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Categoría: Socio Economico

  • CCOO reclama que la vuelta del turismo a cifras récord sirva de impulso para un «regreso al futuro» hacia un modelo laboralmente responsable

    Para el sindicato, el balance anual 2022 de las cifras de coyuntura hotelera, tras la publicación hoy de los datos de Diciembre por el INE, además de las previsiones de reservas para 2023, certifican la vuelta del turismo a cifras récord previas a la pandemia. Una realidad que se constata tras la semana de FITUR, en la que desde CCOO se ha reclamado a todos los agentes públicos y privados del sector turístico un compromiso con un modelo turístico sostenible, social y laboralmente responsable, que permita que esta recuperación no se convierta en una vuelta a los vicios pasados sino en un “regreso al futuro”.

    24 de enero de 2023. Tras la publicación hoy a cargo del INE, los datos de coyuntura turística del conjunto de 2022 reflejan cifras de visitantes acumuladas solo un 5,6% por debajo de 2019 y con un incremento del 69% respecto a 2021. El turismo nacional arroja en 2022 cifras un 0,8% por encima de las de 2019 y un 32% por encima de las de 2021. Y el turismo extranjero ya solo está un 11,6% por debajo de las cifras de 2019 y un 142% por encima de las de 2021. Las cifras de pernoctaciones reflejan tendencias muy similares. En definitiva, los datos del año 2022 concluyen con un sector turístico nuevamente en cifras récord, incluso superiores a las pre-pandemia, de forma especialmente destacada en lo referente a los indicadores de rentabilidad hotelera, que en 2022 se han situado por encima de 2019 en un 8,9% (el RevPar -ingreso por habitación disponible) y en un 13,1% (el ADR- tarifa media diaria); en comparación con 2021, el RevPar medio ha crecido un 67,9% y el ADR un 20,6%.

    Los datos de afiliación a la Seguridad Social, con una media en 2022 de 1.352.782 personas trabajadoras por cuenta ajena superan en un 0,5% la afiliación media de 2019 (1.345.603), contradiciendo una vez más los lugares comunes sobre la falta de personal en la Hostelería y evidenciando que donde falta personal es donde se ofertan condiciones inaceptables o fraudulentas. Además, estas cifras reflejan una mayor feminización del sector, desde un 54,2% en 2019 a un 54,7% en 2022, habiendo crecido la afiliación media de mujeres de 729.353 a 740.122 y decrecido la de hombres de 616.249 a 612.660.

    Analizando los datos de temporalidad y parcialidad, se constata que la Reforma Laboral puesta en marcha a inicios de 2022 ha hecho crecer desde 2019 a 2022 el empleo indefinido por cuenta ajena en Hostelería en un 33,27% (de 838.092 a 1.116.985 -de 697.750 a 861.890 en fijos ordinarios, de 140.341 a 229.304 en fijos discontinuos) y reducirse el temporal en un -53,80% (de 496.392 a 229.304). Además, se ha reducido el empleo registrado como a tiempo parcial en un 12,26% (de 546.036 a 479.059), aunque también el registrado como a tiempo completo (de 648.106 a 612.134), por el efecto del aumento del capítulo de “Otros” de 151.461 a 261.589, principalmente por fijos discontinuos de los que no se desagrega si trabajan a jornada parcial o completa en sus periodos de llamamiento.

    Analizando la situación de la negociación colectiva provincial y autonómica, a 31/12/2022 había 38 convenios colectivos en vigor o preacordados -de aplicación a 1.016.401 personas trabajadoras; de estos, 8 vencían a finales de 2022 o durante 2023, por lo que entran en fase de negociación-, 9 con negociación iniciada en 2022 -de aplicación a 103.419 personas trabajadoras- y 5 con negociación iniciada antes de 2022 -de aplicación a 67.600 personas trabajadoras-, con el caso sangrante de bloqueo endémico del convenio de Murcia. Desde CCOO abordaremos los procesos de negociación pendientes, así como los que se abren este año, sin descartar reclamar la apertura de convenios vigentes, exigiendo incrementos salariales acordes al IPC y las cifras del sector, anunciando procesos de movilización a partir de Semana Santa en aquellos ámbitos que sea necesario.

    Finalmente, desde CCOO se emplaza nuevamente a CEHAT y CEHE para que adquieran un compromiso real y efectivo a fin de abordar en el proceso de negociación del ALEH, fijado para el primer semestre de 2023, contenidos y consensos de calado en torno a materias troncales propias de un marco sectorial estatal: Contratación y empleo, regulación del contrato fijo discontinuo (periodo de llamamiento y tiempo de trabajo efectivo), formación, garantías en caso de externalización, salud laboral e igualdad. Desde CCOO se advierte una vez más que “el ALEH está en una encrucijada: decidir si avanza como instrumento sectorial y refuerzo de la estructura de la negociación colectiva territorial, o bien se estanca y retrocede hasta diluirse, preso de intereses atomizados”.

     

    Aquí puedes ver o descargar el COMUNICADO

  • Por qué debe de contribuir la banca a un pacto de rentas

    Hoy en la TRIBUNA de EL PAIS, publican artículo de OPINIÓN por José Mª Martínez López, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras "Por qué debe de contribuir la banca a un pacto de rentas"

     

     

    En el transcurso de la crisis financiera y después con la pandemia, el negocio de la banca ha estado traspasada por decisiones de índole política, de política económica.

    Más allá de la inyección pública de capital (más de 60.000 millones de euros), son reglas fiscales también las que han rebajado la contribución del sector durante más de una década. Grosso modo, ello se debe a los créditos fiscales de los costes de reestructuración derivados de dicha crisis. Un auténtico “peaje en sombra” para el conjunto de la ciudadanía, y explica por qué se ha hundido la contribución de estas empresas, y otras del Ibex, en la recaudación del Impuesto de Sociedades.

    Son decisiones del Banco Central Europeo (BCE) las que han “sujetado” el negocio bancario, compensando los tipos de interés negativos y, por lo tanto, el deterioro de sus márgenes “naturales” de negocio, con mecanismos como los conocidos como TLTRO (operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico) que apuntalaban la liquidez y financiación de la economía a la vez que han garantizado la rentabilidad los bancos.

    Un dato: según Contabilidad Nacional, el beneficio del conjunto de entidades financieras y aseguradoras se incrementó un 27,5% en el periodo 2017-2020, mientras el agregado de todas las empresas (excepto los sectores financiero y eléctrico) se redujo un 10% en el mismo periodo.

    Ahora el BCE ha adoptado nuevas decisiones de política económica subiendo los tipos de interés para hacer frente a la escalada inflacionista.

    Y esto, a su vez, tiene otras consecuencias que la política ha de abordar. Esta subida encarece la financiación, con lo que se va a producir un enfriamiento de la economía, cuando no una recesión autoinfligida. Dicha subida ya está restringiendo la renta disponible de quienes tienen sus préstamos a tipos variables, véase las hipotecas. Pero también supone que el sector financiero recompone sus márgenes y, aunque se le vayan retirando la “respiración asistida” de las TLTRO, ganen mucho más. Según nuestras proyecciones, alcanzarían los 15.150 millones de euros en 2022, en un año en el que ya no se darán los casi 6.000 millones que afloraron con el badwill (fondo de comercio negativo) de Bankia y Liberbank en 2021.

    Es en este entorno en el que se le ha de exigir su contribución al pacto de rentas, por muchas amenazas e incertidumbres que existan.

    De manera transitoria va a ser objeto de una imposición especial. A pesar del informe no vinculante del BCE es una medida oportuna, que no debe ni va a poner en riesgo la estabilidad financiera. Y también es una medida necesaria mientras se aborda una reforma fiscal en profundidad, que recoja la contribución fiscal de estas y otras grandes empresas de manera más justa y progresiva.

    Pero también forman parte del pacto de rentas las medidas que se adopten para paliar el efecto que esta subida de tipos tendrá sobre la renta disponible. Es necesaria su concreción normativa, más allá de medidas voluntarias o acuerdos puntuales con el Ministerio de Economía. Medidas que protejan al consumidor en cuanto a transparencia y movilidad entre entidades; también medidas que mitiguen la escalada de precios derivada del incremento de tipos; no hay que descartar medidas fiscales transitorias de apoyo a las rentas medias y bajas, que no incentiven el incremento de precios inmobiliarios, pero hagan más soportables los precios de los créditos. Y no hay que despistarse, lo que más deteriora la solvencia bancaria es la morosidad, más si la provocase una recesión real y no técnica.

    Y también laboralmente. No es soportable la comparación entre el incremento de los beneficios y de las retribuciones de los directivos —más de un 30% en ambos casos en el periodo 2019-2021— con los sueldos de las plantillas ante el desbocado incremento del Índice de Precios al Consumo. Es imprescindible hacer frente a ello con un incremento salarial adaptado a la situación, también en el sector financiero.

    La coyuntura es incierta, sí, pero también con nuevas oportunidades. La economía española y europea requiere de inversiones estratégicas en materia medioambiental, energía, equidad social o defensa. Los fondos NextGen serán sin duda una oportunidad para la banca en general. Una oportunidad reputacional de implicación con la sociedad y para revertir los procesos de exclusión financiera materializados desde la Gran Recesión: oligopolización, pérdida de contacto con la sociedad tras el cierre de oficinas, en ámbitos rurales y barrios populares, y por la reducción de plantillas.

    La normalización del negocio bancario, ya sin intereses negativos, lo ha propiciado una decisión que no deja de ser política. Por eso se ha de conciliar con el contrato social que significa un pacto de rentas. Y el acento que ha puesto el BCE con su informe standard sobre la tributación especial más valdría que lo hubiera puesto sobre la retribución de los directivos y, sobre todo, sobre el reparto de dividendos. Es ese reparto, y no la carga impositiva, la que más lastra la generación de capital y la solvencia, restando capacidad al multiplicador del dinero bancario para otorgar crédito a la economía.

    José Mª Martínez López, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras.

    Ver Artículo de OPINIÓN por José Mª Martínez López, secretario general de la Federación Servicios CCOO, publicado hoy en la TRIBUNA de EL PAIS

  • Por qué debe de contribuir la banca a un pacto de rentas

    Hoy en la TRIBUNA de EL PAIS, publican artículo de OPINIÓN por José Mª Martínez López, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras "Por qué debe de contribuir la banca a un pacto de rentas"

     

     

    En el transcurso de la crisis financiera y después con la pandemia, el negocio de la banca ha estado traspasada por decisiones de índole política, de política económica.

    Más allá de la inyección pública de capital (más de 60.000 millones de euros), son reglas fiscales también las que han rebajado la contribución del sector durante más de una década. Grosso modo, ello se debe a los créditos fiscales de los costes de reestructuración derivados de dicha crisis. Un auténtico “peaje en sombra” para el conjunto de la ciudadanía, y explica por qué se ha hundido la contribución de estas empresas, y otras del Ibex, en la recaudación del Impuesto de Sociedades.

    Son decisiones del Banco Central Europeo (BCE) las que han “sujetado” el negocio bancario, compensando los tipos de interés negativos y, por lo tanto, el deterioro de sus márgenes “naturales” de negocio, con mecanismos como los conocidos como TLTRO (operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico) que apuntalaban la liquidez y financiación de la economía a la vez que han garantizado la rentabilidad los bancos.

    Un dato: según Contabilidad Nacional, el beneficio del conjunto de entidades financieras y aseguradoras se incrementó un 27,5% en el periodo 2017-2020, mientras el agregado de todas las empresas (excepto los sectores financiero y eléctrico) se redujo un 10% en el mismo periodo.

    Ahora el BCE ha adoptado nuevas decisiones de política económica subiendo los tipos de interés para hacer frente a la escalada inflacionista.

    Y esto, a su vez, tiene otras consecuencias que la política ha de abordar. Esta subida encarece la financiación, con lo que se va a producir un enfriamiento de la economía, cuando no una recesión autoinfligida. Dicha subida ya está restringiendo la renta disponible de quienes tienen sus préstamos a tipos variables, véase las hipotecas. Pero también supone que el sector financiero recompone sus márgenes y, aunque se le vayan retirando la “respiración asistida” de las TLTRO, ganen mucho más. Según nuestras proyecciones, alcanzarían los 15.150 millones de euros en 2022, en un año en el que ya no se darán los casi 6.000 millones que afloraron con el badwill (fondo de comercio negativo) de Bankia y Liberbank en 2021.

    Es en este entorno en el que se le ha de exigir su contribución al pacto de rentas, por muchas amenazas e incertidumbres que existan.

    De manera transitoria va a ser objeto de una imposición especial. A pesar del informe no vinculante del BCE es una medida oportuna, que no debe ni va a poner en riesgo la estabilidad financiera. Y también es una medida necesaria mientras se aborda una reforma fiscal en profundidad, que recoja la contribución fiscal de estas y otras grandes empresas de manera más justa y progresiva.

    Pero también forman parte del pacto de rentas las medidas que se adopten para paliar el efecto que esta subida de tipos tendrá sobre la renta disponible. Es necesaria su concreción normativa, más allá de medidas voluntarias o acuerdos puntuales con el Ministerio de Economía. Medidas que protejan al consumidor en cuanto a transparencia y movilidad entre entidades; también medidas que mitiguen la escalada de precios derivada del incremento de tipos; no hay que descartar medidas fiscales transitorias de apoyo a las rentas medias y bajas, que no incentiven el incremento de precios inmobiliarios, pero hagan más soportables los precios de los créditos. Y no hay que despistarse, lo que más deteriora la solvencia bancaria es la morosidad, más si la provocase una recesión real y no técnica.

    Y también laboralmente. No es soportable la comparación entre el incremento de los beneficios y de las retribuciones de los directivos —más de un 30% en ambos casos en el periodo 2019-2021— con los sueldos de las plantillas ante el desbocado incremento del Índice de Precios al Consumo. Es imprescindible hacer frente a ello con un incremento salarial adaptado a la situación, también en el sector financiero.

    La coyuntura es incierta, sí, pero también con nuevas oportunidades. La economía española y europea requiere de inversiones estratégicas en materia medioambiental, energía, equidad social o defensa. Los fondos NextGen serán sin duda una oportunidad para la banca en general. Una oportunidad reputacional de implicación con la sociedad y para revertir los procesos de exclusión financiera materializados desde la Gran Recesión: oligopolización, pérdida de contacto con la sociedad tras el cierre de oficinas, en ámbitos rurales y barrios populares, y por la reducción de plantillas.

    La normalización del negocio bancario, ya sin intereses negativos, lo ha propiciado una decisión que no deja de ser política. Por eso se ha de conciliar con el contrato social que significa un pacto de rentas. Y el acento que ha puesto el BCE con su informe standard sobre la tributación especial más valdría que lo hubiera puesto sobre la retribución de los directivos y, sobre todo, sobre el reparto de dividendos. Es ese reparto, y no la carga impositiva, la que más lastra la generación de capital y la solvencia, restando capacidad al multiplicador del dinero bancario para otorgar crédito a la economía.

    José Mª Martínez López, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras.

    Ver Artículo de OPINIÓN por José Mª Martínez López, secretario general de la Federación Servicios CCOO, publicado hoy en la TRIBUNA de EL PAIS

  • CCOO Servicios de Castilla y León, rechaza frontalmente el Calendario de aperturas comerciales para el año 2023

    En la reunión del Consejo de Comercio de Castilla y León, celebrada en el día de ayer, por primera vez se ha roto el consenso en la aprobación del Calendario que define los 10 domingos y festivos de apertura autorizada a los comercios de Castilla y León.

    Vox ha vuelto a conseguirlo, CCOO por primera vez se ha opuesto al Calendario de apertura comercial autorizada, ya que para CCOO se ha roto el equilibrio que facilitaba el consenso entre los actores del sector. Equilibrio que permitía conciliar los intereses de quienes defienden la búsqueda de la productividad de las empresas, y lo que como CCOO persiguen un avance en los derechos de conciliación de las plantillas del sector.

    Tal y como ha expuesto Marcos Gutiérrez, secretario general de CCOO Servicios de CyL y miembro de este Consejo, la propuesta que ha realizado la administración autonómica atenta directamente contra el derecho a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los profesionales que desarrollan su actividad en el sector, al impedir el poder disfrutar de dos días de descanso consecutivos en todas una cada una de las cinco ocasiones en las que coinciden dos o más domingos o festivos consecutivos en el año 2023.

    Especialmente sangrante es la decisión de establecer la apertura comercial los días 2 de enero, 30 de abril y 24 de diciembre, cuestión que ha provocado el rechazo frontal de las CCOO.

    Con esto se demuestra que la ultraderecha, que dirige esta Consejería a través del inefable Mariano Veganzones, está destrozando todo lo que toca, cercenando cualquier tipo de acuerdo social.

    Provocar la ruptura del equilibrio entre los intereses del sector, terminando con un consenso de décadas, solo puede explicarse por quienes no entienden que la democracia es gobernar para todos y para todas, aunando intereses contrapuestos y buscando equilibrios que faciliten consensos, nunca olvidando a la parte más débil, que en este caso son las personas trabajadoras del Comercio de Castilla y León.

    Por eso, cobra todavía más importancia la movilización que nuestra organización ha convocado el próximo día 27 de noviembre, para que la ciudadanía demuestre el rechazo a esta forma inoperante y escandalosa de gobernar.

  • CCOO exige a la SEPI y al Consejo de Administración de INDRA que rechace la propuesta de escindir y vender «Minsait» para enriquecer al Fondo Amber

    CCOO reclama a los dirigentes de la SEPI y del Grupo tecnológico que rechacen explícitamente la vía de separar sus negocios de Defensa y Tecnología, orientada a una venta del Grupo o de parte del mismo con un único objetivo especulativo, que el Fondo de Inversión Amber realice beneficios. Desde el sindicato se exige “que se deje de jugar con un Grupo de la relevancia de Indra, por su condición de principal operador nacional y su volumen de empleo”.

    En los últimos meses son varias las ocasiones en las que se escuchan rumores de una posible segregación o venta de Minsait, empresa perteneciente al Grupo Indra, encargada del área de desarrollo tecnológico, consultoría y transformación digital del grupo.

    La última, esta misma semana, en la que Joseph Oughourlian, fundador y presidente del Fondo de Inversión Amber Capital, tercer accionista de Indra, ha solicitado la venta total, la fusión del negocio tecnológico con otra empresa, o la segregación de Minsait e Indra sistemas (área dedicada a defensa).

    Desde CCOO consideramos que “este tipo de elucubraciones sobre los beneficios de una venta y/o de segregación en Indra, no hacen más que crear desconfianza de cara a la captación de posibles inversores, a la captación de negocio y al talento profesional. Esto es algo muy serio, no se puede jugar a la especulación una y otra vez, con una empresa estratégica para el desarrollo de la economía española y europea, poniendo en riesgo también el futuro de decenas de miles de personas”.

    Desde el sindicato se exige a Indra y a la SEPI, como accionista mayoritario de la misma, que se pronuncien de forma inmediata y desmientan cualquier tipo de propuesta sobre una posible venta o segregación de la multinacional y dejen de crear incertidumbre.

    Para el sindicato, “el Grupo Indra debe seguir con la dinámica de crecimiento y de expansión que tan buenos resultados ha dado hasta la fecha, en un entorno en el que la Digitalización es un elemento crítico para el desarrollo de la economía española y europea, y de su tejido productivo. Desinvertir y deshacerse de este negocio para satisfacer los intereses financieros a corto plazo de un fondo de inversión es el peor negocio que puede hacer este país”. CCOO exige “que se deje de desestabilizar constantemente, con premoniciones o presagios, a una empresa referente en nuestro país como es Indra” y que el Gobierno se implique en esta situación, dada la alta participación en la empresa de la SEPI.

    CCOO no descarta movilizaciones, en el caso de que se pretenda seguir adelante con esta segregación y venta con fines especulativos de uno de sus accionistas.