El diálogo social constituye uno de los activos más importantes en el proceso de construcción y consolidación de España como un Estado Social y Democrático de Derecho.
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I. PREÁMBULO.
El diálogo social constituye uno de los activos más importantes en el proceso de
construcción y consolidación de España como un Estado Social y Democrático de
Derecho.
Mediante el diálogo social, las organizaciones sindicales, las organizaciones
empresariales y los poderes públicos han logrado alcanzar numerosos acuerdos
sociales sobre materias de indiscutida trascendencia socioeconómica.
Como expresión de una voluntad compartida de fortalecer el diálogo social así
como de transmitir a la sociedad en su conjunto un inequívoco mensaje de
confianza
institucional, el Gobierno, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la
Unión General de Trabajadores, la Confederación Española de Organizaciones
Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa han
convenido en suscribir la presente Declaración, que define las materias,
objetivos y orientaciones generales conforme a las que ha de desarrollarse una
nueva etapa del diálogo social en España, ordenada, de manera inmediata, a la
consecución de acuerdos para favorecer la Competitividad, el Empleo Estable y la
Cohesión Social.
II. CRECIMIENTO ECONOMICO, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD.
El Gobierno, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales
firmantes de la presente Declaración manifiestan que es su objetivo común el que
la sociedad española alcance unos mayores niveles de desarrollo económico, de
calidad en el empleo, de bienestar social, de cohesión territorial y de
sostenibilidad ambiental. Para el logro de este objetivo es preciso apostar por
un modelo de
crecimiento económico equilibrado y duradero basado en la mejora de la
competitividad de las empresas y en el incremento de la productividad.
Los aumentos de productividad y de ahorro no son, sin embargo, garantía
suficiente para conseguir, en un horizonte a medio y largo plazo, un modelo de
crecimiento económico estable y sostenido. Es preciso, adicionalmente, adoptar
políticas capaces de dar respuestas a los retos que, en ese mismo horizonte,
plantean la globalización de la economía, la preservación del medioambiente, la
ampliación de la
Unión Europea, la sociedad del conocimiento, los desequilibrios territoriales,
la demografía y los flujos migratorios, entre otros.
En este sentido los firmantes manifiestan su firme compromiso de que el sector
público desempeñe un papel activo al servicio de la consecución de este modelo
de
crecimiento económico.
El Gobierno se propone reorientar el gasto público para que se consolide el
sistema de bienestar social y se favorezca la inversión productiva en capital
físico,
tecnológico y humano y utilizar de manera escrupulosa los instrumentos
regulatorios a fin de asegurar una mayor transparencia del mercado y una más
efectiva libertad económica.
Y también manifiesta el Gobierno su decidido compromiso de ofrecer más y mejores
servicios públicos, adecuados y eficientes. La Administración del Estado debe
ordenar sus actividades en función de un doble criterio, objetivos perseguidos y
resultados alcanzados, buscando en todo momento la excelencia en la calidad de
los servicios que presta a los ciudadanos.
El Gobierno y las organizaciones sindicales acuerdan propiciar reformas en el
marco normativo que incidan en dos ámbitos esenciales: por un lado, el
reforzamiento de los derechos de participación y negociación colectiva en las
Administraciones
Públicas y, por otro lado, la dignificación y profesionalización de la figura
del empleado público y sus condiciones de trabajo, lo que ayudará a mejorar la
calidad de los servicios públicos. Asimismo se debe fomentar la estabilidad
laboral reduciendo las altas tasas de temporalidad existentes en el empleo
público.
Para la consecución de este gran objetivo, inscrito en la estrategia definida
por la UE en Lisboa, consistente en orientar la economía española hacia un
modelo de
crecimiento estable y sostenido basado en la competitividad de las empresas, el
Gobierno y los interlocutores sociales entienden que, además de las políticas
laborales y de empleo, las políticas públicas han de actuar de manera
prioritaria sobre los siguientes grandes ejes o pilares:
a) educación y formación,
b) infraestructuras e inversión pública,
c) investigación, desarrollo e innovación,
d) política industrial y de medio ambiente.
Una educación de calidad constituye la base del crecimiento económico; pero
también del acceso y permanencia en el mercado de trabajo y de la igualdad de
oportunidades.
La inversión en infraestructuras es básica para aumentar la dotación del capital
físico
en nuestra economía. Por su parte, la política de vivienda debe seguir
contribuyendo al crecimiento económico de nuestro país, favoreciendo su
accesibilidad, en especial para los jóvenes, y la movilidad geográfica.
La innovación es un factor de creación de empleo, al permitir que las empresas
sean más competitivas y la economía más productiva.
Los procesos de investigación, desarrollo e innovación deben ser impulsados
tanto por el sector privado como por el sector público al que compete, de un
lado, crear un entorno que favorezca esos procesos y, de otro, fortalecer y
coordinar la red de instituciones públicas que actúan en la producción y
difusión de tecnología e
innovaciones así como destinar los recursos necesarios para la inversión en
proyectos innovadores.
III. AMBITOS DEL DIALOGO SOCIAL.
El Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales expresan su voluntad
de abordar en el proceso de diálogo social las materias que a continuación se
mencionan.
1) El mercado de trabajo español tiene un doble problema: insuficiente volumen
de empleo y alto nivel de temporalidad. Las partes firmantes valoran
positivamente la contribución del Acuerdo
Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo de 1997 a la mejora del volumen
y la estabilidad en el empleo en los últimos años y expresan su voluntad de
profundizar en estos objetivos.
Para ello se comprometen, desde una perspectiva de conjunto, a analizar los
diferentes elementos que inciden en la creación de empleo, en su estabilidad y
la utilización no justificada de la contratación temporal, teniendo presentes
las nuevas formas de organización empresarial del trabajo. A la vista de este
análisis, las partes firmantes se comprometen a consensuar aquellas
modificaciones legales y de otra
naturaleza que se estimen oportunas, buscando compromisos que logren aunar
seguridad para los trabajadores y flexibilidad para las empresas.
2) El cumplimiento de la Estrategia Europea de Empleo define como una prioridad
absoluta de las políticas sociales y laborales el aumento del empleo y de la
participación en el mercado de trabajo. Y, junto a ello, deben promoverse con
similar intensidad acciones dirigidas a favorecer el empleo de los jóvenes, de
los
trabajadores de edad avanzada, de las personas con discapacidad y de otros
colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.
Asimismo, el Gobierno y los interlocutores sociales, mediante los instrumentos a
su alcance, buscarán de manera concertada soluciones que promuevan la
integración laboral de las mujeres y mejoren sus condiciones de trabajo.
Igualmente, procurarán
la conciliación de la vida familiar y laboral. Y todo ello, en un sentido en
todo conforme con el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación.
3) La inmigración laboral en España es un fenómeno relativamente nuevo e intenso
que presenta oportunidades y retos en materia sociolaboral.
En este ámbito, el gobierno y los interlocutores sociales desarrollarán al
respecto una
interlocución específica y que abordará, en primer lugar, el futuro Reglamento
de la Ley de Extranjería estableciendo los procedimientos necesarios para lograr
la vinculación de todas las actuaciones en esta materia.
4) La apuesta por una economía del conocimiento requiere favorecer la formación
permanente a lo largo de la vida laboral. Ella es la mejor vía para asegurar la
cualificación profesional que demanda el mercado de trabajo así como para
garantizar la empleabilidad de toda la población en edad de trabajar.
Para la consecución de estos objetivos, las partes firmantes analizarán de
manera conjunta las adaptaciones necesarias del actual modelo de formación de
los trabajadores en un sentido acorde con las necesidades de formación que han
de atenderse desde el ámbito estatal, preservando los ámbitos de participación
de las organizaciones sindicales y empresariales y posibilitando la
participación en la
gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
5) El impulso de las políticas activas de empleo y de los Servicios Públicos de
Empleo (SPEs) es un objetivo imprescindible e inaplazable. El Gobierno y los
interlocutores sociales analizarán cuál debe de ser el diseño de las políticas
de empleo y el papel de los SPEs con vistas a asegurar la eficacia y eficiencia
de sus funciones (información, intermediación, detección anticipada de las
necesidades cuantitativas y cualitativas de empleo, programas de formación,
aprendizaje y orientación, promoción del enfoque preventivo, entre otras), así
como la adecuada
protección ante la falta de empleo: prestaciones y políticas activas.
Desde la perspectiva de la armonización del nuevo modelo, surgido de la reciente
Ley de Empleo, con la actual distribución de competencias constitucionales entre
el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de política de empleo, los
objetivos deberían centrarse en asegurar la adecuada cooperación y coordinación
entre las Administraciones y entre los agentes, públicos y privados, implicados,
movilizando y optimizando los recursos disponibles para lograr mayores niveles
de eficiencia en las políticas de empleo.
6) Las partes firmantes se comprometen a estudiar la revalorización de algunas
instituciones laborales mejorando su funcionamiento y la participación de los
interlocutores sociales.
En este sentido se abordarán en sus correspondientes ámbitos, las competencias
de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos y el papel de la
Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo y, de manera específica, el
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
7) La potenciación de nuevos instrumentos activos de la política industrial y el
análisis de las consecuencias derivadas de las necesidades de sostenimiento
medioambiental constituyen retos para consolidar el crecimiento y la creación de
empleo y riqueza en un mundo gIobalizado.
El Gobierno y los interlocutores sociales comparten la necesidad de diseñar
políticas industriales y de medio ambiente que favorezcan inversiones de mayor
nivel
tecnológico, contemplando medidas que contribuyan a evitar deslocalizaciones,
así como reestructuraciones injustificadas. Para ello, es necesario propiciar la
participación de los interlocutores sociales en las políticas horizontales e
impulsar análisis detallados de los sectores industriales mediante observatorios
específicos. Y, junto a ello, se proponen abordar el desarrollo de los
compromisos y las consecuencias sobre la actividad productiva y el empleo del
Protocolo de Kioto.
8) El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha situado, como consecuencia de
su evolución en los últimos años, en unos niveles que cada vez se alejan más de
la proporción que con respecto del salario medio (60%) se recomienda por la
Carta Social Europea.
El Gobierno ya ha iniciado el proceso de recuperación escalonada del SMI hasta
alcanzar, al final de la presente legislatura, la cuantía de 600 euros
mensuales. Y, junto a ello, ha abordado el proceso de desvinculación del SMI de
la definición de
políticas de transferencias de rentas sociales que incluyen al sistema de
protección por desempleo. Queda pendiente abordar, con las partes sociales que
han sido
consultadas, el proceso de revisión futura del SMI a lo largo de los próximos
años, los criterios que podrían tenerse en cuenta para la revisión del IPREM y
los cambios que deben producirse en la regulación sustantiva del SMI.
9) Uno de los pilares del modelo social europeo, tal y como éste fuera definido
en la Agenda Social, es el derecho de información, consulta y/o participación de
los representantes, electivos o sindicales, de los trabajadores en las
decisiones con relevancia sociolaboral de las empresas, como pueden ser, a
título de ejemplo, los procesos de reestructuración y reorganización o los
aspectos relativos a la
productividad.
Por otra parte, el Gobierno se compromete a analizar, junto con las
organizaciones sindicales y empresariales la transposición de la Directiva que
acompaña el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea.
Las partes firmantes convienen en analizar la ordenación del actual tratamiento
normativo de los derechos colectivos a las nuevas realidades empresariales y
societarias, y la transposición de la Directiva 2002/14/ CE por la que establece
un
marco general relativo a la información y consulta de los trabajadores en la
Comunidad Europea.
10) Nuestro ordenamiento jurídico cuenta actualmente, en sintonía con los
ordenamientos de los países de la Unión Europea, con una legislación en materia
de
prevención de riesgos laborales bien definida. Sin embargo, los datos
estadísticos indican que España tiene una de las tasas más elevadas de
siniestralidad laboral. El Gobierno se ha comprometido de manera decidida a
combatir este problema con la elaboración y puesta en marcha de potentes
políticas activas, dirigidas al análisis, detección y eliminación de las causas
de la siniestralidad, a la promoción de una
adecuada cultura de la prevención entre empresas y trabajadores y al
cumplimiento riguroso de la normativa en vigor sobre prevención de riesgos
laborales y su
desarrollo pendiente. Esa misma preocupación y objetivos son compartidos por los
agentes sociales, que deben participar en el diseño, ejecución y control, en el
marco de sus competencias, de todas aquellas medidas que se estimen pertinentes
para garantizar a los trabajadores, unas condiciones de salud y seguridad en el
trabajo acorde a los relevantes intereses y derechos que se encuentran en juego.
11) Los interlocutores sociales consideran que la negociación colectiva es el
espacio natural del ejercicio de la autonomía de los agentes sociales, a la que
la ley debe garantizar la capacidad de regulación mediante un adecuado marco
jurídico. El desarrollo de la capacidad de regulación de la negociación
colectiva y de su cobertura laboral precisa acciones de los interlocutores
sociales, que pueden y deben contar con apoyos públicos en el terreno de la
racionalización de la estructura de la negociación colectiva en la línea marcada
por el AINC 97 o el enriquecimiento de los
contenidos negociales.
Es éste otro relevante capítulo de esta nueva etapa del diálogo social, de claro
componente bipartito, a través del cual las partes sociales han de buscar las
fórmulas
más convenientes para propiciar la capacidad de adaptación de la negociación
colectiva a las necesidades de empresas y sectores productivos así como para
mejorar la productividad. El diálogo social también debería definir mecanismos
de articulación de la negociación colectiva en sus diferentes ámbitos de acuerdo
a los principios de eficacia y transparencia y afirmar el papel central de la
propia negociación colectiva como procedimiento no solo de fijación de las
condiciones laborales, sino, además, de determinación de políticas de empleo
(formación profesional, fomento del empleo o estímulos a la estabilidad laboral,
entre otras).
Las organizaciones sindicales y empresariales se comprometen a continuar
impulsando los sistemas extrajudiciales de solución de conflictos mediante el
diálogo social. El Gobierno, por su parte, manifiesta la voluntad de apoyar su
mantenimiento y consolidación.
12) El artículo 7 de la Constitución española consagra la figura de los
sindicatos y de las organizaciones empresariales como unas instituciones de
derecho privado portadoras de intereses dignos de tutela y, bajo esa cualidad,
las dota de relevancia
constitucional. Con amparo en este mandato constitucional, es un deber de los
poderes públicos reconocer a dichas organizaciones los espacios institucionales
necesarios a fin de que puedan cumplir con la defensa y promoción de los
intereses
económicos y sociales que les son propios, poniendo al tiempo a su disposición
los medios e instrumentos necesarios para el logro de los altos fines
constitucionalmente atribuidos.
Es voluntad del Gobierno reforzar la función de los interlocutores sociales. Por
ello, en el marco del diálogo social, los firmantes de la Declaración se
proponen revisar los instrumentos de participación institucional, mediante las
reformas que se estimen
adecuadas y que sean razonables, objetivas y proporcionadas.
13) Desde la firma del Pacto de Toledo en 1995, la Seguridad Social española ha
alcanzado un gran consenso entre interlocutores sociales y políticos que
constituye uno de sus principales activos, y que debe ser el marco para abordar
sus problemas.
Su situación financiera actual se ha visto favorecida además tanto por
circunstancias estructurales (el incremento de la actividad económica y la
incorporación creciente de las mujeres españolas a la población activa ocupada)
como otras más coyunturales
(la incorporación de más de un millón de inmigrantes como cotizantes, el menor
número de jubilaciones derivado de la reducción de nacimientos como consecuencia
de la guerra civil y la potguerra).
Las previsiones demográficas advierten, no obstante, que en el futuro esta
situación de nuestro sistema de protección social puede verse afectada por el
envejecimiento de la población si disminuye la relación entre cotizantes y
pensionistas.
Los próximos años deben servir para que el Sistema pueda encarar los retos
pendientes, ya enunciados en el Pacto de Toledo. El reforzamiento de la
contributividad debe conseguirse a partir de una mayor correspondencia paulatina
entre aportaciones y prestaciones. La asunción por parte del Estado de la plena
financiación de las prestaciones no contributivas podrá permitir una mejora en
las pensiones más bajas. El incremento constante del Fondo de Reserva ha de
consolidarlo como un estabilizador relevante del Sistema. Las cotizaciones
sociales deben compaginar el equilibrio del sistema con la generación de un
entorno
adecuado para continuar creando empleo y riqueza.
Y nuestra protección social debe adaptarse a las nuevas realidades, que
configuran nuevas necesidades, siendo prioritaria la atención a las situaciones
de dependencia, uno de los principales problemas tanto de los jubilados y
discapacitados como de sus
familias, y la mejora de la protección familiar.
En la misma línea de desarrollo de las recomendaciones del Pacto de Toledo, los
firmantes consideran conveniente potenciar los sistemas de previsión social
complementaria y analizar los problemas que dificultan el desarrollo de los
específicamente derivados de la negociación colectiva destacando, asimismo, que
interesa incentivar estos importantes instrumentos de ahorro y previsión a largo
plazo.
El proceso de diálogo sobre las reformas debe acompañarse de los
correspondientes estudios y proyecciones actuariales objetivos e independientes
y acometerse con horizontes temporales adecuados. Por ello, las partes firmantes
reafirman su voluntad de acometer las reformas y perfeccionamientos necesarios
para conseguir un sistema de protección social más justo, solidario y eficiente,
que pueda seguir
ayudando a la creación de empleo, riqueza y bienestar social en España.
IV. METODOLOGÍA.
a) Las partes firmantes acuerdan la creación de una Comisión de Seguimiento y
Evaluación con el fin de establecer las prioridades, el calendario y el método
de trabajo para abordar los asuntos contenidos en los distintos ámbitos del
Diálogo Social anteriormente señalados. Asimismo, dicha Comisión tendrá a su
cargo la evaluación de las medidas que se adopten como consecuencia del
resultado del diálogo en los distintos ámbitos específicos, valorando su
adecuación y proponiendo, en su caso, las revisiones pertinentes.
b) Con el objetivo de evaluar el funcionamiento de las políticas de empleo desde
las reformas laborales acometidas en el período 1992-1994 hasta la actualidad
(sus instrumentos legales, la estrategia de estímulos a la contratación, el
comportamiento del sistema de protección a los desempleados, etc.), las partes
firmantes acuerdan la creación de una Comisión de Expertos integrada por 8
miembros que serán
consensuados por los firmantes. Las conclusiones del trabajo de la Comisión se
podrán a disposición de los firmantes para las actuaciones y reformas que los
mismos consideren necesarias.
Por el GOBIERNO – El Presidente del Gobierno
Excmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Zapate ro
Por CEOE – El Presidente
D. José María Cuevas Salvador
Por CEPYME – El Presidente
D. Jesús Bárcenas López
Por CCOO – El Secretario General
D. José María Fidalgo Velilla
Por UGT – El Secretario General
D. Cándido Méndez Rodríguez
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9/07/2004
