El Ministerio de Trabajo no rectifica y modifica el proyecto de Real Decreto, que pretende segregar los servicios de prevención ajenos de las mutuas, solo para dar cumplimiento formal a las recomendaciones del Consejo de Estado
En
nuestro anterior comunicado, de fecha 21 de Marzo, dábamos cumplida información
sobre las recomendaciones realizadas por el Consejo de Estado, al proyecto de
Real Decreto que pretende segregar de las Mutuas las actividades que estas
realizan como servicios de prevención ajeno y que se concretaban en:
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1.
Una norma reglamentaria no puede, por sí sola, articular un supuesto de
constitución obligatoria de una sociedad mercantil de prevención.
2.
El silencio administrativo negativo previsto en el apartado segundo de la
disposión tansitoria segunda (relativo a la autorización administrativa para la
continuidad de la actividad) choca con lo dispuesto en el art. 43 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
3.
Remite a las sociedadesde prevención a la legislación mercantil y, al
mismo tiempo, les impone una serie de obligaciones y limitaciones contrarias al
régimen legal mercantil.
Desde el
comienzo del periodo de consultas, Comfia-CCOO ha apostado por la creación de
Entidades Especializadas Sin Animo de Lucro, dotadas de un Estatuto Específico
mediante la reforma legal que, debidamente analizada, fuese precisa.
Sin
embargo, el Ministerio de Trabajo se ha limitado a modificar, sobre el texto
anterior, aquellos aspectos que contravenían lo expresado por el Consejo de
Estado de forma que:
Modifica
el art. 13 del Reglamento General de Colaboración de las MATEPSS (RD 1993/1995,
de 7 de diciembre), dando la posibilidad de optar por realizar las funciones de
Servicio de Prevención Ajeno a través de una de las siguientes modalidades:
a)
Por medio de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada
denominada Sociedad de Prevención, cuyo proceso de constitución, transmisión de
la actividad y funcionamiento no difiere del previsto en el texto del proyecto
anterior.
b)
Directamente por la Mutua, a través de una organización específica e
independiente de la correspondiente a las funciones y actividades de
colaboración en la gestión de la Seguridad Social.
No
obstante, la posibilidad de optar por alguna de estas modalidades, es más
teórica que real:
Si se
opta por la opción a) se permite la utilización de bienes muebles e inmuebles
adscritos a la colaboración en la gestión de la seguridad social, con la
consiguiente compensación de costes a precios de mercado, durante un periodo
transitorio que puede llegar, en casos excepcionales, hasta un máximo de 8 años.
Recordemos que este fue el principal escollo esgrimido por AMAT durante el
periodo de consultas.
Por
contra, si la opción elegida es la b) será igualmente preceptivo la
autorización de la Dirección General de Ordenación a través de la tramitación de
un expediente administrativo y desaparece la posibilidad de utilizar los medios
materiales e inmateriales adscritos a la colaboración en la gestión de la
seguridad social, en el plazo máximo de un año desde la obtención de la
autorización.
Del mismo
modo, y hasta la aprobación del proceso de segregación, la mutua no podrá
suscribir nuevos conciertos, ni solicitar nuevas acreditaciones como SPA,
tampoco podrá realizar operaciones patrimoniales, ni arrendamiento de inmuebles,
ni crear, modificar o suprimir centros o instalaciones, o contratar personal, en
relación con las actividades preventivas, tanto de las comprendidas en la
cobertura de contingencias profesionales, como de las correspondientes a los
servicios de prevención.
Elimina
el silecio administrativo negativo, en los casos en que se agote el periodo
máximo para comunicar a la mutua la autorización para realizar la segregación,
que estaba previsto en la disposición transitoria segunda por lo que el sentido
pasa a ser positivo en aplicación con lo dispuesto en el art. 43 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Por
último, en los supuestos de cese de la actividad, se permite, sin ninguna
limitación, el traspaso de la cartera a una tercera sociedad lo que supone un
riesgo evidente que esperamos sea solventado en el texto que se apruebe
definitivamente.
Con este
panorama, poco varían las cosas con respecto al anterior proyecto, no constituir
una Sociedad de Prevención supone emprender un camino lleno de obstáculos
dificilmente salvables.
Madrid, 7
de Abril de 2.005