Tras cinco reformas del sistema financiero, dos a cargo de los gobiernos del PSOE y tres por iniciativa del actual gobierno del PP, un rescate en curso desde las instituciones europeas para la banca por importe de hasta 100.000 millones de euros que vienen a unirse a las anteriores ayudas del FROB y los avales otorgados a bancos y cajas, el actual sistema financiero continua siendo incapaz de facilitar a la economía real, en especial a las personas y las pequeñas empresas la necesaria financiación que permita reactivar la actividad económica
Las reformas planteadas no han conseguido ninguno de los objetivos que pretendían, ni han frenado el deterioro de los balances, ni han reabierto la financiación internacional, ni han restaurado el crédito a las familias y empresas.
La restricción del crédito comercial a empresas entre 2007 y 2012 ha pasado de 90.842 a 44.289 millones de euros, no se financia de manera suficiente el circulante y hay empresas que se precipitan a la quiebra consecuencia de la falta de crédito, pese a tener razonables perspectivas de actividad. No es riguroso ni cierto que toda la demanda de crédito carezca de los suficientes criterios de solvencia.
El sector financiero español se ha sobredimensionado en la última década, lo ha hecho a crédito, agravando la dependencia de financiación externa (el saldo vivo de cédulas hipotecarias es de más de 730.000 millones de euros, el doble de la existente en 2003). La gran concentración de préstamos hipotecarios y la obligada refinanciación de deuda con el exterior, agravan los efectos de la crisis y provoca el cierre y destrucción de miles de oficinas y puestos de trabajo, entre otras razones, por la desaparición del crédito al circulante de las empresas más pequeñas.
La falta de supervisión y regulación de los mercados financieros está en la base de la crisis actual. Los gobiernos, supervisores y entidades están dando prioridad a atender las desmedidas exigencias de capital, por encima de la urgente necesidad de restituir el crédito a PYMES, familias y economía productiva, lo que no sólo impide la normalización de la actividad económica, sino que sigue provocando la destrucción de miles de empresas y la pérdida constante y masiva de puestos de trabajo. El errático proceso de reestructuración del sector y la destrucción deliberada y gratuita del modelo de Cajas de Ahorro ha provocado la desaparición del único modelo de banca social existente en nuestro país, lo que está generando un oligopolio de facto contrario a los intereses de la ciudadanía, la desaparición de la obra social y la generación de exclusión financiera, sin que por ello se esté recuperando la circulación del crédito.
La necesaria aportación de recursos públicos, ante la insuficiente aportación privada, para capitalizar las entidades con problemas, consume grandes cantidades de dinero público, de forma similar a como lo han hecho otros países. La intervención del Estado en el sector financiero provoca cambios sustanciales en él. La utilización de cifras millonarias para sanear al sector financiero, en un marco de ajuste presupuestario que afecta a servicios básicos y estratégicos, no se acompaña de la necesaria transparencia ni de una adecuada exigencia de responsabilidades a las personas encargadas de la gestión, supervisión, auditoría y, en su caso, administración. Tampoco se visualizan claramente las medidas y procedimientos mediante los cuales los fondos públicos destinados a este fin van a ser restituidos.
En ese marco, es preciso promover una reforma eficaz y justa del sistema financiero, (http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do?Informacion:Noticias:366548) que refuerce el control y supervisión público, que se establezcan sistemas de regulación más eficaces, así como que se pongan en marcha medidas fiscales a las que las entidades financieras restablezcan los recursos públicos aportados a la reestructuración e incentiven un modelo de negocio socialmente responsable y sostenible.Asimismo es preciso establecer las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido.
Reactivar el crédito es básico, principalmente para la reactivación de la actividad y la creación de empleo; pese al reto de reducción de deuda, especialmente privada, que tiene la sociedad española. Es necesario poder financiar proyectos empresariales viables. Recapitalizar con dinero público las entidades financieras que lo precisen es inevitable y es condición necesaria, no suficiente, para mejorar el crédito en la economía española y la cuota de mercado de las empresas. Normalizar el crédito ayuda a controlar precios de bienes y servicios.
Ante esta situación del sector financiero desde Comfía-CCOO manifestamos que:
- El empleo en el sector financiero es una prioridad para Comfía-CCOO. La reestructuración del sector y las condiciones que se van a exigir como contrapartidas a la financiación europea del rescate bancario, deben realizarse con el mayor respeto al empleo y empleabilidad de las plantillas afectadas. Por ello exigimos la puesta en marcha de un “Contrato Social” que garantice la adopción de medidas no traumáticas y estabilidad laboral pactadas con la representación de las plantillas, como se desarrollaron las sucesivas reestructuraciones sectoriales desde los años 80 del siglo pasado y sobre el respeto a la obligación asumida por la patronal en los convenios colectivos de negociar medidas alternativas a la extinción de contrato, por el que los trabajadores y las trabajadoras ya asumieron un coste de contención salarial. Rechazamos expresamente la imposición de los parámetros introducidos en la Reforma Laboral sobre la excusa de imposiciones externas, y recurriremos a las medidas sindicales y de movilización que sean necesarias para evitar su implantación de manera unilateral por las empresas.
- El sector debe contribuir de manera decisiva a financiar el coste de capitalización de las entidades que lo precisan. Así se hizo en la crisis bancaria de los 80 y 90.
- El consumo ingente de recursos públicos para sanear el sector, es una ocasión para mantener una parte del mismo bajo titularidad pública, con red de oficinas suficiente y personal especializado para actuar como intermediario financiero en España. La nacionalización de entidades hace al Estado propietario o accionista mayoritario, lo que puede y debe permitir que sea operador público en un sector estratégico, cuyo funcionamiento fallido en estos años ha generado graves daños en nuestra economía. Con ello se dota al Estado de mecanismos de actuación económica ante situaciones de restricción crediticia, exigiendo un control de riesgos y gestión profesional y de calidad que garantice la solvencia y retornos adecuados al capital público aportado, así como la mayor garantía de los derechos de la clientela y de que no se produzca exclusión financiera.
En todo caso, si el Gobierno, como anuncia, finalmente vuelve a privatizar las entidades nacionalizadas, debe evitar que el conjunto de la ciudadanía asuma con sus impuestos el coste de la reestructuración sectorial recuperando lo aportado en su integridad o en el máximo nivel posible. Para ello, hay diversos mecanismos, entre ellos: los costes financieros por la concesión de avales, préstamos o garantías otorgadas por el Estado; un incremento suficiente de la aportación del conjunto del sector al Fondo de Garantía de Depósitos, para que a través de éste y en un plazo razonable devuelvan al Estado las aportaciones realizadas; el establecimiento de una tasa sobre actividades financieras para constituir fondos que prevengan el coste de las crisis bancarias; venta de activos inmobiliarios u otros activos, etc. Debe darse también, una regulación adecuada para que lo que queda de las Cajas de Ahorro siga manteniendo la titularidad y naturaleza social y pueda ejecutar un papel real y efectivo tanto como gestoras de la obra social como en calidad de accionistas de los bancos en que los que se han integrado.
- Exigimos, asimismo, transparencia y delimitar responsabilidades (y desde Comfia-CCOO acudiremos a la vía judicial en los casos que lo estimemos necesario): de los gestores; de los supervisores (BdE, CNMV y CCAA); de los Auditores, cooperadores necesarios que han mostrado a los administradores su conformidad con los datos presentados por los gestores y han mostrado malas prácticas que deben ser depuradas; y de los Consejos de Administración (Donde las personas representantes del sindicato mantendrán como hasta ahora criterios de gobernanza de responsabilidad social), en proporción a la influencia en la gestión y los problemas detectados: información insuficiente, incapacidad para influir, etc.
Exigimos igualmente, el establecimiento y cumplimiento de limitaciones legales a la retribución de administradores y directivos, prohibiendo políticas retributivas socialmente repugnantes, e impidiendo el reparto de dividendos mientras no se hayan devuelto las ayudas públicas recibidas, en su caso.
Reivindicamos un Código Ético de obligado cumplimiento para el sector financiero que incluya una regulación social de las remuneraciones de dirección y consejeros sobre los principios de control, transparencia y proporcionalidad. Un sistema bancario asentado en principios de sostenibilidad económica, social y laboral, Banca Ética, Inversión Socialmente Responsable y RSE. Necesitamos normas y regulación de consejos que mejoren la transparencia y la información, haciendo de los códigos de buen gobierno algo más que autorregulaciones y compromisos voluntarios. Capacidad de decisión que sirva para limitar de forma efectiva la discrecionalidad de quienes ejercen la gestión. Extender estos criterios a sociedades cotizadas, o no, cuando haya múltiples empresas asociadas o grupos de interés. El problema acreditado en las cajas de ahorros no es exclusivo de ellas, es el mismo que se ha producido en los bancos españoles en las crisis anteriores o en bancos internacionales en la crisis actual y puede darse en empresas de todos los sectores.
- Apostamos por una modificación de medidas impositivas que garanticen una adecuada contribución del sector financiero al Erario Público como garantía de restitución y/o rentabilización del dinero público aportado. El tipo efectivo del Impuesto de Sociedades no puede ser el 14%, como lo fue en el periodo de mayor crecimiento de los beneficios, ni el 8% que actualmente declaran alguna de las entidades más solventes. Se debe introducir, a nivel europeo, el Impuesto de Transacciones Financieras, como medida que desincentive y/o grave, en su caso, las operaciones más especulativas. Asimismo, aunque no sea estrictamente fiscal, se han de revisar todo lo concerniente las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósito pues ha sido y debe ser el instrumento a través del cual se restablezcan las cantidades con las que el dinero público está financiando la reestructuración del sector financiero.
- Reivindicamos la honradez, profesionalidad y alta cualificación de los trabajadores y trabajadoras del sector, que son bancarios y no banqueros, que no han participado en las decisiones que han determinado el negocio financiero ni diseñado las estrategias y políticas de sus entidades y a los que, por tanto, no se pueden exigir responsabilidades que no son suyas. Advertimos de cómo el deterioro de la imagen y credibilidad del sector financiero, se ha extendido a sus profesionales, situados en el punto de mira de una ciudadanía que necesita buscar culpables de políticas y prácticas empresariales no decididas por ellos. Jamás la presión externa e interna sobre los profesionales del sector ha sido de esta intensidad ni han recibido tantos ataques a su estabilidad en el empleo, a sus condiciones de trabajo, a su salud y a su dignidad. Y, finalmente, hacemos un llamamiento para que las plantillas del sector financiero reaccionen decididamente contra esta situación, contra los altísimos niveles de presión diaria, contra el uso y el abuso de la amenaza, en defensa de sus puestos de trabajo, sus condiciones laborales, su salud y su dignidad y para romper de una vez con el chantaje del miedo que practican muchas empresas.