Hasta el momento quedó dicho que los recursos de la cuota de formación para el empleo, que pagamos las empresas y los trabajadores, tienen un reparto muy desigual y problemas específicos en cada caso. Tanto en la gestión de los más de 1.000 millones de euros que van a las Comunidades Autónomas, como en los más de 650 millones que este año se bonifican las empresas directamente.
Tras realizar estos repartos, quedan poco más de 200 millones de euros de la cuota, de los cuales unos 30 se destinan a las tareas administrativas y de gestión que realiza la Fundación Tripartita de Formación para el Empleo ( en adelante FTFE). Esto supone poco más del 1´5% de los recursos de la cuota. Quien se permite hablar descaradamente de despilfarro y derroche de la FTFE, debería explicar cuánto costaría externalizar esta gestión de cuantiosos recursos que van a las empresas, a las Comunidades Autónomas, o son gestionados directamente por el Estado y entregarla al negocio privado.
Otros 180 millones, es decir menos del 10% de los recursos de la cuota, se los reserva el Estado para realizar una oferta formativa al servicio de los trabajadores y trabajadoras empleados en los diferentes sectores productivos de la economía española y para atender problemas de formación general e intersectorial para trabajadores y trabajadoras con baja cualificación, acceso a nuevas tecnologías, trabajadores autónomos, economía social, idiomas.
Se da el curioso caso de que los empleados públicos ingresan unos 400 millones en las arcas de la Seguridad Social, en concepto de cuota, pero reciben menos de 60 para su formación. Una formación ajustada a necesidades, pese a los escasos recursos, bien gestionada, pero que ahora el Gobierno quiere entregar ?al mercado? de las grandes consultoras y centros de formación.
No se encuentran aquí, en la formación gestionada directamente por la FTFE, los escándalos de la formación. Pero sin embargo es aquí, donde el Estado quiere escenificar la solución mágica de la ?libre concurrencia competitiva?, expulsando a los sindicatos y a los empresarios, no ya de la ejecución de formación, sino del gobierno de unos recursos que ellos depositan en manos de la Seguridad Social y cuya gestión debe ser realizada con su participación, tal como reconoce el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias.
La denominada libre concurrencia, en el caso de la prestación de un servicio público, constitucionalmente reconocido como derecho de las personas a su formación profesional a lo largo de toda la vida, no puede convertirse en dogma, so pena de que lo que encubra sea una mercantilización y conversión en negocio de lo que es un derecho.
La libre concurrencia se ha ido extendiendo progresivamente, desde la llegada del PP al poder, hasta alcanzar a una parte importante de la formación profesional programada por el Estado. De hecho, la última convocatoria de subvenciones estatales para formación la incorpora, al menos, en un 50% de los programas subvencionados. Un primer efecto, por poner un ejemplo, ha sido que se han perdido casi 5 millones de euros, porque no se han presentado suficientes centros a la convocatoria de garantía juvenil.
Una segunda lectura, más detenida, apunta que la denominada ?libre concurrencia? produce monopolios, hasta el punto de que 17 solicitantes han acaparado más del 40% del presupuesto destinado a centros en las iniciativas de oferta y de jóvenes. En cuanto a las líneas de formación en TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), la famosa concurrencia se limita a los centros homologados por las multinacionales de la informática, como Microsoft u Oracle.
Así las cosas, la ?libre concurrencia? puede traducirse en una limitación de acceso real de muchos centros a la formación, dejando desasistidas aquellas líneas de formación menos rentables económicamente para los centros, pero no por ello menos necesarias para los trabajadores. Otra cosa sería extender la necesidad, tal como se plantea en el ámbito europeo, de presentar diversas ofertas y seleccionar la mejor, en función no solo de costes, sino de calidad.
El modelo según el cual la Administración decide las necesidades formativas prioritarias y luego selecciona los centros que ejecutan formación, sin participación de los agentes económicos y sociales, termina produciendo lobbys que se reparten el mercado y concentran la concesión de ayudas en unos pocos solicitantes. Supone confundir la buena gestión de los recursos con el gobierno del reparto de los mismos. Conllevaría, de seguir delante de forma indiscriminada, aumentar los riesgos y crear clientelismos inaceptables.
No podemos abordar una reforma de la formación para el empleo desde la lógica exclusiva de incrementar el control y la exigencia de calidad, a base de establecer una mayor burocracia, que termina impidiendo la ejecución de la formación.
Empresarios y sindicatos hemos planteado abiertamente que una cosa es el gobierno del sistema de formación para el empleo y otra la ejecución de los planes concretos de formación. Deben ser centros acreditados y registrados, con suficientes garantía de calidad, los que impartan la formación. Y entre estos centros no se puede excluir como ocurre actualmente, sino que muy al contrario, se debe incentivar, la presencia de los centros públicos (Universidades, Centros de FP, Centros de Educación de Personas Adultas).
Pero esa lógica debe corresponderse con un papel reconocido de participación real de los empresarios y sindicatos, junto a las Administraciones Central y Autonómica, en la gestión y Gobierno del Sistema de Formación para el Empleo. En todos sus aspectos. Desde la detección de necesidades hasta la evaluación, pasando por la programación, aprobación de planes, control y seguimiento de los planes, información y orientación de las empresas y los sectores.
El sistema de Formación para el Empleo tiene mucho que mejorar, pero también tiene muchos logros adquiridos. Millones de trabajadores y trabajadoras, ocupados o desempleados, se forman en cursos que se organizan con recursos procedentes de la cuota que ellos mismos y las empresas pagan a la Seguridad Social.
Merece la pena mejorar el sistema, corregir ineficacias e ineficiencias, adaptarlo a nuevas realidades económicas, productivas, personales. Merece la pena perseguir a los corruptos que se hayan instalado en el sistema, aprovechando resquicios que hay que taponar. Merece la pena introducir reformas.
Pero las reformas, en un sistema democrático, deben ser reformas acordadas por los actores legítimos: Las Administraciones, junto a las organizaciones empresariales y sindicales. Merece más la pena abordar la reforma de la formación como un asunto de Estado que hay que definir para muchos años, que como una reforma partidista, parcial y partidaria, de cortos vuelos.
Las reformas en la formación siempre han venido precedidas de acuerdos bipartitos (empresarios y sindicatos) que posteriormente se convertían en tripartitos (con presencia de la Administración). Avanzar por el camino de legislar sin acuerdo, empieza a ser más que un precedente, una práctica habitual de nuestros actuales gobernantes.
Secretario Confederal de Formación de CCOO
Francisco Javier López Marín.