Para COMFIA-CCOO los trabajadores y trabajadoras de las mutuas tienen que soportar los perjuicios de ser considerados del sector privado, por sus empresas y del sector público, por la administración.
11-01-2010 – La Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, publicada en el BOE el pasado 24 de Diciembre, en su Disposición Adicional Séptima, establece que las retribuciones de los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales estarán sometidas a las mismas limitaciones que las del personal laboral del sector público estatal, es decir, que su masa salarial no podrá experimentar un crecimiento superior al 0,3%
Sin embargo, el Convenio Colectivo Sectorial para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes, suscrito entre las organizaciones sindicales y patronales para el periodo 2008-2011, definió para estos trabajadores y trabajadoras un incremento salarial inicial para 2010, equivalente al IPC previsto que, de acuerdo con esta misma Ley de Presupuestos, se sitúa en el 1%.
Este contrasentido ha sido denunciado públicamente por COMFIA-CCOO en repetidas ocasiones, sin que hasta el momento, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, órgano que tiene encomendado la tutela de las Mutuas, haya garantizado la aplicación de las condiciones salariales derivadas del Convenio Sectorial, como le ha sido requerido por este sindicato, tanto verbal como formalmente.
Es decir, estos trabajadores pueden ser despedidos por sus empresas, incluidos en un ERE, sancionados o trasladados de una punta a otra del país, pero no pueden negociar libremente sus condiciones retributivas. Por otro lado, la administración les impone un tope a sus incrementos salariales para 2010, pero no les permite beneficiarse de la garantía de estabilidad en el empleo o de la recuperación del poder adquisitivo perdido, tal y como Sí harán los funcionarios a través del acuerdo suscrito por el Gobierno con las Organizaciones Sindicales.
Para COMFIA-CCOO este ataque contra el derecho a la negociación colectiva no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una campaña de agresión permanente a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas, que el Director General de Ordenación inició hace poco más de un año.
La prohibición para crear nuevos puestos de trabajo, establecida en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de fecha 16 de Abril de 2009, la drástica reducción del presupuesto para realizar prevención pública de riesgos laborales, dictada en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de fecha 30 de Junio de 2009, así como la obligación de amortizar los puestos de trabajo con funciones comerciales, decretada en un oficio de la Dirección General de Ordenación, de fecha 2 de Junio de 2009, son algunos ejemplos de acciones emprendidas por la administración que, sumada a la actual, repercuten negativamente en un colectivo cercano a los 28.000 trabajadores y trabajadoras en las Mutuas.
Mientras Seguridad Social se centra en adoptar todas estas medidas lesivas, sin consenso ni consulta previa a las organizaciones sindicales, parece no prestar la más mínima atención al goteo continuo de despidos que se vienen produciendo en las Mutuas desde comienzos del pasado año, ni a la insostenible situación que viven los trabajadores y trabajadoras de algunas Sociedades de Prevención dependientes de las Mutuas, cuya responsabilidad también alcanza, en mayor o menor medida, a la administración.
COMFIA-CCOO ha solicitado a su gabinete jurídico un informe para valorar la adopción de medidas legales y considera urgente acometer una reforma mediante una norma, con el rango y el consenso suficiente, para definir de una manera clara y estable la naturaleza, funciones y límites en la gestión de las Mutuas, garantizando a la vez la seguridad jurídica suficiente para gestionar adecuadamente las prestaciones que tienen encomendadas.
COMFIA-CCOO Agrupación de Seguros
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