El secretario general de la Federación
de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia) de CCOO, José María
Martínez, ha pedido este viernes la «retirada voluntaria» de «todos los
administradores que están o han estado involucrados en Banco de Valencia que
permanecen en órganos de gobierno de otras entidades financieras», y «no sólo de
Banco Financiero y de Ahorros (BFA) o Bankia, incluso en Bancaja, y no sólo el
presidente José Luis Olivas», ha recalcado.
Europa Press .- Así lo ha señalado en una rueda de
prensa que ha ofrecido en Valencia junto al secretario general de Comfia
CCOO-PV, José Miguel Mandingorra, para abordar la actualidad del sector
financiero en la Comunitat. A continuación, han celebrado una asamblea de
delegados sobre la reestructuración del sector y la negociación de
convenios.
Martínez ha argumentado que «cualquier
administrador que en nombre de Bankia, Bancaja o BFA haya estado en Banco de
Valencia, genera o proyecta riesgo reputacional sobre el resto», en el marco de
un «proceso de reestructuración desordenado» del sector que ha estado
«caracterizado» por «la no delimitación de responsabilidades».
Así, ante la apertura de expediente
disciplinario a todo el consejo de administración por parte del Banco de España,
considera que «sería bueno» que aquellos que permanecen en órganos de gobierno
de otras entidades «se retiren voluntariamente» y ha recordado, en este sentido,
que los expedientes anteriores «acabaron con sanciones».
A la espera de conocer el dictamen del
Banco de España sobre esas responsabilidades, ha avanzado que «se intuye una
gestión muy orientada a la producción de suelo y poco a la transformación
financiera». En Caja Mediterráneo (CAM), asegura que fueron «testigos» de «cómo
se intentaba engañar a los consejeros dándoles información falsa acerca de la
integración en Banco Base».
Martínez ha augurado que la
intervención de Banco de Valencia durará «entre tres y cinco meses» y culminará
con la subasta de la entidad «en abril o máximo en mayo», al tiempo que ha
valorado el perfil bancario de los administradores transitorios y el «mensaje de
tranquilidad» que ofrecieron a trabajadores y clientes.
PLANTILLA «MUY MAL DIRIGIDA PERO MUY
PROFESIONAL»
Al respecto, ha defendido que la
entidad tiene «una plantilla muy profesionalizada, muy mal dirigida, igual que
la de CAM, pero muy profesional y que por lo tanto podría aportar bastante al
grupo al que al final fuera asignada». De la plantilla de Bankia, ha dicho que
«se ha producido una anticipación de las salidas previstas en dos o tres años» y
que por el momento «no se ha planteado, ni formal ni informalmente, ningún
requisito adicional de reestructuración».
Según datos del sindicato, ya han
salido del sector de cajas de ahorros 15.000 trabajadores y la continuidad de
ese proceso «va a depender en gran medida de cómo evolucione la economía en
general».
Por otro lado, Martínez se ha mostrado
«perplejo» por el hecho de que la candidatura a la vicepresidencia de Bankia del
expresidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons,
«no se esté discutiendo en el consejo de Bancaja, que no se ha reunido hasta
ahora», sino «perfilando en los despachos del presidente de la Generalitat». A
su juicio, aunque Pons merezca todo su respeto y sea una persona «reputada y
probablemente adecuada» para ese cargo, «las cosas se tienen que hacer con orden
y concierto».
En este punto, ha pedido al nuevo
Gobierno central que no sólo culmine el proceso de reestructuración del sector,
sino que acometa su ordenación a través de reformas legales que garanticen la
unidad de empresa en las SIP y la «racionalización» de los órganos de gobierno y
las estructuras, también en las empresas participadas, por los elevados costes
de administración y de gestión que suponen.
«MILES DE CONSEJEROS» QUE COBRAN
DIETAS
A modo de ejemplo, ha comentado que
«hay un consejo en Bankia, uno en BFA que es la matriz y siete consejos de
administración de siete cajas, con sus siete comisiones de control, con sus
siete comisiones ejecutivas, con sus siete asambleas generales» y, por tanto,
«miles de consejeros que cada vez que se reúnen cobran dietas», mientras que esa
mayor «unidad de empresa» que propone CCOO «sería mucho más razonable, más
racional y se evitarían algunos espectáculos».
Esa racionalización de «costes
superfluos» que plantea el sindicato incide en que «los órganos de gobierno que
hayan perdido funciones no se mantengan artificialmente», y lo mismo en el caso
de los consejos de empresas participadas por las integrantes del
SIP.
ASIGNAR CAM «CUANTO ANTES» Y A UNA SOLA
ENTIDAD
Respecto a la situación de CAM, CCOO
apuesta por que «se acabe la incertidumbre cuanto antes y si es posible asignar
hoy la CAM, mejor que mañana y mejor que dentro de una semana» y prefiere que
«se produzca una asignación en unidad de empresa», de modo que se adjudique a
una sola entidad financiera, por ser «la mejor solución» para el futuro de su
plantilla y para los derechos de sus clientes.
En cuanto al fracaso de la propuesta
del Grupo Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM) de formar «un macro SIP»,
considera que se siente «liberada para hacer otro tipo de operaciones» y que
«sería muy oportuno que se acertara al menos» en este sector. «Está pendiente la
conformación de un grupo cooperativo potente y eficiente a nivel estatal, y este
país en su conjunto necesita crear una entidad o un par de ellas del rango de
Credit Agricole o Rabobank», ha zanjado.
Cajas expoliadas
El Banco de España tiene que controlar los sueldos de las cajas salvadas con dinero público
El País.– Con retraso, el Banco de España ha empezado a exigir las cifras
exactas de las retribuciones, las indemnizaciones y las pensiones que
los directivos de las cajas de ahorros se habían autoconcedido en muchos
casos y, en otros, simplemente habían colado de rondón en los consejos.
Y la información conocida no puede ser más escandalosa. Las
indemnizaciones millonarias en la CAM y en Novacaixagalicia parecen ser
la punta del iceberg de unas prácticas muy extendidas de saqueo en las
cajas por parte de directivos poco escrupulosos. La mancha se ha
extendido a Cataluña, donde la Fiscalía Superior investiga a cuatro
exdirectivos de Caixa Penedès, que se habían autoasignado planes de
pensiones con una dotación global de 20 millones de euros. Estas
pensiones no eran conocidas por el Consejo de la Caja (integrada ahora
en el Banco Mare Nostrum), lo que convierte el hecho en presuntamente
delictivo.
Las retribuciones son escandalosas por varias razones. No se ajustan a
los méritos de los directivos autopremiados, como lo demuestra el hecho
de que se trata de ejecutivos de entidades quebradas o que han tenido
que recurrir in extremis a fusiones con otras entidades para sobrevivir. Por lo común, el detalle de los paracaídas dorados e indemnizaciones de vértigo suele ocultarse a los consejos o a los
asambleístas; no es casual que tan espléndidas retribuciones hayan
aflorado con motivo de las fusiones de entidades, cuando el Banco de
España ha exigido perentoriamente el conocimiento exacto de los costes
salariales. Y, por último, chocan con las subvenciones públicas que
algunas cajas han recibido para salvar sus cuentas de resultados. Con
dinero privado no debería premiarse la mala gestión; pero hacerlo con
dinero público es contrario a la moral cívica.
La reacción ante
las quiebras masivas de sistemas financieros autonómicos o ante la
alarma social causada por el expolio de algunas entidades no puede ser
la de culpar al Banco de España en primera instancia. Cuando los
políticos valencianos o gallegos cargan a la autoridad bancaria con
estos desmanes se olvidan de que la primera línea de responsabilidad
corresponde a quien perpetra el expolio. Acusar al regulador sin mención
previa y directa a los protagonistas del fraude es simplemente un
intento tosco de desviar la atención. El Banco de España no se preocupó
como debiera de las retribuciones financieras, es evidente, pero esta
circunstancia en nada disminuye la responsabilidad inmediata de los
implicados ni, por cierto, las autoridades autonómicas.
La senda
de la transparencia ya se ha iniciado. El Banco de España tiene que
implicarse activamente en la vigilancia de salarios y pensiones, de
forma que sean conocidos por la opinión pública. Pero no solo eso. Debe
cerciorarse, con las modificaciones normativas pertinentes, de que
cualquier retribución ha seguido el trámite exigido por el buen gobierno
empresarial. Es decir, debe ser conocido y aprobado por una Comisión de
Retribuciones independiente y ratificada por los accionistas.