Las arcas del Estado viven este año un deterioro sin precedentes. Subir el IRPF a las rentas altas es la medida que menos gusta en Hacienda. La deducción de 400 euros cuesta 4.000 millones anuales al Estado. La gran baza por explotar es la llamada fiscalidad ‘verde’.
31-08-2009 – La imaginación se impone a la calculadora en el diseño de las cuentas del Estado para el año próximo. Más que sumar y restar, Hacienda deberá recurrir a la creatividad para cuadrar los Presupuesto de 2010, los más complejos de la historia económica reciente. Cerrar el ejercicio con unas arcas menos maltrechas que las de este año, como pretende el Ejecutivo, obliga a algo más que contener el gasto. Las subidas de impuestos emergen como la única alternativa creíble -también la más impopular- para que los números aguanten sobre el papel.
Las arcas del Estado viven este año un deterioro insólito, que dejará como herencia el volumen de déficit más abultado de la serie, que arranca en los años ochenta. Hacienda admite un 9,5% del producto interior bruto (PIB) a final de 2009, una cifra fácilmente superable por la realidad. Y a pesar de que pocos analistas creen que la recuperación se vislumbre claramente el año próximo, el Gobierno cuenta con mejorar el nivel de déficit hasta el 7,9% en 2010. Más allá de la fe confesa en las posibilidades de la economía española, la cifra encierra alguna subida fiscal ya confirmada por el presidente del Gobierno, aunque sin concretar.
«Todas las figuras tributarias están en revisión», repiten incansablemente en el Ministerio de Economía para evitar dar pistas sobre sus intenciones. Con la idea, expresada por muchos economistas, de que anticipar las subidas fiscales entorpece la recuperación, el departamento que dirige Elena Salgado se guarda el as en la manga hasta el momento de presentar los Presupuestos de 2010, dentro de un mes escaso. José Luis Rodríguez Zapatero ofreció el pasado viernes alguna pista sobre los cambios fiscales que se avecinan e intentó tranquilizar a la ciudadanía con la idea de que el mayor esfuerzo tributario que se les va a pedir será «temporal». Un concepto un tanto heterodoxo cuando se habla del marco fiscal, al que se le suele exigir previsibilidad.
La maniobra más aireada hasta ahora -subir el IRPF a las rentas altas- es la que menos gusta en Hacienda. Y las palabras del presidente -«la actividad de las empresas y los ingresos por trabajo deben ser respetados y preservados»- sugieren que no se ejecutará. Sólo dos años después de aplicar una reforma fiscal que recortó dos puntos (hasta el 43%) el tipo que grava a los más acaudalados, dar marcha atrás se avecina complejo. Salgado esgrime el «mínimo impacto recaudatorio» de una medida de ese tipo, pues los contribuyentes con ingresos anuales superiores a 60.000 euros representan un exiguo 3% del total. Pero lo cierto es que ese colectivo tan reducido aporta el 38% de los recursos por IRPF, según datos de la Agencia Tributaria. Así, elevar la tributación en ese segmento permitiría arañar una buena parte del dinero que Hacienda busca desesperadamente.
El principal riesgo de esta medida consiste en deprimir el ritmo de consumo e inversión de las rentas más altas en un momento en que la economía necesita dinamismo. «No es una buena idea. Las rentas altas son las que más invierten y más empleo crean, así que es un arma de doble filo», argumenta Juan Carlos Conesa, del departamento de economía e historia económica de la Universidad Autónoma de Barcelona.
La mayoría de los expertos son reacios a plantear subidas aisladas del IRPF, algo bastante impopular que supone desandar el camino transitado por todos los Gobiernos -tanto del PP como del PSOE- en los 10 últimos años. Algunos sí contemplan ese giro, pero dentro de un paquete más amplio. «Aceptaría incrementos selectivos de la presión fiscal para que quede claro que pagamos todos», explica Guillem López Casasnovas, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y consejero del Banco de España. Este experto critica la «dualidad fiscal» que evidencian unos tipos máximos del 43% para las rentas del trabajo y del 18% para las del capital.
Aunque no sea la opción preferida por la vicepresidenta Salgado, la necesidad de granjearse las simpatías de los grupos de izquierda en el Congreso puede alterar sus intenciones. Subir los impuestos a las rentas altas trasladaría un marcado mensaje político que Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya-Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego pueden exigir para prestar su apoyo a los Presupuestos. Y el fin último del Gobierno es que sus cuentas salgan adelante.
En comparación con los socios europeos, la economía española aún tiene margen para aumentar la presión fiscal, es decir, el peso de los ingresos impositivos sobre el total de la economía. España alcanzaba el 37% sobre el PIB en 2007, según datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria, frente al 40% de media de la eurozona. Y el año pasado, la crisis relajó la presión fiscal española casi cinco puntos, hasta el 32,8%.
En ese contexto, Hacienda está dispuesta a explorar esa vía sin remordimientos. Uno de los retoques fiscales que considera más plausibles para 2010 es la supresión de prebendas otorgadas improvisadamente en los años de bonanza y que ahora lastran las cuentas públicas. La primera es la deducción indiscriminada de 400 euros en el IRPF. Esa medida detrae cada año 4.000 millones de las arcas del Estado, casi la mitad de lo que el Ejecutivo pretende ahorrar para 2010. Quitarle el carácter universal permitiría un buen ahorro. Algo similar se planteó el ministerio con los 2.500 euros por nacimiento de hijo, aunque esa hipótesis quedó desactivada por Zapatero tras el Consejo de Ministros del viernes.
«Reemplazar subsidios generalizados como el cheque bebé, la deducción por compra de vivienda y los 400 euros por medidas con un efecto más directo sobre gasto y empleo sería acertado, además de poder dirigirse más fácilmente a los sectores desfavorecidos», razona Tomás Baliño, ex subdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los sindicatos se han mostrado beligerantes contra estas dos medidas, pero van más allá. «Se trata de crear una política fiscal equitativa, cosa que no se ha producido con determinadas rebajas fiscales de los últimos años», critica Toni Ferrer, de UGT. El responsable de acción sindical de esta organización pide recuperar el impuesto del patrimonio, eliminado el año pasado, una idea con la que coincide Paloma López, de Comisiones Obreras. «Recuperar patrimonio y sucesiones [un impuesto muy rebajado por las comunidades autónomas] sería lo más inmediato. Y luego habría que revisar todas las demás figuras», añade.
Parece poco probable que el Gobierno se decida a rescatar un impuesto eliminado hace sólo un año. Pero caben otras opciones. «Dar marcha atrás es muy difícil. Tendrían que inventarse algún impuesto ingenioso», apunta Laura de Pablos, del departamento de hacienda pública y política fiscal de la Universidad Complutense de Madrid. Esta experta pone un ejemplo: Holanda eliminó el tributo del patrimonio como tal, pero impuso una especie de cálculo objetivo, similar al sistema español de módulos, para gravar el patrimonio de los ciudadanos en una cantidad equivalente al 1%.
De Pablos aboga por recuperar este tributo, aumentar los impuestos especiales (tabaco, alcohol y gasolinas) y, ligada a esta última idea, explorar la fiscalidad medioambiental. Para el resto de opciones -tocar renta y sociedades- no cree que sea el momento, pues supondría una reforma improvisada, como las que se han hecho hasta ahora. «No se pueden tener impuestos bajos para todos y servicios casi gratuitos también para todos», argumenta esta experta, que sugiere repensarlo todo con tranquilidad.
Esa petición, respaldada por varios analistas, es demasiado ambiciosa como para caber en los Presupuestos de 2010. El Ejecutivo no ha planteado -al menos de momento- una reforma radical del gasto. La única medida que se vislumbra es una cuasicongelación en el salario de los funcionarios. Con ella, el Gobierno logrará arañar recursos, pero nada que modifique sustancialmente la composición del gasto. Porque la mayor parte de los Presupuestos está comprometida de un año para otro. Un tercio del dinero se destina a las pensiones; otra buena parte -cada vez mayor-, a las prestaciones por desempleo, y el 17%, a los empleados públicos. Así que el margen de maniobra es escaso.
«El debate está mal planteado. No se trata de ver si se suben impuestos, sino de mirar los gastos. En los últimos 10 años de expansión económica, los gastos no tenían por qué haber crecido tanto. Y lo han hecho como si fueran tiempos de dificultades», sostiene Hugo Rodríguez, investigador del Instituto de Análisis Económico del CSIC.
De tocar algún tributo, Rodríguez recomienda elevar el IVA, que «tiene menos efectos secundarios: distorsiona menos el consumo y no afecta a la competitividad de las exportaciones [las ventas al exterior no pagan IVA]». En principio, el Ejecutivo se ha mostrado contrario a aplicar esa medida, reclamada por la CEOE, con la idea de que puede penalizar el consumo y, además, es regresiva, pues todos los contribuyentes pagan IVA por igual, independientemente de sus ingresos.
El impuesto que parece más inmune a los cambios es el de sociedades, especialmente tras las pinceladas esbozadas el viernes por Zapatero. El Gobierno ya redujo entre 2007 y 2008, del 35% al 30% (25% para las pymes), lo que pagan las empresas por sus beneficios. En un momento en que las ganancias empresariales adelgazan, el impacto recaudatorio sería más tímido.
La gran baza por explorar es la llamada fiscalidad verde. El Ejecutivo ha iniciado esa senda al elevar este año los impuestos sobre el tabaco y los carburantes. Pero existe una infinidad de actividades contaminantes y explotación de recursos por gravar. Y no sólo en España. Un estudio de Eurostat sobre tendencias fiscales en la Unión Europea asegura que apenas uno de cada 15 euros de los ingresos de los países comunitarios proviene de los impuestos medioambientales. La situación ha cambiado desde 2006, año de publicación de ese documento, pero la tributación medioambiental sigue siendo incipiente en la mayor parte de los países, especialmente los mediterráneos.
Más allá de las tasas verdes, el estudio señala la tendencia observada en todos los países comunitarios de reducir impuestos en épocas de bonanza, aunque algunos países están dando marcha atrás acuciados por la falta de recursos. Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos han elevado el tipo máximo del IRPF, pero otros como Francia han decidido no subir impuestos y Alemania se ha atrevido con la idea contraria: ha prometido una rebaja fiscal de 15.000 millones -en la antesala de las elecciones del 27 de septiembre- para reactivar el consumo en la próxima legislatura.
Una fórmula aparentemente indolora de cuadrar las cuentas sin adoptar reformas drásticas ni en los ingresos ni en los gastos consiste en endeudarse más. España aún puede ahondar en esa vertiente, pues su nivel de deuda es reducido. En los Presupuestos de 2009 rozaba el 40%, pero la magnitud de la crisis ha debido de disparar este indicador, aunque por debajo del 60% que permite la Europa comunitaria.
Pese a que endeudarse supone trasladar los costes de esa carga al futuro, es previsible que el Ejecutivo opte por engrosar la deuda y mantenga las políticas que considera señas de identidad, como la subida de las pensiones mínimas o la inversión en I+D. Una estrategia, necesaria en tiempos de crisis, que representa otra forma de subir impuestos, pero a las generaciones futuras.
El riesgo de tolerar el fraude
Algunos contribuyentes atenazados por la crisis económica pueden considerar poco arriesgado defraudar al fisco en comparación con las ganancias que les puede reportar (evitar la quiebra). Con esa tesis, el Fondo Monetario Internacional (FIM) recomienda a las autoridades tributarias que estrechen el cerco sobre los potenciales defraudadores en un momento en que los recursos públicos escasean. «Tolerar el incumplimiento fiscal no constituye una respuesta apropiada a la crisis», asegura el organismo en un informe del pasado julio. El autor, John Brondolo, admite la tentación que pueden tener los Gobiernos de mirar hacia otro lado con la idea de que la actividad sumergida, al menos, dinamiza la economía, pero anima a las agencias tributarias a evitar esa postura. En su lugar propone aplicar estímulos fiscales y facilidades al contribuyente para aliviar su situación.
El documento señala el sector financiero como uno de los que más fácilmente pueden escapar al fisco por la complejidad de sus productos. «Esos riesgos de incumplimiento de las obligaciones fiscales tienen que tenerse en cuenta», advierte.
La Agencia Tributaria asegura haber puesto un mayor empeño estos dos últimos años en controlar la economía sumergida, aunque su principal objetivo sigue siendo «el gran fraude». Este organismo prevé terminar el año con una mejora en los ingresos derivados de la lucha contra el fraude superior a la del año pasado. En 2008 recaudó 6.518 millones de euros por ese concepto. La cantidad representa un 9,5% más que el año anterior. –
LUCÍA ABELLÁN
El Pais
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