· De las 45 entidades que había en 2009, sólo 9 grupos luchan por su pervivencia como operadores financieros independientes tras las fusiones y nacionalizaciones.
· La Unión Europea pretende obligar a estas instituciones de crédito a que no controlen de forma mayoritaria los bancos a los que han trasvasado sus negocios.
Las cajas de ahorros, instituciones financieras con más de dos siglos de existencia, están en trance de desaparecer como tales organizaciones de ahorro y crédito, con fines sociales y sin socios capitalistas. Las crisis financiera e inmobiliaria que eclosionó en 2008, las reformas legales que arrancaron en 2009 y ahora la exigencia de la UE en el Memorándum de Entendimiento con España para que las cajas renuncien a la mayoría de control sobre los bancos a los que traspasaron sus negocios en los dos últimos años colocan a las veteranas instituciones españolas de crédito en la redefinición de su papel.
Muchas ya han desaparecido o están a punto de hacerlo tras la nacionalización y subasta de sus negocios bancarios y las que aún perpetúan su condición de titulares de los paquetes de control de sus bancos bien ultiman la entrada de socios privados (caso de Liberbank, el banco de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) o ya lo han hecho (Caixabank). Y las que oficialmente aún no lo han planteado (Unicaja, Kutxabank, Ibercaja…) podrían verse abocadas no sólo a seguir ese camino sino, al igual que las anteriores, a renunciar por imperativo legal a sus mayorías de control sobre sus negocios si finalmente prospera la exigencia europea, incluida entre las condiciones impuestas a España a cambio de la ayuda financiera que la UE se dispone a prestar para el saneamiento del sector bancario nacional.
Es lo que en sectores de la CECA (la patronal de las cajas) han tildado -si tal cosa ocurriera- como «expolio». Instituciones con más de dos siglos en algunos casos de tradición financiera se verían privadas -con independencia de que lo hayan hecho bien o mal, de que estén saneadas o de que sólo precisen ayudas temporales y reducidas- del que ha sido su objeto fundacional y su razón de ser.
Pero los factores que condujeron a las cajas a una situación tan comprometida no arrancaron en 2008. Las causas profundas de esta derivan nacen -al igual que los mismos agentes desencadenantes de la actual crisis- varios decenios antes, ligadas a las políticas de liberalización y desregulación y a la euforia con la que se condujeron los agentes económicos en la larga etapa de auge y prosperidad, sobre todo a partir de mediados de los 90.
Las cajas perduraron durante dos centurias muy pegadas al territorio y al terreno, ligadas al ahorro y al negocio conservador de la banca comercial tradicional, amparadas por una marca regional y el conocimiento exhaustivo del mercado que les era natural, y sometidas a fuertes restricciones regulatorias.
La liberalización arrancó en 1975 cuando se les permitió expansionarse fuera de su provincia a otras limítrofes de su misma región. Pero fue en 1977 cuando la UCD emprendió una reforma liberalizadora que permitió la equiparación funcional con los bancos a las 80 cajas entonces existentes y las facultó para desarrollar, con la nueva libertad operativa, los negocios que habían estado tradicionalmente reservados a la banca privada. Luego, en 1979, se amplió el ámbito de expansión de las cajas a comunidades autónomas vecinas y finalmente en 1988 llegó la libertad plena de implantación para las cajas en todo el territorio nacional, aunque no el extranjero. Esta última decisión coincidió con la liberalización del movimiento de capitales en la Unión Europea.
La Caixa, la más poderosa de las 64 cajas entonces existentes, había emprendido su expansión por el conjunto de España años antes utilizando el subterfugio de una filial financiera. Pero fue en los años 90, al amparo del fortísimo desarrollo de la economía española -impulsada por la entrada en el euro, la caída de los tipos de interés, la fortísima oferta y demanda de crédito y el inusitado desarrollo del mercado de la vivienda- cuando las cajas espolearon su expansión suprarregional. La generalidad de las 45 cajas a las que se habían reducido estos operadores tras las fusiones regionales que se produjeron entre 1990 y1999 emprendieron entonces una ofensiva rauda de expansión territorial amparándose en el fortísimo crecimiento del negocio financiero ligado a la desbordante actividad inmobiliaria en España.
Este movimiento generó efectos en cascada porque incluso aquellas cajas que fueron más renuentes y tardías en su expansión, caso de Cajastur, acabaron proyectándose fuera de sus territorios tradicionales con un argumento defensivo. Si las demás cajas atacaban sus mercados naturales realizando ofertas a la baja para erosionar su cuota de mercado, sólo cabía, dijeron, la respuesta del contraataque.
De este modo, y a lo largo de los años de la euforia española, las cajas acrecentaron de forma relevante su capacidad instalada y sus oficinas. Aunque ganaron cuota de mercado (entre la liberalización plena de 1989 y la crisis de 2008 pasaron de controlar el 44,6% del mercado financiero nacional a acaparar el 53,2%), la expansión de la red de sucursales y del empleo fue también mayúscula. Y se aceleró a medida que crecía la «burbuja inmobiliaria».
Sólo entre 2000 y 2008, las cajas pasaron de 19.268 a 25.001 oficinas, un aumento de casi el 30% en apenas ocho años, mientras la cuota de mercado de estas entidades apenas creció el 0,8% en captación de depósitos en ese periodo: de controlar el 52,75% del ahorro en manos del sector financiero nacional en 2000, pasaron a asumir el 53,96%. Fue un aumento de apenas 1,21 puntos porcentuales de cuota, lo que evidencia hasta qué extremo la vigorosa expansión de las cajas en esos años se había fundamentado mucho más en la concesión de créditos -como vía de captación de clientes al compás de la vorágine de endeudamiento empresarial y familiar- que en el crecimiento del ahorro reclutado.
Fue justo en el este momento cuando sobrevino, en 2008, el colapso crediticio financiero internacional, el hundimiento por asfixia del mercado inmobiliario, el «pinchazo» de la «burbuja», la destrucción pavorosa de empleo, el alza de la morosidad bancaria, la caída de la oferta y de la demanda de crédito y el hundimiento del mercado financiero.
Las cajas se encontraron con buena parte de la red de expansión sin amortizar y aún en pérdidas (una oficina tarda al menos tres años en entrar en rentabilidad) y con un exceso notable de capacidad. En torno al 40% de las sucursales que poseían en ese momento las cajas estaban localizadas en territorios ajenos a su mercado histórico natural.
No era ésta la situación de los bancos privados. La banca ya había sufrido una fuerte purga depurativa con la pavorosa crisis financiera de 1977 a 1985, que afectó a 56 de los 110 bancos existentes en España, y a la que se sumó la de Banesto en 1993. Además, entre 1988 y 1999 los siete grandes bancos del país habían protagonizado un intenso proceso de absorciones y fusiones recíprocas, que los redujeron a tres, con los consiguientes cierres de oficinas redundantes y supresión de empleos. Y en la banca mediana se produjo una revolución casi análoga, liderada sobre todo por el Banco Sabadell.
De este modo, mientras en los años de la euforia económica española las cajas protagonizaron la mayor expansión de su historia, los bancos culminaron una fortísima concentración, redujeron capacidad y desde el año 2000 mantuvieron casi estable su red. Este distinto proceder es el hecho crucial que diferencia la distinta intensidad de la crisis sobre unas y otras instituciones de crédito.
En 2008, las 45 cajas españolas manejaban 25.000 oficinas, de las que 10.000 tenían menos de catorce años, mientras que la banca, con muchos menos operadores tras las macrofusiones de las décadas precedentes, gestionaban en el año inicial de la crisis una red de 15.647 sucursales, el 37% menos.
España, con la mayor red de oficinas bancarias por habitante de la UE, se vio impelida por el hundimiento del mercado a reducir tamaño. Y el esfuerzo cayó sobre todo del lado de las cajas porque eran las que mayor crecimiento habían protagonizado en los años precedentes. Esto fue lo que puso en marcha el proceso de fusiones de cajas y consiguientes ajustes de empleo en 2009: la necesidad imperiosa de reducir capacidad instalada y costes de estructura para adecuarla a una caída súbita y brutal de ingresos que amenazaba con llevar a pérdidas al sector. En esta tesitura había dos opciones: liquidar entidades o unir a las más solventes con la más delicadas. Los reguladores optaron por la segunda. También la banca privada hizo lo mismo: el Popular absorbió al Pastor y el Sabadell al Guipuzcoano.
Las fusiones de cajas habían sido abundantes en el pasado y no se trataba de un hecho insólito. La misma Cajastur nació como consecuencia de la fusión de dos cajas preexistentes. Otra cosa es que ahora la urgencia era tal que se hicieron integraciones a la trágala, y además en las peores circunstancias posibles (la mayor crisis económica en 70 años), impelidas por la urgencia y muchas veces forzadas por injerencias de los reguladores dispuestos a evitar como fuese una cascada de insolvencias. El precio fue que alguna caja con fama de bien gestionada (Caja Navarra, por ejemplo) acabó siendo arrastrada por otras a las que acudió a salvar.
Lo que sí fue novedoso y sin precedentes fue la conversión de sus negocios en bancos. Aunque algunas cajas de ahorros eran o habían sido dueñas de filiales bancarias, lo que ahora se planteó fue una transformación radical, de suerte que las cajas debían transferir su negocio financiero a un banco de nueva constitución, del que pasarían a ser meros accionistas. De las 45 cajas lo hicieron todas menos dos: las ínfimas Caixa Pollença y Caixa Ontiyent, las únicas que siguen ejerciendo directamente la actividad bancaria.
El fortísimo deterioro de la economía, el crecimiento vertiginoso de la morosidad (10,5% en la actualidad, una tasa récord), la creciente acumulación de activos tóxicos en los balances por fallidos, embargos y ejecuciones de créditos impagados, obligó a las entidades, por exigencia de su propia viabilidad -y aún más por un endurecimiento sucesivo de las exigencias regulatorias de los Gobiernos y de la UE-, a acrecentar sus recursos propios, reforzar su capital y acometer provisiones y dotaciones crecientes.
La banca, por su propia naturaleza jurídica y societaria, tenía tres mecanismos a su alcance: capitalizar beneficios, generar plusvalías con venta de patrimonio y ampliar capital con emisiones de acciones nuevas. De hecho muchos bancos ampliaron capital por esta vía a raíz de la crisis de 2008. Pero las cajas, al no ser sociedades anónimas, carecen de la posibilidad fáctica y legal de ampliar capital emitiendo títulos porque no son sociedades por acciones. Y las cuotas participativas (un remedo sustitutorio que se creó para ellas en 2002, consistentes en títulos con derechos económicos pero no políticos o de voto) no cuajaron en el mercado. Sólo la extinta CAM las emitió.
Así que las cajas, de seguir siendo cajas, sólo podían reforzarse destinando al epígrafe de recursos propios unos beneficios en caída libre o generando plusvalías por la venta de participaciones empresariales, activos u otro patrimonio en un contexto de depreciación de activos que tampoco dejaba mucho margen para captar recursos capitalizables.
Éste es el segundo factor crítico determinante y diferenciador que explica el desenlace de las cajas. Estas entidades obviaron una vieja maldición («Ten cuidado con lo que sueñas porque acabarás por conseguirlo») y actuaron durante varios decenios como bancos sin tener a su alcance todos los recursos e instrumentos legales de los que disponen las entidades bancarias para afrontar periodos de dificultad. Y cuando la dificultad llegó apenas tenían otra vía de sobrevivir que transformarse en aquello a lo que ya se parecían.
Este proceso se vio impulsado además por la fortísima restricción crediticia a la que sucumbió el mundo financiero internacional en septiembre de 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers. Los bancos dejaron de prestarse entre sí y países como España, con déficit de ahorro, exceso de endeudamiento privado, saldo exterior negativo crónico y fortísima apelación a la financiación extranjera, quedó sin fuentes de financiación. Si esto para los bancos era dramático, para las cajas lo fue mucho más porque inspiraban más desconfianza aún que sus competidores nacionales en los mercados de capitales por su atípica y poco convencional naturaleza societaria. Lo que en tiempos de bonanza y de optimismo financiero generalizado no fue decisivo, en época de miedos y pánicos bancarios pasó a ser relevante a medida que las cautelas se extremaban.
Ahora algunos de los bancos de cajas tienen pendientes los procesos de recapitalización ordenados por Bruselas y además pende sobre ellos la amenaza de la UE para que, en acatamiento del Memorándum de Entendimiento, las cajas renuncien a la mayoría accionarial en sus bancos. Todo lo cual revela un prejuicio. Porque se trata con el mismo rasero incluso a Caixabank y al grupo de cajas vascas Kutxabank, tercer y cuartos grupos financieros más solventes de España, según el diagnóstico de Oliver Wyman para Banco de España, BCE, UE y FMI. Los acontecimientos han llevado así a una criminalización de las cajas como concepto que no se ha producido con los bancos pese a su larga tradición de crisis devastadoras.
Ahora, de las 45 cajas que había en 2009, apenas quedan en pie nueve grupos (caso de Liberbank) tratando de perpetuarse como operadores independientes. El resto se han disipado o están en proceso de venta, subasta o liquidación.
Este proceso traumático ha sido el desenlace de una estrategia desregulatoria y liberalizadora que arrancó en 1977, del mismo modo que la actual crisis económica internacional no es más que la consecuencia inevitable de las corrientes económicas que emanaron de la revolución neoliberal de los años 80.
Lo que ha ocurrido con las cajas españolas pasó antes igual con sus análogas estadounidenses. Las Saving and Loans (S&L) acabaron en una situación muy crítica en 1986 tras haber protagonizado un crecimiento desmedido a resultas de la liberalización de aquella década, como escribió el analista Mike Mayo.
Estos fenómenos liberalizadores instauraron además, a uno y otro lado del Atlántico, la hegemonía del poder de los altos ejecutivos, que vieron en el engrandecimiento desorbitado de los negocios una fuente de altísima remuneración ligada a la consecución de objetivos, lo que actuó como incentivo perverso.
Pero este factor no fue peculiar de las cajas por más que se haya ligado al desconocimiento financiero de los políticos que poblaban sus órganos rectores y a la tolerancia de estos mismos responsables públicos a cambio de que las entidades financiasen proyectos de interés más político que económico. Porque esto, que sí se produjo con frecuencia, no fue diferente de lo ocurrido en muchas empresas privadas.
Alguien tan pro-capitalista como el republicano Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de EE UU (FED), admitió en sus memorias, cómo desde 1980 (es decir, coincidiendo con la «revolución» de Thatcher y Reagan) se disparó la brecha salarial a favor de los directivos y con escaso control por parte de los accionistas, cómo los directores generales lograban manejar a los consejos sin apenas darles información de las operaciones que éstos aprobaban -y él fue consejero de grandes empresas durante 25 años- y cómo los reguladores (y él lo fue al frente de la FED durante 19 años) casi nunca lograron detectar anomalías en la banca sin el chivatazo previo desde dentro de un directivo.