Categoría: Socio Economico

  • CCOO exige la paralización de la tramitación del Real decreto y que se inicie un proceso de negociación

    Más de 250 delegados y delegadas se han concentrado en la Delegación de Gobierno de Barcelona para manifestar su rechazo al borrador de Real decreto que pretende segregar, de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, las actividades que estas realizan como Servicios de Prevención. La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO (COMFIA-CCOO) entiende que con esta externalización se prioriza lo obtención de beneficios frente el objetivo de reducir la siniestralidad laboral, por lo cual exige que se paralice la tramitación del proyecto y se abra un proceso de negociación de los Servicios de Prevención de accidentes laborales.

    Para COMFIA-CCOO la aplicación del RD tendría como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo, sembrando un clima de inestabilidad laboral acompañado del detrimento de condiciones laborales y salariales de un colectivo próximo a los 8.000 trabajadores a todo el estado, a la vez que afectará a la pérdida de calidad del servicio de prevención de accidentes laborales en todos los sectores de la producción. Ante esta situación la Fes-UGT y COMFIA-CCOO pide a la patronal de las mutuas y del sector asegurador la ampliación del ÁMBITO FUNCIONAL DEL CONVENIO DE SEGUROS Y MUTUAS, a fin de garantizar la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras afectadas.

    Si finalmente se produce la segregación, COMFIA-CCOO considera imprescindible que esta se produzca bajo los siguientes criterios, de los cuales pide abrir un proceso de negociación:

    – Que se constituyan entidades especializadas, sin ánimo de lucro, dotadas de un Estatuto Específico.
    – Que los órganos de gobierno adeudarían contar con participación sindical paritaria.
    – Que estuvieran sujetos al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de lo Estado.
    – Que la segregación de los Recursos Humanos debería realizarse mediante un protocolo firmado entre la representación empresarial y los sindicatos más representativos que garanticen el mantenimiento de sus condiciones laborales y salariales actuales y la permanencia bajo el campo de aplicación del Convenio de Seguros y Mutuas.

    COMFIA-CCOO Catalunya


  • COMFIA-CCOO vol manifestar el seu rebuig al Real Decret que pretèn externalitzar els Serveis de Prevenció

    A Catalunya concentració dimarts 21 de desembre a les 13 hores davant la Delegació de Govern a Catalunya – Plaça Pla de Palau de Barcelona.

    COMFIA-CCOO vol manifestar el seu rebuig al Real Decret que pretèn externalitzar els Serveis de Prevenció i denuncia que la segregació d’aquests serveis de les Mútues d’Accidents de Treball afectarà a més de 8.000 llocs de treball, la precarització de condicions laborals i la pèrdua de qualitat del servei de prevenció d’accidents laborals a tots els sectors de la producció.

    Federació de COMFIA Catalunya

  • Proyecto de Real Decreto

    El Borrador ya Es Proyecto de Real Decreto mira aqui el texto completo


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    SECCIÓN SINDICAL FRATERNIDAD
    MUPRESPA


    2º borrador R.D. SPA 03 02B


    2º borrador R.D. SPA 03 03B


    2º borrador R.D. SPA 03 04B


    2º borrador R.D. SPA 03 05B


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    2º borrador R.D. SPA 03 19B

  • Cajasur: el viaje a ninguna parte

    Causa asombro que después de años de enfrentamientos y océanos de tinta, el Consejero de Economía de la Junta de Andalucía, y el Obispo de Córdoba, bajo la atenta y notarial presencia del Presidente de la Caja Sr. Castillejo, hayan alcanzado un acuerdo por el que devuelven Cajasur a Andalucía.

    Pero el asombro se convierte en tomadura de pelo cuando conocemos el contenido del acuerdo: Devolver Cajasur a Andalucía, solo podía significar que esta entidad entraría a formar parte del resto de entidades que están reguladas por la Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía y que establece de que manera los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad ejercen su dominio sobre estas entidades.

    Éste propósito, lógico y legítimo, se tuvo en cuenta en la Ley de Cajas de Andalucía de 1999, ante la cual el Gobierno de la Nación (del PP), promovió una Ley solo y exclusivamente para esta entidad, un estrambote jurídico para secuestrar Cajasur de Andalucía.

    Ahora, 5 años después y con lo que ha llovido, el Gobierno de Andalucía, promueve una Ley solo y exclusivamente para dejar a Cajasur fuera del ordenamiento jurídico andaluz, y sobre todo fuera de la participación democrática de los ciudadanos y ciudadanas, que solo les quedará el papel de meras comparsas, figuras decorativas, en los órganos de gobierno de la entidad diseñados en este acuerdo.

    Veamos el contenido de este Acuerdo y comparemos la distribución de representación con la vigente Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía:

    Asamblea General según Ley (Caja Granada, Caja Jaen, Caja S Fernando, El Monte, Unicaja)%

    Acuerdo Junta-Iglesia:

    Asamblea General Cajasur %

    Ayuntamientos

    22%

    21%

    Clientes

    27%

    25%

    Parlamento

    15%

    10%

    Fundadores

    13%

    39%(1)

    Empleados

    15%

    5%

    Otros

    8%

    TOTAL

    100%

    100%

    (1) El 34% para el Cabildo y el 5% para la Diputación.

    Como vemos se altera de forma grosera la representación de los Fundadores a costa de todos, pero sobre todo de los empleados (que pierden las dos terceras partes de su representación) y del grupo de otros (formados por patronal, sindicatos, asociaciones de consumidores, economía social, asociaciones de vecinos, padres de alumnos, etc.), que son excluidos de los Órganos de Gobierno de Cajasur a pesar de tener derecho a representación.

    Pero esto no es todo. La representación del Cabildo no estará sujeta a duración de mandato, y se reserva el privilegio del nombramiento del Presidente, ejecutivo naturalmente. Además, frente a la Ley de Andalucía que fija la edad de jubilación de los miembros de los órganos a los 70 años, este Acuerdo la eleva a los 75. En definitiva, esto quiere decir que el Cabildo podrá seguir nombrando de manera vitalicia al Presidente ejecutivo de la entidad, y se asegura una cómoda mayoría fáctica en los Órganos de Gobierno.

    Con este Acuerdo habrá que felicitar al Sr. Castillejo y al Cabildo, puesto que han obtenido todo lo que siempre han ambicionado, y dar el pésame a los andaluces en general y muy en particular a los ciudadanos y ciudadanas cordobeses, que una vez más han visto frustrado su legítimo derecho al gobierno de una entidad de la que son los únicos propietarios… o deberían serlo.

    Ayer fue el Gobierno del PP, hoy ha sido el Gobierno de la Junta de Andalucía el que se ha plegado y renunciado a la posición que en la anterior legislatura mantuvo con toda legitimidad y en defensa del interés público; desconocemos que razones, intereses o contrapartidas le han movido, pero en cualquier caso no compartimos este acuerdo que, además, pretenden elevar a Ley con la inefable colaboración de IU-CA.

    Quedan, no obstante, páginas por escribir: Sobre las competencias que en los futuros Estatutos de la entidad se reconocerán al presidente ejecutivo, sobre la famosa póliza de Castillejo, sobre las irregularidades en la Obra Social… sobre los trapos sucios, en fin, que una y otra parte se han ido sacando desde 1999, sin importarles el daño que hacían a la imagen de la Caja. Ahora el viaje ha concluido volviendo a la situación de privilegio anterior a 1999: Un viaje a ninguna parte para el que podían haberse ahorrado las alforjas.

    Como conclusión, desde CC.OO. seguiremos defendiendo que Cajasur sea devuelta a los andaluces y a los cordobeses en particular y le sean de aplicación las Leyes ordinarias que regulan al resto de entidades de ahorro de Andalucía. Tal vez algún día el viaje concluya donde el sentido común, el principio democrático y el interés de la sociedad andaluza dictan.

  • Contra el canon de los CD y DVD vírgenes

    El secretario confederal de comunicación de CCOO, Fernando Lezcano, afirmó que el próximo mes de enero se reunirán con partidos políticos para que impulsen de manera urgente y establezcan medidas que impidan posibles situaciones e imposiciones unilaterales que, en definitiva, crean «enfrentamientos no deseados» en la sociedad.

    Para adherirse a la campaña entre aquí y rellene sus datos

    La Asociación de Internautas y Comisiones Obreras denunciaron de nuevo la subida a partir de enero del 35% del canon de los CD y DVD vírgenes, y reclamaron al Gobierno que impida una situación que supone que los «honestos» pagarán las pérdidas de las discográficas que ocasionan los «piratas».

    El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Victor Domingo, aseguró que el acuerdo de 1 de septiembre de 2004 entre la Comisión de Soporte de Grabación (ASIMELEC) y las entidades de Gestión de los Derechos de Autor para imponer un canon a ese material «es una contradicción legal» porque convive junto al sistema anticopia, «y no se puede pagar por las dos cosas».

    Ambas organizaciones presentaron en rueda de prensa un manifiesto conjunto contra el canon y una campaña contra este tipo de acuerdos privados en el que argumentan que si se paga un canon por realizar copias, debería eliminarse el sistema de seguridad de esos soportes para facilitar esta actividad, pero la mayoría de los DVD y CD impiden replicarlos.

    Actualmente, el canon para estos soportes vírgenes, que no estaba previsto en la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 pero que se impone con el acuerdo entre Asimelec y los Autores, supone un aumento de 0,17 euros y 1,40 para los CD y los DVD, respectivamente, lo que les ha supuesto ya, aseguran sus detractores, un aumento del beneficio de 54 millones de euros.

    El secretario confederal de Comunicación de CC.OO, Fernando Lezcano, aseguró en el acto que el canon es arbitrario e injusto, ya que penaliza a un número indeterminado de ciudadanos, empresas, instituciones y administraciones que utilizan estos soportes para realizar copias de documentos de texto.

    Muchos DVD y CD contienen sistemas de seguridad para que no puedan copiarse y quien los vulnera comete un delito, pero no es así si se realiza una copia de un soporte sin sistema de seguridad.

    MANIFIESTO CONJUNTO CONTRA EL CANON DE LOS CDs Y DVDs VÍRGENES GRABABLES

    La Ley de Propiedad Intelectual vigente en nuestro país data de 1996, en ella se establecía una tasa, el canon por copia privada, que pagaba el usuario final para compensar a los autores del perjuicio ocasionada por realizar copias de uso privado que no tenían fines lucrativos. En la Ley sólo se aplicaba explícitamente a las cintas de audio y de vídeo.

    El 22 de mayo de 2001 se aprobó la directiva europea 2001/29/E relativa a la Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la Sociedad de la Información, en la que se tenía en cuenta el marco de las nuevas tecnologías como los soportes digitales, la radiodifusión digital, los sistemas anticopia, etc. Una vez establecido el marco comunitario, los estados miembros tenían un plazo de 18 meses para adecuarla a la legislación nacional. Este plazo finalizó sin que el Gobierno Español haya modificado la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, que es por tanto la única ley sobre este tema vigente en estos momentos, y en la que el canon por copia privada no está establecido para los soportes digitales.

    Posteriormente, la Comisión de Soporte de Grabación (ASIMELEC) y las Entidades de Gestión de Derechos de Autor alcanzaron un acuerdo privado en el que se imponía un canon por copia privada para todos los soportes digitales, incluidos aquellos vírgenes, que termina costeando el usuario final. Este canon entró en vigor el 1 de septiembre de 2003.

    Desde entonces se ha venido realizando una amplia campaña pidiendo la eliminación de este canon indiscriminado para los soportes CDs y DVDs, por arbitrario e injusto, ya que penaliza a un número indeterminado de ciudadanos, empresas, instituciones, administraciones, por algo que no realizan o por algo que no pueden realizar, ya que multitud de soportes digitales ya contienen sistemas anticopia.

    Ante esta situación, tanto CC.OO. como la Asociación de Internautas queremos dejar muy claro que hemos sido y somos firmes defensores de los legítimos derechos de autor, y que rechazamos la piratería. Pero así mismo manifestamos:

    1. Que la transposición de la Directiva 2001/29/E relativa a la Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la Sociedad de la Información, debe realizarse en el plazo más breve posible para evitar mayores conflictos de los creados hasta ahora, si bien teniendo en cuenta las repercusiones que su aplicación proyectará sobre la sociedad en su conjunto y con un espíritu lo menos restrictivo posible respecto de los derechos de los ciudadanos, respetando en todo momento los derechos de autor, pero teniendo en cuenta al tiempo medidas que potencien la divulgación de la cultura y el desarrollo de la Sociedad de la Información, dos temas de interés general para todos.

    Consideramos que si finalmente fuese necesario establecer un canon compensatorio por copia privada en los soportes digitales siguiendo la Directiva Comunitaria, debería realizarse de tal manera que se garantice la posibilidad «real» de realizar esas copias privadas, y no se penalice indiscriminadamente todos los soportes digitales ya que muchos de ellos no van en ningún caso a dedicarse a la copia privada. El canon tal como está impuesto en estos momentos perjudica de una manera muy seria el uso y distribución del software libre, debido a que el coste para la distribución aumenta de forma considerable, además los materiales de uso informático no están diseñado para copiar música ni otro tipo de material protegido por derechos de autor.

    2. Que no debe permitirse la negociación e imposición de un canon, en este caso el canon compensatorio por copia privada en soportes digitales, por acuerdo privado entre partes, como el habido entre ASIMELEC y las Entidades de Gestión de Autor. Este pacto colisiona con los derechos del consumidor y los del usuario de tales soportes, y en cualquier caso debería ser el Estado quien lo estableciera e impusiera en caso de ser necesario, valorando los distintos derechos e intereses de las partes implicadas, tras una amplia consulta a todas ellas.

    Ambas organizaciones suscribimos tanto el dictamen que el Defensor del Pueblo ha emitido sobre este conflicto social: «es perfectamente comprensible el desacuerdo de quienes utilizan este tipo de material sin darle en ningún caso usos ilegales o fraudulentos en los que no se respete el derecho de propiedad intelectual que corresponde a los autores de cualquier obra. Ciertamente, el tener que abonar un canon por derechos de autor previsto para la cobertura de este supuesto cuando realmente este supuesto no se produce, hace legítima la reclamación y comprensible el desacuerdo»; como la opinión del Fiscal General del Estado en el sentido de la necesidad de «equilibrar la protección de los derechos de autor y de propiedad intelectual, y los de los consumidores ya que existe el derecho a la copia privada».

    Y en ese sentido, CC.OO. y la Asociación de Internautas hacen un llamamiento al conjunto de los partidos políticos para que impulsen la transposición de la Directiva Europea de forma urgente y se establezcan medidas que impidan posibles situaciones de abusos e imposiciones unilaterales que en definitiva crean conflictos sociales indeseados, pues la defensa de los legítimos e irrenunciables derechos de autor no debe justificar otras acciones injustas, e invitan a todos los actores de este conflicto a que realicen un amplio debate con el fin de llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

    Aquellas organizaciones o particulares que deseen adherirse a este manifiesto lo pueden hacer en el siguiente formulario de adhesion