El jefe de la Unidad de Seguridad Social de la Unión Europea (UE), George Fisher, afirmó hoy que España, junto con otros países europeos, debe tomar medidas para elevar la edad de jubilación y retrasar la salida de los trabajadores del mercado laboral.
Fisher, que participó en Madrid en un seminario internacional organizado por el Ministerio de Trabajo para debatir sobre la prolongación de la vida activa, manifestó que uno de los principales problemas de España, compartido por otros Estados miembros de la UE, es que los trabajadores se retiran «demasiado pronto» del mercado de trabajo.
«No es algo específico de España, también ocurre en otros países. Tenemos que esforzarnos todos los Estados miembros para alargar este proceso y retrasar la salida del mercado laboral», dijo el responsable europeo, quien explicó que en algunos países europeos ya se han empezado a tomar medidas, como la elevación de la edad legal de jubilación o la supresión de la misma.
Fisher señaló además que la inmigración no resolverá por sí sola los problemas que habrán de afrontar en el futuro los sistemas de pensiones, aunque reconoció que contribuirá a mitigarlos. «El problema sólo se resolverá si la gente trabaja más tiempo en España. Hace falta una reforma», insistió.
El jefe de la Unidad de Seguridad Social de la UE también se mostró partidario de estudiar, dentro de las reformas que debe emprender España, el impacto que tendría una posible ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, actualmente establecido en 15 años.
«Puede que esta medida tenga sentido, porque así se entendería mejor la relación entre las aportaciones y los beneficios recibidos», precisó Fisher, que, en cualquier caso, indicó que la reforma debe atender al conjunto del sistema y no sólo a una cuestión puntual como la extensión del periodo de cálculo.
FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN.
En el seminario también participaron representantes sindicales y empresariales y expertos en los sistemas de Seguridad Social. Desde CC.OO., Héctor Maravall, manifestó que la posición de su sindicato en relación al periodo de cálculo es que su ampliación «no es la panacea» ni un elemento clave del debate. «No vamos a exigir su prolongación, pero tampoco vamos a negarnos a discutirlo», precisó.
La profesora Nuria Pumar, de la Universidad de Barcelona, sí que respaldó la extensión del periodo de cálculo de las pensiones, argumentando que de ello saldrían beneficiados los trabajadores con carreras laborales inconstantes y que en sus últimos años como activos hubieran tenido menores ingresos.
Por su parte, el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, se mostró contrario a esta medida, alegando que reducirá las pensiones de la mayor parte de la población. En su opinión, se deben adoptar medidas para incentivar la prolongación de la vida laboral e incrementar las penalizaciones a la jubilación anticipada y mantener el periodo de cálculo en 15 años.
Zubiri dijo además que los problemas del sistema de pensiones no se solucionarán por medio de la inmigración, sino a través de una mayor creación de empleo. Según explicó, la economía española generará suficientes recursos como para sostener las pensiones en el futuro, y se mostró a favor de que las pensiones dejen de financiarse únicamente con cotizaciones sociales y se dé entrada a nuevas fórmulas financieras, como los impuestos.
Maravall también opinó que la inmigración sólo ayudará temporalmente a pagar las prestaciones y afirmó que el problema del sistema español de pensiones no es el marco jurídico, sino la cultura empresarial. En este sentido, denunció que, mientras los sindicatos han avanzado en sus planteamientos sobre la edad de jubilación, las empresas sigue acometiendo reestructuraciones de plantilla para expulsar del mercado laboral a los trabajadores de mayor edad, lanzando el mensaje a la sociedad de «que ya no sirven».
En cuanto a las pensiones de viudedad, que el Gobierno tiene intención de reformar en el diálogo social, el representante de CC.OO. pidió que se estudie con «muchísimo cuidado», debido a la diversidad de situaciones que afectan a las viudas. «No deben tomarse medidas uniformes y homogéneas», subrayó Maravall, quien recordó que para algunas mujeres la pensión es su única fuente de ingresos, mientras que otras la compatibilizan con otras rentas. EUROPA PRESS