Categoría: Socio Economico

El Gobierno quiere aprovechar la reforma para dar un giro importante en el trato fiscal del ahorro, tanto a corto plazo como a largo (previsión social).

El Gobierno quiere aprovechar la reforma para dar un giro importante en el trato fiscal del ahorro, tanto a corto plazo como a largo (previsión social). Hacienda está estudiando la posibilidad de que todos los rendimientos del ahorro generados en más de un año tributen a un mismo tipo de gravamen, que se situará ‘en torno al 18%’. Aquí se incluirían cuentas corrientes, de ahorro, seguros, depósitos y plusvalías (ganancias patrimoniales).
Estas últimas seguirían tributando al tipo marginal del contribuyente si se generan en un periodo inferior al año. Si lo hacen a más de un año, el gravamen se elevaría del actual 15% al nuevo gravamen de en torno al 18%. En este caso, Hacienda establecería un mínimo exento para beneficiar a los pequeños ahorradores. La decisión de subir el gravamen de las plusvalías superiores a un año no está, sin embargo, cerrada. El vicepresidente Solbes es consciente de que cualquier subida afecta a los movimientos de capital que fluyen libremente por todo el mundo. Sobre todo en la zona euro, donde no hay riesgo de tipo de cambio.
Ahorro previsión
El llamado ahorro previsión también cambiará. Hacienda reorientará los incentivos por aportaciones a planes de pensiones hacia otras figuras que fomenten pensiones privadas complementarias a la Seguridad Social. Entre ellas, se está pensando en los seguros de dependencia.
Las deducciones a planes de pensiones no van a desaparecer, pero sí se limitarán. El Gobierno considera que, hoy por hoy, benefician sobre todo a los contribuyentes con rentas más altas, que tienen más capacidad de ahorro.
Hacienda también quiere recortar el incentivo al cobro de las prestaciones de estos planes en forma de capital (una única paga), que goza de una reducción del 40%. De la misma forma, quiere primar al contribuyente que plantee rescatar su plan de pensiones en forma de renta (periódicamente). Esta última fórmula no goza ahora de ningún beneficio fiscal, por lo que, en la práctica la mayoría de los contribuyentes con un plan de pensión decide rescatarlo de una sola vez, en donde sí tiene un fuerte incentivo. ‘La administración no está para que un contribuyente se ahorre un 40% de impuestos y luego coloque ese dinero en la compra de una casa’, señalan fuentes de la Administración. El objetivo del Gobierno es que ese dinero vaya efectivamente a completar la pensión pública.
La reformulación de los planes de pensiones individuales conllevará también un mayor incentivo a los planes de pensiones surgidos en la empresa, para extenderlos entre todos los trabajadores.
B. D. / MADRID (14-03-2005)

El Gobierno quiere que las personas que no trabajan por cuidar de algún familiar reciban una paga si se dan de alta en la Seguridad Social

El libro blanco de la dependencia, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y en el que han colaborado numerosos expertos, propone que los familiares que actualmente se ocupan de atender a personas dependientes, es decir, aquellas que no pueden valerse por sí mismas para llevar a cabo las tareas básicas de la vida diaria, puedan cobrar esos servicios que prestan siempre y cuando se den de alta en la Seguridad Social como autónomos por el numero de horas que dedican a esta labor.
La profesionalización de esos cuidados beneficiaría principalmente a las mujeres, que en el 83% de los casos son las que se ocupan de la persona dependiente sin que hasta ahora hayan recibido ninguna ayuda ni económica ni material. Asuntos Sociales calcula que podrían incorporarse al mercado de trabajo de la dependencia 110.000 mujeres en el plazo de cinco años.
El objetivo del Gobierno con esta propuesta, que está siendo debatida por la mesa sectorial en la que se encuentran representados todos los colectivos relacionados con la dependencia, es proporcionar a las personas dependientes la posibilidad de ser atendidas por su entorno directo, algo que la mayoría prefiere, así como dar empleo a esas miles de mujeres que precisamente por atender a su familiar dependiente han tenido que renunciar al trabajo retribuido.

En cuanto al requisito de darse de alta en la Seguridad Social, éste se explica por el hecho de proporcionar una pensión a estas cuidadoras el día de mañana, además de para evitar que «la prestación de dependencia se convierta en un mero complemento de la pensión» del dependiente, según se recoge en el citado texto.
El dinero que percibirían sería inferior al que recibe un profesional de la atención domiciliaria, según aparece en el libro blanco, para «lograr el objetivo de que la prestación sirva para garantizar la adecuada prestación del servicio, incrementar el empleo y no se dificulte la incorporación de la mujer al trabajo».
De hecho, una de las ideas que considera el Gobierno, y que tiene que ser ahora debatida, es que las cuidadoras familiares puedan incorporarse al mercado laboral en el sector de la dependencia bien con su familiar o bien para asistir a otros. No hay que olvidar que esas mujeres son las que más experiencia tienen en la atención y cuidados que precisan las personas dependientes.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, considera que el desarrollo de la futura ley de Dependencia obligará a crear como mínimo 300.000 puestos de trabajo y, según el libro blanco, unos 110.000 cuidadores familiares podrían incorporarse al trabajo de aquí al año 2010.
El libro blanco de la dependencia ofrece un diagnóstico de la situación de las personas dependientes en España y plantea una serie de propuestas para su atención con el objeto de que sean debatidas con los agentes sociales, con las distintas administraciones y con los grupos parlamentarios. Del texto consensuado saldrá la ley de Atención a las Personas Dependientes, que el Gobierno prevé que entre en vigor antes de que finalice este año.
En este contexto, el libro blanco señala que en estos momentos hay en España 1.125.190 personas que no pueden valerse por sí mismas, de las que 826.551 tienen más de 65 años. Además, hay otras 1.657.400 personas que precisan algún tipo de ayuda para desenvolverse en su vida cotidiana. Las previsiones apuntan que en el 2020 los dependientes más graves superarán el millón y medio de personas.
Según el citado texto, hoy en día es la familia, y en concreto la mujer, la que se encarga de la atención a este colectivo. Sólo un 6,5% de las familias que cuidan a dependientes cuentan con algún apoyo de los servicios sociales.
El objetivo del ministerio que dirige Jesús Caldera es que la atención domiciliara se extienda a todos los dependientes, evitando en lo posible el ingreso en residencias.
La propuesta del Gobierno supondrá un coste adicional de 4.500 millones de euros en ocho años, que se sumarán a los 4.000 que ya gastan las administraciones.
La Vanguardia, Lunes 14 de marzo de 2005

El autor se suma al Debate Abierto en Cinco Días sobre la financiación de la dependencia. En su opinión, es un asunto de gran calado al que hay que enfrentarse cuando todavía no se ha encontrado la fórmula para resolver el problema del impacto de la demografía en las pensiones

Han pasado 18 años desde la Ley de Planes y Fondos de Pensiones y todavía seguimos debatiéndonos acerca de cómo conseguir un ahorro privado que nos permita complementar suficientemente las pensiones públicas.
Después de este largo proceso podemos afirmar con cierta desazón que a pesar de los muchos esfuerzos y las loables voluntades de los diferentes Gobiernos, Administraciones, agentes sociales, etcétera, no hemos conseguido, ni muchísimo menos, el objetivo perseguido.
Nuestro ahorro previsión en términos de Producto Interior Bruto (PIB) se sitúa en un 25%, algo menos de la mitad que la Unión Europea y dos veces menos que Francia o seis que Holanda. Por otro lado, en la composición del ahorro familiar español, los instrumentos financieros de ahorro previsión gestionan un 11,5% del total, mientas que la media europea se sitúa sobre un 28%. Además, durante los últimos años no hemos recortado apenas distancia respecto de los países más previsores.
Todavía no hemos encontrado la fórmula adecuada para resolver la problemática de la demografía y su impacto en las pensiones, que ya tenemos que afrontar otro asunto de enorme calado como es la dependencia.
Recientemente el Gobierno publicó el Libro Blanco de la Dependencia. Se trata de un libro esencial en el proceso de promulgación de la anunciada ley, en el que se realiza un amplio análisis de la situación actual y futura de las personas dependientes, así como la tipología de las situaciones de dependencia y las posibles vías de atención a las mismas.
Estamos en el preludio de una nueva industria con múltiples actividades que acogerán a miles de trabajadores y contribuirá a regularizar muchos empleos

Es evidente pues que estamos en el umbral de un momento histórico para la sociedad, puesto que la futura ley reforzará el actual Estado del Bienestar y marcará los ámbitos en los que deberá de actuar el sector privado.
Cubierto el hito anterior y a pesar de que en el Libro Blanco no se vislumbra la participación directa de los aseguradores y gestores de planes de pensiones, será el momento en el que estos sectores deban de asumir su responsabilidad ante la sociedad y ofrezcan soluciones creativas, sólidas y competitivas.
Aunque puede ser aventurado relacionar las posibles soluciones, productos o servicios que podrán ofrecer estos sectores, lo más predecible seguramente es apostar por la línea del ahorro, ya que lo primero que debe conseguirse es la concienciación necesaria para que el ciudadano se haga con los recursos necesarios para costearse la dependencia que pueda contraer en el futuro, o bien, hacer frente al pago de la prima del seguro que le cubra de la contingencia de la dependencia.
Para lograr la citada concienciación se pueden adoptar muchas medidas, entre ellas la del apoyo fiscal, tanto a los productos finalistas como a los capitales generados en otros productos financieros pero que se destinen en un determinado momento a la compra de rentas vitalicias, y que incorporen en las mismas la contingencia de la dependencia.
Otra alternativa de gran interés sería la de los seguros de enfermedad con prestaciones de servicios a la dependencia. Esta opción es similar a la contratación de un seguro de riesgo en el ramo de vida, aunque en este caso el servicio es substituido por una prestación económica, cuyo posterior destino sería la contratación de los correspondientes servicios de dependencia. Si nos ceñimos estrictamente al campo teórico, estas propuestas serían las más adecuadas para cubrir a nivel privado cualquiera de las situaciones de dependencia, pero debemos tener en consideración que, en muchos casos las primas pagadas en este tipo de seguros son consideradas por gran parte de la población como un gasto, consecuentemente no serán propensos a su contratación ya que en su particular valoración antepondrán el coste a la posible contraprestación.
Otro aspecto a considerar en este ámbito es la carencia de estadísticas plenamente contrastadas y adaptadas a la actividad del sector asegurador. La ausencia de esta información puede ocasionar que la fijación de las prima no sea la que se correspondería con el riesgo a cubrir, con el consiguiente impacto negativo para los contratantes del seguro o para la solvencia de las compañías.
Bien, presumiblemente en un corto periodo de tiempo tendremos la ley; el preludio de una nueva industria con múltiples actividades que acogerán a miles de trabajadores y que contribuirá a la regularización de muchos puestos de trabajo. Una ley que establecerá el ámbito público y el privado, una ley indispensable si nos comparamos con nuestros países vecinos. Confiemos en que entre todos hagamos que consiga su propósito más prontamente que la Ley de Planes y Fondos de Pensiones.
Cinco Días Mario Berenguer (Director general del Grupo Caifor) (12-03-2005)