Ciudadanos, profesionales, asociaciones empresariales y sindicatos se unen en contra de nuevas imposiciones
Pedimos una participación y un debate activo para la búsqueda de soluciones sostenibles, acordes al signo de los tiempos, en aras de contribuir a los objetivos del actual Plan de Convergencia español, y a la equiparación española a los parámetros de uso de las TIC, desarrollo de Internet e índices de productividad con los países de nuestro entorno.

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Madrid, 12 de abril de 2005

Reunidos en Madrid, los representantes de las Asociaciones y Entidades abajo
indicadas, representativas de usuarios (AI, AUI, CEACCU), profesionales (CC.OO.,
COIT), y empresas (AETIC, AMI, ANEI, ASIMELEC, ASTEL, CECAP) del sector de
las tecnologías de la información, telecomunicaciones e Internet,
acuerdan emitir este comunicado para su distribución a los medios de
comunicación, y al general conocimiento de los ciudadanos.

ANTECEDENTES

1. Determinados agentes están presionando públicamente, en los
   medios de comunicación, pretendiendo que se regule a favor de gravar
   con un nuevo canon o impuesto a los soportes, equipos, redes de telecomunicaciones
   o accesos a Internet, como el ADSL o el cable. Como colectivos y ciudadanos
   nos sentimos agredidos por este fenómeno, mientras observamos a diario
   cómo determinados intereses económicos consiguen criminalizar al
   usuario de las nuevas tecnologías, de forma sistemática e indiscriminada,
   con inusitado simplismo reduccionista, al equiparar al usuario de la Red,
   o al proveedor de servicios de Internet, con la piratería, el top
   manta y las mafias que lo sustentan.

1. Que los avances tecnológicos inducidos por las Tecnologías
   de la Información y la Comunicación (TIC) son uno de los elementos
   que más han contribuido a mejorar el nivel de vida y el bienestar
   de la sociedad actual, tal como expresaron los mandatarios de 120 países
   reunidos en Ginebra del 10 al 12 de diciembre de 2003,
   con motivo de la primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
   Información: “Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo,
   declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de
   la Información centrada en la persona, integradora y orientada al
   desarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir
   la información y el conocimiento, para que las personas, las comunidades
   y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades en la promoción
   de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la
   base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
   respetando plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos
   Humanos.”

1. Que las redes de telecomunicaciones son las arterias que dan vida a la
   Sociedad de la Información, y conforman un elemento por el que convergen
   todo tipo de informaciones y aplicaciones tanto de uso empresarial como privado.
   El uso de las TIC por ciudadanos y empresas es una de las claves para permitir
   el acceso a la cultura, a la calidad de vida, y a configurar una economía
   competitiva en las sociedades modernas.

1. Expresamos nuestro total respeto por la propiedad privada, y por los derechos
   de los autores de contenidos cualquiera que sea su origen (texto, audio,
   video, fotografías, …). Igualmente, manifestamos nuestro total respeto
   por la legislación vigente, y nuestra máxima disposición
   a mejorar la colaboración con las autoridades judiciales y policiales,
   dentro de la regulación que se establezca, con las administraciones
   públicas, para la resolución y el esclarecimiento de aquellas
   actividades delictivas que se puedan producir en torno al mal uso de las
   TIC, de forma y fondo debidamente armonizados con la legislación europea.

ANTE ESTA SITUACIÓN LAS ORGANIZACIONES ABAJO FIRMANTES
MANIFIESTAMOS:

• Nuestro rechazo a gravar los soportes, los equipos o
redes y la tecnología en general con cánones o impuestos cuyos
beneficiarios sean un sector económico o una actividad de intermediación
específicos. Contraviene al interés general, ya que ello conlleva
que cualquier colectivo ó sector que se vea afectado por un cambio
tecnológico pueda reclamar un canon similar sobre la tecnología
que ha provocado este cambio.

Internet propicia un cambio de modelo, con canales de distribución
alternativos a los modelos tradicionales. Un canon no debe proteger un canal
frente a otro, y la evolución al mundo digital desde el analógico
debe permitir que la gestión de derechos pueda realizarse por otros
métodos distintos al canon, como son los TPMs y DRMs (Technological
Protection Measures y Digital Rights Management). El canon no soluciona el
problema de fondo y legitima, de alguna manera, la propia descarga ilegal de
música u otros productos culturales. Sin duda debe cobrar por su trabajo
quien tiene derecho a ello; deben pagar por un servicio quienes deben hacerlo,
y conviene que todos utilicen las Nuevas Tecnologías.

Todos los elementos que intervienen en las TIC (soportes, equipos y redes
de telecomunicaciones) sirven tanto para los contenidos que tienen derechos
( copyright ) como para los que están libres de ellos (c opyleft,
creative commons, etc. ) y por tanto, si se grava de forma indiscriminada,
se penaliza (en beneficio de unos pocos) a todos los usuarios. En este momento,
además, la mayor parte de los contenidos que circulan por estos soportes
no tienen derechos (i.e. voz, correo electrónico, navegación)
o datos que, además, son de naturaleza privada.

Un canon introduce una múltiple imposición, ya que se pagan
los derechos al comprar o adquirir el contenido, y se vuelve a pagar por el
hecho de almacenarlo en un dispositivo, o de moverlo a través de una
red de telecomunicaciones.

El canon, como también se ha demostrado, simplifica la recaudación
a las sociedades de gestión a las que va dirigido, pero no erradica,
en ningún caso, la piratería o el top manta, y en algunos casos,
incluso la incentiva, al incrementar el coste de los soportes, y propiciar
que la compra de CDs, como otros servicios de Internet, sean deslocalizados
a otros países que no tienen estos gravámenes.

• Nuestro rechazo a que los que fabrican soportes, equipos o gestionan
las redes de telecomunicaciones sean co-responsables de los contenidos que
se almacenan o se mueven por ellos.

Es imposible para un fabricante, un proveedor de servicios, o un operador
de tele-comunicaciones conocer todos los contenidos que circulan en sus redes.
Por tanto, una obligación en este sentido, además de imposible
de cumplir, plantea serios retos legales para la protección de la privacidad,
la constitucionalidad y las directivas europeas del secreto de las comunicaciones,
amén de generar una tremenda confusión en el sector, perjudicando
a la industria nacional y favoreciendo la fabricación de soportes
y equipos, o el alojamiento de contenidos, fuera de nuestras fronteras, donde
no aplica la legislación española. Además, existen actualmente soluciones
tecnológicas de persecución del delito que se han demostrado
eficaces y productivas en la lucha contra el crimen.

La responsabilidad debe recaer únicamente en aquel que introduce los
contenidos en los soportes, en los equipos o en las redes. A nadie se le ocurriría,
en estos momentos, responsabilizar a empresas de correo ó transporte,
o a constructoras de autovías y vías de ferrocarril, de los contenidos
que mueven sus clientes ó usuarios.

3. Creemos necesario crear un ambiente de confianza entre los ciudadanos,
y no podemos admitir que se equipare o se asocie al usuario de tecnologías,
que se ampara en el vigente derecho de cita, o en el derechos de copia privada,
con aquellos al márgen de la ley que se lucran ilegítimamente
vendiendo contenidos de terceros.

Crear climas de confrontación ante un problema que afecta a unos pocos
sólo puede servir para frenar la incorporación a la Sociedad
de la Información de muchos ciudadanos. Esto afecta a nuestro futuro
como país y como sociedad, ya que profundiza la brecha digital, mientras
el futuro pasa necesariamente por el uso masivo de las TIC, tanto en el trabajo
como en el hogar.

Cada vez son más agentes los que aprovechan las características
que aportan las TIC para facilitar el acceso y la promoción de sus contenidos,
y entendemos que la industria de los contenidos está en proceso de adaptación
a esta nueva realidad.

Hay un número creciente de experiencias que demuestran que los usuarios
de las TIC están dispuestos a pagar cuando se les ofrecen productos
atractivos y novedosos, por lo que la industria y el sector de los contenidos
tienen casos de éxito basados precisamente en el uso de las TIC.

4. Por tanto, como
particulares y colectivos abajo firmantes, pedimos una participación
y un debate activo para la búsqueda de soluciones sostenibles, acordes
al signo de los tiempos, en aras de contribuir a los objetivos del actual
Plan de Convergencia español, y a la equiparación española
a los parámetros de uso de las TIC, desarrollo de Internet e índices
de productividad con los países de nuestro entorno.

Organizaciones firmantes:

Madrid, 12 de abril de 2005