Ante el auto dictado por la Audiencia Nacional, CCOO manifiesta su compromiso conla transparencia y la determinación de las responsabilidades que correspondan encada caso con la gestión de Bankia
El pasado 20 de marzo, CCOO
se dirigió a la CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía y
Competitividad (integrantes a su vez del FROB), instando a estos organismos
para que los informes de inspección del Banco de España y cualquier otra información
relevante fueran remitidos a la Fiscalía General del Estado para que pudieran
determinarse responsabilices civiles o penales de los administradores y
gestores de las entidades intervenidas.
CCOO ha reclamado la
creación de una Comisión Mixta de Investigación Congreso-Senado sobre el sector
financiero –la dimensión de los problemas trasciende al caso de Bankia-, así
como una reestructuración eficiente, transparente y justa del sector, con la
determinación de responsabilidades que corresponden en cada caso.
CCOO saluda cualquier
iniciativa que persiga y permita alcanzar esos fines.
CCOO asumirá las
responsabilidades que correspondan, como deben hacer las instituciones que han
nombrado representantes en el Consejo de Administración de Bankia o Banco Financiero
y de Ahorros. No obstante, manifestamos nuestra confianza en la labor
desarrollada por quienes a lo largo de los años han sido propuestos por CCOO, y en que esto quedará
acreditado en el procedimiento iniciado.
En la depuración de
responsabilidades hay que diferenciar la labor de los gestores y de los
administradores, y debe alcanzar también a quienes han tenido un importante
papel en el curso de los acontecimientos. Los auditores que han avalado ante el
Consejo de Administración las cuentas, balances y estados de situación de la
entidad hasta, al menos, la salida a bolsa de Bankia. Los supervisores y
reguladores que han acompañado e incidido directamente en la constitución del
Banco Financiero y de Ahorros y en la integración de las siete entidades
originarias, así como en la propia salida a bolsa de Bankia.
Los gestores de la entidad han elaborado y proporcionado al Consejo de
Administración la información utilizada para la adopción de decisiones. En el
caso de que se demuestre que las informaciones presentadas al Consejo de
Administración no han sido veraces, CCOO emprenderá las acciones oportunas.
Confiamos que el desarrollo
del procedimiento judicial abierto aclare toda esta situación, fije, en su
caso, las responsabilidades que procedan y facilite la resolución de los
perjuicios causados por esta situación, tanto para los trabajadores de la entidad,
como para los clientes de la misma que han visto negativamente afectados sus
ahorros. Esperamos también que este
procedimiento sea compatible con el curso de las reclamaciones civiles que se
están poniendo en marcha por asociaciones de afectados para compensar
económicamente a las personas que han podido verse sorprendidas en su buena fe
y perjudicadas económicamente.