Para COMFIA-CCOO los trabajadores y trabajadoras de las mutuas tienen que soportar los perjuicios de ser considerados del sector privado, por sus empresas y del sector público, por la administración.
La
Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010,
publicada en el BOE el pasado 24 de Diciembre, en su Disposición
Adicional Séptima, establece que las retribuciones de los
trabajadores y trabajadoras de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales estarán sometidas a las mismas
limitaciones que las del personal laboral del sector público
estatal, es decir, que su masa salarial no podrá experimentar un
crecimiento superior al 0,3%
Sin
embargo, el Convenio Colectivo Sectorial para las Entidades de
Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes, suscrito entre las
organizaciones sindicales y patronales para el periodo 2008-2011,
definió para estos trabajadores y trabajadoras un incremento
salarial inicial para 2010, equivalente al IPC previsto que, de
acuerdo con esta misma Ley de Presupuestos, se sitúa en el 1%.
Este
contrasentido ha sido denunciado públicamente por COMFIA-CCOO en
repetidas ocasiones, sin que hasta el momento, la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social, órgano que tiene encomendado
la tutela de las Mutuas, haya garantizado la aplicación de las
condiciones salariales derivadas del Convenio Sectorial, como le ha
sido requerido por este sindicato, tanto verbal como formalmente.
Es
decir, estos trabajadores pueden ser despedidos por sus empresas,
incluidos en un ERE, sancionados o trasladados de una punta a otra
del país, pero no pueden negociar libremente sus condiciones
retributivas. Por otro lado, la administración les impone un tope a
sus incrementos salariales para 2010, pero no les permite
beneficiarse de la garantía de estabilidad en el empleo o de la
recuperación del poder adquisitivo perdido, tal y como Sí harán
los funcionarios a través del acuerdo suscrito por el Gobierno con
las Organizaciones Sindicales.
Para
COMFIA-CCOO este ataque contra el derecho a la negociación colectiva
no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una campaña de
agresión permanente a los derechos de los trabajadores y
trabajadoras de las Mutuas, que el Director General de Ordenación
inició hace poco más de un año.
La
prohibición para crear nuevos puestos de trabajo, establecida
en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social
de fecha 16 de Abril de 2009,
la drástica reducción del presupuesto para realizar prevención
pública de riesgos laborales, dictada
en la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
de fecha 30 de Junio de 2009,
así como la obligación de amortizar los puestos de trabajo con
funciones comerciales, decretada
en un oficio de la Dirección General de Ordenación, de fecha 2 de
Junio de 2009,son algunos ejemplos de acciones empren-didas por la administración
que, sumada a la actual, repercuten negativamente en un colectivo
cercano a los 28.000 trabajadores y trabajadoras en las Mutuas.
Mientras
Seguridad Social se centra en adoptar todas estas medidas lesivas,
sin consenso ni consulta previa a las organizaciones sindicales,
parece no prestar la más mínima atención al goteo continuo de
despidos que se vienen produciendo en las Mutuas desde comienzos del
pasado año, ni a la insostenible situación que viven los
trabajadores y trabajadoras de algunas Sociedades de Prevención
dependientes de las Mutuas, cuya responsabilidad también alcanza, en
mayor o menor medida, a la administración.
COMFIA-CCOO
ha solicitado a su gabinete jurídico un informe para valorar la
adopción de medidas legales y considera urgente acometer una reforma
mediante una norma, con el rango y el consenso suficiente, para
definir de una manera clara y estable la naturaleza, funciones y
límites en la gestión de las Mutuas, garantizando a la vez la
seguridad jurídica suficiente para gestionar adecuadamente las
prestaciones que tienen encomendadas.
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