Con la aprobación del Proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias se da el tiro final a la existencia centenaria de las Cajas de Ahorro.
Con la aprobación el viernes 7 de junio del Proyecto de Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias, se da el tiro final a la existencia centenaria de las Cajas de Ahorro en España. Es sin duda el tiro de gracia que conlleva la liquidación y cierre de unas entidades que llegaron a controlar más del 50% de la cuota del mercado financiero español.
Las Cajas de Ahorro han tenido siempre unos enemigos muy importantes, encabezados por la Banca Privada pero no exclusivamente por ella. También desde siempre tanto desde el PSOE como del PP se han efectuado fuertes intentos de liquidarlas.
Las Cajas de Ahorro estuvieron impulsadas por el Gobierno de la UCD y especialmente por el ministro Fuentes Quintana, que estructuró la primera regulación que daba a las cajas mayores posibilidades de competir con la banca privada. Pero ya con el primer Gobierno del PSOE aparecieron enemigos declarados empezando por el Ministro Carlos Solchaga, procedente del mundo bancario, que ya intentó un primer y fracasado intento de privatización al regular las denominadas «cuotas participativas», una especie de acciones que en un primer momento no tendrían derechos políticos en las entidades, pero que era el inicio de introducir capital privado en las entidades. El intento no tuvo éxito, ninguna caja emitió cuotas durante muchos años, y estas entidades afrontaron el mayor momento de expansión especialmente a partir del año 90.
Pero la partida estaba planteada y la única defensa de las entidades era su buena gestión y su arraigo social. Mientras estos dos elementos se mantuvieran, las cajas estarían blindadas frente a sus poderosos enemigos.
La situación sin embargo comenzó a cambiar con el desarrollo de la «burbuja inmobiliaria» a finales de los 90 y el inicio de 2000. Las Cajas como los Bancos se sobreendeudaron y se arriesgaron en «la orgía del crédito barato», hasta que llegó el triste despertar del estallido de la «burbuja» y la llegada de la crisis.
Es evidente que hay que establecer diferencias, hay cajas, como bancos, que fueron más prudentes que otros y que estuvieron mejor o peor gestionadas. Y por lo tanto los resultados fueron diferentes en el caso de unos y otros.
Como ya he comentado en otras ocasiones la vinculación de las cajas con los promotores fue muy similar a la de los grandes bancos. Nadie puede obviar que los grandes bancos españoles Santander y BBVA tienen resultados negativos en su negocio dentro del Estado, y que los salva su dimensión internacional. La principal diferencia está en el mayor peso de las economías familiares en las cajas de ahorro y al hecho de que un fuerte desempleo tiene un efecto devastador en las familias y por tanto en sus entidades de crédito de referencia.
El estallido de la «burbuja inmobiliaria» tiene una repercusión muy fuerte en el sistema financiero y especialmente en las entidades más débiles o peor gestionadas.
Cabe exponer que en nada ayudó la actuación a lo largo del tiempo de gestación de la crisis de los supervisores, en especial del Banco de España y de su último Gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, un enemigo declarado de la propia existencia de las cajas de ahorro. A su falta de actuación, dejando a las entidades sobreendeudarse por ejemplo, se debe en gran medida la crisis del sistema.
También hay que tener en cuenta las responsabilidades políticas del Gobierno de Zapatero, y del principal partido de la oposición que sólo coincidieron juntos a votar el «Real Decreto Ley de 9 de julio de 2010, de Órganos de Gobierno y Otros Aspectos del Régimen Jurídico de las cajas de Ahorros», que fue el primer paso en el desmantelamiento del sector de las cajas de ahorro.
Con este Decreto se optó por una salida que condujo a la situación actual, se forzó la concentración de cajas, fusionando cajas mal gestionadas y con problemas con otras que tenían buena gestión. Fue la aplicación de la doctrina de poner manzanas podridas con manzanas sanas, con el resultado de un pudrimiento generalizado, o aún peor fusionando grupos de cajas mal gestionadas con consecuencias como Bankia o NovaCaixaGalicia.
Es evidente que había otras opciones, desde nacionalizar entidades, crear una banca pública que garantizase la llegada del crédito, crear un banco malo y traspasarle inmuebles para hacer un parque de viviendas sociales, etc. Pero se optó por una opción política determinada que condujo a un empeoramiento de la situación del sector de cajas y al fortalecimiento de un oligopolio bancario.
Después vino el rescate bancario y se continúa con la opción de rescatar entidades para, de un golpe, sanearlas y ponerlas al mejor postor y, mientras, la falta de crédito sigue y se agrava.
Y ahora con su Proyecto de Ley de 7 de junio se quiere dar el golpe final lo que queda de las Cajas. El Proyecto regula una ley de cajas dirigida a un sector casi residual compuesto por dos cajas minúsculas Ontinyent y Pollensa. El resto se convierten en Fundaciones Bancarias que hacen su función de forma indirecta a través de una entidad bancaria. Y aquí viene el «golpe de gracia». Con este proyecto se trata de limitar y liquidar a largo plazo el papel de las cajas bien gestionadas, como por ejemplo La Caixa o las cajas vascas entre otras. A las Fundaciones Bancarias se les ponen todos los obstáculos posibles que no se pondrían a ningún accionista mayoritario en ninguna otra sociedad. Así ningún miembro del Consejo de una Fundación que sea mayoritaria en una entidad financiera podrá ocupar cargo en esta. Es decir, por ejemplo, el Presidente de La Caixa mayoritaria en Caixabank no podrá ni siquiera ser consejero del banco. A la vez se fomenta que las Fundaciones Bancarias que sean mayoritarias en un banco vayan perdiendo su mayoría. En caso de ampliación de capital o no podrán acudir o si lo hacen sus nuevas acciones no tendrán derechos políticos con lo que disminuirá su peso gradualmente. Son unas condiciones que nadie defendería en un sistema capitalista para ningún otro tipo de empresa ni de accionista.
Y aprovechando la ocasión se establece la dependencia de las Fundaciones Bancarias que tienen su ámbito por encima de una comunidad autónoma del Ministerio de Economía en lugar de depender de la comunidad de origen. Así de un golpe una entidad como «laCaixa» ya no dependerá de la Generalitat de Catalunya, (no se si se da cuenta el Presidente Mas, él que quiere crear supuestas estructuras de estado que le sustraen una competencia financiera básica). Es decir se centraliza la competencia de las antiguas cajas.
En definitiva se trata de liquidar de una vez por todas a las Cajas de Ahorro a fin de que dentro de un tiempo hayan desaparecido de la memoria colectiva.
La desaparición de las cajas y la falta de una banca pública significan un agravio para la sociedad. No hay garantías de que la financiación llegue a todos, es la exclusión financiera y elimina toda evidencia de banca social.
Muchos dicen que es un requerimiento de la Unión Europea, pero habrá que recordar que en Alemania siguen existiendo cajas y muchas en peores condiciones financieras que las nuestras (uno de los secretos guardados de Angela Merkel) y que en Francia las dos principales entidades financieras son empezando por el Crédit Agricole, entidades de capital social.
Habrá agradecer al PSOE y al PP que hayan conseguido, después de 40 años de intentarlo, liquidar unas entidades financieras de carácter social que eran parte de nuestra historia y de nuestro paisaje social.
Manel García Biel
