidas que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros para la revisión del Pacto de Toledo, “que el Gobierno se precipita al concentrar su intervención política en el recorte del gasto en pensiones y renunciar a políticas que posibiliten el aumento de los ingresos; el Gobierno, en lugar de precipitar el debate en materia de pensiones que debe abordarse en los próximos meses, debería dedicar sus esfuerzos a culminar la aplicación del Acuerdo de Pensiones alcanzado en 2006: integrar los regímenes especiales en el Régimen General de la Seguridad Social, acordar el procedimiento de acceso a coeficientes de reducción de edad de jubilación para trabajos de especial penosidad y concluir definitivamente la separación de fuentes de financiación”.

    Al mismo tiempo, precisa CCOO, la propuesta del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación, favorece de manera injustificada la incertidumbre generada por las informaciones y opiniones que recientemente se han difundido en los medios de comunicación, en buena parte incentivadas por la actuación del Ejecutivo, y que arrojan sombras de duda sobre la salud del sistema público de pensiones. Estas valoraciones, no se corresponden con la realidad. “El sistema está sano, funciona y deben evitarse discursos catastrofistas tendentes a justificar planes y reformas que encajan mal en el modelo público de protección social hasta ahora defendido por el Gobierno”, señala el sindicato.

    En opinión de CCOO, las declaraciones estos últimos días de algunos ministros vinculando las medidas que hoy ha aprobado el Ejecutivo al imprescindible “Plan de Austeridad” para recortar 50.000 millones de euros, se podrían entender en el marco de las recurrentes campañas de imagen que ocasionalmente ponen en marcha los poderes públicos, “pero ni las compartimos ni responden a demandas reales del sistema público”, apunta CCOO.

    No hace falta reiterar que CCOO se preocupa como la que más por la viabilidad futura del sistema público de pensiones –nadie como los trabajadores necesitan estos sistemas- y recuerda que es la única organización que ha suscrito todos los acuerdos en materia de pensiones de los últimos años, acuerdos con los que se ha comprometido explícita y activamente. “Sin embargo, advierte CCOO proponer medidas tendentes a ampliar la vida laboral (hasta los 67 años) responden a un criterio de reducción del gasto, innecesario y desproporcionado, que tendrá asegurado el rechazo sindical porque, a nuestro juicio, se deben y es perfectamente posible, en primer lugar, activar fórmulas para incrementar los ingresos y, en segundo lugar, se puede seguir aproximando la edad media real de jubilación a los 65 años, profundizando en las medidas de incentivo y promoción existentes”.

    Por último, CCOO destaca la contradicción de un discurso como el que difunde el Gobierno, aparentemente centrado en la reducción del gasto, mientras no hace mucho tiempo mostraba su disposición a reducir las cotizaciones y asestar un duro golpe al equilibrio financiero del sistema público de Seguridad Social.

    CCOO

  • Hacienda admite abusos al contratar servicios en la Administración.

    La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) reconoce que se está abusando de la fórmula de contratos de servicio en la Administración para sufragar la escasez de personal laboral o funcionarios.

    El último informe financiero que acaba de elaborar la IGAE, dependiente del Ministerio de Hacienda, correspondiente al año 2008, pone en evidencia una multitud de irregularidades en el control del gasto y la gestión del personal en la Administración estatal. La Intervención recalca cómo «ante la falta de recursos humanos suficientes, los órganos gestores están recurriendo a figuras como el contrato, la encomienda o el encargo, desvirtuando la naturaleza con la que nace la contratación administrativa». Los ejemplos que pone son múltiples.

    En el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se está utilizando la contratación de servicios «para externalizar tareas que debe realizar con sujeción al derecho administrativo y actividades y que cubren necesidad de carácter permanente». En especial recalca cómo tanto en el Ministerio como en el organismo Parques Nacionales buena parte de los encargos realizados son a empresas del grupo Tragsa, para saltarse la normativa de la función pública. En el caso delMinisterio de Asuntos Exteriores, la IGAE recalca cómo para completar la estructura de muchas unidades se ha utilizado personal obtenido mediante contratos de servicios, «abusando del fraccionamiento del gasto y del contrato menor».

    En elMinisterio de Educación y en el de Industria ocurre algo parecido. Se externalizan labores propias de estos departamentos, como la gestión de ayudas, «con lo que se corre el riesgo de romper la homogeneidad de criterios» entre el personal interno y el externo. Hacienda subraya que la creciente tendencia a acudir a la contratación de servicios «bajo condiciones más propias de una relación laboral» está provocando sentencias judiciales en las que se reconoce fraude de ley y cesiones ilegales de trabajadores, obligando a los departamentos a admitir como personal laboral indefinido a las personas que trabajan de forma irregular con contratos de servicios o encargos. Si crítica es la IGAE con el uso de contratos de servicio más lo es con las encomiendas.

    Pone como ejemplo Red.es, entidad empresarial del Ministerio de Industria, que a través de ellas o los convenios negocia proyectos con otras entidades. En la tramitación de estas encomiendas se producen problemas como retrasos en la ejecución, que «llevan a presumir que sería mucho más eficiente si la negociación se hiciera directamente por el ministerio». Además, la IGAE concreta que Red.es dispone de los fondos de las encomiendas durante largos periodos de tiempo (a veces dos años) sin darles aplicación y obtener retribución financiera.

    El informe de la IGAE se produce justo cuando el Gobierno está estudiando una reordenación del gasto público con el fin de aplicar criterios de austeridad, ante la crisis. De hecho, el Ejecutivo tiene previsto aprobar este plan de austeridad el próximo viernes. Mientras el Gobierno elabora el plan son muchos los críticos que alertan del crecimiento de personal público, sobre todo en las autonomías. Mientras en la Administración central, el personal se ha reducido hasta los 583.000 efectivos, en las comunidades autónomas ha aumentado mucho más que proporcionalmente, hasta 1,4 millones

    Escaso control en las subvenciones y pagos fraccionados

    La IGAE denuncia también el envío insuficiente de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, creada para el control de las mismas. Ello provoca que «no se pueda analizar la concurrencia de ayudas indebidas».

    El envío de información insuficiente es generalizada y afecta, sobre todo, a los ministerios de Cultura, Industria, Trabajo, Vivienda, y a organismos como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de la Cinematografía, entre otros. También alerta de que se está vulnerando el principio de limitación de la concurrencia en la contratación.

    Así , con el fin de beneficiarse de tramitaciones simplificadas (propias de contratos menores) se producen fraccionamientos de gastos, incumpliendo la ley. Esta situación «se pone de manifiesto en el 40% de los informes de control de los ministerios y en el 20% en los demás organismos».

    También detecta vulneraciones en el procedimiento negociado en el que se necesita la concurrencia de, al menos, tres empresarios. Es el caso del Ministerio de Justicia: aunque solicita las tres ofertas «éstas no explican las ventajas competitivas en los precios ofertados».

    Ocurre lo mismo en el organismo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que negocia con las empresas pero suelen ser las mismas y, salvo la adjudicataria, el resto no presenta oferta.

     

    OTRAS IRREGULARIDADES DETECTADAS

    MUTUAS

    Sobrevaloraciones

    Se encuentran salvedades en 19 de las 24 mutuas de accidentes de trabajo auditadas. En ellas hay una tendencia a la sobrevaloración de la provisión para contingencias en tramitación, que llega al 30% de las mutuas. Hay 18 millones de gastos no cubiertos presupuestariamente en el último ejercicio analizado.

    INEM

    Imputaciones erróneas

    El Servicio Público de Empleo Estatal incumple el principio del devengo en las prestaciones por paro. Imputa al ejercicio los gastos devengados en el periodo diciembre-noviembre en lugar de hacerlo de enero a diciembre, provocando diferencias de hasta 200 millones. Y no reconoce pagos indebidos en vía ejecutiva.

    UNED

    Colaboraciones opacas

    La Universidad Nacional de Educación a Distancia «no contabiliza y controla» los ingresos y gastos derivados de las actuaciones formativas de posgrado con titulaciones propias de la universidad, gestionadas por entidades colaboradoras. Estas entidades ingresan en la UNED un 22% de la recaudación por matrículas.

    ICEX

    Ineficiencia contable

    En el caso del Instituto de Comercio Exterior, la IGAE le imputa una «falta de calidad» en la información contable, achacable al «poco control interno». Ello se extiende incluso a la elaboración de las cuentas anuales. Hacienda le recomienda que mejore la gestión contable y presupuestaria.

    PUERTOS Y AENA

    Descontrol en salarios

    Hacienda detecta que AENA incumple de «manera sistemática» la norma de límites retributivos. La retribución media de un controlador es de 304.874 euros, «excediendo en 210.316 euros» a la que resultaría de actualizar la retribución de 1999 con el IPC . Algo similar ocurre con puertos y sociedades hidráulicas.

    Bernardo Díaz – Madrid – 25/01/2010

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