En los últimos años se ha producido un proceso de permanente transformación en la Industria Turística a nivel mundial y en nuestro país, con un cambio creciente del modelo y estructura del subsector de Hoteles, caracterizado por una disociación de la gestión hotelera y la propiedad del inmueble, y en no pocas ocasiones de la gestión y del control accionarial (o la marca).
Una disociación en la que el espacio de gestión ha sido ocupado cada vez en mayor medida por cadenas hoteleras nacionales e internacionales, en un proceso de globalización, concentración y adquisiciones de las estructura de la propiedad accionarial, llevando a cabo las grandes cadenas en muchas ocasiones una atomización de sociedades al generarse una sociedad mercantil para cada establecimiento o un número de ellos, en los que la propiedad de los inmuebles ha ido pasando, cada vez en mayor medida, a otros agentes -propietarios particulares, especialmente Bancos y Fondos de Inversión.
El proceso de venta de inmuebles a Fondos de Inversión, con un canon o cuota de alquiler elevado a cargo de las cadenas hoteleras, ha sido una operación económica globalmente rentable para las empresas hoteleras en los tiempos de bonanza turística que hemos vivido. Pero desde CCOO siempre hemos advertido que los niveles de afluencia y rentabilidad del sector obedecían en parte a “turismo prestado”, y que cualquier variable podía provocar un descenso en ambos parámetros, generando apalancamientos y tensiones de liquidez a las empresas por el pago del alquiler al fondo de inversión propietario del inmueble, con las derivadas subsiguientes de recortes en otras partidas de gasto (personal, condiciones laborales, mantenimiento de instalaciones).
No hace falta explicar porque desgraciadamente se han cumplido los peores presagios, que el modelo disociado de gestión y propiedad del inmueble de buena parte de la planta hotelera, y a los riesgos de apalancamiento financiero asociados a los costes fijos asumidos en forma de cuota de alquiler, y, en los escenarios ya descritos, hace que uno de los problemas que tiene buena parte de la Hotelería que se debe abordar con urgencia, además de apostar por generar y proyectar confianza y seguridad (acondicionamiento, despliegue de medios preventivos, garantías de seguridad y salud de plantillas y clientela, EPIs, medidas de contención, etc.), será la negociación con las empresas y fondos propietarios de los inmuebles. Evidentemente, ésta no es una problemática exclusiva de la planta hotelera, y la tensión por costes fijos asociados a alquileres alcanzará también a los sectores de Restauración.
No es una cuestión baladí desde la perspectiva de las posibles consecuencias laborales: ya hemos vivido en otras crisis falta de acuerdo entre empresas explotadoras y propietarias de inmuebles, que han aparejado conflictos laborales e incluso cierre de establecimientos por abandono de las instalaciones por parte de las empresas explotadoras (en muchos casos, como apuntábamos, SA o SLU en forma de CIFs individuales, con el riesgo al declararse insolventes o presentar concurso de acreedores). De ahí que, en caso de conflicto, sea exigible, tanto a las empresas hoteleras explotadoras como a las empresas y Fondos propietarios de los inmuebles, que se sometan a mediaciones para acordar moratorias o aplazamientos que permitan el mantenimiento de las empresas y los puestos de trabajo.
En definitiva, las cadenas hoteleras han hecho muchísima caja en España en la última década, sin que se haya aprovechado para modernizar infraestructuras y destinos maduros, sino que ha sido utilizada, en muchas ocasiones, para hacer obtener mayores beneficios vendiendo la propiedad del inmueble a Fondos de Inversión, generándose así un coste fijo en forma de pago de alquiler al “casero” o propietario del Fondo de Inversión (y por tanto apalancamientos financieros que ahora les generan tensiones de liquidez). En no pocas ocasiones se ha producido la venta de la gestión a empresas explotadoras y en otras se especula con las parcelas en las que están ubicados los inmueble del los Hoteles, con la connivencia de los entes municipales, y con el objetivo de cambiar el uso de suelo hotelero para uso residencial, y así poder construir apartamentos privados o viviendas residenciales, con la consiguiente pérdida de empleo y el consiguiente desprestigio de los destinos turísticos; eso sí, como siempre, dando pelotazos inmobiliarios para ganar dinero a corto plazo que es lo que realmente persiguen los “fondos buitres”, que son los que tienen liquidez, y los que están comprados los inmuebles donde están ubicados los establecientes hoteleros para especular con ellos cuando baje la rentabilidad hotelera, como ocurre ahora con la pandemia de la COVID-19.
Articulo de opinión de Gonzalo Fuentes
Responsable Area de Hostelería y Turismo
Federación Estatal de Servicios de CCOO
