Tras la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, anulando la adjudicación del Programa de Turismo Social a Mundosenior (Halcón y Barceló) por impugnación de Multiplan (Iberia, Alsa, Gowaii e IAG7), CCOO advierte de los perjuicios para el empleo que el retraso en la aplicación del programa del IMSERSO puede tener y exige garantías de mantenimiento de un plan que ha ayudado durante décadas a luchar contra la estacionalidad en el sector turístico y ha creado riqueza y empleo. Igualmente ha exigido celeridad en el proceso para su nueva adjudicación.
De
acuerdo con los datos que baraja CCOO, el retraso producido por la
impugnación de la adjudicación podría originar el cierre de unos
44 hoteles y la pérdida de unos 2.207 puestos de trabajo directos en
el litoral de las provincias de Almería, Huelva, Granada y Málaga.
A ello, habría que sumarle varios miles de empleos indirectos
(hostelería, transporte, agencias de viajes, servicios generales?),
como consecuencia de la pérdida de 1.401.439 estancias directas del
Imserso, más las 552.903 ajenas al programa que se producirían si
los hoteles tuvieran que cerrar al verse privados de dicho programa,
una de las principales herramientas con que cuentan para luchar
contra la estacionalidad turística.
Por
provincias, Málaga sería la más perjudicada al verse afectados 16
hoteles, con un total de 518.843 estancias propias, 262.095 ajenas y
unos 900 empleos directos. En Almería, podría afectar 14 hoteles,
412.845 estancias propias, 153.862 ajenas y 600 puestos de trabajo
directo. En Huelva afectará a 6 hoteles con un total de 395.000 estancias propias, 63.616 ajenas y a unos 500 empleos directos. Por
último, las costas de Granada se verán afectadas por el cierre de 6
hoteles, con un total de 74.841 estancias propias, 71.233 ajenas y
unos 230 puestos de trabajo.
Para
buscar una solución a este gravísimo problema, Gonzalo Fuentes,
Secretario de Política Institucional de la Federación de Servicios
y Carlos Bravo, Secretario Confederal de Protección Social y
Políticas Públicas de CCOO mantuvieron una reunión con el Director
General del IMSERSO. En la misma, se le trasladó nuestra
preocupación por las consecuencias negativas que el retraso del
programa tendría para el empleo, la actividad en el sector y la
propia función social que cumple de atender a miles de personas
mayores que de otro modo no podrían tener unos días de vacaciones.
Por ello, CCOO ha pedido, en primer lugar, garantías de
mantenimiento del programa y, obtenidas estas, la puesta en marcha
del mismo en el menor plazo posible.
Por
su parte, el Director General del IMSERSO nos ha ofrecido plenas
garantías del mantenimiento del programa y su compromiso de agilizar
al máximo el nuevo proceso de evaluación de las ofertas presentadas
para proceder a una nueva adjudicación en pocos días. Asimismo
ambas partes se han comprometido a mantener un contacto permanente
durante el desarrollo de este proceso, ante cualquier eventualidad
que pudiera plantearse en materia de empleo en las empresas afectadas
por la ejecución de este Programa.
CCOO,
siempre ha defendido y apoyado este programa de Turismo social el
cual, según Gonzalo Fuentes ha
contribuido durante décadas a mantener empleo y generar riqueza.
Así cada euro de dinero público invertido ha generado, al menos
1?50 euros por ahorro de prestaciones de desempleo, altas de cuotas
a la Seguridad Social y creación de riqueza directa en las ciudades
por el gasto de los beneficiarios del programa en la oferta
complementaria de hostelería, comercio, etc.
Por ello, CCOO considera prioritario seguir apoyando estos programas
de turismo social como parte activa de las políticas de empleo, tan
necesarias en estos momentos de crisis económica y como un medio de
mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Por
ello, CCOO seguirá exigiendo la máxima celeridad en la nueva
adjudicación por parte del IMSERSO, los plazos de eventuales
recursos por parte de los grupos empresariales que se han presentado
el mismo y la nueva Resolución del Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales. La defensa de intereses económicos
empresariales, y la idoneidad del proceso administrativo para la
concesión del programa son muy legítimas, pero la prioridad es la
prestación de un servicio de alta utilidad social generador de
riqueza y empleo.