Categoría: Socio Economico

  • EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL SERÁ DE 540,9 EUROS MENSUALES EN 2006

    Supone un incremento del 5,4 por 100 y recuperar en veinte meses el poder adquisitivo perdido desde 1996.












     






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    SECCIÓN SINDICAL FRATERNIDAD MUPRESPA


    Las subidas aprobadas por el actual Gobierno acumulan un 17,4%, lo que supone equipar, prácticamente, las realizadas durante las dos legislaturas precedentes, que fueron del 17,7 por 100.


    El Consejo de Ministros ha aprobado el incremento del 5,4 por 100 en la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, que queda fijado para 2006 en 540,9 euros mensuales y 7.572,6 euros anuales.


    Para los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días, el Salario Mínimo será de 25,61 euros por jornada y para los empleados de hogar queda fijado en 4,23 euros por hora trabajada.


    La revisión del Salario Mínimo Interprofesional, acordada con los interlocutores sociales, sigue aumentando la cuantía de este concepto que en los veinte meses de legislatura transcurridos ha alcanzado un incremento acumulado del 17,4 por 100 frente al 17,7 por 100 acumulado entre 1996 y 2004.


    En términos absolutos, durante 2006 los trabajadores que, de una u otra forma, dependan del Salario Mínimo van a disponer de 27,9 euros más al mes que en 2005.


    Más de 80 euros mensuales en año y medio


    Las subidas del Salario Mínimo aprobadas desde julio de 2004 han tenido como objetivo la dignificación de este concepto, que en el periodo transcurrido entre 1997 y 2003 había tenido incrementos anuales en torno al 2 por 100, e inferior en algún ejercicio, y que supuso un incremento en esos ocho años de 70,3 euros/ mes frente a los 80,4 euros que ha aumentado en poco más de año y medio.


    De esta manera, el Salario Mínimo Interprofesional se va aproximando a la cuantía de 600 euros fijada por el Gobierno como objetivo para 2008, y al 60 por 100 del salario medio recomendado por la Carta Social Europea.

  • CONTRAPUNTO 64

    ¡Por un Acuerdo de Empresa!
    Noticias
    sobre Planes de Pensiones. Plenario de Córdoba. Como ocurre en Europa:
    normalicemos el ejercicio de la representación de los trabajadores. Mujeres en
    CC.OO. Actualización de Dietas y Kilometraje. Entrevista a Xavier Cortés,
    Secretario General de CC.OO. en el Grupo Banco Popular.

    Pincha aquí para acceder al
    Boletín CONTRAPUNTO nº. 64 en formato PDF

  • Quan consumim també decidim ‘comerç just, una alternativa ètica’


    Veure comunicat en pdf
    DESEMBRE 2005

    Cada dia consumim productes procedents dels racons més dispars
    del nostre planeta. En aparença, tots formen part d’un mercat global
    però els beneficis no arriben a tothom per igual.

  • CC.OO. y el patrimonio sindical: hoy como ayer

    El viernes 28 de octubre de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley del Patrimonio Sindical acumulado, que posteriormente, el 24 de noviembre convalidó el Congreso de los Diputados, dando luz verde a una subvención a UGT de 150 millones de euros “en concepto de reparación del patrimonio sindical histórico”. La singularidad de la operación reside en la imposibilidad, reconocida por el Gobierno, de demostrar que el patrimonio que se devuelve pertenece realmente a la organización que lo reclama. Un pequeño problema que ha llevado a CC.OO. a emprender un proceso de denuncia pública y de iniciativas institucionales para reclamar el derecho a la libre concurrencia sindical en condiciones de igualdad y sin injerencias de los poderes públicos.

    Nada decimos hoy que no hayamos dicho ayer

    Somos conscientes de que la polémica abierta tras la decisión unilateral del Gobierno de financiar a UGT con 150 millones de euros (25.000 millones de pesetas), a cuenta de un patrimonio histórico que el propio ejecutivo advierte que no puede documentar, entorpece el clima de relaciones en el movimiento sindical, pero no podemos permanecer callados después de que, incluso informes de firmas jurídicas independientes, lo consideran un “atentado a la libertad sindical”. CC.OO. defenderá con toda la firmeza y el máximo rigor la libertad sindical y los derechos de los afiliados y trabajadores a los que representa; y para ello, recurriremos a cuantos instrumentos legales tengamos a nuestro alcance.

    Nada más conocerse la decisión del Consejo de Ministros, no porque el Gobierno nos informara sino por otras fuentes, la Comisión Ejecutiva de CC.OO. aprobó por unanimidad una resolución en la que califica el procedimiento seguido por el Gobierno como “deliberadamente oscurantista y no conforme a los mínimos hábitos democráticos…Salvo que se persigan fines espurios o inconfesables, derivados de la actual configuración del mapa sindical en nuestro país, o la rápida deslegitimación del movimiento sindical, resulta de todo punto imposible entender cuales son las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que se invocan para justificar que el Gobierno dicte un real decreto ley”.

    El 29 de noviembre, el secretario general de CC.OO., José María Fidalgo, registró un escrito dirigido al Consejo de Ministros, al presidente del Gobierno y a los ministerios de Economía y Hacienda , y Trabajo y Asuntos Sociales, en el que se exige que se de cuenta a este sindicato, como parte interesada, “de cuantos expedientes administrativos se tramiten o se incoen en relación con la aplicación de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio sindical acumulado”.

    En realidad, no estamos reclamando algo que no hayamos exigido a los distintos gobiernos de la democracia. En el año 2000, nos dirigimos al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar y le recordábamos que el documento conjunto que CC.OO. y UGT firmamos en 1994 sobre el Patrimonio Sindical, indicaba en uno de los apartados que: …ambas organizaciones sindicales acuerdan pedir al Ministerio de Trabajo que dichos inmuebles del Patrimonio Mixto pasen a formar parte, no del Patrimonio del estado, sino del Patrimonio Sindical Acumulado… El mismo tratamiento debería darse al Patrimonio Histórico una vez compensado. Comoquiera que entonces y ahora, se mantienen numerosos incumplimientos que afectan, en primer lugar, a la confección de los correspondientes inventarios y a situaciones irregulares que aún no se han resuelto, proponíamos poner en marcha soluciones para completar el inventario definitivo y evitar situaciones como las que se habían producido en el pasado que no deberían reproducirse (concesión en 1986 de 4.144 millones de pesetas en compensación a la UGT sin la transparencia necesaria; despojo del PSA de los bienes inmuebles que pertenecían a la Obra Social de Educación y Descanso; falta de investigación exhaustiva sobre la legítima propiedad de algunos inmuebles del Patrimonio Histórico que han sido cedidos o cuya devolución ha sido solicitada; cabeceras de periódicos y emisoras de radio que pasaron a constituir los denominados Medios de Comunicación Social del Estado… ). Es decir, demandas de hace años que cobran hoy plena actualidad.

    En consecuencia, ¿por qué el Gobierno de Zapatero vuelve a las andadas? ¿De que se extraña UGT si acordó con nosotros actuar conjuntamente en la reclamación del patrimonio sindical? Lo que estamos pidiendo es claridad, transparencia, uso adecuado del erario público. Advertimos entonces y advertimos ahora, a los poderes públicos –sean estos del PP del PSOE- que las pautas de actuación en la devolución del patrimonio sindical pasarían por:

    • Necesidad de una revisión a fondo de la Ley 4/86
    • Agilización de todos los expedientes aprobados de cesiones, enajenaciones y permutas dentro de los límites d la Ley actual
    • Instar al desalojo de todos aquellos ocupantes, incluida la Administración, que están hoy ubicados en los locales del PSA
    • Agilizar, priorizar y reclamar del Gobierno de la Nación los mecanismos técnicos y jurídicos que permitan mayor disposición de recursos económicos para afrontar las obras necesarias
    • Abrir negociaciones inmediatas sobre varias de las demandas de locales solicitadas
    • Afrontar de forma definitiva la elaboración final del inventario de bienes inmuebles
    • Y por último, abrir el debate sobre la necesidad de restituir en propiedad todo el Patrimonio Sindical a las organizaciones cesionarias representativas.

      Estas han sido, son y serán las prioridades de actuación de CC.OO. Una respuesta equilibrada y justa de los poderes públicos, ajena a la actual coyuntura de diálogo social y alejada de las exigencias de cualquier proceso electoral (las elecciones sindicales se intensificarán el próximo año), sería la necesaria. Lo que ha hecho el Gobierno actual es una actuación de parte, que vulnera la libertad sindical, que se hace sin transparencia, y lo que es más grave, con la temeridad confesada por el Ejecutivo de que lo que se devuelve no está documentalmente demostrado que pertenezca a la organización reclamante. Increíble, pero cierto.

      Madrid, 7 de diciembre de 2005

      José Luis Sánchez
      Secretario confederal de Organización y Formación
      Sindical de CC.OO.

  • Revisión de la Directiva de Tiempo de Trabajo

    La Confederación Europea de Sindicatos hace un llamamiento al Consejo de Ministros y a la Comisión Europea para respetar los Tratados Europeos, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al Parlamento Europeo y a los ciudadanos y trabajadores europeos

    Revisión de la Directiva de Tiempo de Trabajo

    Comité Ejecutivo de la CES de 6 de diciembre de 2005

    El Comité Ejecutivo de la CES, en su reunión del 5 y 6 de diciembre de 2005,
    adoptó la siguiente declaración para ser enviada urgentemente al Presidente
    de la Comisión Europea, y al Presidente del Consejo de Ministros así como
    a cada Comisario y a los Estados miembros.

    La CES ha tomado nota de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia
    de las Comunidades Europeas, confirmando una serie coherente de fallos dictados
    desde el caso SIMAP en 2000, reiterando que el tiempo de “atención continuada”
    (on-call) en el lugar de trabajo tiene que ser considerado como tiempo de
    trabajo en el sentido de la Directiva de Tiempo de Trabajo, y también deberá
    ser tenido en cuenta para los períodos de descanso diarios y semanales.

    La CES también ha observado los artículos de periódicos que citan al portavoz
    del Comisario Spidla, quien habría afirmado “que este veredicto demuestra
    la importancia de encontrar un compromiso en el seno del Consejo, porque de
    lo contrario los Estados miembros tendrán que adaptar su legislación nacional
    para cumplir con la legislación europea”.

    La CES quiere recordar a la Comisión y al Consejo, que los Estados miembros
    ya deberían haber aplicado los casos del Tribunal de Justicia de las Comunidades
    Europeas dado que el primer caso se decidió en 2000.

    Además, la CES quiere recordar a la Comisión que –como guardián de los Tratados
    Europeos- debería promover y hacer cumplir la aplicación de la legislación
    comunitaria mientras respete la interpretación del Tribunal de Justicia de
    las Comunidades Europeas.

    Según el Tratado Europeo y la Carta de derechos fundamentales, todos los
    trabajadores de la UE tienen derecho a limitar su jornada laboral, y a la
    protección de su salud y seguridad en el trabajo. Los Tratados Europeos también
    obligan a las instituciones europeas a trabajar para mejorar las condiciones
    de vida y de trabajo de los ciudadanos europeos, y para la armonización progresiva
    en materia de política social, mientras se mantengan las mejoras.

    La Directiva de tiempo de trabajo adoptada hace dos años, obliga a la Comisión
    a tres cosas:

    • evaluar
      la utilización del opt-out individual relativo al tiempo de trabajo máximo
      semanal de 48 horas con vistas a su supresión

    • evaluar
      la derogación de la extensión del período de referencia de 4 meses
      a 12 para calcular la media de 48 horas semanales de cara a su
      futura limitación

    • asegurar
      la aplicación de las sentencias del TEJ sobre el trabajo de
      atención continuada (on-call)

    Sin embargo, la Comisión se ha presentado en 2004 con unas propuestas muy
    insatisfactorias y desproporcionadas que – de adoptarse- habrían convertido
    la Directiva de Tiempo de Trabajo en una fachada sin ningún contenido real.

    Por el momento estas propuestas han sido drásticamente modificadas por una
    mayoría importante del Parlamento Europeo, que ha adoptado el denominado Informe
    Cercas, en mayo de 2005, sobre las bases de un borrador cuidadosamente acordado
    entre varios grupos políticos en el Parlamento Europeo.

    Sin embargo, la Comisión no tomó en serio esas modificaciones cuando se
    presentaron con sus propuestas revisadas en junio de 2005. Pero incluso esas
    propuestas revisadas y muy débiles no fueron bastante “flexibles” para algunos
    Estados miembros, y desde entonces los progresos en el Consejo de Ministros
    se han parado.

    La Presidencia británica parece ahora animar al Consejo a llegar a un acuerdo
    sobre los puntos clave de la Directiva, que convertirían la Directiva de Tiempo
    de Trabajo en una lista de la compra del tiempo de trabajo, según lo que cada
    Estado miembro quiera opt in or opt out (quedarse fuera o dentro). Al mismo
    tiempo, los períodos de referencia de 12 meses serían prácticamente posibles
    sin una salvaguardia real, y sobre el trabajo de atención continuada no se
    ve como tiempo de trabajo, mientras tampoco las necesidades de los trabajadores
    –especialmente aquellos con responsabilidades familiares- de adaptar la jornada
    laboral, serían seriamente tratadas.

    Tales propuestas, si se adoptan por el Consejo y se apoyan por la Comisión,
    significarían una flagrante indiferencia de todos los párrafos sociales de
    los Tratados y Cartas de la UE y llevaría a la primera vez que una directiva
    de política social introduce una regresión en comparación con la situación
    previa, y de hecho anunciaría el entierro de la Europa Social.

    Por lo tanto, la CES quiere pedir a la Comisión y al Consejo que respeten
    los Tratados Europeos, al TJE, al Parlamento Europeo y a los ciudadanos y
    trabajadores europeos, y no cooperen con semejantes propuestas irresponsables.

    El único camino aceptable es, sobre la base del informe del PE:

    1. suprimir progresivamente el opt out individual;

    2. establecer soluciones equilibradas y proporcionales para el “trabajo de atención continuada” coherentes con la legislación comunitaria;

    3. establecer auténticas medidas para reconciliar la vida familiar y laboral y proteger la salud y seguridad de padres trabajadores y cuidadores;

    4. permitir períodos de referencia más largos para el cálculo de la media de 48 horas de semana laboral sólo sobre la base de la negociación colectiva, o con salvaguardas adicionales que garanticen la adecuada consulta a los trabajadores y/o sus representantes y protección adecuada de su salud y seguridad.