Ante la crisis sanitaria, social, laboral y económica causada por la epidemia del coronavirus, el sindicato urge a que se complementen las medidas ya aprobadas con otras que garanticen la protección social de toda la población.
CCOO reclama que se amplíe el tiempo de moratoria en el pago de las hipotecas a los tres meses prorrogables y que se haga extensible a los alquileres (de vivienda habitual y de locales comerciales) y a los suministros básicos. Una vez finalizado el periodo de moratoria, debería establecerse un calendario de pago (al menos 24 meses) para el prorrateo de la cuantía de las mensualidades pospuestas por parte de los inquilinos.
Tal como reclama el sindicato, a la medida deberían poder acogerse todos aquellos hogares que vean recortados sus ingresos durante este periodo de crisis: cuando alguno de sus componentes pierda el trabajo (despido, finalización de contrato) o fuente de ingresos profesional (cese de actividad), sufra una reducción relevante de sus salarios, ingresos profesionales, prestaciones o subsidios (población desempleada).
Al mismo tiempo, es necesario que se establezcan mecanismos de liquidez a través del ICO para adelantar el importe del alquiler a aquellos propietarios particulares (personas físicas) afectados por la moratoria.
En el caso de viviendas en alquiler pertenecientes a empresas, sociedades o personas jurídicas, en los casos de vulnerabilidad económica del inquilino, la moratoria en el pago del alquiler se convertirá en supresión del pago de la renta durante un plazo de tres meses prorrogables mientras dure la actual situación de crisis. Con la definición de vulnerabilidad económica recogida en el RDL 8/2020.
En paralelo a esta moratoria en el pago de hipotecas, alquileres y suministros básicos para la población afectada, debe establecerse una moratoria en los desahucios y cortes de suministros básicos de los hogares afectados por la reducción de ingresos durante un periodo inicial de tres meses (prorrogables).
CCOO también propone movilizar los alojamientos hosteleros disponibles (hoteles, hostales, viviendas turísticas) para alojar durante esta crisis al personal sanitario y otros servicios esenciales que afrontan duras y largas jornadas de trabajo y requieren de alojamientos cercanos a su puesto de trabajo.
Ante la emergencia de la crisis del coronavirus urge adoptar medidas extraordinarias para garantizar el derecho efectivo a la vivienda de la población. Y una vez superada esta emergencia será imprescindible seguir garantizando el derecho a una vivienda digna y asequible para amplias capas de la población. La Iniciativa Sindical por el Derecho a la vivienda, presentada recientemente por el sindicato, incorpora un conjunto valiente y coherente de medidas para garantizar el derecho a un alojamiento digno, priorizando el alquiler público y la limitación de los alquileres privados a la capacidad de pago de los hogares.
