CCOO exige rapidez y precisión para reestructurar el sector financiero de forma eficiente, transparente y justa, y que conlleve la determinación de las responsabilidades que corresponden en cada caso.
La
escasez de crédito es un obstáculo determinante para reactivar la
economía y el consumo. En España el crédito comercial a las
empresas desde 2008 se ha reducido a la mitad, contribuyendo a
destruir miles de empresas y puestos de trabajo.
En
España la intervención ha sido tibia e inadecuada hasta 2012
(cuatro reformas que se han demostrado ineficaces hasta ahora).
Finalmente el rescate y recapitalización del sector financiero, con
cuatro años de retraso, hace la solución más costosa para afrontar
las consecuencias del estallido de nuestra burbuja inmobiliaria.
El
sector financiero español se ha sobredimensionado en la última
década, lo ha hecho a crédito, agravando la dependencia de
financiación externa (el saldo vivo de cédulas hipotecarias es de
más de 730.000 millones de euros, el doble de la existente en 2003).
La gran concentración de préstamos hipotecarios y la obligada
refinanciación de deuda con el exterior, agravan los efectos de la
crisis y provoca el cierre y destrucción de miles de oficinas y
puestos de trabajo, entre otras razones, por la desaparición del
crédito al circulante de las empresas más pequeñas.
La
necesaria aportación de recursos públicos, ante la insuficiente
aportación privada, para capitalizar estas entidades, consume
grandes cantidades de dinero público, de forma similar a como lo han
hecho otros países, si bien antes que España, especialmente EEUU y
Europa (Alemania, Reino Unido, Italia, Francia,…), y probablemente
algunos de ellos tendrán que volver a hacerlo dado el impacto que en
sus bancos aún mantienen activos tóxicos como los que activaron la
crisis financiera internacional. Esta realidad hace necesaria la
contribución de la Unión Europea en un marco de reestructuración
del sector financiero europeo, no sólo español.
La
intervención del Estado en el sector financiero provoca cambios
sustanciales en él. Han desaparecido, de hecho, la casi totalidad de
cajas de ahorros, que se han concentrado y transformado en bancos. A
ello se une la nacionalización de un conjunto de entidades cuyo
proceso de concentración se ha tornado inviable en la situación
actual. Se configura así una titularidad pública (Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria), de dimensión muy relevante
tras la nacionalización de Bankia (a través del Banco Financiero y
de Ahorros). El coste de la nacionalización es mayor al asumir el
saneamiento de estas entidades.
La
utilización de cifras millonarias para sanear al sector financiero,
en un marco de ajuste presupuestario que afecta a servicios básicos
y estratégicos, no se acompaña de la necesaria transparencia ni de
una adecuada exigencia de responsabilidades a los gestores,
supervisores, auditores, y, en su caso, administradores. Tampoco se
visualizan claramente las medidas y procedimientos mediante los
cuales los fondos públicos destinados a este fin van a ser
restituidos.
El
modelo de cajas de ahorros, herramienta esencial de inclusión
financiera para amplias capas de la población y territorios que
despertaban menor interés en los bancos tradicionales, ha sido en su
mayor parte destruido en esta crisis. La incapacidad en la gestión
en unos casos, la miopía de gobiernos autonómicos y sectores
económicos, que impidió actuar a tiempo y con criterio adecuado en
los procesos de concentración y reestructuración societaria, y, sin
duda, la presión para acabar con ese modelo societario por parte de
instituciones internacionales, así como la falta de voluntad
política de los gobiernos por preservar las cajas, con el apoyo
tácito del Banco de España, han resultado obstáculos insalvables
en la mayoría de los casos, dando satisfacción a demandas
interesadas del resto del sector financiero que contempla como se
eliminan y pueden absorber competidores.
Un
resultado perverso de todo lo anterior es la reducción, en algunos
casos desaparición, de la Obra Social de las Cajas de Ahorros que
llegó a superar los 2.000 millones de Euros anuales, con el
consiguiente deterioro de actividad asistencial y cultural que no
está siendo reemplazada por actuaciones públicas, más aún en el
entorno actual de recortes y ajustes presupuestarios.
En
ese marco, es
preciso promover una reforma eficaz y justa del sistema financiero,
que refuerce el control y supervisión público, que se establezcan
sistemas de regulación más eficaces, así como se pongan en marcha
medidas fiscales con los que las entidades financieras restablezcan
los recursos públicos aportados a la reestructuración e incentiven
un modelo de negocio socialmente responsable y sostenible.Asimismoes
preciso establecer las responsabilidades correspondientes por lo
ocurrido.
Reactivar
el crédito es básico, pese al reto de reducción de deuda,
especialmente privada, que tiene la sociedad española. Es necesario
poder financiar proyectos empresariales viables. Exigir más
provisiones al sector es insuficiente, retiene recursos, minorando la
oferta de crédito solvente, y se torna contraproducente para la
rentabilidad y valoración de los mercados lo que contribuye a una
mayor exposición y vulnerabilidad frente a operaciones hostiles.
Recapitalizar
con dinero público las entidades financieras que lo precisen es
inevitable y condición necesaria, no suficiente, para mejorar el
crédito en la economía española y la cuota de mercado de las
empresas. Normalizar el crédito ayuda a controlar precios de bienes
y servicios.
El
empleo en el sector financiero es una prioridad para CCOO. La
necesaria reestructuración del sector y las condiciones que se van a
exigir como contrapartidas a la financiación europea del rescate
bancario, deben realizarse con el mayor respeto al empleo y
empleabilidad de las plantillas afectadas. Por ello exigimos la
puesta en marcha de un “Contrato Social” que garantice la
adopción de medidas pactadas con la representación de los
trabajadores, tal y como se desarrollaron las sucesivas
reestructuraciones sectoriales desde los años 80 del siglo pasado.
También
son prioritarios los derechos de las personas que han invertido sus
ahorros en participaciones preferentes o acciones de las nuevas
entidades cotizadas, que han comercializado las primeras o colocado
las segundas sin la transparencia e información adecuadas sobre la
situación real de las mismas.
Esta
falta de transparencia se ha producido hacia los clientes e
inversores, a través de trabajadores y trabajadoras de las entidades
que tampoco disponían de la información real sobre la situación de
sus respectivas entidades.
Por
ello, anunciamos nuestra voluntad de ejercer todas las acciones a
nuestro alcance para defender los intereses de las plantillas
afectadas, los clientes e inversores de buena fe que han visto
quebrantada su confianza en estas instituciones y del patrimonio
social de las mismas.