Categoría: Sector Financiero

  • Comfia-CCOO valora positivamente que la Comisión Europea no aplique la Reforma Laboral en la reestructuración del sector financiero

    Esta decisión deja abierta la negociación de cómo se tiene que llevar a cabo el ajuste.

    Almunia ha cifrado la reducción del tamaño de las entidades nacionalizadas en un 60% y ha dejado en el terreno de las autoridades españolas definir cómo se va a realizar ese ajuste.
     
    Comfia-CCOO considera que, en términos de empleo, es imposible saber qué impacto puede tener dicho ajuste hasta no conocer el plan concreto para cada entidad. Sin embargo, las declaraciones del Comisario dejan la puerta abierta a la negociación entre las partes para encontrar fórmulas lo menos traumáticas posibles para los ajustes que puedan darse en las plantillas de las entidades afectadas.

    El sindicato afirma que la vigencia de los Convenios Colectivos firmados garantizan las condiciones laborales de las plantillas también en estas circunstancias.

    En cualquier caso, las estimaciones que han aparecido en los medios sobre la reestructuración de las plantillas parecen ser demasiado elevadas en función de las declaraciones del Comisario. En este sentido, Comfia-CCOO hace un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes a la hora de hacer estas estimaciones ya que agravan el sentimiento de incertidumbre sobre el futuro laboral de las personas que trabajan en estas empresas.

    Comfia-CCOO exige a su vez que se valoren convenientemente las pérdidas en que, según Almunia, incurrirán los clientes minoristas para que estás tengan el menor impacto posible en el tejido ahorrador del país.

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  • Comfia CCOO tacha de cínicas las declaraciones de Guindos sobre los despidos del sector financiero

    El gobierno y el Banco de España, miembros del FROB y dueños de las entidades nacionalizadas, no deben escudarse en Bruselas para eludir sus responsabilidades

    De Guindos debe velar por los intereses de los ciudadanos españoles y orientar la reestructuración del Sector Financiero hacia el restablecimiento del circuito del Crédito.» Sin Inversión no se saldrá de esta especie de Gran Depresión a la que se encamina España y Europa».

    Una reestructuración tardía y mal orientada pone en riesgo el capital público que se va a invertir si se «regala» a la competencia vendiéndoselas precipitadamente o se limita la capacidad operativa de la banca nacionalizada. Y todo ello sacrificando a las plantillas y a los clientes minoristas, si se produce un recorte como el que anticipan los medios sobre la valoración de acciones, preferentes y deuda subordinada.

  • El supervisor único tendrá un órgano de preparación y otro de ejecución de decisiones.

    El director general de Servicios Jurídicos del Banco Central Europeo (BCE), Antonio Sáinz de Vicuña, ha avanzado este lunes que el supervisor único bancario europeo tendrá un órgano de preparación de las decisiones y otro de ejecución y que, según el borrador del reglamento en el que actualmente se está trabajando, las decisiones se tomarán por silencio positivo del Consejo de Gobierno.

    Durante su intervención en la jornada ‘El sistema financiero español: crisis y reforma’ organizada por Linklaters en la Bolsa de Madrid, Sáinz de Vicuña ha resumido los orígenes de la crisis financiera europea y la sucesión de decisiones adoptadas tanto por las instituciones comunitarias como por los estados miembros para hacerle frente.

    Así, ha señalado que el proyecto de reglamento de la supervisión bancaria única prevé una «separación entre la preparación y la ejecución de las decisiones, culminando en el único órgano de decisión que será el Consejo de Gobierno (del BCE) que, a su vez, será contrarrestado por un Consejo de Supervisión», un órgano en el que habrá representación de los supervisores bancarios nacionales, de la Comisión Europea y de la autoridad bancaria europea.

    «El Consejo de Supervisión será un foro, el centro de gravedad, de la supervisión europea, y preparará las decisiones del Consejo de Gobierno, con un sistema de silencio positivo, donde las decisiones se van a entender adoptadas a menos que el Consejo de Dirección decida rechazarlas o enmendarlas. En la parte de ejecución (de las decisiones que se adopten), el Consejo supervisor coordinará y controlará cómo se hace por parte de las autoridades nacionales», ha apostillado.

    Calendario de aplicación
    Con respecto a la guía temporal de entrada en vigor de esta nueva autoridad comunitaria, Sáinz de Vicuña ha adelantado que la idea es que el reglamento base se apruebe a principios de enero, dado que el 1 de marzo del próximo ejercicio el Banco Central Europeo tiene que decidir qué entidades financieras serán objeto de supervisión directa –en principio, «todas las que tienen riesgo sistémico»—.

    En 2014 deberá comenzar a funcionar Basilea III, que se aplicará sobre las más de 6.300 entidades de la UE. En cualquier caso, Sáinz de Vicuña ha precisado que estas fechas pueden cambiar en virtud de las negociaciones que actualmente tienen lugar en Bruselas.

    La unión bancaria se entenderá completada cuando se cree el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo y el Fondo de Reorganización y Resolución Bancaria, «en ambos casos con la posible necesidad de modificar los tratados». El responsable del BCE ha recordado asimismo que las entidades en las que se inyecten fondos europeos podrán ser supervisadas por el BCE «en cualquier momento».

    Decisión justificada
    Según Sáinz de Vicuña, la decisión de crear una supervisión única en la UE está «justificada» por varias razones, comenzando por la «necesidad de asegurar» que «los euros que el BCE banca emite tengan el mismo valor que los que emiten los bancos centrales nacionales», para lo cual «hace falta que el sistema no discrimine entre bancos de un país y otro, porque forman parte de la unión monetaria».

    Además, también es necesario «controlar centralmente los flujos de liquidez en el conjunto de la zona monetaria, porque la crisis ha demostrado que en momentos determinados la liquidez fluye de un país a otro y crea burbujas y desequilibrios en la balanza de pagos» a la par que «deterioros en la calibración del riesgo bancario», lo que conduce a que parte de la banca se quede con «activos deteriorados».

    La idea también es que la supervisión común ayude a «superar la segmentación del mercado interbancario» que, con la crisis, «ha disminuido hasta quedar prácticamente congelado» dado que «apenas hay operaciones transfronterizas».

    Sáinz de Vicuña también ha alegado que, desde la puesta en marcha de mecanismos de rescate y recapitalización bancaria europeos, hace falta un supervisor común que garantice a los países que prestan los fondos que se protegerá el interés europeo y no el interés nacional. Lo mismo hace falta para las futuras medidas contracíclicas que se puedan adoptar cuando entre en vigor Basilea III.

    «Se dice que la supervisión única del BCE romperá el mercado único, pero no cambiara para nada el escenario de reglamentación común para los 27. Además, buscará armonizar la supervisión en todos los países. Lo único que cambia es cómo se aplican las normas, y ahí la supervisión del BCE suplanta, sustituye y complementa lo que hacen los supervisores nacionales», ha zanjado, equiparando el nuevo sistema al modo de funcionamiento de otras entidades como la Reserva Federal estadounidense.

    Futuro inmediato de la eurozona
    Sáinz de Vicuña ha recordado que «la salida de la crisis requiere que el sistema financiero vuelva a funcionar con normalidad» y ha defendido que, para lograrlo, hace falta que toda esta nueva normativa bancaria de la UE «dé mayor confianza» en el mercado.

    Sin embargo, en paralelo es necesario, a su juicio, avanzar en la solución de otros «defectos estructurales», tales como la «excesiva intermediación bancaria en la financiación de las empresas», el fomento de los mercados de capitales o el cumplimiento de las nuevas estipulaciones para el control de las finanzas públicas.

    Con ello, se podrá avanzar en la «coordinación de las emisiones de deuda pública, que puede permitir diversos grados –productos conjuntos, sincronización de emisiones» y que llevaría, «al final del trayecto, a los eurobonos». «Pero primero hace falta la OHIO-rule: ‘own house in orden’», ha matizado el dirigente del BCE.

    Finalmente, Sáinz de Vicuña ha defendido las decisiones tomadas por el organismo emisor desde el estallido de la crisis –emisiones de deuda, mantenimiento y reducción de los tipos, ampliación de los plazos de financiación, eliminación de límites cuantitativos en las subastas, etc.– porque, sin afectar a la inflación, permitieron que los bancos europeos accedieran a fondos y «se consiguió evitar el problema de liquidez en gran parte del sector», especialmente en los países periféricos, donde los bancos desconfían para redepositar los excesos de financiación.

  • Almunia exige que los préstamos del FROB a BMN y Caja España se conviertan en capital.

    La Comisión Europea ha dado una nueva vuelta de tuerca a las exigencias para las entidades en apuros españolas, lo que dejaría a los pies de los caballos a BMN y CEISS (Duero-España).

    Después de pedir al Banco de España que aplicara una mayor dureza a sus planes de recapitalización, ahora el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pretende exigir que los préstamos realizados por el FROB en forma de preferentes (el llamado FROB 1) se convierta en capital en todas las entidades como ocurrió con Bankia. Algo que se ha convertido en un nuevo frente de batalla entre el Gobierno y la UE, según fuentes al tanto de la situación. Esto afecta a BMN y Caja España en solitario, ya que ni Liberbank ni Caja3 recibieron en 2010 este tipo de ayudas públicas. 

    BMN (Mare Nostrum, la fusión de las cajas de Murcia, Granada, Penedès y Sa Nostra) recibió 915 millones del FROB 1 como teórico apoyo público a su proceso de integración. En el caso de Ceiss (Caja España de Inversiones, la fusión de la entidad leonesa con Caja Duero), la inyección pública fue de 525 millones. No fueron las únicas entidades ayudadas entonces por el fonde público de rescate: Banca Cívica, hoy en manos de La Caixa, recibió 977 millones, y Unnim -comprada por BBVA en subasta-, 380. Aparte, claro está, de CatalunyaCaixa, con 1.250 millones, NovaGalicia, que recibió 1.162, y de BFA-Bankia, que se llevó la palma con 4.465 millones, los que se transformaron en capital con la nacionalización de mayo.
    Ahora, lo que pretende Almunia es repetir precisamente la jugada de Bankia con las entidades que no están en manos del Estado y han suspendido los test de estrés de Oliver Wyman. Una medida que supondría su nacionalización, ya que, dadas sus necesidades de capital -2.208 millones en el caso de BMN y 2.063 en el de Ceiss si, como hasta el Banco de España admite, se rompe su fusión con Unicaja-, la valoración del actual se acercaría a cero. En ese caso, el Estado tomaría un porcentaje claramente mayoritario en ambas entidades.
    «Carlos Egea [el presidente de BMN lo tiene muy complicado], si Almunia se sale con la suya, como ha hecho casi siempre hasta ahora, no podrá seguir en solitario; le nacionalizarán y luego le subastarán o liquidarán», señala una de las fuentes consultadas. Conclusión que es aplicable también a Caja España-Duero.
    Seguir en solitario es el gran objetivo de BMN, por lo cual ha rechazado acercamientos  como los de Unicaja, Liberbank o Popular (éste último un brindis al Sol antes de conocerse la situación del banco que preside Ángel Ron). Sin embargo, ha presentado a Bruselas un plan de ajuste en el que solicita menos de 500 millones frente a los 2.200 exigidos. ante lo cual ya se ha visto obligado a iniciar un proceso de adelgazamiento con la reciente venta de la red de Caixa Penedès al Sabadell, adelantada por El Confidencial. En cuanto a Ceiss, Unicaja está haciendo todo lo posible para conseguir romper la operación; si finalmente las autoridades se lo permiten, no habrá plan de recapitalización que evite su nacionalización.
    Bruselas no se fía de España
     
    Según fuentes conocedoras de las negociaciones, la Comisión Europea encuentra los planes de estas entidades «difíciles de cumplir cuando no directamente disparatados». «Lo que no quiere es que pase otra vez lo de Bankia, que un mes después de aprobarse su último plan de recapitalización tuvo que ser nacionalizada con el mayor rescate de la Historia», añaden. «Tienen demasiadas malas experiencias con la reestructuración financiera española como para fiarse de que esta vez los planes sí van a dar resultado».
    Esta conversión del dinero del FROB 1 no será aplicable a Liberbank, que no recibió aquella inyección porque rompió su proyecto de fusión con CAM (Banco Base) antes de que se completara. La entidad que preside Manuel Menéndez  ha presentado un plan en el que no solicita ninguna ayuda pública, sino recapitalizarse mediante una ampliación de capital de entre 500 y 1.000 millones que puede incluir su salida a bolsa. Ahora bien, librarse de los CoCos (convertibles contingentes) le obliga a obtener 650 millones de capital antes de fin de año, lo cual se antoja bastante complicado. Caja 3 tampoco tiene dinero del FROB pero la ruptura de su fusión a tres bandas con Liberbank e Ibercaja la deja a los pies de los caballos, también candidata clara a la nacionalización.
    Finalmente, queda la incógnita de qué pasará con las entidades que han recibido FROB 1 pero que han sido absorbidas por otras más grandes: Banca Cívica, en manos de La Caixa, y Unnim, en las de BBVA. En ambas entidades se atienen al discurso de que se devolverá el dinero público en los plazos previstos, que en el caso de la entidad que preside Isisdre Fainé llegan hasta agosto del próximo año. Ahora bien, si Almunia impone su criterio, es posible que se vean obligados a acelerar esa devolución con el consiguiente impacto en las cuentas de resultados.

  • Semana clave para el futuro de la banca nacionalizada

    Como muy tarde el día 28 de noviembre se harán públicas las condiciones del Memorandum de Entendimiento para la recepción de ayudas europeas a las entidades financieras nacionalizadas: Bankia, NovaGaliciaBanco, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia.

    No solemos especular ni pronunciarnos ante noticias de prensa, pero en esta ocasión, tras una serie sucesiva de ellas,  se dibuja un panorama ciertamente grave.
    Por ello, requerimos a las direcciones de dichas entidades a que trasladen a la representación laboral en cuanto la información sea oficial cual es el planteamiento de reestructuración de cada grupo de empresas.
    Con independencia de que lo que se está publicando sea cierto en mayor o menor medida, el reto laboral al que nos vamos a enfrentar es de tal magnitud que es imprescindible abordarlo desde la mayor unidad de acción sindical. Asimismo, la unidad de las plantillas va a tener que ser como nunca un Hecho.
    Lo que suceda esta semana no se puede tomar como un Axioma inmodificable. Su concrecion debe materializarse en el ámbito de la negociación colectiva y a las Direcciones no les aceptaremos excusas de «que Bruselas manda y esto es lo que hay». Las partes deben tener la autonomía suficiente para adoptar las decisiones que se desarrollen en el  proceso de negociación. Y de esta responsabilidad tampoco se libran ni el Gobierno ni el Banco de España, pues son los que determinan la composición del FROB, propietario en la actualidad de las cuatro entidades.

    Para que haya acuerdo, no obstante, la reestructuración no debe ser injusta para los trabajadores y trabajadoras, de unas plantillas que no somos los responsables de la situación a la que se ha conducido a las empresas.
    En gran medida, todo va a depender de en cuanto tiempo se quieran hacer las cosas y cual va a ser el modelo de negocio. Por esto CCOO va a demandar que el Plan de Viabilidad sea socialmente útil. Es mucho dinero público el que se pretende inyectar.
    El futuro de estas entidades no puede ser el de entidades «regaladas» a la competencia o entidades semi-zombis, desarticuladas geográficamente en su «capacidad instalada», prescindiendo de buenos profesionales y limitadas en su actividad a la espera de su reprivatización o subasta.
    La inversión de capital público debe servir para contribuir al restablecimiento del flujo de crédito y de la confianza de los ahorradorres, porque una solución, también,  injusta con los clientes minoristas que se hayan visto atrapados en inversiones en acciones,  en preferentes o en deuda subordinada puede acabar con el modelo de negocio de la entidad.
    En definitiva que plantilla, clientes y ciudadanos, en general, nos jugamos mucho en este envite… y va a tocar pelear por nuestro futuro.