Un estado con sindicatos maniatados o con sindicatos perseguidos, no es un estado democrático, no es un estado libre, no es un estado de derecho.
La ofensiva sin cuartel orquestada por la derechona y sus voceros mediáticos contra el movimiento sindical pretende dejarle fuera de juego, para, agazapados tras la crisis, proseguir con su embestida reaccionaria a la conquista de sus objetivos estratégicos: vaciar de contenido los logros laborales y acabar con los derechos históricos conquistados tras largos años de lucha y padecimientos, teñidos con la sangre y el sudor de los trabajadores.
Sería ingenuo pensar que dicha ofensiva no ha hecho o no está haciendo mella en las clases populares. Cómo no va a hacer mella cuando son ellos los que sufren más directa e intensamente los efectos de la crisis. Lo que llama la atención, lo que es difícil de digerir, es la existencia de sectores que se autodefinen próximos a los movimientos sociales, incluso los más próximos, que pregonan ser la vanguardia de la lucha contra las agresiones a los trabajadores y los mejores defensores de sus conquistas políticas y sociales, y caen a pie juntillas en la trampa de desviar la atención, de equivocarse de enemigo, dirigiendo sus ataques hacia los sindicatos en vez de hacerlo contra los verdaderos causantes de la crisis y los que hoy perpetran, a su sombra, la mayor agresión desde la época de la dictadura franquista contra los derechos de los ciudadanos y sus legítimos representantes.
Cuando hace más de veinte años salí de Marruecos para buscarme la vida, tenía como referencia a una organización sindical de este país, tenía un lugar a donde acudir para encontrar apoyo y orientación sindical para afrontar los retos que supone buscar un trabajo digno y con derechos en un país ajeno, en el que la precariedad y la explotación laboral eran el pan de cada día para los recién llegados y para muchos trabajadores autóctonos.
Esa referencia, que supera la barrera de las fronteras geográficas y culturales, arraigada en la actividad desarrollada por los sindicatos, no sólo en su papel de contrapoder ante la administración y los empresarios, sino también en la continuidad de una trayectoria enraizada en la lucha por la libertad, la democracia y la justicia. Bases en las que se sustentó la lucha por la igualdad, contra el racismo y la xenofobia, dando con ello más sentido, más motivos para que las organizaciones sindicales mayoritarias de este país fueran y sigan siendo un referente de primer orden en la protección de los derechos de los más vulnerables y los más necesitados.
Es muy importante que esto quede claro y subrayado para los unos y los otros tal cómo quedó patente en un reciente artículo de Juan Torres, y sobre todo en el libro de Antonio Baylos titulado: ¿Para qué sirve un sindicato?
El sindicalismo se ha conjugado con la libertad política fundamental en todas las constituciones democráticas y ha sido reconocido como uno de los derechos universales más notables en los tratados internacionales y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El sindicato no sólo defiende y representa a los trabajadores como individuos sino como clase social. Esta crisis económica es un episodio más de esa lucha de clases donde los empresarios y, sobre todo, el capital financiero, así como algunos gobiernos cómplices buscan cotas de mayor poder político y económico a costa y contra los trabajadores, pretendiendo para ello resquebrajar, separar, a los trabajadores de sus organizaciones sindicales.
No es ninguna novedad la desafección y la animadversión hacía los sindicatos y los partidos políticos particularmente de izquierdas, pero somos los trabajadores los primeros en reconocer que el sindicalismo tiene la obligación de auto renovarse y regenerarse ante nuevas realidades económicas, políticas y sociales. Las carencias en las respuestas que se proponen hoy desde el sindicalismo son evidentes. Esta constatación requiere necesariamente una autocrítica real, profunda, que propicie un análisis de la situación política, social y económica más ajustado a la realidad, que plantee en primer plano las necesidades de las clases populares y que conduzca a adecuar los instrumentos disponibles para salvaguardar los derechos de los trabajadores y más aun, para salvaguardar el sindicalismo, y a los propios sindicatos, para afianzarlos en la tarea de velar por las conquistas sociales y consolidarlos como elemento de transformación y de contrapeso a los otros poderes que apuestan por la injusticia y la desigualdad.
La embestida contra los sindicatos es directamente proporcional al grado de democracia real que existe en cada país. Existen muchísimos lugares donde la dedicación a las tareas sindicales es todavía sinónimo de persecución, de cárcel y de aniquilación física.
En los países llamados desarrollados esa embestida de los sectores dominantes, se traduce en orquestar las sospechas, intrigar y esparcir la mierda procurando manchar a todos los sectores progresistas y engañar a la opinión pública, generalizando y confundiendo algunas conductas individuales condenables, con el meritorio y loable papel que las organizaciones sindicales han jugado y siguen jugando, no sólo en favor de los trabajadores sino en tanto que valederos y garantes del propio sistema democrático.
Las dictaduras no permiten sindicatos que no sean prolongación de sus propias estructuras de opresión, que no formen parte de sus instrumentos de poder. El grado de libertad y de democracia de un país se mide también por la independencia y la fortaleza de sus organizaciones sindicales. Un estado con sindicatos maniatados o con sindicatos perseguidos, no es un estado democrático, no es un estado libre, no es un estado de derecho.
Por Mohamed Haidour |