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Desde la plantilla de la oficina más pequeña, pasando por los Servicios Centrales y Direcciones Territoriales, y terminando con los representantes legales de los trabajadores, todos somos conscientes de la situación por la que pasa Caja Castilla la Mancha. Sobre esa base, los trabajadores y trabajadoras hemos venido trabajando y esforzándonos porque esa situación no derivara en otra de mayor gravedad.

Esto, que es hasta tal punto obvio que, desde los Administradores, Direcciones Generales, responsables de organizaciones políticas y sindicales y Gobierno Regional, han reconocido, parece que no termina de valorarse en toda su magnitud, a tenor de los mensajes recurrentes que constantemente nos trasladan de que no podemos desperdiciar esta “segunda oportunidad” que se nos ha dado y que debemos redoblar esfuerzos.

No basta con pedir más esfuerzos, sino saber gestionar los que cada día realizan los cientos de personas que trabajamos en CCM. En este sentido, hemos de manifestar nuestra crítica ante la mala gestión que se está haciendo de los distintos planes de recuperación. En relación con el Plan R1000, por ejemplo, nos llegan manifestaciones, de una gran parte de la red, de que los objetivos asignados para cada unidad son confusos, en unos casos, excesivos en otros, no se han tenido en cuenta los depósitos retirados en cada una de las unidades a la hora de diseñar o asignar dichos objetivos, los soportes, recursos y medios son escasos en muchas zonas e inadecuados en otras, en algunas Territoriales y Zonas, como ya hemos denunciado en anteriores comunicados, lejos de ser agentes facilitadores y colaboradores, su actuación se circunscribe a citar, en las respectivas cabeceras, a los responsables de oficina quincenalmente, para repasar el grado de cumplimiento y, de paso, darles “un repaso” de lo mal que lo están haciendo.

En cuanto a la recuperación de morosidad, venimos oyendo comentarios, desde distintas unidades, de las dificultades que el Área de Riesgos está incorporando a la resolución de numerosas operaciones y su queja sobre que, este mismo responsable de área, en la anterior etapa, “firmaba todo lo que se le ponía delante” y ahora ejerce un férreo bloqueo a propuestas objetivamente viables. Este tipo de actuaciones deben ser analizadas y corregidas de inmediato.

En cuanto a otro tipo de medidas, como las que tienen que ver con las renovaciones de contratos de duración determinada, la contratación a través de ETTs, las alternativas al acuerdo de jubilaciones parciales, el cierre de oficinas, las condiciones en que éstas se abordarán y aquellas que afectan a sus plantillas, también hemos de manifestar nuestra más firme crítica por cómo se están abordando. No alcanzamos a comprender la posición de la Caja ante la propuesta de las cuatro secciones sindicales de suscribir un Pacto por la Estabilización de Caja Castilla la Mancha. En nuestra propuesta ofrecemos que, sobre la base del diagnóstico compartido sobre la situación de CCM, las necesidades que de ese diagnóstico se consideren imprescindibles adoptar, establezcamos compromisos recíprocos, reglas de juego y cuantos elementos de regulación sean necesarios para articular, desde el equilibrio entre las partes, cuantas medidas sean necesarias con el objetivo de mantener el empleo y la viabilidad de la Caja.

No es admisible que las medidas se pongan en marcha antes que las normas que las van a regir. Es muy negativo que no se tengan previsiones de cuántas y qué tipo de medidas serán necesarias tomar. No estamos dispuestos a ver, valorar y negociar, de forma desagregada, aquellas que tengan que ver con: el mantenimiento del empleo, modificaciones de condiciones laborales, cierres de oficinas, etc. sin que se contemplen todas y cada una y se establezcan los elementos generales y las normas laborales que regularán las mencionadas medidas.


No ha sido posible cerrar un acuerdo. Ello debido, principalmente, al escaso margen de que disponen los interlocutores de la Caja. No es serio, desde nuestro punto de vista, que las posibilidades de firmar un acuerdo sobre esta materia, tras más de un mes transcurrido desde la toma de decisión de cerrar oficinas, sea sobre un contenido tan pírrico como el presentado por la Dirección. Tampoco es serio que la alternativa que les hemos presentado las cuatro organizaciones sindicales precise de análisis y cuantificación. Todos estos aspectos deberían haber estado valorados desde hace días y, sobre la previsible posición de los sindicatos, tener tasados los contenidos, pues las posiciones de las Organizaciones Sindicales se han explicitado en reuniones anteriores y están contenidas en el acuerdo firmado el pasado 19 de Junio para la contratación de ETTs. Así es en cualquier proceso de negociación y, en el caso singular que nos ocupa, se debe ser más riguroso aún, pues los tiempos y las circunstancias nos obligan a todos a ser eficaces y buen gestores del tiempo.

Sobre lo dicho en el párrafo anterior, ha quedado pendiente de valoración y respuesta por parte de la Caja los siguientes aspectos:

– Plazo durante el cual, las personas con función asignada (Dirección, Subdirección, Intervención…) que dejen de tenerla como consecuencia del cierre de su oficina, mantendrán sus condiciones.

– Compensaciones que se han de aplicar a las personas afectadas, en los supuestos de que algún cierre de oficina provoque movilidad geográfica.

Lamentamos que sólo estos dos aspectos hayan impedido poder dejar firmado el acuerdo en el día de ayer, máxime cuando las diferencias no son sustanciales. En relación al primer elemento, tan sólo nos separa tres meses. Nuestro planteamiento pasa por mantener las condiciones a los afectados durante doce meses y la Caja ha planteado la posibilidad de llegar a nueve. En cuanto al segundo, nuestra propuesta es que, en aquellos casos futuros, dado que en los actuales no se prevén, en los que se tengan que establecer traslados por encima de los 25 kilómetros establecidos en Convenio Colectivo, se tasará durante un plazo máximo de un año y 60 kilómetros las posibilidades de traslado, compensándose, en estos casos, con una mejora sobre el kilometraje establecido en Convenio. Por encima de ese plazo y esas distancias, el traslado se entenderá como cambio de domicilio habitual. En estos casos las compensaciones serían otras, tales como: los gastos de mudanza, acceso a un nuevo préstamo vivienda que no computara a les efectos establecidos en el Acuerdo de Beneficios y Mejoras Sociales, así como un plus mensual de 600 € y por un plazo de tres años. Algunos de estos aspectos han sido asumidos, quedando otros por valorar y dar respuesta en esta semana.

Desde esta representación legal de los trabajadores, requerimos de la Dirección de CCM, tengan en cuenta los aspectos que se critican en este comunicado, tomen las medidas necesarias para corregirlos y nos otorguen la confianza y sentido de la responsabilidad que, a nuestro juicio, nos hemos ganado y nos dejen ejercer nuestras funciones con la amplitud que la situación exige.

No vamos a tolerar ser meros “comparsas” o convidados de piedra. Ni los empleados ni sus representantes nos lo merecemos.

Ver comunicado completo en pdf

Orientará a los profesionales y ayudará a evitar el fraude. 

30-07-2009 – 

Profesionales de la sanidad y jefes disponen ya de un manual oficial que estipula los tiempos medios de las bajas laborales para cada enfermedad. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, presentó ayer «Tiempos estándar de incapacidad laboral», que ha sido elaborado por la Seguridad Social y para el que se han analizado más de un millón de bajas comunicadas y unas 3.000 enfermedades que han sido motivo de ausencia.

El tiempo estándar (o periodo idóneo que se requiere para solucionar una enfermedad) de una baja laboral es de cuatro días (el mínimo para que se conceda una) en el caso de los llamados «procesos banales», en su mayoría compatibles con el puesto de trabajo pero que pueden ser causa de una ausencia de corta duración. En los «procesos crónicos», el periodo medio que ha establecido la Seguridad Social es el tiempo necesario para valorar las limitaciones y secuelas, y alcanzar una mejoría suficiente que permita la reincorporación al puesto de trabajo. En los procesos clínicos graves se valora el tiempo necesario para que el médico disponga de todos los datos que le permitan plantear una posible incapacidad permanente.

Entre las enfermedades más frecuentes, el malestar con fatiga tiene de media cuatro días asignados, igual que la amigdalitis y la colitis. Para las enfermedades cardiovasculares, como la angina de pecho o el infarto, se recomiendan treinta y noventa días, respectivamente. Otras más curiosas son, por ejemplo, las provocadas por el efecto tóxico del alcohol y las flatulencias, ambas con un periodo medio de baja de cuatro días.

Evitar el fraude

 

El número de días recomendados facilitará la gestión de las citas médicas, ya que permitirá ajustar el tiempo que es necesario entre las visitas. El ministro de Trabajo subrayó que el manual pretende estandarizar los criterios de seguimiento y control de la incapacidad temporal, pero «no ser un sustitutivo del médico».

El manual tiene varios objetivos, entre los que sin duda se encuentra evitar el fraude en las bajas laborales. Este año, el gasto presupuestario para la protección por bajas temporales es de 3.460 millones de euros, además de 8.000 millones para las incapacidades por accidentes laborales y 7.000 para la gestión de mutuas de trabajo. Además, orientará a los médicos sobre la duración de las bajas y las causas que pueden prolongarlas.

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El IPC armonizado acumula su quinto mes consecutivo en valores negativos. En el mes de julio, el IPCA (armonizado) es del -1,4%

31-07-2009 – España se sitúa al borde de la deflación -que el Fondo Monetario Internacional define de modo técnico como seis meses seguidos de tasas negativas- acumulando el quinto mes de IPC bajo cero. De esta forma, el mes que viene puede quedar incumplida una nueva promesa del Gobierno, que también aseguró que no se llegaría a la deflación. En el mes de julio, el IPCA (armonizado) es del -1,4%.

 

De coincidir este dato con la inflación general (IPC), también supondrá la quinta caída de precios, pero en este caso desde hace 47 años, desde 1962, primer año del que se tienen datos homologables.

 

Hasta que se conozcan los datos definitivos, el 13 de agosto, es de prever que la caída de la tasa de la inflación se deba, principalmente, a la diferencia del precio del petróleo, ya que hace un año el barril del Brent costaba 134,56 euros frente a los 65,36 euros de julio de este año.

La tasa anual del IPC armonizado suele coincidir -apenas varía en alguna décima- con la del IPC general, cuya evolución del mes de julio se publicará el próximo 13 de agosto.

 

De situarse el IPC general en el -1, 4%, la inflación interanual española ahondaría también su crecimiento negativo, ya que en junio registró una tasa del -1%.

 

En marzo la inflación española entró por primera vez en negativo, pues desde 1961, año en el que se inicia la serie, nunca se había experimentado una tasa negativa de crecimiento de los precios. No obstante, el Gobierno sigue descartando la entrada en deflación, entendida ésta como una caída generaliza y prolongada de los precios, opinión que también comparten el Banco de España y organismos como la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas).

La institución gobernada por Miguel Angel Fernández Ordóñez ha manifestado que los riesgos de deflación en España son «remotos», puesto que sólo el efecto estadístico por el abaratamiento del crudo en la segunda mitad de 2008 presionará al alza el IPC hasta tasas positivas en los últimos meses del año. Por su parte, Funcas prevé que la inflación registre tasas negativas hasta octubre, con lo que acumularía ocho meses de crecimiento negativo. No obstante, la Fundación de las Cajas considera que no se puede hablar de deflación mientras el núcleo inflacionista, que excluye los productos energéticos y los alimentos, se mantenga en positivo.
ABC

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Con “Agosticidad” y Alevosía, como intentando que pasen desapercibidos, o sin hacer ruido, la Dirección de Sogeti, ha acometido un nuevo paquete de reestructuración que se tradujo en 6 despidos el pasado miércoles, y que mucho nos tememos no se queden ahí.

Este paquete de despidos, fuera del Plan de Empleo que se firmó para todo un año y que se ha consumido en solo 5 meses, viene a demostrar el fracaso de gestión de esta Dirección. Una Dirección, que tras un Plan de Empleo acordado con la R.L.T., es incapaz de encontrar soluciones en el medio o largo plazo para reorientar la sostenibilidad del proyecto Sogeti. Un proyecto, que con este modelo de gestión empieza a dejar de ser creíble para gran parte de la plantilla.

La Dirección actual de Sogeti, a nuestro juicio, ha fracasado estrepitosamente en la gestión de esta crisis del mercado, y se muestra incapaz de tomar medidas que corrijan el rumbo, más allá de este tipo de medidas cortoplacistas, que van más bien orientadas
a cumplir con los números de final de año, que a hacer viable el proyecto de Sogeti.

La empresa nos comunica, como ha hecho en otras ocasiones, que estos despidos serán los últimos en 2009, pero no confiamos ya en su palabra y empezamos a dudar de su capacidad, puesto que el movimiento se demuestra andando, y aquí parecemos estar paralizados, estando en el mismo punto que en el mes de Febrero, cuando se firmó el Plan de Empleo. La empresa sigue sin presentar un Plan de Viabilidad o sin abrir una mesa de trabajo para buscar medidas alternativas como ya les hemos reclamado en diversas ocasiones.

En estas circunstancias, o mucho cambian las cosas, o nadie debería descartar las movilizaciones en defensa de nuestros puestos de trabajo a la vuelta del verano.

CCOO está en contacto con los compañeros de la UGT, para buscar en este tema la máxima unidad de acción posible.

Os mantendremos informados.

Descarga Comunicado 12/09 – Despidos con «Agosticidad» y Alevosía (PDF)

 

¡Afiliate a CC.OO.!

En el proceso de concertación social que la CEOE ha puesto abruptamente fin, una reivindicación muy decisiva era la reducción de cuotas.

27-07-2009 – Todo lo que concierne a la Seguridad Social es asunto muy delicado porque la Seguridad Social es el núcleo del Estado Social y Democrático de Derecho, sobretodo en un país como España en el que las políticas sociales más generales arrastran una histórica debilidad. La Seguridad Social no es otra cosa que la organización técnica de la solidaridad llevada a cabo por el Estado para poner a todos los ciudadanos al abrigo de las situaciones de necesidad y, de ese modo, avanzar en el camino de la igualdad, como quiere el art. 9.2 de la Constitución. Es hacer, como dijera Beveridge, que triunfe la libertad frente a la necesidad ya que un menesteroso no es libre y, por tanto no está en condiciones de gozar de los derechos fundamentales a todos reconocidos, no es, en definitiva, ciudadano. Por eso la Seguridad Social está en el pacto social fundante de la convivencia europea y está “blindada” por la Constitución con una garantía institucional. Esto quiere decir que incluso el máximo representante de la soberanía popular, el legislativo, tiene limitados sus poderes de configuración del Sistema de la Seguridad Social. Si el legislativo tiene limitados sus poderes, lo que es más que evidente ahora que está en medio de los trabajos para la renovación de los Pactos de Toledo, el Gobierno y los agentes sociales deben ser especialmente cautelosos en esta materia. Pero la prudencia y la cautela no parece que estén inspirando a la gran patronal, la CEOE, en la actual fase de concertación social al pedir una rebaja de las cotizaciones de 5 puntos, cifrada en 15.000 millones de euros. No hace falta ser actuario para darse cuenta de los efectos desastrosos que esa rebaja puede tener. Pero, sobretodo tan extemporánea pretensión es muestra de una posición ideológica inaceptable que en el fondo ataca al Estado Social y Democrático.

Si como se acaba de decir, la Seguridad Social es la organización de la solidaridad por el Estado, eso implica necesariamente redistribución de rentas desde los que más a los que menos tienen. Los enormes recursos financieros que debe manejar el Estado en España están gestionados de modo ejemplar y con una eficacia modélica a la que no llega, ni de lejos, la que muestran los sistemas de ahorro previsional voluntario, pero para gestionar esos recursos antes hay que tenerlos. El modo de financiar la Seguridad Social puede hacerse mediante cuotas calculadas sobre los salarios, mediante impuestos generales o mediante un sistema mixto, como es nuestro caso. Con la separación de fuentes de financiación las prestaciones no asistenciales, llamadas “contributivas”, se financian básicamente con cuotas calculadas sobre salarios, mientras que las prestaciones asistenciales del Sistema y las sanitarias lo hacen mediante transferencias desde los presupuestos generales del Estado, es decir, mediante el sistema impositivo general. Esta separación es criticable porque está dando lugar a una ruptura regresiva del Sistema en dos compartimentos estancos que condena al asistencialismo a aquella parte de la población con carreras profesionales frágiles (los precarios) que les impiden cumplir los requisitos más duros exigidos para causar derecho a las prestaciones no asistenciales o contributivas. Es una erosión de la solidaridad.

Enviar al asistencialismo a una parte de la población ya, en si mismo, es un grave problema porque este tipo de prestaciones exigen la prueba de la necesidad mediante la demostración de no sobrepasar un nivel de rentas muy bajo, pero lo es mas si la aportación de recursos para las prestaciones en este brazo del Sistema es débil. Para que estas prestaciones sean “suficientes” como quiere el art. 41 de la Constitución el sistema impositivo general debería ser progresivo y potente. Pero ya estamos viendo lo ampliamente extendida que está la moda de rebajar impuestos directos. La patronal, al mismo tiempo que pide rebajar las cotizaciones sobre salarios, lleva años pidiendo (y consiguiendo poco a poco) rebajas impositivas hasta el punto que puede decirse sin error que la progresividad fiscal en la práctica solo opera para los asalariados. Las prestaciones asistenciales, a pesar de las importantes subidas de los últimos años, son todavía tan pequeñas que difícilmente puede decirse que cubren los mínimos vitales de subsistencia.

Las prestaciones no asistenciales, es decir, contributivas, se financian mediante cuotas sobre salarios. La financiación por cuotas tiene la ventaja de su seguridad, pues al ser un tipo de tributo con asignación finalista no puede dedicase más que a la garantía de las prestaciones previstas, con la particularidad de que el art. 86 LGSS expresamente prohíbe que los recursos obtenidos de este modo puedan dedicarse a prestaciones asistenciales, con el efecto erosivo señalado de la solidaridad. Al no poderse dedicar más que a garantizar las prestaciones algunos argumentan que es una especie de salario diferido. La rebaja de las cotizaciones ha sido una continua reclamación de los empresarios que ha sido en alguna medida atendida, pues lejos de haber sufrido algún incremento, como podría haber ocurrido, ha tenido lugar moderadas reducciones. Además disfrutan de bonificaciones por la contratación de grupos de trabajadores con especiales dificultades frente al empleo. A todo ello hay que adicionar que desde mitad de los años 80 del pasado siglo han visto mermada su aportación a la Caja Común de la Seguridad Social de manera significativa con la imposición de topes de cotización, que dan lugar a que una parte importante de los salarios más elevados este exenta de cotizar a la Seguridad Social. Pero la voracidad de nuestros empresarios hace que cualquier reducción sea insuficiente. Reducir las cuotas empresariales implica que a un plazo breve habría que endurecer los requisitos para causar derechos a las prestaciones no asistenciales o sin prueba de la necesidad, lo que daría lugar a expulsar a más trabajadores al brazo asistencial, pero si se hace caso a la otra reivindicación empresarial de reducción del impuesto de sociedades (el impuesto sobre el patrimonio ya está casi eliminado) la solución es clara: un extremado debilitamiento del Sistema de la Seguridad Social o aumentar los impuestos indirectos que recaen sobre todos, pero de esa manera no habría redistribución de rentas y se atacaría a la esencia misma de la Seguridad Social. Ambas cosas inaceptables desde el punto de vista constitucional y desde cualquier aspiración a una sociedad mas civilizada.

Joaquín Aparicio Tóvar
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Castilla – La Mancha.

 

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