UITA.org.- «En España estamos casi como en la época del franquismo: no se respetan las libertades sindicales, se persigue a los trabajadores y se defiende a los empresarios», dijo a La Rel Gonzalo Fuentes, dirigente de Comisiones Obreras Servicios (CCOO-Servicios) en Andalucía que puede ser condenado a más de tres años de cárcel sólo por haber participado en un piquete de huelga.
El 10 de septiembre
Fuentes, secretario adjunto de la Secretaría General de la Federación de Andalucía y secretario de Política Institucional de la Federación Estatal de Servicios de
Comisiones Obreras, y la compañera
Lola Villalba, secretaria general del
Sindicato Provincial de Servicios, deberán comparecer ante un tribunal de Málaga.
Se los acusa de haber participado en un piquete durante la huelga general convocada por su central en noviembre de 2012.
«No estábamos solamente nosotros en el piquete, por supuesto. Eran cientos los compañeros, pero nosotros somos como un símbolo, se nos eligió para dar un escarmiento al movimiento sindical en su conjunto», dijo Gonzalo a La Rel.
«Estamos en un momento muy terrible para el sindicalismo español. El gobierno ha lanzado una ofensiva para criminalizar a los trabajadores que participan en protestas y a todos quienes los apoyan. Es una ofensiva que se da en varios planos, y uno de ellos es el legal», afirmó.
Recordó en ese sentido la reciente aprobación de la llamada «ley mordaza», que impide de hecho la protesta social infligiendo multas sumamente onerosas y hasta penas de prisión simplemente por participar en manifestaciones o incitar pacíficamente a la desobediencia civil.
Y también una reforma del Código Penal que considera apología del terrorismo actos no reconocidos como tales por las legislaciones de la mayoría de los países democráticos.
Fuentes y Villalba serán juzgados en aplicación de un artículo de ese Código Penal que ha sido desviado de su carácter original de protección de los trabajadores.
La fiscal de la causa los responsabiliza de un delito de «atentado al derecho de los trabajadores» por haber recorrido las calles de Málaga, el 14 de noviembre de 2012, llamando a participar en una huelga general? en defensa de los derechos de los trabajadores.
La criminalización de la protesta
Casi 300 trabajadores ante la justicia
«Es un absurdo, una paradoja, pero así están las cosas hoy en
España. Los empresarios y quienes los defienden no se detienen ante nada.
Basta ver cómo se nos trata a nosotros, que no hicimos otra cosa que cumplir con nuestro deber de sindicalistas, y cómo se trata a empresarios, hombres de negocios, grandes capitalistas, que han robado, evadido millones y millones de euros en impuestos, y violado todas las leyes», señaló Fuentes.
«Todos ellos están libres, gozan de total impunidad, pero a nosotros nos quieren mandar a la cárcel por más de tres años».
Hay en España actualmente casi 300 trabajadores traducidos ante la justicia. «A algunos se los ha ya condenado, otros están en proceso.
A todos se los acusa de delitos similares a los que se nos imputa a nosotros. Quieren criminalizar el derecho de huelga, nos están atacando para que no protestemos», insistió el dirigente de CCOO.
La huelga de 2012, como muchas otras que siguieron después, buscaba frenar la aplicación de una reforma laboral decidida por el gobierno de Mariano Rajoy ese mismo año.
«El gobierno dijo que sus objetivos eran crear empleo y proteger a los trabajadores. Nosotros dijimos que no, que tal como estaba redactada, favorecía el empleo precario, promovía rebajas salariales, favorecía únicamente a los empresarios y perjudicaba las negociaciones colectivas», destaca Gonzalo.
«Lo que sucedió posteriormente prueba que las centrales sindicales teníamos razón», concluye.
Fuentes dice que espera el juicio de la semana próxima «confiado». «Creo en la justicia y en el estado de derecho», asegura, pero afirma también que aunque él y Lola Villalba sean condenados no se doblegará.
«Seguiremos luchando como el primer día».
