¿Acabará Fernández Ordóñez y su equipo en el banquillo?
El 14 de noviembre de 2008, cuando medio mundo se debatía ya en plena crisis, José Luis Rodríguez Zapatero viajó a Washington para asistir a una cumbre del G-20. La invitación se había logrado tras intensas gestiones diplomáticas y solo después de que el francés Nicolás Sarkozy echara el resto ante Georges W. Bush para que el simple de León –que viajó acompañado por Pedro Solbes y Javier Vallés– pudiera asistir por primera vez a una cena en la Casa Blanca, ofrecida a los participantes de un evento que debía “sentar las bases del futuro sistema financiero internacional”.
A la luz de lo ocurrido después, causa sonrojo imaginar que todavía entonces, en pleno maremoto, Zapatero y sus cuates presumieran de tener “el sistema crediticio más sólido del mundo”. Porque de eso iba aquel viaje: de exportar la eficacia de los servicios de Inspección del Banco de España(BdE), del acierto de haber obligado a las entidades a acometer reservas genéricas, y de otras tantas cosas que habían convertido a nuestras Cajas y Bancos en una sólida isla en el mar encrespado de las finanzas mundiales.
Lo ocurrido después es de sobra conocido: más de 50.000 millones de dinero público invertidos en el rescate del sistema; miles de empleados a la calle; cientos de sucursales cerradas; decenas de Cajas desaparecidas en combate, como si se las hubiera tragado la tierra; una Economía estrangulada por ausencia total de crédito y ajustes y más ajustes y más gente a la calle y más recortes… en Sanidad, en Educación, en investigación, y más dolor y más paro, porque no hay un duro para nada ni para nadie, pero sí lo hay, sí lo ha habido, para rescatar del desastre a un sector manejado por un puñado de privilegiados cara duras que, a la hora de la despedida, se han forrado con indemnizaciones escandalosas, se lo han llevado crudo ante la indiferencia del Gobierno y de la Fiscalía. ¿No hay culpables del desastre? ¿Se van a ir de rositas los ladrones de cuello blanco?
Desde la aparición de Vozpopuli, y mucho antes en El Confidencial (valga como botón de muestra “Zapatero en las exequias del capitalismo”, noviembre de 2008), quien esto suscribe lleva años denunciando la responsabilidad contraída por los responsables del BdE y, en concreto, por su entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, alias MAFO, como resultado de una serie de malas prácticas que, consentidas y/o alentadas por la dirección general de Supervisión, han conducido al desastre actual. Nada se ha movido, sin embargo, al respecto. Siempre la sagrada ley de la omertá. Siempre el mismo lamento: ¿será posible que vayan a irse de rositas sin sentarse en el banquillo? De pronto, todo parece haber dado un giro copernicano esta semana con la aparición de una nota dirigida por la Asociación de Inspectores a sus superiores, relatando las causas que llevaron a relajar, cuando no a paralizar, la supervisión de las entidades y desembocaron en el desastre final. Ha sido Íñigo Barrón en El País el que ha vuelto a poner negro sobre blanco lo que aquí se ha dicho en tantas ocasiones. Y por fin el Fiscal General del Estado ha salido de su marasmo, para anunciar que la Fiscalía investigará las denuncias de los inspectores. ¡Milagro!
“Disponemos de las herramientas legales para supervisar la salud de las entidades y contamos con la tecnología adecuada para detectar prácticas de riesgo”, cuentan dos representantes de los inspectores, acogidos al anonimato. “Con estos ingredientes se han podido solventar con éxito otras crisis no menores, gracias a la labor de titulados muy bien preparados, que deben superar una oposición complicada, que están bien pagados y dispuestos a hacer su trabajo con lealtad, dando la cara, complicándose la vida y sabiendo, en los últimos años, que a menudo el resultado de su esfuerzo iba a terminar en el cubo de la basura… Nuestra función de policía sirvió en tiempos de Mariano Rubio para detectar crisis y sanear el sistema; no ha servido ahora porque los responsables actuales han hecho caso omiso de los informes de la Inspección y han preferido mirar hacia otro lado…”.
“Todo un bagaje de experiencias acumuladas durante décadas se ha echado por la borda en los últimos años. En realidad el declive empezó con Jaime Caruana durante la era Aznar, pero se aceleró con la llegada de MAFO. El buen hacer de antaño se ha ido desmontando sin prisa pero sin pausa, bajo la presión de las grandes entidades, fundamentalmente del Santander. El problema es que los procedimientos de inspección no han estado nunca regulados por ley, de modo que, cuando se relajan los niveles de exigencia, los informes los firma un solo miembro del equipo y no todos, como antes; se empiezan a suspender o aplazar inspecciones; se saca a los inspectores de las entidades cuando se anuncia una fusión “para no molestar”… Todo eso va preparando el camino del desastre, lo cual no quiere decir que, en el reino de la arbitrariedad en el que vivimos, cuando los jefes quieran ir a por una entidad le “manden los perros” sin ninguna consideración…”.
“Vais a llevar el país a la suspensión de pagos”
“Y podía suceder que cuando llegabas con tu informe y ponías tu firma al pie del mismo, recibieras una llamada del jefe que, en su despacho, te pedía que cambiaras las conclusiones del mismo, porque lo que decías allí, lo que advertías, no se podía poner por escrito, y si te negabas te replicaba que muy bien, que tú verías, que ya harían ellos otro informe con sus conclusiones y `no te preocupes que alguien lo firmará, otro compañero tuyo lo hará´. Y ese alguien solía ascender y progresar, mientras tú te quedabas tieso con tus problemas de conciencia. A principios del año pasado, un compañero de la Asociación –que agrupa al 80% de los inspectores- espetó a uno de esos jefes en plena bronca: “Vais a llevar al país a la suspensión de pagos”. Ocho meses después, el presagio se convirtió en realidad. A pesar de lo cual, a pesar de las dificultades, la mayor parte de los compañeros se han mantenido íntegros, porque éramos conscientes de que nos estábamos jugando los ahorros de la gente…”
“El primer responsable, naturalmente, ha sido MAFO en razón a su cargo, un hombre que se ha entregado a los banqueros y no ha querido molestar, porque ha preferido dedicarse a las musas y al teatro (en general a perorar sobre la reforma laboral y otras cuestiones que no eran de su incumbencia), y mientras ardía Roma y se complacía tocando la lira, dejaba el poder de decisión en manos del subgobernador, Javier Aríztegui, que ha sido quien ha manejado de verdad el BdE y lo ha controlado a su antojo. A sus órdenes ha operado el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, un puesto clave en lo ocurrido, y como tercero en discordia Pedro González, jefe del departamento de Inspección de Cajas, un tipo muy religioso dispuesto a hacer siempre lo que digan “los de arriba”, bajo cuya responsabilidad se ha gestado el drama que ha llevado a la práctica desaparición de las Cajas de Ahorro. Con estos tres se generó la burbuja. Con ellos explota, ante la indiferencia de Fernández Ordóñez”.
“Los inspectores llevamos mucho tiempo poniendo en evidencia los fallos del sistema. En vano. Hasta que la Asociación se hizo mayor y empezó a coger fuerza, visitando al Ministro, acudiendo al Parlamento… Ya en 2006 dirigimos una carta a Pedro Solbes poniéndole al corriente de las cosas que se estaban haciendo mal, carta que terminó en un cajón de su despacho. Y todo bajo las constantes amenazas de un Aríztegui que amaga con echar a la calle a quien se mueva e incluso abrirle una acción penal. La filosofía de las alturas es que no se podía dejar que decidieran los inspectores. Al final, los hechos nos han dado la razón, y por eso es preciso que los procedimientos de inspección estén regulados por Ley, que se exija la firma del equipo inspector al pie del correspondiente informe, porque la salud del sistema depende de la calidad e independencia del mismo, de modo que los informes firmados se eleven a la Comisión Ejecutiva para que allí puedan adoptar una decisión fundamentada”.
“Y es necesario que se fije un plan plurianual de inspecciones, anual en el caso de las entidades de mayor riesgo; y que se abra una vía legal para que podamos poner en conocimiento del juez aquellas operaciones con indicios delictivos con las que tropezamos en las entidades, como ocurrió con Bankia; y que losjefes no puedan cambiar a los inspectores de un equipo cuando lo pide el banquero de turno; y que los informes, repito, vayan firmados y tengan existencia jurídica plena, no sean meros documentos Word sin firma electrónica. En definitiva, queremos acabar con la práctica de que los jefes manipulen los informes a su antojo o los guarden en un cajón, porque, como además no quieren asumir responsabilidad alguna, pretenden que firmemos lo que ellos digan y, si nos negamos, pues va sin firma, como ha venido pasando últimamente”.
Susto en el Banco de España con el juez Andreu
“Todo esto y mucho más ha alcanzado cotas de esperpento en el caso de Bankia. Tras la querella interpuesta por UPyD, el juez Fernando Andreu reclamó al BdE la información disponible. Alarma total en Cibeles. Pedro González llama de urgencia a los responsables de esa inspección y les dice que tienen que cambiar los informes de los últimos tres años en el sentido que él diga. Como los aludidos le hicieran la peineta, González acude a la Asesoría Jurídica para ver qué se puede hacer, porque lo que no pueden es contar la verdad. Pasados unos días de frenesí, los jurídicos creen haber dado con la tecla: se trata de poner en cada informe el sello “Borrador sujeto a cambios”… Y ello tres años después, y después de que la entidad haya llevado a España al borde del abismo, y se le hayan inyectado miles de millones de euros… Y cosas tan escandalosas o más han ocurrido en la CAM, donde miembros del equipo que la inspeccionó advirtieron al jefe del Grupo I, Ángel Rico, hoy querellado, que “allí había delito”, sin que el susodicho lo denunciara… Por no hablar de la labor escandalosa de los auditores externos”.
MAFO se ha defendido del escándalo con una carta amenazante aEl País este miércoles en la que afirma sin rubor que “La acusación al BdE es gravísima (…) y va más allá de la injustificable e injustificada campaña de desprestigio de la institución que se lanzó a primeros del mes de mayo del pasado año para, en mi opinión, ocultar las consecuencias de una errónea gestión de la crisis de Bankia”. Es el mismo jeta que, en la primavera pasada, y como desde el Gobierno le llamaran un día pidiendo explicaciones, muy alarmados después de que los hombres de la troika de visita en Madrid advirtieran de que el agujero de Bankia era de tal calibre que España tenía que pedir ya mismo el rescate financiero, respondió de esta guisa:
-Pero, ¿de qué cifra están hablando?
-Pues de no menos de 20.000 millones!
-¡Pero qué barbaridad… ni que estuvieran borrachos. Tranquilo, hombre, tranquilo, que eso no es así en absoluto…!
Al frente del Banco de España está ahora Luis Linde, un hombre puesto por Luis de Guindos que, como ocurriera en su día con MAFO, ni siente ni padece. Eso sí, el gachó apunta maneras: ha prohibido los extratipos, ha decretado el fin de la guerra del pasivo. Se acabó la competencia. Acollonante. Con gente tan liberal como ésta al frente de las instituciones, ¿para qué necesitamos un Gobierno de izquierdas? Aríztegui y Tello son ahora asesores del nuevo subgobernador, Fernando Restoy –que, como es norma en la casa, es quien corta el bacalao-, es decir, que están en su despacho leyendo la prensa, eso sí con chófer, secretaria y demás familia. La esperanza, ahora, se llama Eduardo Torres-Dulce: ¿Está de verdad la Fiscalía decidida a abrir una investigación seria sobre lo ocurrido en el antiguo banco emisor?¿Pagarán sus culpas los gestores de bancos y cajas que han llevado al país al desastre financiero, y los mandos del BdE que lo permitieron? Rematan los inspectores: “Están muy acojonados, porque han prevaricado todos…”
