Categoría: Sector Financiero

• EL BANCO DE ESPAÑA SANCIONA A ILDEFONSO ORTEGA, EXDIRECTOR DE CAJA CASTILLA LA MANCHA, CON UNA MULTA DE 115.000 EUROS Y CINCO AÑOS DE INHABILITACIÓN
• COLAU (PAH) ALERTA DEL PELIGRO DE QUE SAREB E INCASÒL VENDAN PAQUETES DE PISOS A INVERSORES
• EL GOBIERNO GASTARÁ HASTA DOS MILLONES Y MEDIO EN UNA CAMPAÑA PARA DEFENDER LA EFECTIVIDAD DE SU REFORMA LABORAL
• UGT-A DENUNCIA EL BORRADO DE MÁS DE 1.700 ARCHIVOS DE UN ORDENADOR INTERNO
• EL GOBIERNO INDULTA AL PRESIDENTE DE LA UD LAS PALMAS PARA QUE PUEDA EVITAR IR A LA CÁRCEL
• HACIENDA CREE QUE CAJA BADAJOZ SE «MALFUSIONÓ» Y QUE LA «INSISTENCIA» DEL GOBIERNO REGIONAL AUMENTÓ SU PESO EN CAJA3
• FAES SE LLEVA MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
• LA TROIKA SE REÚNE CON 13 ENTIDADES
• EL GOBIERNO SACA 5.000 MILLONES DE EUROS DEL FONDO DE RESERVA PARA PAGAR LAS PENSIONES ESTE MES

EL BANCO DE ESPAÑA SANCIONA A ILDEFONSO ORTEGA, EXDIRECTOR DE CAJA CASTILLA LA MANCHA, CON UNA MULTA DE 115.000 EUROS Y CINCO AÑOS DE INHABILITACIÓN 

• La Audiencia Nacional rechazó en julio el recurso del exdirectivo

• Está acusado de infracciones “muy graves” que llevaron al rescate

COLAU (PAH) ALERTA DEL PELIGRO DE QUE SAREB E INCASÒL VENDAN PAQUETES DE PISOS A INVERSORES 

En declaraciones a la prensa tras participar en la comisión de investigación del Parlament sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de las entidades financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores, ha lamentado que se ofrezcan estos inmuebles a inversores como Goldman Sachs y Blackstone con rebajas de precio e incentivos fiscales, algo que «no se ha aplicado a las familias de esos inmuebles».

EL GOBIERNO GASTARÁ HASTA DOS MILLONES Y MEDIO EN UNA CAMPAÑA PARA DEFENDER LA EFECTIVIDAD DE SU REFORMA LABORAL 

• El grueso, 2,22 millones, está destinado a la compra de espacios en medios

• La campaña está enfocada en la comunicación de las medidas económicas

• El objetivo principal, afirma el SEPE, es fomentar el empleo entre los jóvenes

• Además, pretende “sensibilizar” a los ciudadanos sobre el desempleo

UGT-A DENUNCIA EL BORRADO DE MÁS DE 1.700 ARCHIVOS DE UN ORDENADOR INTERNO 

Ferrer ha admitido su temor a que la opinión pública interprete esto como una excusa para tapar las presuntas irregularidades, pero ha afirmado que es la realidad y que el sindicato denunciará el caso en los tribunales cuando reúna las pruebas suficientes.

EL GOBIERNO INDULTA AL PRESIDENTE DE LA UD LAS PALMAS PARA QUE PUEDA EVITAR IR A LA CÁRCEL

• Cambia la pena de tres años y un día por otra de dos años de prisión

• Realizó obras ilegales en un espacio protegido de Las Palmas

HACIENDA CREE QUE CAJA BADAJOZ SE «MALFUSIONÓ» Y QUE LA «INSISTENCIA» DEL GOBIERNO REGIONAL AUMENTÓ SU PESO EN CAJA3 

Antonio Fernández ha defendido que la «insistencia» del Gobierno extremeño, por su presidente, José Antonio Monago, y de él mismo, ha permitido a Caja de Badajoz aumentar su representación en Caja3 del 24% inicial al actual 32%, en el marco de un proceso en el que considera que la entidad extremeña se «malfusionó».

FAES SE LLEVA MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

El reparto, al detalle, en este gráfico 

LA TROIKA SE REÚNE CON 13 ENTIDADES

LA TROIKA(Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) mantendrá encuentros con representantes de trece entidades. los primeros en reunirse ayer con la troika han sido los representantes de NCG, Liberbank y BBVA. Hoy están convocados los representantes de Ibercaja/Caja3, Bankia, Santander y CaixaBank.

EL GOBIERNO SACA 5.000 MILLONES DE EUROS DEL FONDO DE RESERVA PARA PAGAR LAS PENSIONES ESTE MES 

Con estas disposiciones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzará a 20 de diciembre el importe de 53.743,98 millones de euros. El total de las disposiciones del Fondo de Reserva realizadas en los años 2012 y 2013 hasta el 20 de diciembre alcanzan los 18.651 millones de euros.

La CEOE no quiere negociar porque espera ganar el tema en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El comentario exacto del dirigente empresarial es muy significativo . . .

En un artículo publicado en nuevatribuna.es, el catedrático de la Universidad de Sevilla y Presidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS), Jesús Cruz Villalón, ha alertado sobre la situación en la que se encuentra la negociación colectiva, transcurrido más de un año de la última reforma legal del Partido Popular. Para el autor, hay tres factores muy preocupantes. En primer lugar, la alarmante devaluación salarial que se ha operado en los convenios, que han reducido de forma espectacular los salarios en ocasiones incluso en términos absolutos. A continuación, la drástica reducción que ha experimentado la tasa de cobertura de la negociación colectiva. Son muy pocos los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva, frente a la característica de nuestro sistema negocial de ofrecer una alta cobertura entre el 70 y el 75% de la población asalariada. Esto significa que una gran parte de los trabajadores no ven reguladas sus condiciones de trabajo por convenio, y esta exclusión no depende de los mecanismos legales de inaplicación del mismo (descuelgue salarial y modificación de otras condiciones laborales) sino de la pura y simple exclusión del mecanismo de negociación. Por último, la baja apreciación social que sindicatos y asociaciones empresariales tienen según las encuestas de opinión entre la ciudadanía. Estos tres factores ponen en peligro las prácticas de negociación que se han ido construyendo y estabilizando en nuestro país desde los años 80 del siglo pasado y pueden lesionar gravemente la médula del sistema de contratación colectiva en el futuro.

El gobierno de las relaciones laborales debe regirse por un principio de diálogo social, pero éste está siendo rechazado por el asociacionismo empresarial. La CEOE-CEPYME ha firmado en dos ocasiones durante la crisis acuerdos de importancia con el sindicalismo confederal que han sido posteriormente ignorados -y negados en sus líneas fundamentales- por la acción legislativa del gobierno. La asociación patronal no ha defendido el contenido de lo que había pactado con los sindicatos, al contrario, se ha desembarazado de ellos considerándolos apenas firmados como papel mojado y ha abrazado con entusiasmo la vía de la reforma legal que devastaba el espacio de los derechos laborales individuales y colectivos. A su vez se ha negado a avanzar en la negociación colectiva, para forzar una devaluación generalizada de salarios y de condiciones de trabajo como condición de la realización del acuerdo. Ha preferido establecer a partir de la ley una posición de ventaja que haga retroceder las posiciones sindicales a momentos pre-democráticos y a utilizar en las relaciones laborales concretas la presión que le da un poder unilateral casi ilimitado por la situación de paro masivo. En su auxilio también cuenta la inacción provocada de la Inspección de Trabajo en la denuncia y sanción de situaciones en las que se expresa un modo asiático de gobierno de la prestación laboral.

Un momento especialmente crítico es el que ha marcado el plazo final de ultra-actividad de los convenios colectivos por mandato legal. Antes del verano UGT y CCOO y la CEOE-CEPYME decidieron negociar un Acuerdo Interprofesional en el que prorrogaran el contenido de los convenios colectivos ya extinguidos en un nuevo plazo hasta lograr la conclusión de los que, en número muy alto, estaban pendientes. Sin embargo el acuerdo no se está emprendiendo porque la CEOE pretende obtener un fallo judicial que reconozca la pérdida de vigencia total de los contenidos de los convenios colectivos denunciados sin que se haya llegado a un acuerdo, incluso aunque el convenio colectivo en cuestión haya estipulado la prórroga del mismo hasta que se alcance un acuerdo que lo sustituya. Esta ultra-actividad fijada en el convenio ha sido avalada por una amplia jurisprudencia a partir de una decisiva sentencia de la Audiencia Nacional. Pese a ello, la CEOE no quiere negociar. Y no quiere negociar porque, como en conversación privada afirmó un importante director técnico de aquella organización, esperan ganar el tema en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de forma que sea este Tribunal el que “ponga a cero el contador” de los derechos. El comentario exacto del dirigente empresarial es muy significativo: “Tenemos comprometidos los votos de los magistrados, ganamos por uno. La reforma laboral la validará el Constitucional, el fin de la ultra-actividad, el Supremo. ¿Para qué necesitamos negociar?” (Fin de la cita).

Al margen de las interpretaciones que puede sugerir el hecho que un alto dirigente empresarial hable de “votos comprometidos” de magistrados del Tribunal Supremo, lo relevante políticamente es que la CEOE rechaza lo que constituye su razón de ser como agente en las relaciones laborales, la negociación colectiva. Hace valer sus intereses fuera del proceso de intercambio con los representantes de los trabajadores, agarrada a la ley y a la decisión judicial. Es una actitud que daña al sistema de negociación, ciertamente, pero también a la imagen del empresariado como agente del sistema de relaciones laborales. La representación empresarial renuncia en la práctica a ser agente social autónomo a través del intercambio con los sindicatos de trabajadores en una relación contractual colectiva. Y ello lesiona de manera segura a la dinámica de esta institución que es imprescindible en un sistema desarrollado de relaciones laborales.

Es posible que esta postura de la CEOE se base en la convicción absoluta en que no va a haber en el futuro inmediato una modificación del régimen legal laboral impuesto con la Ley 3/2012, mostrando una confianza robusta en la permanencia en lo fundamental de las normas que avalan la situación presente. Sin embargo, es posible que en un plazo relativamente breve –pongamos el 2015– se produzca un cambio político en el que se vuelva a reformar la ley laboral y que este proceso implique una actividad de promoción de la negociación colectiva por parte de la norma legal en un sentido inverso al que se da actualmente. La norma estatal podría acentuar sus perfiles imperativos en los elementos clave de la relación salarial y de empleo como norma mínima, que la negociación colectiva desarrollaría y ampliaría, pero que debería asimismo respetar en su regulación concreta en la empresa y en el sector. Sería una norma de promoción colectiva, no de sustitución del sistema de negociación por un sistema de empresa pre-ordenado por la voluntad unilateral del empresario. Y previsiblemente este cambio de perspectiva se acompañaría del desarrollo y el fortalecimiento a través de la ley de nuevos derechos de información y de consulta, junto con fórmulas de co-determinación en la empresa, que serían asimismo funcionales a este mismo fin.

¿Cuál sería entonces la reacción de la CEOE ante un esquema normativo de este tipo? No podría rechazar el nuevo rumbo legal ni tampoco podría considerar extraño que se impusiera un esquema de interlocución con el poder público basado en una relación preferente con los sindicatos, sin excluir naturalmente a los empresarios del proceso de consultas de las políticas sociales, pero no considerando imprescindible su consenso sobre los ejes centrales del cambio normativo. A fin de cuentas, la CEOE no quiere negociar hoy porque está segura de que el marco legal actual y su interpretación jurisprudencial aseguran su predominio y profundizan la asimetría de poder en las relaciones laborales por un largo período, con independencia del grupo político que gestione el gobierno de las cosas. Sobre esa convicción ha abandonado el camino del consenso para legitimar las políticas sobre las relaciones laborales. Pero puede ser un camino extraviado. Nosotros sin embargo pensamos, como el autor clásico, que “todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado, y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas”. Y que lo comprobaremos en breve plazo.

Antonio Baylos | Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla – La Mancha

| Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla – La Mancha

Enrique Lillo | Abogado del Gabinete Interfederal de CC.OO.