La Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, de fecha 30 de Junio de 2009, ha recortado en un 50% el presupuesto de la Seguridad Social que las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales pueden utilizar para la lucha contra la siniestralidad laboral.
Esta Resolución, argumenta este recorte en el hecho de que desde el ejercicio presupuestario de 1.979, la Seguridad Social no debe financiar los gastos imputables a la gestión de aquellas actividades que fueron transferidas a la Administración del Estado, entre las que se encuentra el Servicio Social de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Como contrasentido, tanto la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, realizan acciones preventivas de la Seguridad Social financiados por el Fondo de Prevención y Rehabilitación, resultante del excedente de las Mutuas, y por tanto, parte del presupuesto de Seguridad Social.
Utiliza también el hecho de que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, habilitó a las mutuas de accidentes a actuar como servicio de prevención para sus empresas asociadas, si bien, la exposición de motivos de dicha ley define esta actuación como una posibilidad eventual.
Sin embargo, conviene recordar que esta eventualidad ha durado más de diez años, hasta que el RD 688/2005, segregó de las Mutuas la actividad como servicios de prevención, y la Orden TAS 3623/2006 definió las actividades preventivas que debían ser realizadas por estas Entidades, y por tanto, permanecer en el ámbito de la Seguridad Social, entre las que se encuentran, la información y sensibilización, el estudio y análisis de la situación y de las causas de la siniestralidad, el desarrollo de programas de evaluación y puesta al día de listados de enfermedades profesionales o la colaboración con la administración en el mantenimiento del sistema de información, notificación y registro de tales enfermedades.
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social permitieron una rápida implantación de la Ley de Prevención en nuestro país, ya que en un primer momento eran las únicas Entidades que, desde la promulgación de la Ley, contaban con la experiencia y preparación suficiente para poder hacer prevención.
Otra de las causas esgrimidas en la exposición de motivos de esta Resolución, es que las Entidades Gestoras del sistema de Seguridad Social no realizan actividades preventivas para su población protegida, por lo que permitir que la situación actual continuase representaría que estos trabajadores tuvieran un peor trato en contingencias profesionales que los trabajadores protegidos por las Mutuas.
Resulta paradójico que, en lugar de extender las actividades preventivas realizadas por las Mutuas, con cargo a la Seguridad Social, a todos los trabajadores del sistema, escudándose en la igualdad de trato se pretenda entorpecer la realización de actividades, financiadas con fondos públicos, que eviten o minoren la lacra social que representan los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.
Comfia-CCOO considera que esta resolución es otra muestra evidente de la voluntad de la Secretaría de Estado de Seguridad Social de traspasar la mayor parte de la actividad preventiva al sector privado, convirtiendo lo que debería ser una prioridad social en un negocio con ánimo de lucro.
Medidas como esta, contribuyen notablemente a crispar el ánimo de los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas, que han visto como se limitaba por Ley el incremento de sus salarios, cuando no forman parte del personal al servicio de la administración, se dificulta su acceso al empleo al prohibir a esta entidades la celebración de nuevos contratos laborales, se aprueba una partida presupuestaria específica para contabilizar las indemnizaciones por despido, se siembra la incertidumbre sobre el mantenimiento de puestos de trabajo, al insistir en la necesidad de amortizar los puestos con funciones comerciales, y ahora, se siembran nuevas dudas al recortar el presupuesto para 2009, por el que se financia la actividad de otro colectivo de trabajadores, siete meses después de comenzar el año.
Comfia-CCOO considera que estas medidas instauradas a golpe de decretazo, dando la espalda a cualquier proceso de diálogo y consenso, deben cesar inmediatamente, y comenzar de una vez con la definición del modelo mutual que necesita este país, planificando y negociando con los agentes sociales tanto los plazos como las etapas para conseguirlo.
Madrid, 6 de Julio de 2009
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