Un informe de los Servicios Jurídicos de CCOO advierte de 49 procedimientos abiertos a 147 representantes y dirigentes de CCOO, promovidos por la Administración del Estado y el Ministerio Fiscal, lo que supone una restricción ilegítima de derechos democráticos
El
ejercicio de la libertad sindical ha conocido en los últimos años
una creciente y preocupante intervención del Ministerio Fiscal, que
puede estar ejerciendo la acusación pública con
finalidad discriminatoria.
A juicio de CCOO, “la acusación penal, que acarrea la imputación
de delitos para los que se piden hasta ocho años de cárcel para
representantes sindicales, es una injerencia de los poderes públicos
en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una
restricción ilegítima de derechos democráticos y de manera
singular, del derecho de huelga. No se trata de un acto que carezca
de consecuencias jurídicas inmediatas. Implica la vinculación a un
proceso y la sumisión a medidas cautelares tanto personales como de
exigencia de fianzas y asunción de daños por parte de la
acusación”.
Desde
hace unos años, el sindicalismo de clase se enfrenta a una poderosa
campaña mediática activada con fuerza a partir del triunfo de la
derecha política en las elecciones generales de 2011. Una
sistemática e implacable campaña que no repara en medios y
que apunta al corazón mismo de las relaciones laborales.
En la estrategia informativa de descrédito del proyecto sindical, no
se pone en cuestión una u otra actuación de los sindicatos. O al
menos, no solo. Se ataca la propia existencia del sindicalismo
democrático y su función constitucional, lo que nos sitúa ante una
ofensiva conservadora que en ocasiones avanza extramuros de la
democracia.
Pero
el sindicalismo no puede quedarse en la denuncia de unos hechos que
golpean la imagen y la credibilidad de los sindicatos. Debe dirigir
también su mirada
hacia dentro y
evaluar con rigor y transparencia los errores cometidos. Y en eso
estamos empeñados en CCOO. La creación de una Comisión de
Investigación para analizar la actuación del sindicato en el
llamado caso de los
ERE, y el compromiso
público adquirido para aplicar con todas las consecuencias la
legalidad estatutaria, ha servido para separar las buenas de las
malas prácticas y no ponernos de perfil si tuviésemos que sancionar
alguna actuación irregular de representantes de CCOO.
Lacriminalizaciónde la
respuesta sindical
Mientras
el sindicato se detenía en el análisis de la campaña antisindical
en el ámbito de la comunicación, se sucedían en distintos puntos
del país acciones sancionadoras contra la actividad sindical sin
precedentes en democracia. Conscientes de que las prácticas
sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta límites
intolerables, CCOO ha creído imprescindible encargar a sus servicios
jurídicos un informe detallado de lo que está pasando y una agenda
básica que incluya los criterios de intervención jurídica y
sindical. La principal tipología de conflictos de los que se derivan
las actuaciones sancionadoras están relacionados con el desarrollo
de las jornadas de huelga general tanto en el año 2010 como en el
2012, jornadas que acumulan la inmensa mayoría de procedimientos
tanto administrativos como penales.
En
relación con las sanciones que son objeto de imputación, las más
frecuentes son las de carácter exclusivamente administrativo, y no
representan en la mayoría de los casos importes relevantes,
excepción hecha de la infracción muy
grave aplicada al
caso de Huelva que supera la cantidad de 60.000 euros.
En
el ámbito penal la mayor gravedad de la acusación tiene lugar
cuando se imputa la comisión de delito de coacciones
a la huelga, lo que
se produce al menos en nueve procedimientos de carácter penal y que
afectan a unos 40 trabajadores y cargos sindicales. Estos
procedimientos sí derivan en condena, la pena mínima es de tres
años y un día, y por tanto genera el ingreso en prisión al ser
superior a 24 meses, aunque la persona carezca de antecedentes
penales, al no ser aplicable con carácter general la medida de
libertad condicional. En algunos casos se ha constatado que las
peticiones de la Fiscalía exceden notablemente de la pena mínima,
lo que además tiene lugar cuando solicita igualmente pena de prisión
por otros delitos concurrentes como los de atentado
o lesiones. Tal es
el caso de AIRBUS, en
el que se pide ocho años de prisión para cada uno de los ocho
sindicalistas imputados, o superior a cuatro años, como se pide a lasecretaria general de
CCOO de Baleares.
Hemos
querido resumir algunos de los 35 procedimientos que afectan a 125
sindicalistas de CCOO -los servicios jurídicos trabajan para conocer
si son más los casos- con el propósito de sensibilizar a toda la
ciudadanía de la trascendencia de unas actuaciones que cercenan
gravemente los derechos sociales y laborales. Y lo hacemos para
anunciar que no nos vamos a quedar parados. CCOO considera
inaceptable que el delito de coacciones a la promoción de la huelga
como figura penal se aplique de forma generalizada en todo tipo de
altercados e incidentes con ocasión del desarrollo de una huelga,
sobre todo en la convocatoria de una huelga general.
Resulta
especialmente determinante la intervención del Ministerio Fiscal, y
por lo tanto del poder ejecutivo, en la criminalizaciónde la respuesta social y sindical. CCOO llama la atención sobre elsolemne silencio
político e informativoque acompaña a la campaña de intimidación observada en el
ejercicio de estas prácticas sancionadoras contra la actividad
sindical, y especialmente contra representantes del sindicato. No
vamos a permanecer callados ni parados. CCOO activará una agenda de
contactos y reuniones con
la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder
judicial, las organizaciones profesionales de la justicia, el Comité
de Libertad Sindical de la OIT y los grupos parlamentariospara trasladarles la situación aquí denunciada. Igualmente,
debatirá y reflexionará con ellos de propuestas de cambios
normativos en el ámbito penal. Y estudiará en sus órganos de
dirección, en contacto con todas las estructuras del sindicato, uncalendario de
movilizaciones contra
la vulneración de los derechos sindicales.